STSJ Galicia 574/2015, 21 de Diciembre de 2015
| Ponente | FERNANDO FERNANDEZ LEICEAGA |
| ECLI | ES:TSJGAL:2015:9880 |
| Número de Recurso | 15087/2015 |
| Procedimiento | PROCEDIMIENTO ORDINARIO |
| Número de Resolución | 574/2015 |
| Fecha de Resolución | 21 de Diciembre de 2015 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.4
A CORUÑA
SENTENCIA: 00574/2015
- N11600
PLAZA GALICIA S/N
N.I.G: 15030 33 3 2015 0000198
Procedimiento : PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0015087 /2015 /
Sobre: ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y FINANCIERA
De D./ña. TALLERES GANOMAGOGA,S.L.
LETRADO NICOLAS SANTOS PADIN
PROCURADOR D./Dª. ELENA MIRANDA OSSET
Contra D./Dª. TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE GALICIA
LETRADO ABOGADO DEL ESTADO
PROCURADOR D./Dª.
RELATOR: D. FERNANDO FERNÁNDEZ LEICEAGA
NO NOME DE EL-REI
A Sección 004 da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia pronunciou a
SENTENZA
Ilmos./as. Sres./as. D./Dª
JOSE MARIA GOMEZ E DIAZ CASTROVERDE-PTE
JUAN SELLES FERREIRO
FERNANDO FERNÁNDEZ LEICEAGA
CARMEN NÚÑEZ FIAÑO
A CORUÑA, vinte e un de decembro dous mil quince.
No recurso contencioso-administrativo que, co número 15087/2015, pende de resolución ante esta Sala, presentado por TALLERES GANOMAGOGA SL, representado polo procurador DªMiranda Osset, dirixido polo letrado Dº.Santos Padin, contra o acordo de 06.11.2014 do TEAR. É parte a Administración demandada o TEAR, representado polo letrado do Estado.
É relator o Ilmo. Sr. D. FERNANDO FERNÁNDEZ LEICEAGA. ANTECEDENTES DE FEITO
Admitiuse a trámite o recurso, e practicáronse as dilixencias oportunas, presentado o recorrente a súa demanda, na que solicitou que se acollera integramente o recurso.
Conferido traslado á parte demandada, solicitouse a desestimación do recurso, de conformidade cos feitos e fundamentos de dereito consignados na contestación da demanda.
Recibíndose o asunto a proba e declarado concluso o debate escrito, quedaron as actuacións sobre a mesa para resolver.
Na sustanciación do recurso observáronse as prescricións legais, sendo a súa contía 250.202,96 EUROS.
FUNDAMENTOS XURIDICOS
O acto que se recorre é o acordo de 06.11.2014 do TEAR que rexeita a reclamación económico administrativa contra a liquidación do IVE anos 2006/07/08 e sancións: non lle admiten coma servizos reais os que reflicten as facturas xiradas por Dª Eva María e por RENOVADOS DE LAS CINCO JOTAS DE GALICIA SL.
Dada a identidade de suposto co debate suscitado no PO 15086/2015 reproducimos os mesmos fundamentos da sentenza que se dita no indica procedemento.
Frente al acuerdo del TEAR que confirma la regularización practicada por la Inspección en lo que atañe a la no deducibilidad en el impuesto y ejercicios de referencia de los gastos correspondientes a la facturas emitidas por la entidad "Renovados de las Cinco Jotas, S.L." y doña Eva María, la sociedad demandante articula su recurso en torno a la prescripción del derecho de la Administración a liquidar la deuda tributaria toda vez que el procedimiento inspector concluyó transcurrido el plazo de doce meses sin que pueda salvarse por la adopción inmotivada e improcedente del acuerdo de ampliación de actuaciones. También alega la veracidad de las operaciones cuestionadas denunciando que las actas se sustentan en informes de Inspección que concluyen, con apoyo en meras presunciones, que todas las operaciones realizadas en los años que nos atañe por las emisoras de las facturas son simuladas, al formar parte éstas de una trama organizada de defraudación mediante la utilización de facturas falsas por autónomos o empresas vinculadas a Cinco Jotas. Entiende que ha aportado documental acreditativa de la realidad de las operaciones discutidas, sin que por la Administración se haya tenido en cuenta las facturas debidamente contabilizadas y justificantes de medios de pago utilizados que acreditan la realidad de los servicios y operaciones facturadas. Respecto de las sanciones alega ausencia de los elementos subjetivo y objetivo del tipo, inexistencia de ánimo defraudatorio y utilización de la prueba de presunciones para acreditar la culpabilidad.
Comenzando por el primero de los motivos de impugnación alegados, señalar que el artículo 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en redacción aplicable al caso de autos, tras establecer que el procedimiento ha de concluir en el plazo de doce meses desde la notificación del acuerdo de inicio, prevé la posibilidad de su ampliación "con el alcance y requisitos que reglamentariamente se determinen, por otro período que no podrá exceder de 12 meses, cuando en las actuaciones concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Cuando revistan especial complejidad. Se entenderá que concurre esta circunstancia atendiendo al volumen de operaciones de la persona o entidad, la dispersión geográfica de sus actividades, su tributación en régimen de consolidación fiscal o en régimen de transparencia fiscal internacional y en aquellos otros supuestos establecidos reglamentariamente. b) Cuando en el transcurso de las mismas se descubra que el obligado tributario ha ocultado a la Administración tributaria alguna de las actividades empresariales o profesionales que realice", debiendo motivar el acuerdo con referencia a los hechos y fundamentos de derecho que lo sustentan.
La sociedad demandante sostiene que el acuerdo de ampliación no cumple los requisitos del artículo 150.1 LGT en relación con el artículo 184 RD 1065/2007 sobre los que la jurisprudencia ha dicho, por ejemplo, en sentencia del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2013 (Roj: STS 2235/2013 - ECLI:ES:TS:2013:2235) que: "En consecuencia, no basta la mera concurrencia de alguna de las circunstancias que el artículo 29.1 de la Ley 1/1998 menciona para que proceda la ampliación del plazo. Resulta menester, además, justificar la necesidad de dilatarlo a la vista de los pormenores del caso; esa justificación demanda la exteriorización de las razones que imponen la prórroga y su plasmación en el acuerdo en que así se decrete. En otras palabras, ha de ser una decisión motivada, sin que a tal fin resulte suficiente la mera cita del precepto y la apodictica afirmación de que concurren los requisitos que el precepto legal menciona. Así lo hemos entendido en las sentencias de 19 de noviembre de 2008 (casación 2224/06, FJ3 º), 18 de febrero de 2009 (casación 1932/06, FJ 4 º) y 18 de febrero de 2009 (casación 1934/06, JF 4º).
La sentencia insiste sobre la exigencia de pormenorizar la motivación en torno al caso concreto para que el que se amplía el plazo y nos dice que:
"Resulta insuficiente, pues, la concurrencia abstracta de uno de los casos previstos en el artículo 31 ter, apartado 1.a), para considerar complejas las actuaciones (como tampoco permitiría calificar de > unas por la simple circunstancia de que no estuviera presente ninguno de esos casos), sino que es menester analizar y explicitar en el acuerdo de ampliación por qué en el supuesto controvertido las actuaciones de comprobación e inspección son complicadas por el hecho de que, como acontece en el asunto litigioso, la sociedad hubiese declarado un volumen de operaciones superior al requerido para la obligación de auditar cuentas. La motivación no puede reducirse a una simple exigencia formal de recoger en el acto administrativo, de modo formulario, la indicación de la causa legal en que se ampara dicha ampliación, sino que se requiere, además, que esté materialmente legitimada la Administración para acordar la ampliación, agravando con ello la situación jurídica del sujeto pasivo, al que se le impone un plazo superior al inicialmente previsto en la ley; esta justificación sólo se produce válidamente cuando se consignan y razonan fundadamente, aun de forma sucinta, las razones en virtud de los cuales no se ha podido razonablemente completar el procedimiento en el plazo regularmente establecido".
En la reciente sentencia de 9 de noviembre de 2015 (Roj: STS 4534/2015 ECLI:ES:TS .2015:4534) el Tribunal Supremo declara: "Es cierto que el concepto de complejidad de las actuaciones había de apreciarse en atención a las circunstancias particulares de cada caso, y que el acuerdo de ampliación se limitó a indicar la causa legal en que se amparaba, y la existencia de irregularidades en la contabilidad, sin explicar las diligencias precisas pendientes, pero todo ello no nos puede llevar a la conclusión de la innecesariedad de la ampliación, basada en la actuación realizada por posterioridad en el tiempo transcurrido, pues lo esencial es comprobar el alcance de la inspección, y en este caso se trataba de una comprobación del ejercicio, que precisaba la práctica de diversas actuaciones suficientes para admitir la existencia de complejidad de las mismas a efectos del acuerdo de ampliación".
Este Tribunal ya dijo en sentencia de 20 de mayo de 2015 sobre idéntica pretensión a la que ahora analizamos, planteada en recurso promovido por otra empresa que participó en la trama defraudatoria referida, que: "Desta escolma resulta coma conclusión que, se ben a administración conta cunha potestade discrecional para aprecia-la concorrencia das circunstancias excepcionais para amplia-lo prazo de duración das actuacións inspectoras, non é suficiente que concorra algunha das circunstancias do artigo 31 ter
R.Inspeccion ( actualmente o 184.2 RD 1065/2007 ) para poder amplia-lo prazo, senón que debe xustificarse que a súa concorrencia supón a imposibilidade/dificultade de remata-las actuacións nos 12 meses e resulta esixible a ampliación, polo que son determinantes as circunstancias do caso.
No caso presente concorrian duas causas que xustificaban a ampliación das actuacións, as do artigo 184.2.g e i RD 1065/2007, en concreto a necesidade imperiosa - ós efectos de acreditala falsidade das facturas- de facer actuacións inspectoras cos emisores; emisores que - como dato público e notorio que non podemos descoñecer- están relacionados ( ou cando menos no inicio das actuacións inspectoras existían indicios relevantes ) co entramado 5 Jotas, polo que concorría a causa do artigo 184.2.g.
Sen dúbida, nun...
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