STS, 14 de Diciembre de 2015

La Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictó sentencia con fecha 18 de diciembre de 2014 (recurso contencioso-administrativo 903/2014 ) en cuya parte dispositiva se acuerda:

FALLAMOS.- Que desestimando el recurso contencioso-administrativo formulado por la Procuradora, Dª. María Jesús Bejarano Sánchez, en nombre y representación de Don Abelardo , natural de Colombia, contra la resolución de fecha 18.12.2013, del Subdirector General de Recurso del Ministerio del Interior, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra su resolución de fecha 17.01.2014, que deniega el derecho de asilo y la Protección subsidiaria y razones humanitarias al recurrente, debemos declarar y declaramos que dicha resolución es conforme a Derecho; con imposición de costas al recurrente

.

Los hechos que aducía D. Abelardo , nacional de Colombia, como fundamento de su solicitud de asilo los deja reseñados el fundamento jurídico segundo de la referida sentencia, en los siguientes términos:

(...) SEGUNDO.- El recurrente fundamenta su solicitud en los siguientes hechos: Que entre los años 1999 y 2001 trabajaba como policía nacional, integrándose en un grupo especializado en operativos contra la guerrilla. El interesado describe distintos operativos policiales en los que participó y fueron detenidos guerrilleros, así como ataques terroristas en los que fallecieron varios compañeros. Que el interesado recibía amenazas de muerte a través de panfletos que llegaban a la comisaría. Que estos años lo pasa en las localidades de Cúcuta y Pamplona, ambas del Departamento de Norte de Santander. Que renunció a su empleo al no soportar las amenazas de muerte; trasladándose a Palmira, Valle del Cauca. Que en el año 2004 recibe un panfleto en que las FARC [que] afirma que tiene localizado al interesado y a su familiar, y los amenaza de muerte. Que en el año 2006 se hace "agente de tránsito" en Pradera, Valle del Cauca, realizando controles en las salidas de la ciudad. Que en el año 2010 recibe una amenaza de muerte vía telefónica, justo el día previo habían asesinado a un empleado de la limpieza de su oficina. Su familiar se desplaza a Medellín aunque el interesado permanece en Pradera. Que en el año 2012 recibe en la oficina un escrito en que las FARC le amenazan de muerte. El interesado renuncia a su puesto de trabajo y se traslada a Medellín junto con su familia. Finalmente su familia regresa a Pradera y el interesado abandona Colombia en fecha de 10 de junio de 2012, llegando al día siguiente a España, presentando solicitud de asilo en 29 de abril de 2013

.

Según explica el fundamento jurídico primero de la sentencia, la resolución administrativa denegatoria de la solicitud de asilo se fundamenta en la inexistencia, atendidas las circunstancias personales del solicitante contenidas en su petición de asilo, de la persecución a que se refieren los artículos 2 y 3 de la Convención de Ginebra. En concreto -explica la sentencia de instancia- la Administración sustenta la resolución denegatoria en que el relato del solicitante no resulta veraz, siendo inverosímil tal y como lo formula, así como en relación con la información disponible del país de origen, además de la contradicción existente en los hechos relatados sobre la persecución alegada. Por ello la resolución administrativa no aprecia la existencia de las circunstancias previstas en los artículos 2 y 3 de la Ley de Asilo y en la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, ni las previstas en el artículo 17.2 de la Ley de Asilo (autorización de permanencia por razones humanitarias).

A partir de ahí, y tras hacer la Sala de instancia una reseña de la normativa aplicable y de la jurisprudencia recaída en materia de asilo (fundamento tercero), el fundamento cuarto de la sentencia confirma el parecer de la Administración, exponiendo al efecto la Sala de la Audiencia Nacional, en lo que ahora interesa, las siguientes razones:

(...) CUARTO.- En primer lugar, se ha de señalar que la persecución invocada por el recurrente no procede de los agentes de las autoridades colombianas, sino de las FARC; perteneciendo el interesado al Cuerpo de Policía Nacional de Colombia; condición ésta que conlleva los riesgos ordinarios derivados de dicha profesión, por lo que la pertenencia a ese cuerpo no significa que forme parte de un colectivo que deba ser objeto de protección por parte de la Convención de Ginebra y la legislación nacional, al no guardar relación alguna con el concepto de colectivo de especial protección, pues en el relato del actor no se alega ningún motivo de persecución por razones políticas, religiosas, de nacionalidad, étnicas o de pertenencia a un determinado grupo social.

En segundo lugar, el relato sobre la forma de las amenazas de las FARC, como pone de relieve en Informe de Valoración, no se corresponde con su "modus operandi", pues en el presente caso, transcurren más de ocho años sin que se le tenga como un objetivo preciso de sus amenazas; y más, como en el presente caso, tratándose de un policía o ex policía nacional.

A ello, se ha de añadir la incongruencia de la actuación familiar, al regresar, cuando el recurrente abandona Colombia, a la localidad en la que se iniciaron las amenazas.

Por último, en relación con los documentos aportados por el interesado en apoyo de su pretensión, aceptamos las consideraciones y valoraciones del Informe, tanto en relación con el documento presentado para acreditar la amenazas de las FARC, como la denuncia ante la Fiscalía, que se limita a poner en conocimiento de la Fiscalía una de las amenazas, sin hacer constar un relato en relación con la persecución por las FARC.

[...]

.

En cuanto a las peticiones subsidiarias de protección subsidiaria y de autorización de permanencia en España por razones humanitarias, el fundamento quinto de la sentencia confirma la denegación también en este punto, haciendo al respecto la Sala de instancia las siguientes consideraciones:

(...) QUINTO.- Por último, no cabe acoger las pretensiones subsidiarias de protección subsidiaria o de permanencia en España por razones humanitarias - arts. 10 y artículo 37.b) de la Ley de Asilo -, pues para dar lugar a tales derechos, cuya concreción se remite a la Ley Orgánica 4/2000, deberían haber sido objeto de suficiente alegación y prueba en la demanda, algo que brilla completamente por su ausencia, máxime cuando el reconocimiento de ese derecho excepcional -en tanto excluye el efecto natural de la denegación o inadmisión a trámite de España conforme a la legislación general de extranjería, algo sobre lo que no se razona en la demanda-, está supeditado a que se argumente y pruebe, aun no de forma plena, sobre la existencia de daños graves o de razones humanitarias concurrentes, que ni el recurrente identifica en su escrito de demanda, ni pueden presumirse en todo peticionario del derecho de asilo por el mero hecho de serlo, pues ni siquiera hay un fundamento específico en la demanda para argumentar sobre tales pretensiones, que sólo figuran en el suplico por medio de otrosí, sin razonamiento alguno, siendo de añadir, en cuanto a la supuesta orden de salida a que se refiere el fundamento décimo de la demanda, que dicha medida deriva del cumplimiento de la sentencia penal firme de reiterada cita, a cuyos términos no se refiere dicho escrito, de suerte que la expulsión o la prohibición de entrada inherente a dicha condena -cuyos términos ninguna de las dos partes ha facilitado a esta Sala- no podrían ser soslayados con ocasión del enjuiciamiento acerca de la legalidad de una solicitud de asilo, que no puede afectar a efectos jurídicos provenientes de una sentencia penal firme, máxime cuando esas medidas son de suyo incompatibles, dada su naturaleza, con el estatuto propio de los refugiados.

En concreto, en relación con la apreciación de razones humanitarias, el Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley de Asilo, tras las modificaciones efectuadas por el Real Decreto 2393/2004, permite la permanencia en España bajo la forma de autorización de estancia a las personas que, como consecuencia de conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico o religioso, se hayan visto obligadas a abandonar su país y no cumplan los requisitos previstos en la Convención de Ginebra y en el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, y en las que se aprecie que el retorno al país de origen supondría un riesgo real para su vida o integridad; y a aquéllas otras personas en las que concurran razones humanitarias -que el Reglamento no especifica- distintas de las anteriores, siempre y cuando estén acreditadas en el expediente.

Las razones humanitarias no abarcan cualquier motivo de carácter humanitario, sino que necesariamente tienen que estar vinculadas a un riesgo real de desprotección por razón de conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico o religioso. Debe apreciarse, pues, si existen razones o circunstancias incompatibles con el disfrute de los derechos inherentes a la persona, caso de que ésta tuviera que volver a su país. Las razones humanitarias, según los términos establecidos en la Ley, aun cuando se interprete la expresión ampliamente, deben ser suficientemente precisas en relación con la situación personal del interesado y la situación del país de origen o procedencia, pues no atienden a razones de humanitarismo imprecisas o genéricas.

Como ha expresado el Tribunal Supremo en Sentencia de 17 de diciembre de 2003 , entre otras, "nos encontramos en este precepto con una previsión del legislador para que la Administración pueda autorizar al extranjero en quien no concurran los requisitos del artículo 3.1 de la Ley a permanecer en España, confiriendo de este modo a la Administración la posibilidad de valorar la situación concreta del solicitante de asilo con un margen de discrecionalidad para resolver" .

Como esta Sala y Sección ha dicho al respecto, no es atendible la permanencia en España por razones humanitarias, que se solicita en el suplico de la demanda sin la menor alegación que respalde esa pretensión y la sitúe en el marco objetivo de aplicación del artículo 37.b) de la Ley 12/09, de 30 de octubre , reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria que, bajo la rúbrica de "efectos de las resoluciones denegatorias", dispone que "la no admisión a trámite o la denegación de las solicitudes de protección internacional determinarán, según corresponda, el retorno, la devolución, la expulsión, la salida obligatoria del territorio español o el traslado al territorio del Estado responsable del examen de la solicitud de asilo de las personas que lo solicitaron, salvo que, de acuerdo con la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y su normativa de desarrollo, se dé alguno de los siguientes supuestos: a) que la persona interesada reúna los requisitos para permanecer en España en situación de estancia o residencia; b) que se autorice su estancia o residencia en España por razones humanitarias determinadas en la normativa vigente" .

Pues bien, la concurrencia de alguno de tales requisitos alternativamente exigidos en la Ley, para dar lugar a la autorización de permanencia en España propugnada, cuya concreción se remite además a la Ley Orgánica 4/2000, debería haber sido objeto de suficiente alegación y prueba en la demanda, algo que brilla completamente por su ausencia, también en cuanto a este concreto punto, máxime cuando el reconocimiento de ese derecho excepcional a la permanencia -en tanto excluye el efecto natural de la denegación o inadmisión a trámite de España conforme a la legislación general de extranjería, algo sobre lo que no se razona en la demanda-, está legalmente supeditado a la exposición y acreditación, aun cuando lo fuera no con prueba plena, sino con meros indicios racionales, de la existencia de razones humanitarias concurrentes, que no pueden presumirse en todo peticionario del derecho de asilo por el mero hecho de serlo (...)

.

Por tales razones la sentencia desestima el recurso contencioso-administrativo.

Notificada la sentencia a las partes, la representación de D. Abelardo preparó recurso de casación contra ella y luego efectivamente lo interpuso mediante escrito presentado el 26 de febrero de 2015 en el que se aducen dos motivos de casación, ambos al amparo del artículo 88.1.d/ de la Ley reguladora de esta Jurisdicción . El contenido de estos motivos es, en síntesis, el siguiente:

1. - Infracción del artículo 13.4 de la Constitución y de los artículos 2 y 3 de la Ley de Asilo 12/2009, de 30 de octubre . La representación del recurrente critica el argumento dado en la sentencia de que siendo policía de Colombia tenía que soportar los riesgos inherentes a su profesión, pues en el momento de solicitar el asilo ya no era miembro de cuerpo de fuerza de seguridad alguna, aun cuando, precisamente por su anterior profesión, se significó tanto ante las FARC que ha sido objeto de persecución por razones políticas, añadiendo la imposibilidad del Estado colombiano de otorgarle protección. Muestra asimismo el recurrente su discrepancia con la apreciación de la sentencia de que el relato sobre las amenazas recibidas de las FARC no se acomoda con la forma de actuar de éstas, pues -argumenta el recurrente- al estar compuestas las citadas FARC por centenares de comandos no cabe afirmar la existencia de un único modo de actuación; e insiste en haberse significado como objetivo preciso de sus amenazas. Finalmente, transcribe el párrafo de la sentencia donde ésta comparte las valoraciones del informe de la instrucción sobre los documentos aportados por el interesado (aunque nada critica ni argumenta al respecto).

2. - Vulneración de los artículos 4 , 10 y 37.b/ de la Ley de Asilo . Niega el recurrente que en la demanda se limitara a solicitar la protección subsidiaria sin argumentar sobre los motivos para solicitarla, señalando que, al contrario de lo que se afirma en la sentencia, se fundamentó dicha solicitud. Reitera su temor de ser objeto de ataque por las FARC por su antigua profesión y considera que la sentencia no está suficientemente motivada en este punto.

Termina el escrito solicitando que se case y anule la sentencia recurrida y se declare no ajustada a derecho la resolución administrativa impugnada en el proceso, declarando el derecho del recurrente a obtener el asilo solicitado o la protección subsidiaria, con imposición de costas.

Mediante auto de la Sección Primera de esta Sala del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2015 se acordó la admisión del recurso de casación, así como la remisión de las actuaciones a la Sección Tercera, conforme a las reglas de reparto de asuntos.

Recibidas las actuaciones en esta Sección Tercera, por diligencia de ordenación de 21 de septiembre de 2015 se dio traslado del escrito de interposición a la parte recurrida para que formalizase su oposición, lo que llevó a cabo la Abogacía del Estado mediante escrito presentado el 29 de septiembre de 2015 en el que, sin aludir a los hechos y circunstancias del caso presente y sin referirse a los motivos de casación aducidos por el recurrente, se limita a exponer unas consideraciones de carácter general sobre los requisitos necesarios para el otorgamiento del asilo. Y sin haber aducido en su escrito ninguna causa de inadmisión del recurso, el escrito del Abogado del Estado termina solicitando que se inadmita (sic) o, subsidiariamente, se desestime el recurso de casación y se impongan las costas al recurrente.

Quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, fijándose finalmente al efecto el día 9 de diciembre de 2015, fecha en la que tuvo lugar la deliberación y votación del presente recurso de casación.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Calvo Rojas ,

El presente recurso de casación nº 188/2015 lo dirige la representación de D. Abelardo , nacional de Colombia, contra la sentencia de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 18 de diciembre de 2014 (recurso 903/2014 ) en la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el referido Sr. Abelardo contra la resolución del Ministerio del Interior de 18 de diciembre de 2013 (notificada mediante comunicación de fecha 17 de enero de 2014) en la que se deniega al recurrente el derecho de asilo y la protección subsidiaria así como la permanencia en España por razones humanitarias.

Aunque la sentencia recurrida indica, por error, que por resolución de 17 de enero de 2014 se desestimó el recurso de reposición dirigido contra la resolución de 18 de diciembre de 2013, no hubo en realidad tal recurso de reposición sino una única resolución denegatoria de asilo, de fecha 18 de diciembre de 2013, y un posterior acto de comunicación emitido por la Subdirección General de Asilo con fecha 17 de enero de 2014.

Hecha esa puntualización, en el antecedente segundo han quedado reseñadas las razones que se exponen en la sentencia recurrida para fundamentar la desestimación del recurso contencioso-administrativo. Procede entonces que entremos a examinar los motivos de casación formulados por la representación de D. Abelardo , cuyo contenido hemos resumido en el antecedente tercero.

En el motivo primero se alega la infracción de artículo 13.4 de la Constitución y de los artículos 2 y 3 de la Ley de Asilo 12/2009, de 30 de octubre .

Como hemos visto en el antecedente tercero, en este motivo de casación se critica el argumento dado en la sentencia de que el solicitante de asilo, siendo agente de policía en Colombia, tenía que soportar los riesgos inherentes a su profesión. Aduciendo la representación del recurrente que en el momento de solicitar el asilo ya no era miembro de ningún cuerpo ni fuerza de seguridad, aunque, precisamente por su anterior profesión, se significó tanto ante las FARC que ha sido objeto de persecución por razones políticas; a lo que añade la imposibilidad del Estado colombiano de otorgarle protección. Manifiesta también su discrepancia con la apreciación de la sentencia de que el relato sobre las amenazas recibidas de las FARC no se acomoda con la forma de actuar de éstas, señalando el recurrente que, al estar compuestas las citadas FARC por centenares de comandos, no cabe afirmar la existencia de un único modo de actuación; e insiste en que con sus actuaciones como policía se significó como objetivo de sus amenazas. Finalmente, transcribe el párrafo de la sentencia donde la Sala de instancia comparte las valoraciones del informe de la Instrucción sobre los documentos aportados por el interesado, pero nada se critica ni argumenta en el motivo de casación sobre este inciso de la sentencia.

El motivo de casación debe ser desestimado pues en gran medida se basa en la mera reiteración de las alegaciones que ya se formularon en el proceso de instancia sobre la verosimilitud o credibilidad de los hechos narrados por el solicitante de asilo. Según hemos visto, tales alegaciones recibieron una respuesta razonada en el fundamento cuarto de la sentencia recurrida, donde la Sala de instancia señala, en lo que ahora interesa, que « ...el relato sobre la forma de las amenazas de las FARC, como pone de relieve en Informe de Valoración, no se corresponde con su "modus operandi", pues en el presente caso, transcurren más de ocho años sin que se le tenga como un objetivo preciso de sus amenazas; y más, como en el presente caso, tratándose de un policía o ex policía nacional»; señalando también la Sala de instancias, entre otras consideraciones, «...la incongruencia de la actuación familiar, al regresar, cuando el recurrente abandona Colombia, a la localidad en la que se iniciaron las amenazas».

En definitiva, no cabe apreciar las infracciones que el recurrente reprocha a la sentencia de la Sala de Audiencia Nacional que, como hemos visto, considera que D. Abelardo no ha acreditado, ni aun de forma indiciaria, la existencia de una persecución o temor fundado a padecerla por motivos políticos o ideológicos. Y de esa constatación se deriva que no concurre el presupuesto necesario para el reconocimiento del derecho de asilo conforme a lo previsto en el artículo 1.A.2, párrafo primero, de la Convención de Ginebra de 1951, sobre el Estatuto de los Refugiados y en el artículo I.2 del Protocolo de Nueva York de 1967, Instrumentos internacionales ambos a los que expresamente se remite el artículo 3 de la Ley de Asilo .

En el motivo de casación segundo se alega la vulneración de los artículos 4 , 10 y 37.b/ de la Ley de Asilo . La representación del recurrente niega que en la demanda se limitara a solicitar la protección subsidiaria sin argumentar sobre los motivos para solicitarla, señalando que, al contrario de lo que se afirma en la sentencia, dicha solicitud fue debidamente fundamentada. Reitera en el motivo de casación su temor de ser objeto de ataque por las FARC por su antigua profesión y aduce que la sentencia no está suficientemente motivada en este punto.

Pese a no ser acertada la respuesta dada a esta cuestión en el fundamento quinto de la sentencia recurrida, el motivo de casación no puede ser acogido.

Se equivoca la Sala de instancia cuando, al abordar el examen de las pretensiones subsidiarias del demandante -protección subsidiaria y autorización de permanencia en España por razones humanitarias-, afirma en el fundamento quinto de la sentencia que « (...) ni siquiera hay un fundamento específico en la demanda para argumentar sobre tales pretensiones, que sólo figuran en el suplico por medio de otrosí, sin razonamiento alguno». Tal afirmación es incorrecta porque las pretensiones subsidiarias no se formularon en ningún otrosí sino en sendos apartados específicos de la demanda (páginas 6 a 9 del escrito de demanda), donde la representación del demandante expone las razones por las que a su entender serían atendibles tales pretensiones en caso de que no considerarse procedente el otorgamiento del asilo.

Ahora bien, centrándonos en la solicitud de protección subsidiaria -pues de aquellas pretensiones formuladas en los mencionados apartados de la demanda el motivo de casación sólo se refiere a protección subsidiaria- sucede que el recurrente no ha acreditado, ni aun de forma indicaría, que concurran las circunstancias de riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en la norma, que conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 10 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre , reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, permitirían que, pese a la denegación del asilo, pudiese otorgarse al recurrente la protección subsidiaria que postula.

Por las razones expuestas el recurso de casación debe ser desestimado. Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción procede imponer las costas de este recurso de casación a la parte recurrente, Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del citado artículo 139, atendiendo a la índole del asunto y a la actividad desplegada por la parte recurrida en su oposición al recurso -véase antecedente quinto-, procede limitar la cuantía de la condena en costas a la cifra de quinientos euros (500 €) por todos los conceptos.