SAN 385/2015, 10 de Noviembre de 2015
| Ponente | FELISA ATIENZA RODRIGUEZ |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 1ª |
| ECLI | ES:AN:2015:3887 |
| Número de Recurso | 680/2015 |
A U D I E N C I A N A C I O N A L
Sala de lo Contencioso-Administrativo
SECCIÓN PRIMERA
Núm. de Recurso: 0000680 / 2015
Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Núm. Registro General: 01431/2015
Demandante: Artemio
Procurador: FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ
Demandado: MINISTERIO DE JUSTICIA
Abogado Del Estado
Ponente IIma. Sra.: Dª. FELISA ATIENZA RODRIGUEZ
S E N T E N C I A Nº:
IImo. Sr. Presidente:
D. EDUARDO MENÉNDEZ REXACH
Ilmos. Sres. Magistrados:
Dª. FELISA ATIENZA RODRIGUEZ
D. FERNANDO DE MATEO MENÉNDEZ
D. JUAN PEDRO QUINTANA CARRETERO
Madrid, a diez de noviembre de dos mil quince.
Vistos los autos del recurso contencioso-administrativo nº 680/2015 que ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido el Procurador D. Francisco Javier Vazquez Hernandez, en nombre y representación de Artemio frente a la Administración General del Estado, representada por el Abogado del Estado, contra la Resolución de 26 de diciembre de 2014 (que después se describirá en el primer Fundamento de Derecho) siendo ponente la Ilma. Sra. Magistrado Dña. FELISA ATIENZA RODRIGUEZ.
La parte indicada interpuso, con fecha de 9 de Marzo de 2015 el presente recurso contencioso-administrativo que, admitido a trámite y reclamando el expediente administrativo, fue entregado a dicha parte actora para que formalizara la demanda.
En el momento procesal oportuno, la parte actora formalizó la demanda, a través del escrito presentado en fecha de 16 de Junio de 2015, en el que, después de alegar los hechos y fundamentos jurídicos que consideró aplicables, terminó suplicando la estimación del recurso, con la consiguiente anulación de los actos administrativos impugnados.
De la demanda se dio traslado al Sr. Abogado del Estado quien, en nombre y representación de la Administración demandada, contestó a la demanda mediante escrito presentado el 2 de Septiembre de 201 en el que, tras los hechos y fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó suplicando la desestimación del presente recurso y la confirmación de la resolución impugnada.
Habiéndose solicitado el recibimiento a prueba del recurso, las partes, por su orden, han concretado sus posiciones en sendos escritos de conclusiones; quedando los autos pendientes para votación y fallo.
Mediante providencia de esta Sala de fecha de 7 de Octubre de 2015, se señaló para votación y fallo del presente recurso el día 27 de Octubre de 2015 en el que se deliberó y votó, habiéndose observado en su tramitación las prescripciones legales.
Se impugna en el presente recurso contencioso administrativo, por la representación de
D. Artemio, la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 26 de diciembre de 2014, que denegó la concesión de la nacionalidad española al hoy actor con base en que el interesado no había justificado el requisito de suficiente grado de integración en la sociedad española conforme a lo previsto en el articulo 22.4 del Código Civil .
El demandante discrepa de la expresada resolución y alega que cuando presentó su solicitud de nacionalidad española, cumplia los requisitos exigidos por el articulo 220 del Reglamento de aplicación del la ley del Registro Civil y aportó abundante documentación en apoyo de sus manifestaciones. Afirma que el conjunto de la prueba documental aportada acreditaba su buena conducta, la carencia de antecedentes penales en su pais, el conocimiento de la lengua castellana, la posesión de medios de vida, su adaptación al estilo y modo de vida española y su residencia continua e inmediatamente anterior a la solicitud por espacio de tiempo superior a dos años.
La Abogacía del Estado se opone a la demanda, alegando que no se cumple el requisito de integración establecido en el artículo 22.4 del Código Civil .
Los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación. Los primeros no plantean problema para su apreciación, y en cuanto a los segundos, por su propia naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados, precisan de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración ( art. 103 de la Constitución ), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa.
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