STSJ Asturias 758/2015, 26 de Octubre de 2015
| Ponente | JOSE MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ |
| ECLI | ES:TSJAS:2015:2132 |
| Número de Recurso | 239/2014 |
| Procedimiento | PROCEDIMIENTO ORDINARIO |
| Número de Resolución | 758/2015 |
| Fecha de Resolución | 26 de Octubre de 2015 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.J.ASTURIAS CON/AD (SEC.UNICA)
OVIEDO
SENTENCIA: 00758/2015
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS
Sala de lo Contencioso-Administrativo
RECURSO: P.O. 239/14
RECURRENTE: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DIRECCION000
PROCURADORA: Dña. Maria del Mar Baquero Duro
RECURRIDO: SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO
REPRESENTANTE: Sr. Letrado del Principado
SENTENCIA
Ilmos. Sres:
Presidente:
D. Julio Luis Gallego Otero
Magistrados:
D. Rafael Fonseca González
D. José Manuel González Rodríguez
En Oviedo, a veintiséis de octubre de dos mil quince.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo número 239/14, interpuesto por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DIRECCION000, representada por la Procuradora Dña. María del Mar Baquero Duro, actuando bajo la dirección Letrada de D. José Vicente Iglesias Gómez, contra los SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO, representado por el Sr. Letrado del Principado. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. José Manuel González Rodríguez.
Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente administrativo se confirió traslado al recurrente para que formalizase la demanda, lo que efectuó en legal forma, en el que hizo una relación de Hechos, que en lo sustancial se dan por reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que, en su día se dicte sentencia acogiendo en su integridad las pretensiones solicitadas en la demanda, y en cuya virtud se revoque la resolución recurrida con imposición de costas a la parte contraria.
Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la demanda, lo hizo en tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, en cuanto se opongan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del expediente administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que desestimando el recurso se confirme el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la parte recurrente.
Por Auto de 9 de febrero de 2015, se recibió el procedimiento a prueba, con el resultado que obra en autos.
No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se acordó requerir a las partes para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en tiempo y forma.
Se señaló para la votación y fallo del presente el día 22 de octubre pasado en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los trámites prescritos en la ley.
Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo, interpuesto en nombre de la "Comunidad de Propietarios DIRECCION000 ", la resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público del Principado de Asturias, de fecha 20 de enero de 2014, que desestima la reclamación económicoadministrativa formulada contra la resolución del recurso de reposición presentado frente a liquidación del impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales, ejercicio 2012.
La parte actora, con los hechos que deja establecidos y que se dan aquí por reproducidos, basa, en síntesis, su impugnación en los siguientes motivos: 1) Nulidad de la resolución impugnada por confirmar una liquidación que deriva de la aplicación de un Reglamento que desarrolla una Ley que vulnera el principio europeo de libertad de establecimiento y que constituye una ayuda del estado; 2) Nulidad de la resolución impugnada y de la inclusión en el Padrón de contribuyentes del IGEC correspondiente al ejercicio 2012 por haberse formado dicho Padrón al amparo de un censo elaborado de conformidad con un Decreto declarado nulo; 3) Nulidad de la resolución impugnada y de la inclusión en el Padrón del IGEC, correspondiente al ejercicio 2012 por ser incorrectos los datos relativos a ésta que figuran en el mismo; y 4) Nulidad de la resolución impugnada por derivar de la aplicación un Reglamento que desarrolla una Ley inconstitucional; por lo que solicita se dicte sentencia en la que se declare nulo y deje sin efecto el acto administrativo objeto de recurso y aquellos de los que éste trae causa, con lo demás que deja reiterado sobre la inclusión en el padrón y liquidación.
A la acción ejercitada se opone la Administración demandada considerando que la liquidación impugnada es ajustada a Derecho y debe ser confirmada, remitiéndose a los fundamentos jurídicos manifestados en la reclamación, así como los contenidos en la sentencia de este Tribunal nº 698/14, de 31 de julio de 2014 .
Con el anterior planteamiento, se ha de señalar que sobre las cuestiones planteadas en el presente recurso, se ha pronunciado este Tribunal en varias materias, entre ellas las de 30 de enero de 2015 y 25 de mayo de 2015, para el mismo recurrente y ejercicios 2011 y 2012, señalando en primer lugar, respecto a la inconstitucionalidad que el Pleno del Tribunal Constitucional en sentencia de 10 de abril de 2014, desestima la cuestión de inconstitucionalidad planteada, dando respuesta a todos los argumentos de la demanda basados en la inconstitucionalidad de la misma, sin embargo la parte recurrente considera que eso no debe llevar a la desestimación del recurso al haberse planteado otras cuestiones relativas a otros aspectos de constitucionalidad y a la vulneración del principio comunitario de libertad de establecimiento consagrado en el artículo 49 del TFUE, y a la legalidad de la resolución recurrida.
Sentado cuanto antecede, esta Sala no puede desconocer la vinculación que le produce la sentencia del Tribunal Constitucional por aplicación del Artículo 9.1 de la Constitución, que dispone que las Leyes y Reglamentos hayan de aplicarse según los preceptos y principios constitucionales y conforme a la interpretación de los mismos que realice el Tribunal Constitucional. Se ratifica así la importancia de los valores propugnados por la Constitución como superiores, y de todos los demás principios generales del Derecho que de ellos derivan, como fuente del Derecho, lo que dota plenamente al ordenamiento de las características de plenitud y coherencia que le son exigibles y garantiza la eficacia de los preceptos constitucionales y la uniformidad en la interpretación de los mismos.
Resueltas por tanto las dudas de la constitucionalidad de la Ley cuestionada en el presente procedimiento en la referida sentencia del Tribunal Constitucional no se aprecian motivos para cuestionar otros extremos de constitucionalidad, que de forma implícita o explícita están resueltos en dicha sentencia, en los párrafos siguientes examinaremos los motivos referidos a la vulneración del derecho comunitario y de legalidad ordinaria.
Respecto a la alegación relativa a que el Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales es disconforme con el ordenamiento comunitario, en el plano de la libertad de establecimiento ( artículo 43 TCE ), pues este precepto prohíbe que la libertad de establecimiento de la que disfrutan todas las personas y entidades de la UE pueda ser restringida por una medida adoptada en una determinada parte del territorio comunitario. Procede desestimar igualmente esta alegación con remisión a lo razonado en las sentencias dictadas por esta Sala al resolver los recursos 1899/2009 y 1395/2003 promovidos por la Asociación General de Grandes Empresas de Distribución contra la resolución de la Consejería de Hacienda del Principado de Asturias, de fecha 3 de julio de 2003, por el que se aprueba el modelo de declaración de alta, modificación y baja del Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales y, del Decreto 139/2009 del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales. En los citados precedentes, este Tribunal hace suyos los razonamientos, aquí aplicables, del T.S.J. de Cataluña de 23 de enero, 27 de septiembre y 9 de diciembre de 2013, en el sentido de que "En todo caso, la Sala no aprecia méritos para suscitar cuestión prejudicial, dado el carácter tributario o fiscal de la norma legal de que se trata en relación con los principios comunitarios que se invocan. Así, el art. 2.3 de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, dispone expresamente que "La presente Directiva no se aplicará a fiscalidad", lo que se justifica en su Considerando 29, donde se lee que dado que en el Tratado se prevén bases jurídicas específicas en materia fiscal y dados los instrumentos comunitarios ya adoptados en esta materia, procede excluir la fiscalidad del ámbito de aplicación de la Directiva. En el mismo sentido, el art.
2.3 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (conocida como ley "horizontal" o "paraguas"), dispone que: "Esta Ley no se aplicará al ámbito tributario". Por otra parte, en absoluto resulta extrapolable al ámbito fiscal de que aquí se trata la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la normativa sobre establecimientos comerciales. La Sentencia de su Sala Segunda de 24 de marzo de 2011 (asunto C400/08 ), resuelve, estimándola en parte, la solicitud de la Comisión de las Comunidades Europeas de que se declarará que el Reino de España había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 43 CE al imponer restricciones al establecimiento de superficies comerciales en Cataluña, resultantes de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de...
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