SJCA nº 1 77/2012, 6 de Febrero de 2012, de Santander
| Ponente | JUAN VAREA ORBEA |
| Fecha de Resolución | 6 de Febrero de 2012 |
| ECLI | ES:JCA:2012:3068 |
| Número de Recurso | 149/2010 |
S E N T E N C I A nº 000077/2012
En Santander, a 6 de febrero de dos mil doce.
Vistos por D. Juan Varea Orbea, Juez del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 1 de Santander los autos del procedimiento ordinario 149/2010 sobre responsabilidad patrimonial en el que intervienen como demandante, doña María Esther , representada por la Procuradora Sra. Torralbo Quintana y defendida por la letrado Sra. Feijoo Díaz y como demandado el Ayuntamiento de Santander, representado por la Procuradora Sra. González-Pinto Coterillo y defendido por el Letrado Sr. De la Vega Hazas Porrúa y como codemandado la entidad ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA, representada por la Procuradora Sra. Echevarría Obregón y defendida por el Letrado Sr. Torre Fernández dicto la presente resolución con base en los siguientes:
La Procuradora Sra. Torralbo Quintana presentó, en el nombre y representación indicados, demanda de recurso contencioso administrativo contra la Resolución del Ayuntamiento de Santander de 8-3-2010 que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por el demandante de 31-8-2009.
Admitido a trámite el recurso se requirió a la Administración demandada la remisión del expediente
Evacuado este trámite y efectuados los emplazamientos exigidos en la ley, se dio traslado al actor para que formulara demanda tras lo cual, se dio traslado a los demandados que presentaron su contestación en tiempo y forma.
Fijada la cuantía del pleito en 18492,91 euros y resueltas las cuestiones procesales planteadas se acordó recibir el pleito a prueba señalándose día y hora para la práctica de las admitidas como pertinentes y útiles, esto es, la testifical del actor y las periciales propuestas.
Finalizado el periodo de prueba, se presentaron conclusiones por las partes tras lo cual el pleito quedó visto para sentencia.
El demandante ejercita una acción de responsabilidad patrimonial contra el ayuntamiento por las lesiones sufridas a consecuencia de una caída ocurrida en la C/ Canalejas, en un tramo comprendido entre los portales 16-b y 16-D, el 2-2-2009 sobre las 18,30 horas, debido al mal estado del firme.
Frente a dicha pretensión se alzan el ayuntamiento y el codemandado alegando falta de responsabilidad e impugnando la cuantía reclamada.
La cuantía del pleito se fija en 18492,91 euros. A la fecha de la sentencia, está en vigor la Ley 37/2011 de 10 de octubre de medidas de agilización procesal (BOE de 11-10-2011 y DF 3 ª) con lo que, de conformidad con su DT única, la segunda instancia y los requisitos de acceso a la misma se rigen ya por tal norma. Ello implica que, siendo en cualquier caso la cuantía inferior a 30000 euros, a tenor del art. 81.1 a), no cabe recurso de apelación.
El art. 106.2 CE consagra el principio de responsabilidad patrimonial de la Administración al señalar que "los particulares, en los términos establecidos en la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". El régimen de tal responsabilidad, cuyo conocimiento se atribuye, en todo caso, a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa en los arts. 9.4 LOPJ y 2 e) LJ , se desarrolla en los arts. 139 a 146 de la LRJAP 30/1992 debiendo tenerse en cuanta, a su vez, el art. 121 LEF . Concretamente, el art. 139 citado establece que "los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos".
Desde el punto de vista de la doctrina y jurisprudencia emanadas en torno a este régimen, puede decirse que, para que surja la pretendida responsabilidad patrimonial de la Administración se requieren los siguientes requisitos:
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Un hecho imputable a la administración, siendo suficiente por tanto con acreditar que se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un ente público.
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Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, es decir, que el que lo padece no tenga el deber jurídico de soportarlo. El perjuicio patrimonial ha de ser real, evaluable económicamente, efectivo y individualizado en relación a una persona o grupo de personas.
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Una relación de causalidad directa y eficaz, entre el hecho que se imputa a la administración y el daño producido.
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Ausencia de fuerza mayor, como causa ajena a la organización y diferente del caso fortuito.
El fundamento de este sistema se ha desplazado desde la perspectiva tradicional de la acción del sujeto responsable a la perspectiva del patrimonio del perjudicado, sin que ello signifique prescindir del requisito de la causalidad y por ello de la imputación (esto ha llevado a ciertos sectores doctrinales a criticar la denominación que reiteradamente se efectúa del régimen como de responsabilidad objetiva por generar equívocos que han provocado excesos). Es decir, el centro del sistema es el concepto de lesión que no puede entenderse en sentido vulgar o coloquial de perjuicio sino como pérdida patrimonial antijurídica. Esta antijuridicidad no deriva del hecho de que la conducta del autor sea contraria a derecho (antijuridicidad subjetiva) sino de la circunstancia de que tal pérdida no deba ser soportada por el perjudicado por existir un deber jurídico que se lo imponga, lo que supone que la antijuridicidad se predica del efecto de la acción como principio objetivo de garantía del patrimonio del administrado. De esta forma se exige para que aparezca el concepto de lesión, el perjuicio, la ausencia de causas de justificación de la producción del mismo respecto del titular y la posibilidad de imputarlo a la Administración. Este elemento de la imputación es esencial para el surgimiento de la responsabilidad no bastando la mera relación de causalidad pues es preciso que la lesión causalmente ligada a la acción u omisión pueda ser jurídicamente atribuida, en este caso, a quien constituye una persona jurídica. Así, la...
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