STSJ Murcia 689/2015, 21 de Septiembre de 2015
| Ponente | LEONOR ALONSO DIAZ-MARTA |
| ECLI | ES:TSJMU:2015:2128 |
| Número de Recurso | 300/2012 |
| Procedimiento | PROCEDIMIENTO ORDINARIO |
| Número de Resolución | 689/2015 |
| Fecha de Resolución | 21 de Septiembre de 2015 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.J.MURCIA SALA 2 CON/ADMURCIA SENTENCIA: 00689/2015
RECURSO núm. 300/2012
SENTENCIA núm. 689/2015
LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA
SECCIÓN SEGUNDA
compuesta por los Ilmos. Srs.:
D. Abel Ángel Sáez Doménech
Presidente
Dª. Leonor Alonso Díaz Marta
D. Joaquín Moreno Grau
Magistrados
ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
S E N T E N C I A nº 689/15
En Murcia, a veintiuno de septiembre de dos mil quince.
En el recurso contencioso administrativo nº 300/12 tramitado por las normas del procedimiento ordinario, en cuantía de 13.435,71 # y referido a: Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Parte demandante:
Dª. Marisa, representada por el Procurador D. Vicente Marcilla Onate y defendida por el Letrado D. Gaspar de la Peña Velasco.
Parte demandada:
La Administración del Estado (TEAR de Murcia) representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.
Parte codemandada:
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, representada y defendida por el Sr. Letrado de sus Servicios Jurídicos.
Acto administrativo impugnado Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Murcia de 30 de marzo de 2012, que estima en parte la reclamación económico administrativa nº NUM000 y NUM001, acumuladas, formuladas contra la liquidación nº NUM002, practicada por la Oficina Liquidadora de Distrito Hipotecario de Lorca, en concepto de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones -adquisición por herencia-, de la que resulta una deuda a ingresar por importe de 12.280,00 #.
Pretensión deducida en la demanda:
Se dicte sentencia en la que admita el recurso contencioso- administrativo a que se refiere las presentes actuaciones, declarando la nulidad de las resolución recurrida por ser contraria a Derecho, y, asimismo, la del acuerdo de liquidación provisional que considera no aplicable la reducción en base imponible por adquisición de empresa individual y que asignan un valor erróneo a uno de los inmuebles incluidos en el caudal relicto. Asimismo, en cualquier caso, solicita que se impongan las costas, en su totalidad, a la Administración demandada en virtud de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional .
Siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dª. Leonor Alonso Díaz Marta, quien expresa el parecer de la Sala.
El escrito de interposición del recurso contencioso administrativo se presentó el día 18
de junio de 2012 y admitido a trámite, y previa reclamación y recepción del expediente, la parte demandante formalizó su demanda deduciendo la pretensión a que antes se ha hecho referencia.
La parte demandada y la codemandada se han opuesto pidiendo la desestimación de la demanda, por ser ajustada al Ordenamiento Jurídico la resolución recurrida solicitando el recibimiento del juicio a prueba.
No se acordó el recibimiento del proceso a prueba, por no haber sido solicitado por las partes.
Evacuado el trámite de conclusiones, se señaló para la votación y fallo el día 11 de septiembre de 2015.
Debemos comenzar destacando en primer lugar que esta Sala ya ha dictado la sentencia
número 627/15, en el Procedimiento Ordinario 301/12, en el que son recurrentes los herederos, hijos habidos en el matrimonio formado por la actora y el causante D. Serafin, discutiéndose en el citado recurso las mismas cuestiones y por los mismos argumentos que los que se plantean en el presente recurso. Por tanto, razones de seguridad jurídica, unidad de criterio y economía procesal, nos hacen reproducir en su integridad los fundamentos contenidos en aquella sentencia.
Así, decía la Sala en la Sentencia 627/15 en los Fundamentos Jurídicos textualmente lo siguiente:
La Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario de Lorca practicó a los actores unas liquidaciones por el Impuesto sobre Sucesiones (adquisiciones por herencia), de las que resultaban unas deudas a ingresar por importe de 98.254,91 euros.
Estas liquidaciones fueron practicadas como consecuencia de la comprobación de valores efectuada aplicando el medio de Precios Medios de Mercado, resultando unos valores superiores a los declarados. Por otro lado, no se aplicaban las reducciones del 95% por adquisición de la vivienda habitual y explotación agrícola, por no considerar, respecto de ésta última, el cumplimiento de los requisitos exigidos por el articulo
20.2 párrafo 1º de la Ley 29/87 de 18 diciembre, en relación con el articulo 4.8.2 de la Ley 19/91 de 6 junio (Impuesto sobre el Patrimonio).
Los interesados promovieron nuevas reclamaciones económico administrativas impugnando los acuerdos de la Oficina Liquidadora, que estimaban en parte la solicitud de devolución de ingresos indebidos, reconociéndose el derecho a la devolución de la cantidad de 1.756,85 euros en tres de los casos y 1.760,91 euros en el cuarto, incluidos los intereses de demora en todos ellos, correspondientes a la reducción por adquisición de viviendas, aunque se desestimaba la solicitud relativa a la reducción por adquisición de explotación económica.
Los motivos que alegaron ante el TEARM, en vía económico administrativa, eran resumidamente:
-
La incorrecta determinación de la base liquidable del impuesto, al no aplicar la reducción del 95% por la adquisición de vivienda habitual del causante, reuniendo los requisitos para ello.
-
La procedencia de aplicar la reducción de la base imponible por adquisición de empresa individual, consistente en la explotación agraria ejercida sobre una finca rústica cuyo valor real asciende a 248.482,18 euros, realizando la actividad el cónyuge supérstite y constituía su principal fuente de renta, cumpliendo los requisitos del articulo 4 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio .
-
La comprobación de valores se llevó de forma errónea, al limitarse a señalar un valor medio unitario corregido por m2 para cada parte del inmueble sin tener en cuenta que el inmueble sobre el que se ejercía la actividad hotelera ha sido demolido. La comprobación adolece además de una total y absoluta falta de motivación, incumpliendo el mandato del articulo 102.2 LGT, dado que el método de precios de mercado contiene previsiones genéricas sin relación con el inmueble objeto de valoración, ni se realiza una identificación o descripción exacta de los bienes valorados, ni un examen personal de los mismos.
La solución dada por la resolución del TEARM, objeto de impugnación, era la siguiente:
1) En cuanto a la procedencia de reducción por adquisición de vivienda habitual, la reclamación fue estimada por la propia Oficina Liquidadora.
2) Reducción por adquisición de explotación económica. Se razona la denegación por incumplirse un requisito, cual es que el sujeto pasivo percibiera por las funciones de dirección ejercidas una remuneración que represente más del 50% de la totalidad de sus rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal, y para ello hay que atender a los rendimientos percibidos durante el último período impositivo (Resolución 2/99 de 23 marzo de la Dirección General de Tributos), particularmente hay que atender al período comprendido entre el primer día del año y la fecha de fallecimiento, por ser el que coincide con el ejercicio impositivo del Impuesto sobre la renta de las personas físicas del causante. En el caso no constaba que el causante ejerciera de forma personal, habitual y directa las indicadas funciones ni que la finca haya gozado de la exención del apartado ocho, artículo 4 de la Ley 19/91 (Impuesto sobre el Patrimonio), pues en el certificado de la declaración anual del IRPF ejercicio 2006, los ingresos procedían del trabajo, de rentas inmobiliarias y del capital inmobiliario, pero no de las actividades agrícolas, y en el certificado del ejercicio 2005, el rendimiento de tales actividades agrícolas no era el más importante, siendo menor que los rendimientos del capital inmobiliario y del trabajo. En definitiva se inadmite la reducción de la base imponible por adquisición de bienes destinados a la explotación agraria.
3) Valor real aplicando el medio de comprobación de precios medios de mercado. Teniendo en cuenta la doctrina al respecto por esta Sala, sobre sistemas de valoración, bien el de perito, bien el de precios medios de mercado (se exige titulación suficiente del perito, valoración motivada y justificada, examen directo de la finca y no remisión a valores determinados de forma genérica etc.), llega el TEARM a la conclusión de que procede la revisión del criterio...
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