STSJ Andalucía 563/2015, 9 de Marzo de 2015
| Ponente | MARIA SOLEDAD GAMO SERRANO |
| ECLI | ES:TSJAND:2015:7409 |
| Número de Recurso | 524/2013 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - APELACION |
| Número de Resolución | 563/2015 |
| Fecha de Resolución | 9 de Marzo de 2015 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA Nº 563/2015
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN MALAGA. SECCION PRIMERA
R. Apelación nº 524/2013
ILUSTRÍSIMOS SEÑORES:
PRESIDENTE
D. MANUEL LÓPEZ AGULLÓ
MAGISTRADOS
Dª. MARIA TERESA GÓMEZ PASTOR
Dª MARIA SOLEDAD GAMO SERRANO
____________________________________
En la ciudad de Málaga, a 9 de marzo de dos mil quince.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta en su Sección Funcional Primera por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso de apelación nº 524/2013, interpuesto por D. Eugenio, representado y defendido por Dª Remedios Navarro Romero, contra el Auto dictado en fecha 3 de diciembre de 2012 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Melilla, figurando como parte apelada la Delegación del Gobierno en Melilla, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dª MARIA SOLEDAD GAMO SERRANO, quien expresa el parecer de la Sala.
En fecha 3 de diciembre de 2012 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Melilla dictó Auto en la pieza separada de medidas cautelares 317/2012 por el que vino a denegar la medida de suspensión cautelar de la ejecución del acto administrativo impugnado interesada por D. Eugenio, representado por Dª Remedios Navarro Romero, en el recurso entablado contra la resolución de la Subdirección General de Recursos de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior de fecha 17 de mayo de 2012, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la dictada el 15 de diciembre de 2011 por la Delegación del Gobierno en Melilla.
Contra la mencionada resolución judicial Dª Remedios Navarro Romero, en la representación anteriormente indicada, interpuso en tiempo y forma recurso de apelación en base a las alegaciones que se hacen constar en el escrito de recurso, las cuales se tienen por reproducidas en aras a la brevedad.
El Abogado del Estado formuló oposición al recurso de apelación presentado por el solicitante de la medida cautelar oponiéndose a su estimación por las razones vertidas en el correspondiente escrito, que se tienen igualmente por reproducidas.
Elevados los autos y el expediente administrativo, en unión de los escritos presentados, a esta Sala de lo Contencioso-Administrativo y personadas las partes en legal forma sin que ninguna de ellas solicitara vista, conclusiones o prueba, se señaló para votación y fallo, que tuvo lugar el cuatro de marzo de dos mil quince.
A los que son de aplicación los consecuentes,
Con carácter previo al análisis de las cuestiones de fondo suscitadas procede abordar el examen de la causa de inadmisibilidad del recurso de apelación opuesta por el Abogado del Estado con fundamento en la falta de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita a favor de D. Eugenio
, en orden a tener por concurrente la exención de la obligación de constituir depósito para recurrir, por no desprenderse de la documental aportada por el apelante que el referido derecho le hubiera sido reconocido en la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, circunscribiéndose a la vía administrativa previa.
Respecto a la obligación aludida de constituir depósito para recurrir, la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, añadida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, establece en su primer apartado que " La interposición de recursos ordinarios y extraordinarios, la revisión y la rescisión de sentencia firme a instancia del rebelde, en los órdenes jurisdiccionales civil, social y contencioso-administrativo, precisarán de la constitución de un depósito a tal efecto ", contemplando, sin embargo, el indicado precepto legal ciertos supuestos de exención subjetiva o por razón de la especial cualidad o condición del litigante que recurre (Estado, Comunidades Autónomas entidades locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos y Ministerio Fiscal), a los que ha de añadirse la exención del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos que, para quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, contemplan los artículos 6.5 y 12.1 de la Ley 1/1996, de 10 de enero .
Fuera de los supuestos expresados de exención la falta de constitución del depósito determina, necesariamente, conforme a lo preceptuado en el apartado séptimo de la referida Disposición Adicional decimoquinta, la imposibilidad de admitir a trámite el recurso, puntualizando el apartado séptimo aludido, en su segundo párrafo, que " Si el recurrente hubiera incurrido en defecto, omisión o error en la constitución del depósito, se concederá a la parte el plazo de dos días para la subsanación del defecto, con aportación en su caso de documentación acreditativa. De no efectuarlo, se dictará auto que ponga fin al trámite del recurso, o que inadmita la demanda, quedando firme la resolución impugnada ".
Pues bien, sobre la normativa que ha quedado expuesta en el fundamento de derecho que antecede y siendo de tener en cuenta que, para el caso específico de quienes tienen reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita y conforme a lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, el aludido derecho se mantiene para la interposición y sucesivos trámites de los recursos contra las resoluciones que pongan fin al proceso en la correspondiente instancia, en este caso la documentación aportada por el recurrente a los autos autorizara a tener por justificado que le fue reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita no ya para la formulación de alegaciones, intervención letrada e interposición de recursos en la vía administrativa, en exclusiva, sino también para entablar recursos en vía jurisdiccional, como se hace constar inequívocamente en la solicitud cuya copia adjuntó la parte actora con su escrito rector.
Pero es que, además de ello, debe notarse que fue la misma Letrada designada provisionalmente en el expediente la que intervino en el ulterior recurso contencioso-administrativo entablado contra la resolución sancionadora, en defensa y representación de D. Eugenio, como tal Abogada designada de oficio, no apreciándose -ni de oficio ni a instancia de parte- defecto alguno en la representación y/o concerniente al concreto ámbito que comprendía la designación en cuestión ni, en consecuencia, siendo requerida oportunamente la subsanación del defecto, como tampoco se requirió la subsanación de la falta de justificación documental de la concurrencia del supuesto de exención que nos ocupa al ser admitido a trámite el recurso de apelación por el órgano de instancia.
La falta de subsanación aludida veda, en primer término, que pueda tenerse por acreditado en debida forma, a los efectos de la estimación de la causa de inadmisibilidad que estamos examinando, que el derecho a la asistencia jurídica gratuita no hubiera sido también reconocido en orden a entablar contra la resolución que puso término a la vía administrativa el correspondiente recurso jurisdiccional y ulterior recurso de apelación contra la Sentencia parcialmente estimatoria, pues no cabe equiparar ni confundir el hecho de que la documental aportada solo justifique el reconocimiento del derecho en cuestión en la vía administrativa con la inexistencia de reconocimiento del mismo en la vía judicial, inexistencia que sólo a la parte demandada incumbía acreditar, tanto en cuanto hecho constitutivo de su pretensión de que se decrete la inadmisibilidad del recurso de apelación como desde la perspectiva de la disponibilidad o facilidad probatoria a que hace mención el artículo 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, aplicable supletoriamente en este ámbito ( artículo 4 de la Ley Procesal Civil, en relación con la Disposición final primera de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), máxime teniendo en cuenta el carácter restrictivo que, en todo caso, ha de presidir la interpretación y aplicación de las normas reguladoras de las causas de inadmisibilidad de los recursos.
Pero es que, además de ello y aún de dar por válido que el recurrente no tenía reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita en el proceso sustanciado en la instancia ni, en consecuencia, en el momento en que el recurso de apelación fue interpuesto, la falta de concesión del oportuno trámite de subsanación para la constitución del preceptivo...
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