ATS, 16 de Julio de 2015
| Ponente | OCTAVIO JUAN HERRERO PINA |
| ECLI | ES:TS:2015:7021A |
| Número de Recurso | 3867/2014 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 16 de Julio de 2015 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
AUTO
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Julio de dos mil quince.
PRIMERO .- Por la Procuradora de los Tribunales Dª María Eugenia García Alcalá, en nombre y representación de D. Juan Manuel , se ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 23 de octubre de 2014, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dictada en el recurso nº 1569/2013 , sobre concesión de la nacionalidad española.
SEGUNDO .- Por providencia de 4 de enero de 2015 se acordó conceder a las partes el plazo común de diez días para que formularan alegaciones sobre la posible concurrencia de la siguiente causa de inadmisión del recurso: Carecer manifiestamente de fundamento, por pretenderse a través del recurso de casación una reconsideración de la apreciación de los hechos concurrentes efectuada por el Tribunal de instancia, lo que no es posible en este recurso extraordinario salvo en circunstancias excepcionales que en este caso no han sido invocadas por la parte recurrente ( artículo 93.2.d] de la Ley Jurisdiccional ). Dicho trámite ha sido evacuado por las partes personadas.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Octavio Juan Herrero Pina , Magistrado de la Sala
PRIMERO .- La sentencia impugnada desestimó el recurso interpuesto por la representación de la ahora recurrente en casación, contra la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por delegación del Ministro de Justicia, de fecha 2 de julio de 2013, que deniega la solicitud presentada de concesión de la nacionalidad española.
Dicha sentencia examina las circunstancias del caso, que reseña en su Fundamentación Jurídica, expresando, a modo de conclusión, que de lo actuado se constata el absoluto desconocimiento cultural y de las instituciones básicas del recurrente, que resulta incompatible con el ejercicio de los derechos políticos que llevan consigo la obtención de la nacionalidad, y que por tanto trasciende de lo que es simplemente el desenvolverse en una vida profesional, económica y familiar en España, extremos en los que se centra la demanda para afirmar la integración cuestionada.
SEGUNDO .- El escrito de interposición del recurso de casación contiene un único motivo de impugnación de la sentencia, fundado en el apartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional , y desarrollado en forma de alegaciones, en las que se denuncia la vulneración del artículo 22.4 del Código Civil , en relación con los artículos 24 y 103 CE , y la jurisprudencia que cita.
Alega la parte recurrente que la desestimación por parte de la Sala de instancia de la pretensión solicitada por la recurrente evidencia la vulneración de la doctrina expuesta en el recurso interpuesto, por no haber tenido en cuenta la sentencia recurrida que la residencia legal del recurrente se remonta a 2000, sin ninguna nota desfavorable o detención, teniendo una hoja historial laboral de seis años de trabajo por cuenta ajena, poniendo de relieve todo ello que el actor en su actividad cotidiana no corresponde a falta de interés en el país de su residencia, ni a una actitud ni a un aislado círculo de relaciones personales circunscrito a personas de su misma nacionalidad, como se quiere hacer valer.
TERCERO .- Este recurso de casación es inadmisible, por las razones apuntadas en la providencia de 4 de enero de 2015.
El Tribunal de instancia, valorando de forma conjunta todos los datos puestos a su disposición, concluyó de la manera en la que hemos dejado constancia expresa en el Razonamiento Jurídico Primero. Y dicha conclusión, fruto de la apreciación de la prueba, no es revisable en casación, pues el análisis de la prueba practicada que refleja la sentencia recurrida no puede calificarse en modo alguno de irracional, arbitrario, ilógico o absurdo, únicos supuestos en que cabría su reconsideración en este recurso extraordinario de casación. Las afirmaciones de la Sala podrán ser más o menos compartidas, pero se apoyan en el contenido del expediente administrativo y en las pruebas practicadas, que conducen la Sala de instancia a la conclusión adoptada. Nada revela que esta conclusión sea, insistimos, manifiestamente arbitraria, irracional o ilógica.
Partiendo, pues, de la intangibilidad de la valoración probatoria efectuada por el tribunal de instancia, es claro que el recurso de casación nunca podría prosperar, pues a pesar del notable esfuerzo argumental desarrollado por la parte recurrente, lo que subyace a su impugnación casacional no es más que su desacuerdo contra la valoración de los hechos concurrentes efectuada por el Tribunal de instancia .
Procede, pues, declarar la inadmisión del presente recurso de casación por carecer manifiestamente de fundamento, en aplicación del artículo 93.2.d) de la vigente Ley Jurisdiccional ; sin que esta conclusión se vea rebatida por las alegaciones de la recurrente en el trámite de audiencia, que pueden entenderse respondidas por los razonamientos anteriores.
CUARTO .- Al ser inadmisible el recurso de casación, las costas procesales causadas deben imponerse a la parte recurrente, como dispone el artículo 93.5 de la Ley Jurisdiccional , si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 139.3 de la citada Ley y vistos los términos de su escrito de alegaciones, fija en 500 euros la cantidad máxima a reclamar por la parte recurrida por todos los conceptos.
En su virtud,
Inadmitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Juan Manuel , contra la Sentencia de 23 de octubre de 2014, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dictada en el recurso nº 1569/2013 , resolución que se declara firme; con imposición a la parte recurrente de las costas procesales causadas en este recurso, señalándose como cantidad máxima a reclamar por la parte recurrida por todos los conceptos la de 500 euros.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados
