ATS, 24 de Julio de 2015
| Ponente | MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH |
| ECLI | ES:TS:2015:6510A |
| Número de Recurso | 685/2014 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 24 de Julio de 2015 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veinticuatro de julio de dos mil quince.
"Gallega de Residuos Ganaderos SA", representada por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, interpuso el presente recurso contencioso- administrativo número 685/2014 contra el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
En su escrito de demanda de 10 de julio de 2015 suplicó a la Sala que al amparo de los artículos 129 y siguientes de la LJCA , "la adopción de la medida cautelar consistente en que: se suspenda la aplicación del régimen retributivo fijado por el RD 413/2014 para la planta de purines de Sarreaus titularidad de mi representada (contenido en la Disposición Adicional Segunda y en la Disposición Transitoria Octava) y se mantenga el régimen económico previsto en el RD 661/2007 que hasta ahora le resultaba de aplicación en virtud de la Disposición Transitoria Tercera del RD-Ley 9/2013 , para garantizar la efectividad de la Sentencia que recaiga en este recurso. "
Tercero.- El Abogado del Estado presentó sus alegaciones y suplicó a la Sala que "acuerde su íntegra desestimación, con imposición de las costas de este incidente a la recurrente".
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala
La sociedad que ha interpuesto el presente recurso directo contra el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, interesa de la Sala que suspenda "la aplicación del régimen retributivo fijado por el RD 413/2014 " para la planta de purines de Sarreaus de su titularidad y "se mantenga el régimen económico previsto en el RD 661/2007 que hasta ahora le resultaba de aplicación" en virtud de la Disposición Transitoria Tercera del RD-Ley 9/2013 .
La mercantil recurrente aduce que concurre una apariencia de buen derecho, lo que justifica en que la Disposición Adicional Segunda y la Disposición Transitoria Octava del RD. 413/2014 , supone la aplicación de normas retributivas con carácter retroactivo, la vulneración de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, la infracción de los principios de rentabilidad razonable, proporcionalidad y estabilidad regulatoria y la obstaculización del objetivo comunitario de eficiencia energética.
Asimismo, considera que existe el riesgo de pérdida de eficacia del recurso en caso de no adoptarse la medida cautelar solicitada. Explica que la aplicación de la mencionada Disposición Transitoria causaría un grave perjuicio inmediato a la sociedad recurrente, agravado por la consiguiente necesidad de devolver cuantiosos importes de retribuciones pasadas, lo que presumiblemente abocaría a la empresa al concurso de acreedores y al probable cierre. Considera que la suspensión no perjudicaría los intereses generales ni la aplicación a futuro de la norma impugnada.
El Abogado del Estado se opone a la medida solicitada.
En el recurso no se impugna la ulterior Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, aprobada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en la que se concretan "los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos".
No es posible acceder a la pretensión de suspensión que la parte actora interesa en el presente litigio.
Como es sabido, el Real Decreto-ley 9/2013 instauró un nuevo sistema retributivo para el entonces denominado "régimen especial", sistema que vino a sustituir al vigente hasta entonces, concretado -en lo que aquí importa- por el Real Decreto 661/2007 y sus modificaciones ulteriores. El Real Decreto-ley 9/2013 permitió, sin embargo ("al objeto de mantener tanto los flujos retributivos a las instalaciones como el resto de procedimientos, derechos y obligaciones") que el anterior sistema retributivo se aplicara con carácter transitorio, en tanto no se desarrollase el nuevo. Y lo hizo disponiendo que las instalaciones perceptoras recibieran liquidaciones a cuenta -al amparo del régimen transitorio- con la advertencia expresa de que, una vez aprobadas las disposiciones normativas necesarias para la aplicación del nuevo régimen económico, debían proceder a la regularización correspondiente por los derechos de cobro u obligaciones de pago resultantes de la aplicación de la nueva metodología, con efectos desde la entrada en vigor del propio Real Decreto-ley.
La concreción de estas reglas se llevó a cabo en la Disposición transitoria tercera del Real Decreto-ley 9/2013 , a tenor de la cual -entre otras medidas- el organismo encargado de la liquidación debía abonar, con carácter de pago a cuenta, los conceptos liquidables devengados por las instalaciones de régimen especial, y aquellas de régimen ordinario con régimen retributivo primado al amparo de Real Decreto 661/2007 en aplicación de lo previsto en los referidos reales decretos. Más en concreto aun, las obligaciones de pago resultantes de aplicar la nueva metodología a la energía producida desde el 13 de julio de 2013 "hasta la entrada en vigor de las disposiciones necesarias para la plena aplicación del nuevo régimen retributivo" han de ser liquidadas en las seis liquidaciones posteriores a la entrada en vigor de la Orden ahora impugnada.
La Disposición transitoria octava del Real Decreto 413/2014 trata acerca del procedimiento y demás cuestiones complementarias relativas al régimen jurídico de aquellas liquidaciones y, en particular, a las obligaciones de ingreso correspondientes a las provisionales -a cuenta- ya realizadas al amparo de la Disposición transitoria tercera del Real Decreto-ley 9/2013 .
Pues bien, la sede adecuada para plantear las cuestiones singulares sobre las tan citadas liquidaciones y su eventual suspensión cautelar no es, como pretende la recurrente, el recurso en abstracto contra la disposición general (el Real Decreto 413/2014 y, en particular, su disposición transitoria octava ) que no hace sino dar cumplimiento al mandato legal, una vez que ha culminado el proceso de concreción del nuevo sistema retributivo, cuyo último paso es la Orden IET/1045/2014. Por el contrario, será en el curso de la impugnación singular de aquellas liquidaciones cuando, una vez precisada su cuantía y las circunstancias económicas de cada una de las empresas afectadas, podrá accederse o no a suspenderlas.
No es posible, pues, una declaración de la Sala en la que se declare, a priori , la suspensión de la disposición transitoria octava del Real Decreto 413/2014 que regula las referidas liquidaciones contempladas en la disposición transitoria tercera del Real Decreto-ley 9/2013 y que suponen la culminación del tránsito al nuevo sistema retributivo. Cosa diferente es, repetimos, que se adopten medidas cautelares de suspensión de las liquidaciones singulares que le puedan ser giradas, como es habitual en los procesos contencioso-administrativos.
Esta Sala ha resuelto ya numerosas pretensiones cautelares a partir de los autos de 8 de octubre de 2014, que han denegado solicitudes similares a otros litigantes, también productores de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. De modo individual o colectivo, según los casos, los respectivos demandantes propugnaban la suspensión de algunas de las disposiciones del Real Decreto 413/2014 (y de la Orden IET/1045/2014) alegando que sus instalaciones -sobre todo las de cogeneración y residuos- se veían afectadas negativamente por el nuevo régimen retributivo.
En esos Autos, al igual que en éste, no se niega que dicho nuevo régimen haya supuesto para determinadas categorías de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos, una reducción, en ocasiones significativa, de las retribuciones percibidas bajo el sistema anterior. Los titulares de los diferentes subsectores han aducido, en cada caso, que son ellos los más perjudicados y algunos (instalaciones de cogeneración y residuos) incluso que el nuevo modelo abocaba al cierre de sus instalaciones.
No hemos, sin embargo, considerado suficientes dichas razones para otorgar una medida de suspensión, que supondría en realidad prescindir del designio legislativo, vinculante para todos, y mantener de modo provisional la subsistencia de un marco retributivo anterior cuyas consecuencias negativas -según los términos del Real Decreto-ley 9/2013- eran ya perceptibles, en la medida en que podían poner en riesgo la estabilidad financiera del sistema eléctrico español. El nuevo régimen retributivo, a la vez que trata de evitar esas consecuencias, confiesa su voluntad de permitir que este tipo de instalaciones cubran los costes necesarios para competir en el mercado, en un nivel de igualdad con el resto de tecnologías, y obtengan una rentabilidad razonable.
No cabe, pues, por exigencia de los intereses generales tal como han sido definidos o apreciados por el propio legislador en este ámbito singular, acceder a la suspensión instada en los términos del presente recurso, incluso si admitiéramos que su aplicación inmediata puede generar, respecto de las instalaciones afectadas, un inmediato perjuicio económico para sus titulares cuyo eventual resarcimiento ulterior sería, por otra parte, posible en todo caso.
En el Auto de 16 de octubre de 2014, dictado en la pieza de medidas cautelares del Recurso Directo número 752/2014, hicimos algunas consideraciones sobre las citadas "liquidaciones" o "refacturaciones":
Al igual que hacemos en otros autos resolutorios de incidentes de suspensión análogos, no es ocioso añadir algunas consideraciones adicionales que pudieran, eventualmente, afectar al desarrollo ulterior de las tan citadas liquidaciones o "refacturaciones".
El grado en que la suspensión cautelar del ingreso o pago inmediato de las cantidades resultantes de tales liquidaciones afecta a los intereses generales no es igual que el derivado de suspender, con efectos pro futuro, la aplicación del nuevo régimen retributivo en su conjunto. La medida cautelar limitada a la suspensión de la efectividad de cada una de las liquidaciones y del subsiguiente reintegro no implicaría, en este orden de cosas, sino una demora añadida a la que ya se ha producido entre la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013 (julio 2013) y de la Orden IET/1045/2014 (junio 2014), demora que -de acceder a la medida cautelar- se mantendría hasta la sentencia resolutoria de las pretensiones de nulidad opuestas contra las correlativas liquidaciones, que han de ser llevadas a cabo por el órgano específico al que se refiere el Real Decreto 413/2014.
En su caso, de modo particularizado y ante la existencia de graves perjuicios derivados del inmediato ingreso en efectivo de las cantidades adeudadas (lo que no necesariamente se producirá, dadas las diversas modalidades a las que se refiere la Disposición transitoria octava del Real Decreto 413/2014 , entre las que figura la compensación con los derechos de cobro devengados, y la variedad de las situaciones económicas de los afectados) podrá accederse a la suspensión de las liquidaciones una vez que quede asegurado el pago de las cantidades correlativas, esto es, que los deudores presten las cauciones o garantías de pago correspondientes a los importes liquidados.
Esta última exigencia, para el caso de adoptar la medida cautelar frente a las liquidaciones singulares emitidas por el órgano competente (al "órgano encargado de la liquidación" se refiere, repetimos, la antes citada Disposición transitoria del Real Decreto 413/2014) sería conforme con el criterio rector del artículo 133.1 de la Ley Jurisdiccional pues, en otro caso, se correría el riesgo de que la merma provisional, y meramente cautelar, de los ingresos del sistema se tradujera en pérdida definitiva. En todo caso la decisión corresponderá, como es lógico, al órgano jurisdiccional competente para controlar la adecuación a Derecho de los actos liquidatorios, una vez que se acuerden y sean ante él impugnados.
Las consideraciones expuestas en los anteriores fundamentos de derecho hacen improcedente acceder a la medida cautelar solicitada, tanto en su formulación principal como en la subsidiaria. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 y 3 de la Ley de la Jurisdicción se imponen las costas a la parte promotora del incidente hasta un máximo de 1.000 euros por todos los conceptos legales.
NO HA LUGAR a acordar la suspensión de la aplicación del régimen retributivo fijado en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, y su aplicación para la planta de purines de la mercantil demandante, interesada como medida cautelar por GALLEGA DE RESIDUOS GANADEROS SA.. Se imponen las costas del incidente a la parte promotora del mismo conforme a lo expresado en el razonamiento jurídico cuarto.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados.-
