SAN, 21 de Noviembre de 2007
| Ponente | MARIA DEL PILAR TESO GAMELLA |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 1ª |
| ECLI | ES:AN:2007:4958 |
| Número de Recurso | 56/2007 |
SENTENCIA
Madrid, a veintiuno de noviembre de dos mil siete.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección Primera) de esta Audiencia Nacional el
presente recurso nº 56/2007, interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Luis Estrugo
Muñoz, en nombre y representación del Arzobispado de Valencia, contra la Resolución del Director
de la Agencia Española de Protección de Datos de 18 de enero de 2007, que impuso a la
recurrente la obligación de remitir certificación en la que se haga constar que se ha anotado en su
partida de bautismo el hecho de que ha ejercitado el derecho de cancelación. Ha sido parte
demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por la Abogacía del
Estado.
Admitido el recurso y previos los oportunos trámites, se confirió traslado a la parte actora para que deduzca demanda, lo que llevó a efecto mediante escrito presentado el día 26 de marzo de 2007, en el que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que consideró oportunos termina solicitando que se dicte sentencia estimatoria del recurso que anule la resolución recurrida por ser contraria a derecho.
El Abogado del Estado contesta a la demanda mediante escrito presentado el día 10 de abril de 2007, en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, solicita que se dicte sentencia desestimatoria del recurso y se confirme la resolución recurrida por ser conforme a derecho.
Acordado recibimiento a prueba, se practicaron las pruebas propuestas por la parte recurrente, y admitidas por la Sala, cuyo resultado obra en las actuaciones.
Estimándose innecesaria la celebración de vista pública y no solicitado trámite de conclusiones, quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento del día para su votación y fallo, que finalmente fue fijado para el día 20 de noviembre de 2007.
Ha sido ponente la Ilma. Sra. Dña. Pilar Teso Gamella.
El presente recurso contencioso-administrativo se interpone contra la Resolución del Director de la Agencia Española de Protección de Datos, de 18 de enero de 2007 que impuso a la parte ahora recurrente la obligación de hacer consistente en remitir al titular de los datos una Centro de Documentación Judicial
que se haga constar que se ha anotado en su partida de bautismo el hecho de que ha ejercitado el derecho de cancelación o que motive las causas que lo impiden, pudiendo incurrir en su defecto en una de las infracciones previstas en el artículo 44>>, de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal .
La secuencia de los hechos que ha dado lugar a la interposición del presente recurso es, en síntesis, la siguiente. 1.-) D. Everardo , titular de los datos que constan en el Libro Registro de Bautismo, presentó escrito ante el Obispado de Valencia solicitando la cancelación de sus datos en el citado Libro Registro. 2.-) Esta solicitud de cancelación de datos personales es denegada por el Arzobispado de Valencia (según consta en la comunicación que obra al folio 9 del expediente administrativo) que contesta a tal solicitud señalando que >. 3.-) Ante esta contestación el interesado denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos la denegación de la cancelación de sus datos contenidos en el Libro Registro de Bautismos de la Parroquia dependiente del Arzobispado recurrente.
Las cuestiones suscitadas en el presente recurso contencioso-administrativo, pues sobre ellas construye el Arzobispado recurrente la presente impugnación, se centran en determinar, de un lado, si resulta o no de aplicación al caso la citada Ley Orgánica 15/1999 , atendida la naturaleza de los datos personales afectados, y, de otro -y solo para el caso de que fuera de aplicación la expresada Ley Orgánica-, si se ha infringido, o no, el principio de la calidad del dato, mediante la vulneración del artículo 4.3 de la expresada Ley Orgánica , pues la Agencia de Protección de Datos -se arguye- ha hecho una indebida aplicación del indicado artículo 4.3 . Enlazando las cuestiones suscitadas con la inviolabilidad de los archivos de la Iglesia según el Acuerdo suscrito entre el Estado Español y la Santa Sede, sobre Asuntos Jurídicos, de 3 de enero de 1979, y el derecho fundamental a la libertad religiosa de la Iglesia.
Por su parte, el Abogado del Estado pretende la desestimación del presente recurso contencioso administrativo al considerar que la resolución administrativa impugnada es conforme con el ordenamiento jurídico, pues aduce que la nota marginal en el Libro de Bautismos sobre la solicitud de cancelación de la inscripción -que ha de realizar el Arzobispado según la resolución impugnada-, no infringe la inviolabilidad de los archivos sino que, por el contrario, conjuga dicha circunstancia con el derecho del titular de los datos a que quede constancia de que, a pesar de que fue bautizado, no mantiene ninguna vinculación con la religión católica.
A tenor de lo expuesto, por tanto, en el supuesto ahora examinado los términos en los que se plantea el debate procesal se resumen en que el Arzobispado recurrente solicita la nulidad de acto administrativo de la Agencia Española de Protección de Datos, al defender que no debe realizarse ninguna actividad ante el ejercicio del derecho de cancelación de los datos por el titular de los mismos, ni practicar nota marginal alguna. Mientras que la Administración demandada, por el contrario, defiende la legalidad del acto impugnado que acordó la práctica de una nota marginal.
El análisis de las cuestiones suscitadas, a tenor de los términos en que se suscita el debate procesal, debe comenzar, siguiendo una lógica elemental, analizando la procedencia de la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre , rechazada en el escrito de demanda, pues solo si efectivamente resulta de aplicación en este caso debemos entrar a analizar el resto de las alegaciones sobre las que se cimienta la impugnación del acto administrativo recurrido.
El ámbito de aplicación de la citada Ley Orgánica viene definido, por lo que hace al caso, en el artículo 2 de dicho texto legal, en cuyo apartado 1 se dispone que >.
Pues bien, este ámbito objetivo de la Ley, previsto en el expresado artículo 2.1, párrafo primero , comprende los siguientes requisitos:
En primer lugar, ha de tratarse de datos de carácter personal y los que constan en el Libro de bautismo lo son, pues se concretan en el nombre y apellidos del bautizado, entre otros. En este sentido, el artículo 3.a) de la citada LO 15/1999 , dispone que son datos de carácter personal >, y el nombre y apellidos, insistimos, lo son,pues revelan una información de identificación del titular de los datos, como esta Sala ha venido declarando con reiteración.
En segundo lugar, deben estar registrados en un soporte físico -ya sea informático o no-, y en el caso examinado constan al menos en soporte papel. De manera que constituyan un fichero de datos, en los términos que posteriormente veremos.
Y, en fin, en tercer lugar, este soporte físico ha de permitir su tratamiento o, mejor dicho, debemos estar ante datos >, ex artículo 2.1 ya citado. Teniendo en cuenta que el concepto de "tratamiento de datos personales" viene establecido en el artículo 3.c) de la Ley Orgánica 15/1999 como aquellas >, expandiendo el concepto previsto en la vieja Ley Orgánica 5/1002, de 29 de octubre , de regulación de Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, que incluía únicamente el tratamiento automatizado.
El mentado concepto legal del artículo 3.c) está en sintonía con lo dispuesto en el Convenio 108, de 28 de enero de 1981, de 28 de enero de 1981 , para la Protección de las personas al Tratamiento Automatizado de Datos de carácter personal, firmado en el seno del Consejo de Europa, y con la Directiva 95/46, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995 , relativa a la Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, que dispone, a propósito del concepto de "tratamiento" que este no puede depender de la técnica utilizada para el manejo de los datos, y de ahí que incluya tanto el tratamiento automatizado como el manual (considerando 27 de su Preámbulo). Lo relevante, pues, para que estemos ante un "tratamiento de datos personales" es la realización de actuaciones en relación con los mismos, que en su descripción y configuración resultan muy amplias y que pueden adoptar formas variadas.
Además, como ya hemos anunciado a propósito del segundo requisito, se precisa que las citadas actuaciones -recogida, grabación, conservación, u otras- se realicen de forma automatizada o bien, si se realizan de forma manual, que los datos personales estén contenidos o destinados a un fichero.
Surge así otro concepto esencial, que constituye también un prius necesario para la aplicación de la ley: el fichero.
La Directiva 95/46 /CE nos lo define en su artículo 2 y nuestra Ley Orgánica 15/1999 recoge tal concepto, en su artículo 3 .b como >.
Definición que debe ponerse en relación con la de tratamiento, que es siempre una operación o procedimiento técnico, esto es, sujeto a criterios preestablecidos, que son los propios del fichero donde los datos personales están contenidos o destinados. De manera que todo fichero de datos exige para tener esta consideración de estructura u organización con arreglo a criterios determinados.
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