SAP Guipúzcoa 10/2010, 15 de Enero de 2010
| Ponente | IGNACIO JOSE SUBIJANA ZUNZUNEGUI |
| ECLI | ES:APSS:2010:646 |
| Número de Recurso | 1406/2009 |
| Procedimiento | PENAL - APELACION PROCEDIMIENTO ABREVIADO |
| Número de Resolución | 10/2010 |
| Fecha de Resolución | 15 de Enero de 2010 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Guipúzcoa, Sección 1ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE GIPUZKOA
GIPUZKOAKO PROBINTZIA AUZITEGIA
Sección / Sekzioa : 1ª/1.
Calle SAN MARTIN 41,1ªPLANTA,DONOSTIA - SAN SEBASTIAN / SAN MARTIN Kalea 41,1ªPLANTA,DONOSTIA - SAN SEBASTIAN
Tel.: 943-000711
Fax / Faxa: 943-000701
N.I.G. / IZO : 20.04.1-07/001444
Rollo apelación abreviado / Prozedura laburtuko apelazioko erroilua 1406/2009
Atestado nº./ Atestatu zk. :
Hecho denunciado / Salatutako egitatea : ABANDONO DE FAMILIA /
O.Judicial origen / Jatorriko epaitegia : Jdo. de lo Penal nº 3 Donostia-San Sebastián
Procedimiento / Prozedura : Proced.abreviado / 426/2008
SENTENCIA Nº 10/2010
ILMOS/AS. SRES/AS.
D. IGNACIO JOSE SUB IJANA ZUNZUNEGUI
D. AUGUSTO MAESO VENTUREIRA
Dña. MARIA JOSE BARBARIN URQUIAGA
En DONOSTIA - SAN SEBASTIAN, a 15 de enero de dos mil diez.
La Ilma. Audiencia Provincial de Gipuzkoa, constituida por los Magistrados que arriba se expresan, ha visto en grado de apelación el Procedimiento Abreviado 426/08 del Juzgado de lo Penal nº 3, de los de Donostia-San Sebastián, seguido por un delito de abandono de familia, en el que figura como parte apelante DOÑA Estefanía representada por la procuradora Sra. Aran guren y defendida por la letrada Sra Martin y siendo parte apelada el Ministerio Fiscal y Don Eutimio representado por la procuradora Sra. Agote y defendido por la letrada Sra. Arostegui.
Todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 26 de febrero de 2009, dictada por el Juzgado de lo Penal antes mencionado.
Por el Juzgado de lo Penal nº 1 de los de esta Capital, se dictó sentencia con fecha 26 de febrero de 2009, que contiene el siguiente FALLO: "Que debo absolver y absuelvo a Eutimio del delito de abandono de familia del que venía acusado y declaro de oficio las costas causadas en esta instancia."
Notificada dicha resolución a las partes, por la representación de Doña Estefanía se interpuso recurso de apelación, que fue admitido e impugnado por el Ministerio Fiscal y por la representación de Don Eutimio .. Las actuaciones tuvieron entrada en la Oficina de Registro y Reparto el día 23 de junio de 2009, siendo turnadas a la Sección 1ª y quedando registradas con el número de Rollo de Apelación 1406/09, señalándose para la DELIBERACIÓN, VOTACIÓN y FALLO el día 11 de enero de 2010, a las 10;30 horas de su mañana, fecha en la que se llevó a cabo el referido trámite.
En la tramitación del presente recurso se han observado los trámites y formalidades legales.
Ha sido Ponente en esta instancia el Magistrado DON IGNACIO JOSE SUB IJANA ZUNZUNEGUI.
Debate jurídico
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- La representación procesal de Dña. Estefanía solicita la revocación de la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 3 de Donostia-San Sebastián, de 26 de febrero de 2009, en la que se absuelve a D. Eutimio del delito de abandono de familia, en la modalidad de impago de pensiones debidas a su hija menor de edad. La parte recurrente postula la condena del acusado, pretensión que asienta en las siguientes alegaciones:
*La sentencia incurre en un error en la valoración de la prueba dado que "(...) No existe ninguna duda, al menos para esta parte, de que el Sr. Eutimio se encuentra incurso en el tipo delictivo fijado en el referido precepto legal (se refiere al artículo 227.1 del Código Penal ), habiendo reconocido tanto el Juzgador como el propio acusado en el acto del Juicio, que no se han pagado las pensiones debidas (...)".
*La Juez de Instancia realiza una inversión de la carga de la prueba pues obliga a la denunciante a demostrar que el denunciado tiene capacidad económica para prestar los alimentos debidos, cuando corresponde en todo caso única y exclusivamente al acusado demostrar que carece de ingresos suficientes como para hacer frente a las responsabilidades que se le reclaman.
*En el supuesto de que el acusado no tuviera capacidad económica para hacer frente a la pensión alimenticia dictada en su día por el Juzgado de Familia lo que debería haber hecho es promover un procedimiento de modificación de medidas pues la resolución, en su día adoptada, se emitió teniendo en cuenta la situación y capacidad económica de quien debía prestar los alimentos.
*El Sr. Eutimio no permanece en la indigencia, dado que ha constituido una nueva familia, conduce un Mercedes, disfruta de una afición como la caza y vive en el centro de la localidad en la que reside.
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- La representación procesal de D. Eutimio impugna el recurso de apelación, solicitando la confirmación de la sentencia recurrida. El Ministerio Fiscal no presentó escrito de adhesión o impugnación.
Motivación de la valoración de la prueba
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- La parte apelante solicita una revisión de la argumentación probatoria realizada en la instancia. Y lo hace, además, con dos premisas que (por las razones que luego se indicarán) delimitan los límites de la función jurisdiccional de este tribunal para que su respuesta sea compatible con el derecho a un proceso con todas las garantías - artículo 24.2 CE - y el derecho a la presunción de inocencia - artículo 24.2 CE -. A saber:
* Postula la conversión de la sentencia absolutoria emitida en la instancia en una sentencia condenatoria pronunciada en la apelación.
* Fundamenta la pretensión en una calificación como errónea de las pruebas personales practicadas en la instancia (declaración del acusado y de los testigos de cargo y de descargo).
Y es que, tal y como disciplinan los artículos 5.1 LOPJ y 1.6 del Código Civil, este tribunal tiene que realizar una exégesis del precepto regulador del error en la apreciación de la prueba ( artículo 790.2 LECrim ) acorde con los criterios hemeneúticos contenidos en la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
El Tribunal Constitucional, en una doctrina que arranca de la sentencia del Pleno 167/2002, de 18 de septiembre, mantiene que el derecho fundamental del acusado a un proceso con todas las garantías ( artículo 24.2 CE ) exige que la valoración de las pruebas que consistan en un testimonio personal sólo pueda ser realizada por el órgano judicial ante el que se practiquen, y siempre que además dicha práctica se realice en condiciones plenas de contradicción y publicidad. Por ello, menta en la STC 36/2008, de 25 de febrero, que "(...) hemos apreciado vulneración de este...
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