STS, 13 de Abril de 2015
| Ponente | DIEGO CORDOBA CASTROVERDE |
| Número de Recurso | 3004/2014 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - APELACION |
| Fecha de Resolución | 13 de Abril de 2015 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a trece de Abril de dos mil quince.
Visto por la Sala Tercera, Sección Sexta del Tribunal Supremo constituida por los señores al margen anotados el presente recurso de casación para la unificación de doctrina con el número 3004/2014 que ante la misma pende de resolución, interpuesto por la representación procesal de DON Cesar y DON Hipolito contra sentencia de fecha 26 de noviembre de 2013 dictada en el recurso 398/2012 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Siendo parte recurrida EL ABOGADO DEL ESTADO en la representación que ostenta
La sentencia recurrida contiene parte dispositiva que copiada literalmente dice:
"FALLAMOS.-
Desestimar el recurso contencioso-administrativo nº 398/2012, interpuesto Don Cesar y Don Hipolito representados por el Procurador de los Tribunales DON ADOLFO MORALES HERNÁNDEZ-SAN JUAN, contra la resolución del Secretario de Estado de Justicia, dictada por delegación del Ministro del mismo Departamento, de fecha 13 de abril de 2012, que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial por prisión indebida formalizada por los recurrentes, al considerar la expresada resolución ajustada a Derecho".
La representación procesal de Don Cesar y Don Hipolito , presentó escrito interponiendo recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia anteriormente citada, en el que formuló sus consideraciones fácticas y jurídicas y terminó suplicando a la Sala de instancia eleve los autos a esta Sala a fin de que dicte sentencia: "...dicte sentencia por la que se declare haber lugar al recurso y, en consecuencia, se case y anule la sentencia impugnada para dictar otra en la que se estime la doctrina mantenida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, esto es con estimación íntegra de la demanda sobre responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la Administración de Justicia interpuesta por esta parte contra el Ministerio de Justicia".
Admitido el recurso a trámite, se concede a la parte recurrida el plazo de treinta días a fin de que formalice su oposición, verificándolo mediante escrito en el que tras exponer los motivos de oposición que considera oportunos, suplica a la Sala: "... se declare la inadmisión del recurso o, subsidiariamente, su desestimación con condena en costas en cualquiera de los dos casos".
La Sala de instancia dictó Providencia por la que se tiene por evacuado el tramite de oposición al recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto, acordándose elevar las actuaciones y expediente a la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Recibidas las actuaciones en esta Sala del Tribunal Supremo y repartidas a esta Sección, se ordena formar el rollo de Sala.
Conclusas las actuaciones se señaló para votación y fallo del presente recurso la audiencia el día 8 de abril de 2015, en cuyo acto tuvo lugar su celebración.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Diego Cordoba Castroverde, .
Se interpone recurso de casación para la unificación de doctrina por el representante legal de D. Cesar y Hipolito contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Tercera, de 26 de noviembre de 2013 (rec. 398/2012 ) por la que se desestimó el recurso interpuesto contra la resolución del Secretario de Estado, por delegación del Ministro de Justicia, de 13 de abril de 2012 desestimatoria de la reclamación por la prisión preventiva sufrida al haber sido dictado auto de sobreseimiento provisional de la causa por la que estuvieron en prisión.
De conformidad con lo exigido en el artículo 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , se aduce como sentencias de contraste con lo razonado por la Sala de instancia, las sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 1999 , de 30 de junio de 1999 , de 26 de enero de 2005 , de 6 de octubre de 2006 , de 22 de diciembre de 2006 , de 18 de junio de 2009 , de 28 de septiembre de 2010 en las que se amplía jurisprudencialmente la responsabilidad patrimonial por prisión preventiva seguida de sobreseimiento libre o sentencia absolutoria a los casos de "inexistencia subjetiva", que comprendería la acreditada falta de participación en un hecho delictivo existente pero excluiría los casos de falta de prueba de la participación en el hecho.
El asunto tiene origen en una reclamación de indemnización, por prisión preventiva seguida de Auto de sobreseimiento provisional, que fue desestimada por resolución del Ministerio de Justicia. El posterior recurso contencioso- administrativo fue desestimado por la sentencia impugnada, que entiende que éste habría sido un caso de lo que la jurisprudencia tradicional venía denominando -inexistencia subjetiva- del hecho imputado a efectos del art. 294 LOPJ ; es decir, un caso en que, aun habiendo existido el hecho, se hubiera probado que el imputado no participó en el mismo. La sentencia impugnada explica de manera precisa y pormenorizada la evolución de la jurisprudencia en esta materia, razonando que la extensión del criterio jurisprudencial a los supuestos de inexistencia subjetiva (aplicable a aquellos casos en los que existe el hecho delictivo pero queda probada la falta de participación del inculpado) ha sido modificado expresamente por dos sentencias del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2010 (recursos de casación 4288/2006 y 1908/2006), dictadas como consecuencia de dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las que se declaró que es contrario a la presunción de inocencia trazar una distinción -crucial para la jurisprudencia tradicional- según cuál fuese la causa determinante de la absolución o el sobreseimiento de la causa penal seguida contra la persona sometida a prisión preventiva ( sentencias Puig Panella c. España de 25 de abril de 2006 y Tendam c. España de 13 de julio de 2010 ). Al no poder seguir utilizando el criterio en que se apoyaba la idea de "inexistencia subjetiva" - esto es, la no participación en el hecho, como algo distinto de la insuficiencia de prueba-, esta Sala se vio forzada a retornar a una interpretación estricta del art. 294 LOPJ , de manera que éste da derecho a indemnización únicamente en los casos de la llamada "inexistencia objetiva" o, en otras palabras, de inexistencia propiamente dicha.
Pues bien, tras comprobar que dadas las circunstancias del asunto, y considerar que en su caso nos encontramos ante un caso de mera "inexistencia subjetiva" con arreglo a la antigua jurisprudencia, la sentencia impugnada concluye que la pretensión indemnizatoria no tiene fundamento en el art. 294 LOPJ , tal como este precepto viene siendo interpretado y aplicado desde finales del año 2010.
El recurrente en casación mantiene que nos encontramos ante un supuesto de inexistencia subjetiva pero se muestra disconforme con la interpretación realizada por la sentencia de instancia y considera que debe aplicarse la jurisprudencia que sostiene la procedencia de indemnizar en los supuestos de inexistencia subjetiva.
A fin de fundamentar este recurso de casación para la unificación de doctrina, se aportan varias sentencias de contraste, dictadas por el Tribunal Supremo ( STS de 29 de mayo de 1999 , de 30 de junio de 1999 , de 26 de enero de 2005 , de 6 de octubre de 2006 , de 22 de diciembre de 2006 , de 18 de junio de 2009 , de 28 de septiembre de 2010 ) sentencias en las que se recogían la jurisprudencia inicial. La simple referencia a las fechas de estas sentencias, habida cuenta de lo dicho más arriba acerca del giro jurisprudencial acaecido en 2010, es suficiente para constatar que no existe la triple identidad de hechos, fundamentos y pretensiones exigidas por el art. 96 LJCA para que el recurso de casación para la unificación de doctrina pueda prosperar. Entre las sentencias de contraste y la sentencia impugnada ha intervenido un cambio motivado y justificado en el modo de interpretar el art. 294 LOPJ , en que se basa la pretensión indemnizatoria del recurrente. De aquí que la sentencia impugnada haya de ser confirmada.
Y así lo hemos señalado en otros recursos de unificación de doctrina en los que se planteaba una problemática muy similar a la que ahora nos ocupa, baste citar a este respecto las SSTS, Sala Tercera, Sección Sexta de 18 de diciembre de 2013 (Recurso: 1000/2013 ) y de 14 de enero de 2014 (Recurso: 1042/2013 ).
Costas.
La desestimación íntegra del presente recurso de casación, determina, en aplicación del artículo 139 de la Ley Jurisdiccional , la imposición de las costas del mismo a la recurrente, si bien la Sala, haciendo uso de las facultades reconocidas en el número 3 del indicado precepto y atendidas las circunstancias del caso, señala en cuatro mil euros la cantidad máxima a repercutir por todos los conceptos.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y por la potestad que nos confiere la Constitución.
No ha lugar al presente recurso de casación para la unificación de la doctrina número, interpuesto por la representación procesal de Don Cesar y Don Hipolito contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Tercera, de 26 de noviembre de 2013 (rec. 398/2012 ), con imposición de las costas a la parte recurrente, con el límite impuesto en el último fundamento.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos . D. Octavio Juan Herrero Pina Dª. Margarita Robles Fernandez D. Juan Carlos Trillo Alonso D. Jose Maria del Riego Valledor D. Wenceslao Francisco Olea Godoy D. Diego Cordoba Castroverde Dª. Ines Huerta Garicano
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STSJ Andalucía 418/2021, 18 de Febrero de 2021
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