SAP Sevilla 35/2015, 29 de Enero de 2015
| Ponente | JOSE HERRERA TAGUA |
| ECLI | ES:APSE:2015:186 |
| Número de Recurso | 4456/2014 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 35/2015 |
| Fecha de Resolución | 29 de Enero de 2015 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Sevilla, Sección 5ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCION QUINTA
SENTENCIA
ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS
DON JUAN MÁRQUEZ ROMERO
DON JOSÉ HERRERA TAGUA
DON CONRADO GALLARDO CORREA
REFERENCIA
JUZGADO de 1ª Instancia nº 3 de Lora del Río
ROLLO DE APELACION 4456/14 -F
AUTOS Nº 280/12
En Sevilla, a veintinueve de Enero de dos mil quince.
VISTOS por la Sección Quinta de esta Iltma Audiencia Provincial los autos de Juicio Ordinario nº 280/12, procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Lora del Río, promovidos por la entidad Instalaciones y Soluciones Eléctricas, S.L.U., representada por la Procuradora Dª Inmaculada Pastor González, contra la entidad Suárez Tomé, S.L., representada en esta alzada por el Procurador D. Miguel Ángel Márquez Díaz; autos venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud de recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia en los mismos dictada con fecha 25 de Febrero de 2014, que igualmente ha sido impugnada por la parte actora.
Se aceptan sustancialmente los de la resolución apelada, cuyo fallo literalmente dice: "Estimo parcialmente la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Inmaculada Pastor González, en nombre y representación de la entidad Instalaciones y Soluciones Eléctricas S.L. contra la entidad Suarez Tomé S.L. representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Mª Isabel Gutiérrez Fernández y en consecuencia: - debo condenar y condeno a la citada entidad demandada al pago de la cantidad de 4.416 euros y a los intereses legales de dicha cantidad desde la interposición de la demanda, ello sin expresa imposición de las costas judiciales causadas. Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos principales, definitivamente juzgando en esta instancia, la pronuncio, mando y firmo".
Notificada a las partes dicha resolución y apelada por el citado litigante, y admitido que le fue dicho recurso en ambos efectos, previo emplazamiento de las partes para su personación ante esta Superioridad por término de 10 días, se elevaron las actuaciones originales a esta Audiencia con los debidos escritos de interposición de la apelación, de oposición a la misma e impugnación de la Sentencia, dándose a la alzada la sustanciación que la Ley previene para los de su clase.
Acordada por la Sala la deliberación y fallo de este recurso, la misma tuvo lugar el día 28 de Enero de 2015 quedando las actuaciones pendientes de dictar resolución.
En la sustanciación de la alzada se han observado las prescripciones legales.
VISTOS, siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado Don JOSÉ HERRERA TAGUA.
Por la Procuradora Doña Inmaculada Pastor González, en nombre y representación de la entidad Instalaciones y Soluciones Eléctricas, S.L.U., se presentó demanda contra la entidad Suárez Torné, S.L., interesando que se le condenase al pago de 6.617,05 euros, importe de determinados trabajos eléctricos que le había ejecutado a la demandada, incluyendo materiales. La demandada se opuso, alegó defectos en los trabajados ejecutados, y que no se había tenido en cuenta 2.000 euros que se habían entregado como parte del precio y un exceso de 220 euros, más I.V.A., que se había entregado como pago de otra factura. La Sentencia dictada en primera instancia estimó parcialmente la demanda, condenando a la demandada al pago de 4.416 euros, una vez descontada las dos citadas cantidades. Contra la citada resolución, se interpuso recurso de apelación por la demandada, a los efectos de que se acogieran su motivo de oposición fundamental, como era los defectos que presentaba la obra ejecutada por la actora. A su vez, la parte actora interesó que se le impusiera las costas de primera instancia a la demandada, ya que se había estimado íntegramente su pretensión, dado que en el acto de la audiencia previa admitió los dos pagos a cuenta realizados.
En los términos que se opone la demandada a la pretensión actora, y que no se han acogido en la Sentencia recurrida, es evidente que está ejercitando la acción non rite adimpleti contractus, que, al igual que la excepción non adimpleti contractus, de contrato no cumplido, como ha declarado esta Sala en anteriores ocasiones, afecta a las obligaciones reciprocas, y consiste en que no se puede exigir el cumplimiento de las obligaciones de la otra parte cuando no se cumplen las propias. Estas excepciones, aunque carentes de una regulación específica en nuestro Derecho, han sido unánimemente admitidas por la jurisprudencia, sobre la base de lo dispuesto en los artículos 1.100 y 1.124 del Código Civil . En ese sentido, la Sentencia de 17 de noviembre de 2.004 declara que: "La exceptio non rite adimpleti contractus, una de las variantes de la de incumplimiento, admitida por la jurisprudencia con apoyo en los artículos 1.100, 1.124 1.466 y 1.500 del Código Civil, responde a la necesidad de mantener en el funcionamiento de la relación jurídica el mismo equilibrio querido por las partes al perfeccionar el contrato".
Se afirma que está perfectamente justificado el incumplimiento por una de las partes, sí fue motivado por el incumplimiento de la otra. Los contratos dejan de ser obligatorio para una de las partes, cuando la otra falta a lo convenido. El que incumple la obligación que se impuso, no puede exigir el cumplimiento de la obligación a la otra parte, como señala la Sentencia de 14 de junio de 2.004, se trata de: "neutralizar la reclamación, dada la facultad que le asiste de posponer su cumplimiento hasta que el reclamante cumpla o esté dispuesto a cumplir lo que le incumbe ( artículos 1.100 y 1.124 del Código Civil y Sentencias 22 de octubre de 1997, 21 de marzo de 2001, 17 de diciembre de 2002 y 21 de marzo de 2003 )".
La Sentencia de 27 de marzo de 1.991 nos dice que: "Los principios del respeto a la palabra dada y a la buena fe dieron lugar al nacimiento de dos acciones diferentes, una de contrato no cumplido, llamada "non adimpleti contractus", y otra de contrato no cumplido adecuadamente en cantidad, calidad, manera o tiempo, denominada "exceptio con rite adimpleti contractus", acciones no reguladas expresamente en nuestro ordenamiento jurídico pero cuya existencia está implícitamente admitida en diversos preceptos y han sido sancionados por la jurisprudencia; así, en cuanto a la primera, los arts. 1466, 1500.2, 1100 y 1124 CC y las SS 7 octubre 1885, 8 junio 1903, 9 julio 1904, 10 abril 1924, 1 abril 1925, 6 noviembre 1923 y 29 diciembre 1965, y respecto a la segunda, los arts. 1157, 1.100 apartado último, y 1154 CC, también (S 17 abril 1976); por otra parte, como dice la S 13 mayo 1985, citada en el motivo "el éxito de tal excepción de contrato no cumplido adecuadamente esta condicionado a que el defecto o defectos de la obra sea de cierta importancia o trascendencia en relación con la finalidad perseguida y con la facilidad o dificultad de su subsanación, haciéndola impropia para satisfacer el interés del comitente, es claro que no puede ser alegada cuando lo mal realizado u omitido carezca de suficiente entidad con relación a lo bien ejecutado y el interés del comitente queda satisfecho con la obra entregada u ofrecida, de forma que las exigencias de la buena fe y el principio de conservación del contrato no autoricen el ejercicio de la acción resolutoria del art. 1124 del citado texto sustantivo y solo permitan la vía reparatoria, bien mediante la realización de las operaciones correctoras precisas, bien a través de la consiguiente reducción del precio - SS 21 noviembre 1971, 17 enero 1975, 15 marzo y 3 octubre 1979 -". En parecidos términos la Sentencia de 17 de diciembre de 2002 . De las anteriores consideraciones se deduce que, para su admisión, no es suficiente cualquier incumplimiento, sino que necesariamente ha de ser de las obligaciones principales y no de las secundarias o accesorias establecidas en el mismo contrato. En este sentido, la Sentencia de 17 de noviembre de 2.004 declara que: "Por ello no es admisible el empleo de dicho instrumento de defensa cuando provoque una falta de proporción entre el medio y el fin, cual acontece en el caso de que la parte de prestación recibida sea la correspondiente a la parte de la contraprestación reclamada ( Sentencia de 27 de marzo de 1991 ) o cuando los defectos de que adolezca la recibida no tengan entidad bastante, en relación con el resto de lo ejecutado ( Sentencias de 8 de junio de 1996, 22 de octubre de 1997 y 21 de marzo de 2003 ) o cuando no resulte necesario para restablecer el equilibrio de prestaciones, al poder operar otro remedio distinto que, sin generar la crisis en el cumplimiento de lo pactado, lo permita ( Sentencias de 30 de enero de 1992 y 8 de junio de 1992 )". De ahí, que en supuestos concretos, no se admita cuando se trata de un mero retraso, SSTS de 5-6-89 y 17-11-04, entre otras, dado que es necesario que frustre el fin práctico perseguido por las partes con el contrato. Y, con carácter general, que la prestación no resulte útil para el fin empírico al que estaba destinada, Sentencias de de 27 de febrero de 2004 y 17 de noviembre de 2.004 . En conclusión, como señala la Sentencia de 14 de octubre de 2.004 es necesario para que pueda aplicarse esta excepción que: "esta inobservancia patentice de forma indubitada la existencia de una voluntad manifiestamente rebelde y obstativa al incumplimiento, de manera que sea de tal intensidad que frustre el fin del contrato para la contraparte, y que haya un incumplimiento inequívoco y objetivo ( SSTS de 5 de diciembre de 1997 y 9 de julio de 1993 ), lo que no se ha acreditado ni valorado en el supuesto del debate- se desestima por las razones que se dicen seguidamente".
En todo caso, para la aplicación de la non adimpleti contractus, como reitera la jurisprudencia,...
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