SAN 59/2015, 28 de Enero de 2015
| Ponente | JUAN PEDRO QUINTANA CARRETERO |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 1ª |
| ECLI | ES:AN:2015:343 |
| Número de Recurso | 360/2012 |
A U D I E N C I A N A C I O N A L
Sala de lo Contencioso-Administrativo
SECCIÓN PRIMERA
Núm. de Recurso: 0000360 / 2012
Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Núm. Registro General: 05904/2012
Demandante: GOOGLE SPAIN, S.L.
Procurador: MARIA GRACIA LÓPEZ FERNÁNDEZ
Demandado: AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS
Codemandado: Bienvenido
Abogado Del Estado
Ponente IImo. Sr.: D. JUAN PEDRO QUINTANA CARRETERO
S E N T E N C I A Nº:
IImo. Sr. Presidente:
D. EDUARDO MENÉNDEZ REXACH
Ilmos. Sres. Magistrados:
Dª. LOURDES SANZ CALVO
D. JUAN PEDRO QUINTANA CARRETERO
D. JOSÉ GUERRERO ZAPLANA
Madrid, a veintiocho de enero de dos mil quince.
Visto el recurso contencioso administrativo, tramitado como procedimiento ordinario número 360/2012, que ante esta Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha promovido Google Spain S.L., representada por la Procuradora doña Gracia López Fernández y defendida por el Abogado don Javier Martínez Baviére, contra la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado, sobre protección de datos personales, donde ha intervenido como codemandado don Bienvenido, representado por la Procuradora doña Raquel Olivares Pastor.
Por la parte recurrente se interpuso recurso contencioso-administrativo mediante escrito
presentado el 20 de julio de 2012, acordándose mediante decreto de 31 de octubre de 2012 su tramitación de conformidad con las normas establecidas en la Ley 29/1998 y la reclamación del expediente administrativo.
En el momento procesal oportuno la parte actora formalizó la demanda mediante escrito presentado el 8 de febrero de 2013, en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminó suplicando se dictara sentencia estimatoria de su pretensión y se "declare nula de pleno derecho o, en su caso, se anule la resolución impugnada".
El Sr. Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado el 25 de marzo de 2013, en el que, tras alegar los hechos y los fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando se dictara sentencia desestimatoria del recurso contencioso-administrativo, confirmándose el acto administrativo impugnado, con expresa condena en costas a la parte actora.
El codemandado contestó a la demanda mediante escrito presentado el 31 de mayo de 2013, en el que, tras alegar los hechos y los fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando se dictara sentencia desestimatoria del recurso contencioso-administrativo, confirmándose el acto administrativo impugnado, con imposición de costas a la parte recurrente.
Habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, se acordó dicho trámite mediante auto de 8 de octubre de 2013, y se ha practicado la prueba admitida de la propuesta por las partes, con el resultado que consta en los autos. Concluso el término probatorio, se dio traslado a las partes, por su orden, para que formularan conclusiones, trámite que evacuaron mediante la presentación de sendos escritos en los que concretaron y reiteraron sus respectivos pedimentos.
Habiéndose dictado en el procedimiento ordinario 725/2010, seguido ante esta Sala, auto de fecha 27 de febrero de 2012 de planteamiento de cuestión prejudicial de interpretación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y resuelta la cuestión prejudicial planteada mediante sentencia de 13 de mayo de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, as. C-131/12, Google Spain S.L. y Google Inc./AEPD, se acordó conceder un plazo de alegaciones a las partes, mediante providencia de 10 de diciembre de 2013.
La Abogacía del Estado evacuó dicho trámite mediante la presentación de escrito de alegaciones el 6 de junio de 2014, haciéndolo la parte codemandada mediante la presentación de escrito de alegaciones el 1 de julio de 2014.
Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo de este recurso el día 20 de enero de 2015, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación, habiendo sido ponente el Ilmo. Magistrado don JUAN PEDRO QUINTANA CARRETERO, quien expresa el parecer de la Sala.
- Acto administrativo recurrido.
El presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto la resolución de fecha 22 de junio de 2012, dictada por el Director General de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que acuerda estimar la reclamación formulada por don Bienvenido contra Google Spain, S.L., instando a esta entidad para que adopte las medidas necesarias para evitar la indexación de los datos personales del reclamante y que no aparezcan su búsqueda respecto del enlace que indica.
La resolución recurrida, por lo que aquí nos interesa, trae causa del ejercicio ante Google Spain, S.L. por don Bienvenido de su derecho de oposición al tratamiento de sus datos personales, instando la eliminación de sus datos personales que aparecían en determinados enlaces web, incluidos en la relación obtenida a través de una búsqueda en Google con su nombre y apellidos.
La información aparecida en los enlaces web de noticias consistía en la imposición de una sanción por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de multa de cinco millones de pesetas al reclamante el 22 de septiembre de 1999, en su condición de Director de Intermediación de una agencia de valores, por una infracción de utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas.
El reclamante alegaba para justificar su derecho de oposición que la difusión de tal información mediante el buscador Google resultaba desproporcionada con el consiguiente rechazo social que le causaba, provocandole perjuicios al desarrollar su actividad profesional en el ámbito del Mercado de Valores.
Presentada el 6 de febrero de 2012 ante la Agencia Española de Protección de Datos la reclamación del interesado contra Google Spain, S.L. por no haber sido atendido debidamente su derecho de oposición, y tramitado el correspondiente procedimiento de tutela de derechos, fue dictada la resolución recurrida que estimaba la reclamación formulada. La resolución de la Agencia Española de Protección de Datos recurrida sustenta la aplicación de la normativa española de trasposición de la comunitaria en materia de protección de datos en la aplicación del artículo 3 del Real Decreto 1720/2007, que traspone el artículo 4 de la Directiva 95/46/CE que debe interpretarse en atención a lo expuesto en los considerandos 18, 19 y 20 de la misma.
La resolución afirma que el servicio de búsqueda de Google utiliza en el tratamiento de datos personales medios situados en territorio español sin que su utilización sea únicamente con fines de transito, pues para prestarlo rastrea mediante sus "arañas web" datos de carácter personal en los servidores españoles, con el objeto de facilitar su posterior localización.
Además, sostiene que el servicio de búsqueda prestado a través del sitio web www.google.es es un servicio dirigido específicamente al territorio español, como revela el lenguaje de la pagina www.google.es, el dominio bajo el que se aloja el servicio de buscador Google en España, que es del tipo ".es", y el hecho de que los resultados obtenidos en la búsqueda se encuentren dirigidos a usuarios ubicados en territorio español.
Igualmente, considera que la publicidad es la forma de financiación del buscador gratuito de Google, hasta el punto de que el usuario no puede evitarla si quiere utilizar este servicio.
En base a lo expuesto concluye la resolución que la normativa de protección de datos española es aplicable al caso que nos ocupa, puesto que el servicio de buscador es prestado por una empresa que se encuentra fuera de la UE pero tiene un establecimiento en España, implicado en la venta de anuncios dirigidos a sus habitantes, cuyo principal reclamo es la prestación gratuita del servicio de búsquedas en internet, por lo que el establecimiento se ve implicado en el tratamiento de datos, siendo de aplicación el artículo 4.a de la Directiva. Además, al recurrir los buscadores a medios en el territorio español para el tratamiento de los datos personales también resulta de aplicación el artículo 4.1.c) de la Directiva.
Añade que la legislación de protección de datos española también resulta aplicable por determinación del articulo 4 en relación con el artículo 8.1.c ) y 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, al dirigir Google sus servicios al territorio español y encontrarse vulnerado el derecho a la dignidad de la persona.
En relación con la concreta oposición del interesado al tratamiento de sus datos personales, sostiene la resolución impugnada que resulta de aplicación el artículo 6.4 de la LOPD, pudiendo oponerse el afectado al tratamiento de sus datos por el buscador siempre que una Ley no establezca lo contrario y en virtud de motivos fundados y legítimos relativos a su situación concreta.
Precisa la resolución recurrida que solo en uno de los enlaces relacionados por el reclamante permanecía accesible la información con los datos personales de aquel, concretamente en la noticia publicada en el diario digital de El Pais de 16 de octubre de 1999.
Alegaciones de la recurrente.
La parte recurrente solicita que se dicte sentencia estimatoria de su pretensión y se "declare nula de pleno derecho o, en su caso, se anule la resolución impugnada".
Las alegaciones de la parte demandante en defensa de su pretensión, expuestas en su escrito de demanda son, en síntesis, las siguientes:
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- Nulidad de pleno derecho de la resolución impugnada, al amparo del artículo 62.1, letras a),...
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