SAN, 5 de Febrero de 2015
| Ponente | CONCEPCION MONICA MONTERO ELENA |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 6ª |
| ECLI | ES:AN:2015:274 |
| Número de Recurso | 79/2014 |
A U D I E N C I A N A C I O N A L
Sala de lo Contencioso-Administrativo
SECCIÓN SEXTA
Núm. de Recurso: 0000079 / 2014
Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Núm. Registro General: 00998/2014
Demandante: Dº Artemio
Procurador: Dª MARÍA JESÚS RUIZ ESTEBAN
Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE
Abogado Del Estado
Ponente IIma. Sra.: Dª. CONCEPCIÓN MÓNICA MONTERO ELENA
S E N T E N C I A Nº:
IImo. Sr. Presidente:
D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO
Ilmos. Sres. Magistrados:
Dª. CONCEPCIÓN MÓNICA MONTERO ELENA
Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ
D. JAVIER EUGENIO LÓPEZ CANDELA
Madrid, a cinco de febrero de dos mil quince.
Visto el recurso contencioso administrativo que ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha promovido Dº Artemio, actuando en su nombre la Procuradora Sra. Dª María Jesús Ruiz Esteban, frente a la Administración del Estado, dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre Resolución presunta del Consejo de Universidades a la alzada frente a la Resolución de fecha 28 de febrero de 2012, relativa a acreditación para el Cuerpos Docentes Universitarios, siendo la cuantía del presente recurso indeterminada.
Se interpone recurso contencioso administrativo promovido por Dº Artemio, actuando en su nombre la Procuradora Sra. Dª María Jesús Ruiz Esteban, frente a la Administración del Estado, dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre Resolución presunta del Consejo de Universidades a la alzada frente a la Resolución de fecha 28 de febrero de 2012, solicitando a la Sala, declare la nulidad de la Resolución impugnada.
Reclamado y recibido el expediente administrativo, se confirió traslado del mismo a la parte recurrente para que en plazo legal formulase escrito de demanda, haciéndolo en tiempo y forma, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, y suplicando lo que en el escrito de demanda consta literalmente.
Dentro de plazo legal la administración demandada formuló a su vez escrito de contestación a la demanda, oponiéndose a la pretensión de la actora y alegando lo que a tal fin estimó oportuno.
Habiéndose solicitado recibimiento a prueba, practicadas las declaradas pertinentes, y evacuado el trámite de conclusiones, quedaron los autos conclusos y pendientes de votación y fallo, para lo que se acordó señalar el día veintisiete de enero de dos mil quince.
En la tramitación de la presente causa se han observado las prescripciones legales previstas en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y en las demás Disposiciones concordantes y supletorias de la misma.
Es objeto de impugnación en autos la Resolución presunta del Consejo de Universidades a la alzada frente a la Resolución de fecha 28 de febrero de 2012, relativa a acreditación para los Cuerpos Docentes Universitarios. El presente recurso comprende las Resoluciones del Subdirector General del Profesorado e Innovación Docente de 28 de febrero de 2012, recurrida en alzada. La denegación de la acreditación se justifica en cuanto el hoy actor no ha acreditado seis años naturales de desempeño de cargos de gestión unipersonales o asimilados.
En los términos recogidos en la demanda, el vicio de ilegalidad se atribuye a la decisión de la ANECA, que arrastra las posteriores que se fundan en ella, ya que se le atribuye falta de valoración de los cargos desempeñados por el actor y separación de un criterio anterior.
Antes de examinar las concretas circunstancias del presente caso, hemos de recordar la doctrina declarada en la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2009 :
Como es conocido, esta doctrina de la discrecionalidad técnica viene siendo matizada por la última jurisprudencia, que distingue, la absoluta libertad para decidir del Tribunal Calificador, ajena su decisión a los poderes políticos que le han nombrado, lo que no viene sino a reafirmar los principios de mérito y capacidad que deben regir, según nuestra Constitución, el acceso al ejercicio de la función pública, y de otra parte, la revisión jurisdiccional del acto administrativo firme que pone fin al procedimiento selectivo. Si la existencia de recursos administrativos es contingente, pudiendo el legislador prescindir de los mismos, la del principio de tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución no lo es, y es evidente que todos los actos administrativos son revisables jurisdiccionalmente, tal como dispone con cláusula universal el artículo 106.1 de la Constitución, sin excepción alguna. Pues bien esa tutela judicial efectiva no puede quedarse en una mera admisión formal de los recursos jurisdiccionales, para después, en base a una supuesta discrecionalidad técnica, negar la admisión de la prueba o el análisis de fondo de la pretensión planteada.
Esta Sala es consciente de la dificultad de combatir la decisión de un Tribunal Calificador, cuya rectitud, cualquiera que fuera el resultado de la revisión jurisdiccional, en principio no se cuestiona, para lo que debe valerse el órgano judicial de todas las pruebas, (especialmente la pericial), de las que las partes decidan servirse y sean pertinentes, debiendo valorarse las mismas, con arreglo al principio de la sana crítica.
Esta doctrina, desarrollada en el ámbito de tribunales calificadores de pruebas selectivas, es aplicable a la ANECA, pues las facultades que ejercen tienen por base la discrecionalidad técnica.
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en sus artículos 31 y 32, previó la constitución de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, con funciones de evaluación y las conducentes a la certificación y acreditación, entre otras, de las actividades docentes, investigadoras y de gestión del profesorado universitario.
Tras la reforma operada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, se dictó en desarrollo de la misma (y en sustitución del Real Decreto 1052/2002, de 11 de octubre), el Real Decreto 1312/2007, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y que regula, por lo que aquí interesa, el procedimiento para la obtención de la evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y de su certificación, a los efectos de la elección del personal docente e investigador universitario. El artículo 4º de dicho Real Decreto, señala que la valoración de los méritos y competencias será realizada por comisiones designadas al efecto por el Consejo de Universidades, añadiendo que tales comisiones llevarán a cabo el examen y juicio sobre la documentación presentada por los solicitantes y emitirán la correspondiente resolución.
El artículo 32 de la citada Ley Orgánica, en su párrafo segundo, dispone:
" 2. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación desarrollará su actividad de acuerdo con los principios de competencia técnica y científica, legalidad y seguridad jurídica, independencia y transparencia, atendiendo a los criterios de actuación usuales de estas instituciones en el ámbito internacional."
Pues bien, la seguridad jurídica, legalidad y transparencia imponen la necesidad de razonar individualizadamente los méritos presentados.
Veamos si en este caso se han cumplido las exigencias de motivación.
La Resolución de la ANECA de 12 de septiembre de 2011, que obra en el expediente administrativo, se pronuncia desfavorablemente a la solicitud del recurrente, pues "Los cargos desempeñados... están asimilados a los únicos efectos de la acreditación..."
Ahora bien, consta, tanto en el expediente administrativo como en el recurso, diversos documentos que acreditan el desempeño por el actor de diversos cargos orgánicos que posteriormente analizaremos.
El Real Decreto 1312/2007 en su disposición adicional primera , determina:
...4. En cualquier caso, obtendrán la acreditación a la que se refiere esta disposición los solicitantes que cumplan alguna de las siguientes condiciones, que serán verificadas únicamente por la Comisión:
a) Dos periodos de docencia y un periodo de actividad investigadora reconocidos de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba