ATS, 18 de Diciembre de 2014
| Ponente | MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA |
| Número de Recurso | 2324/2013 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 18 de Diciembre de 2014 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
AUTO
En la Villa de Madrid, a dieciocho de Diciembre de dos mil catorce.
Es Magistrada Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Luisa Segoviano Astaburuaga
Con fecha 19 de marzo de 2014 se dictó auto de inadmisión, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: Declarar la inadmisión de los recursos de casación para la unificación de doctrina interpuestos, respectivamente, por la Letrada Dª Raquel Jaén González, en nombre y representación de Dª Isabel y por el Letrado D. Enrique Moreno Almárcegui en nombre y representación SERUNIÓN, S.A. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid de fecha 23 de julio de 2013, en el recurso de suplicación número 1117/13 , interpuesto por Dª Isabel y por SERUNIÓN, S.A., frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de León de fecha 27 de noviembre de 2012 , en el procedimiento nº 753/12 seguido a instancia de Dª Isabel contra SERUNIÓN, S.A., COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN, SEVERIANO SERVICIO MÓVIL, S.A., GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LAS ÁREAS DE LEÓN Y EL BIERZO, CONSEJERÍA DE SANIDAD JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, sobre despido.
Por D. EMILIO MARTÍNEZ BENÍTEZ, Procurador de los Tribunales y de la mercantil SERUNION, SA, mediante escrito de 16 de mayo de 2014, se presentó solicitud de nulidad de actuaciones a los efectos de que se declare la nulidad de las resoluciones alegadas, retrotrayendo las actuaciones al momento anterior a aquel en que fueron dictadas, entendiendo vulnerados los derechos fundamentales alegados en el presente incidente y, restableciendo los mismos, se dicte resolución procediendo a admitir el recurso de casación unificadora en su día interpuesto y se entre a casar la sentencia recurrida. Asimismo interesa se tenga por formulada igualmente, dentro del recurso de casación, la cuestión prejudicial formulada en el cuerpo de dicho escrito.
Por diligencia de 9 de junio de 2014 se admitió a trámite el incidente y se dio traslado a las otras partes personadas, acordando dar traslado al Ministerio Fiscal por diligencia de la misma fecha, para que formulasen alegaciones. La Letrada de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, presentó escrito en fecha 25 de julio de 2014, solicitando la inadmisión del incidente o, subsidiariamente, su desestimación.. El Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de considerar, igualmente, que el incidente debía ser desestimado.
El artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que no se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones, añadiendo que, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución , siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario.
La nulidad de actuaciones depende, por tanto, del cumplimiento de tres exigencias: 1ª) que la declaración de nulidad se funde en la denuncia de vulneración de un derecho fundamental, 2ª) que esa denuncia no haya podido formularse antes de dictarse la resolución que pone fin al proceso, y 3ª) que la resolución en cuestión no sea susceptible de recurso.
Ninguna de las dos primeras exigencias se cumple en la pretensión que da lugar al presente incidente. En efecto, aunque la recurrente alega la vulneración de diversos derechos fundamentales, en particular, el derecho a la tutela judicial efectiva en su manifestación de poder ejercer el derecho de defensa sin indefensión por parte de los poderes públicos, y sin quiebra del principio de igualdad procesal laboral y civil reguladora de las relaciones laborales y sin arbitrariedad de los poderes públicos de los artículos 9.1 y 3 , 14 , 24,1 y 35 de la Constitución Española , señalando diversas sentencias del TC en relación con los derechos concernidos, es obvio que se trata de una alegación retórica, carente de cualquier consistencia. El artículo 24 de la Constitución no ha podido vulnerarse porque estamos ante una decisión de inadmisión fundada y razonada en Derecho. Tampoco se ha vulnerado el derecho fundamental a un proceso con las debidas garantías procesales.
Por otra parte, el recurrente lo que hace es reproducir el debate que se produjo en el trámite de inadmisión, manteniendo la tesis de que en el supuesto de autos la Administración ha recuperado la prestación del servicio, por lo que insiste se está ante un claro y evidente supuesto de "reversión", lo que inevitablemente determina la existencia de subrogación empresarial, destacando la importancia que tienen los materiales retirados por el SACYL de la cocina del Hospital Monte San Isidro, no obstante lo cual la sentencia recurrida mantiene que no opera la sucesión de contratas o subrogación empresarial alegada por SERUNION SA, efectuando el juicio de identidad con la sentencia dictada por la Sala de lo Social de Valladolid de 22 de noviembre de 2006, recurso 1811/2006 , No puede apreciarse la existencia de contradicción ya que en ese supuesto se trata de la extinción de una contrata -residencia geriátrica - y su reversión al Ayuntamiento que la concedió, procediendo dicho Ayuntamiento a hacerse cargo de forma directa de la gestión de la actividad contratada, habiendo procedido a transmitirle los bienes necesarios para la explotación, en tanto en la sentencia recurrida la prestación del servicio no continúa en las instalaciones de éste destinadas al efecto, ni se utilizan por el SACYL elementos significativos necesarios para el servicio, no utilizándose por el mismo las dependencias de la cocina del citado Hospital.
Y por lo que se refiere a la sentencia de contraste dictada por el Tribunal Supremo de 5 de febrero de 1991, recurso 3390/1989 , tampoco ha logrado desactivar eficazmente la ausencia de identidad por esta Sala apreciada.
Tal y como señala el Ministerio Fiscal en su elaborado informe, la recurrente, lo que pretende es un nuevo examen de la resolución cuya nulidad solicita a través de una nueva valoración jurídica, confundiendo este recurso con una segunda o tercera instancia, olvidando que el incidente de nulidad de actuaciones es un remedio procesal de carácter extraordinario.
En el "Otrosí Primero Digo", interesa el recurrente que por parte de este Tribunal se eleve cuestión prejudicial al TJUE, siendo la cuestión interpretativa la de si debe considerarse que una entidad económica mantiene su identidad, a los efectos de la subrogación, en un supuesto en el que existió una concesión administrativa y posterior reversión, cuando la Administración es continuadora de la prestación del servicio objeto de la contrata y ha existido una efectiva recuperación de la posesión por parte de la misma del conjunto de elementos materiales necesarios para la continuidad de la actividad pero los mismos no sean utilizados por ésta para la prestación del servicios, todo ello en interpretación de la Directiva Comunitaria y jurisprudencia del TJUE.
Ahora bien, al no proceder la admisión del incidente de nulidad promovido, no cabe plantear la cuestión prejudicial solicitada. Además, basta examinar el fundamentado jurídico cuarto de la sentencia dictada por la Sala de suplicación para apreciar que ya ante la misma se invocó la aplicación de la Directiva 2001/123/CE.
Procede, por lo expuesto, de acuerdo con el informe del Ministerio Fiscal, la desestimación de la pretensión de nulidad postulada, con condena al abono de las costas del presente incidente, a tenor de lo dispuesto en el artículo. 241.2 LOPJ . Contra este auto no cabe recurso alguno.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Desestimar el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por D. EMILIO MARTÍNEZ BENÍTEZ, Procurador de los Tribunales y de la mercantil SERUNION, SA, contra el auto de inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina, de fecha 19 de marzo de 2014, dictado en el recurso de casación para la unificación de doctrina número 2324/2013, interpuesto por el Letrado D. Enrique Moreno Almárcegui, en nombre y representación de SERUNIÓN, S.A. Con condena al abono de las costas del presente incidente.
Contra este auto no cabe recurso alguno. .
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
