STSJ Galicia 630/2014, 5 de Noviembre de 2014
| Ponente | MARIA DOLORES RIVERA FRADE |
| ECLI | ES:TSJGAL:2014:9041 |
| Número de Recurso | 15205/2014 |
| Procedimiento | PROCEDIMIENTO ORDINARIO |
| Número de Resolución | 630/2014 |
| Fecha de Resolución | 5 de Noviembre de 2014 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.4
A CORUÑA
SENTENCIA: 00630/2014
- N11600
PLAZA GALICIA S/N
N.I.G: 15078 45 3 2014 0000135
Procedimiento : PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0015205 /2014 PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000074 /2014
Sobre: HACIENDA AUTONOMICA
De D./ña. AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
LETRADO ALBERTO RICARDO VIEJO PUGA
PROCURADOR D./Dª. AVELINO CALVIÑO GOMEZ
Contra D./Dª. XUNTA SUPERIOR DE FACENDA
LETRADO LETRADO COMUNIDAD(SERVICIO PROVINCIAL)
PROCURADOR D./Dª.
PONENTE: Dª MARIA DOLORES RIVERA FRADE
EN NOMBRE DEL REY
La Sección 004 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha pronunciado la
SENTENCIA
Ilmos./as. Sres./as. D./Dª
JOSE MARIA GOMEZ Y DIAZ CASTROVERDE
JUAN SELLES FERREIRO
FERNANDO FERNANDEZ LEICEAGA
MARIA DOLORES RIVERA FRADE
MARIA DEL CARMEN NUÑEZ FIAÑO
A CORUÑA, cinco de noviembre de dos mil catorce.
En el recurso contencioso-administrativo que, con el número 15205/2014, pende de resolución ante esta Sala, interpuesto por AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, representada por el procurador D. AVELINO CALVIÑO GOMEZ, dirigido por el letrado D. ALBERTO RICARDO VIEJO PUGA, contra SILENCIO ADMINISTRATIVO RECURSO REPOSICION CONTRA LIQUIDACION FACTURA 10/1244/12 DE LA FUNDACION PUBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA 061. Es parte la Administración demandada el TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE GALICIA, representado por el ABOGADO DEL ESTADO.
Es ponente la Ilma. Sra. Dª MARIA DOLORES RIVERA FRADE
Admitido a trámite el presente recurso contencioso-administrativo, se practicaron las diligencias oportunas y, recibido el expediente, se dio traslado del mismo a la parte recurrente para deducir la oportuna demanda, lo que se hizo a medio de escrito en el que, en síntesis, tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que se estimaron pertinentes, se acabó suplicando que se dictase sentencia declarando no ajustada a Derecho la resolución impugnada en este procedimiento.
Conferido traslado a la parte demandada, se solicitó la desestimación del recurso, de conformidad con los hechos y fundamentos de Derecho consignados en la contestación de la demanda.
No habiéndose recibido el asunto a prueba y declarado concluso el debate escrito, quedaron las actuaciones sobre la mesa para resolver.
En la sustanciación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo la cuantía del mismo de 520,74 euros.
La entidad "Axa Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros" impugna en esta vía jurisdiccional la desestimación presunta por silencio administrativo de la Xunta Superior de Facenda de la Consellería de Economía e Facenda de la Xunta de Galicia de la reclamación económico-administrativa interpuesta con la resolución de la Fundación Pública de Urxencias sanitarias de Galicia-061 de fecha 26 de diciembre de 2012 que inadmite el recurso de reposición presentado contra la liquidación practicada por dicha Fundación en la factura número 10/12441/12, de 14 de junio de 2011; ampliado a la resolución expresa dictada por la Xunta Superior de Facenda de 2 de junio de 2014 que declara inadmisible la reclamación por extemporánea.
Teniendo en cuenta que el acto presunto inicialmente impugnado se ha visto sustituido por la resolución expresa dictada por la Xunta Superior de Facenda de fecha 2 de junio de 2014, procede entrar a analizar con carácter previo la conformidad a derecho o no de esta resolución, en cuanto en ella se declara inadmisible por extemporánea la reclamación económico-administrativa promovida contra la liquidación practicada por la Fundación en la factura número 10/12441/12.
Alega la entidad actora como motivo de impugnación de este acto administrativo que aun admitiendo que la resolución objeto de reclamación fue notificada el día 2 de enero de 2013, el plazo de un mes previsto en el artículo 235 de la LGT finalizaba el día 3 de febrero de 2013 (domingo), por lo que, siendo este inhábil, el citado plazo, a tenor del artículo 48.3 de la LRJAPyPAC se prorrogaba al día siguiente hábil (4 de febrero der 2013), fecha en la que se interpuso la reclamación, y por tanto, a juicio de aquella parte, dentro del plazo legalmente previsto.
Ante estos argumentos impugnatorios cabe considerar que el cómputo de los plazos por meses ha experimentado variaciones en la jurisprudencia, comenzando estas variaciones a partir de la reforma del Título Preliminar del Código Civil, en cuyo artículo 5.1 se estableció que los plazos fijados por meses se computarán de fecha a fecha, el cómputo de los plazos por meses se efectúa en esta forma, con la excepción de que en el mes de vencimiento no exista día equivalente al inicial, en cuyo caso se entiende que expira el último día del mes ( art. 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre ), y la de que el último día del cómputo sea inhábil, en que se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente ( art. 48.3 de la Ley 30/1992 ). En cuanto a la fecha inicial, el artículo 48.2, de la citada ley, habla del día siguiente al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso, como sucede con el acto originario impugnado en este procedimiento. Por su parte, a tenor de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/92, los plazos por meses se computan de fecha a fecha. Para aclarar definitivamente el sentido exacto de esta expresión, y según se señala en la sentencia dictada por el TSJ de Extremadura de fecha 10 de junio de 2000, el Grupo IU-IC presentó una enmienda en el Congreso de los Diputados para acabar con las dudas de la expresión de modo que se añadiese una coletilla que dijese "de modo que el último día del plazo señalado será aquel cuyo ordinal coincida en el mes o año correspondiente con el día en que se produjo la notificación, hecho que determina el inicio del cómputo", que no fue aceptada por innecesaria. En este sentido la STS de 26 de febrero de 1.991 (Ar.
1.389) que recoge numerosa jurisprudencia en esta materia. Y también el Tribunal Supremo, en su sentencia de fecha 5 de junio de 2000, se pronuncia en el sentido. Así, ante un supuesto en que la notificación de la resolución impugnada tuvo lugar el 20 de Julio de 1994, y la interposición del recurso el 21 de Septiembre siguiente, alegando la parte recurrente que si el plazo de dos meses había y ha de contarse "desde el día siguiente a la notificación del acuerdo" -"desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa", debe admitirse que se produjo en tiempo, puesto que, en su criterio, el día equivalente al inicial del cómputo dos meses después no podía ser otro que el expresado 21 de Septiembre de 1994, máxime cuando en la notificación del acuerdo económicoadministrativo mencionado, al hacer la indicación de recursos, se previno al interesado que, en su contra, podía "interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de la fecha de su notificación", con lo que, también a su juicio, se le indujo a error o duda que no pude jugar en su contra sin desconocer el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 de la Constitución y sin desconocer, asimismo, el principio espiritualista que ha prevalecido siempre en la jurisprudencia en materia de admisibilidad del recurso contencioso; sin embargo la Sala no ha admitido y compartido la argumentación defendida por la parte recurrente, resolviendo que "En efecto; constituye consolidada línea jurisprudencial -vgr. recogida en las Sentencias de 18 de Febrero y 4 de Mayo de 1994, 16 de Febrero de 1996, 28 de Junio de 1997, 4 de Abril de 1998 y 13 de Febrero de 1999, entre otras muchas- la de que, cuando se trata de un plazo de meses -como era y es el de interposición del recurso contencioso-administrativo según los arts. 58.1 y 46.1, respectivamente, de las Leyes Jurisdiccionales aquí aplicable y vigente-, el cómputo ha de hacerse, según el art. 5º del Código Civil al que se remite el art. 185.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de fecha a fecha, para lo cual, pese a que se inicia al día siguiente de la fecha de la notificación o publicación, ha de entenderse concluye el día correlativo a estas en el mes posterior que corresponda".
Es cierto -y esto constituye un argumento del Tribunal Supremo con ánimo de examinar el problema en su totalidad- que la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, con el propósito de eliminar las dudas que había suscitado el art. 60.2 de la Ley Procedimental de 1958 cuando, si bien establecía el cómputo de fecha a fecha para los plazos administrativos fijados en meses y la finalización del plazo el último día del mes "si en el mes del vencimiento no hubiere día equivalente a aquel en que comienza el cómputo" (comienzo referido al día siguiente a aquel en que hubiera tenido lugar la notificación o publicación del acto de que se tratase con arreglo al art. 59), determinó, "para los restantes plazos " - art. 48.4, párrafo 2º-, que se contarían "a partir del día de la notificación o publicación del correspondiente acto, salvo que en él se disponga otra cosa", y cierto, también, que la Ley 4/1999, de 13 de Enero, ha dado nueva redacción al expresado art. 48 y, en cuanto ahora interesa, ha previsto, en términos generales, no el cómputo de fecha a fecha para los plazos administrativos previstos en meses o años, sino el cómputo en este caso "a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o...
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