SAP Santa Cruz de Tenerife 93/2003, 24 de Febrero de 2003
| Ponente | MODESTO VALENTIN ADOLFO FERNANDEZ DEL VISO BLANCO |
| ECLI | ES:APTF:2003:561 |
| Número de Recurso | 393/2002 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 93/2003 |
| Fecha de Resolución | 24 de Febrero de 2003 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Santa Cruz de Tenerife, Sección 1ª |
SENTENCIA Nº 93/2003
Rollo nº 393/02
Autos nº 375/00
Jdo. 1ª Inst nº 4, S/C de Tenerife
Ilmos. Sres.
Presidente:
D. ROBERTO ROLDAN VERDEJO
Magistrados:
D. EUGENIO SANTIAGO DOBARRO RAMOS
D. MODESTO BLANCO FERNÁNDEZ DEL VISO
En Santa Cruz de Tenerife, a veinticuatro de febrero de dos mil tres.
Visto por los Ilmos. Señores Magistrados arriba expresados el presente recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia dictada en los autos nº 375/00, menor cuantía, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Santa Cruz de Tenerife, promovidos por Guadalupe , representada por la Procuradora Dª Isabel Ezquerra Aguado y dirigida por el Letrado D. Gerardo Pérez Sánchez, contra Dª Leonor , representada por la Procuradora Dª Monserrat Espinilla Jagüe y dirigida por el Letrado D. Luis Palacios Espinel, han pronunciado en nombre de S. M. El Rey, la presente sentencia siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. MODESTO BLANCO FERNÁNDEZ DEL VISO, con base en los siguientes:
En los autos indicados el Ilmo. Sr. Magistrado Juez D. Juan Antonio González Martín, dictó sentencia el treinta de abril del año dos mil dos, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
"FALLO Que estimando en parte la demanda formulada por DÑA. Guadalupe , representada por el Procurador de los Tribunales DÑA. ISABEL EZQUERRA AGUADO, contra DÑA. Leonor , representada por el Procurador de los Tribunales DÑA. MONSERRAT ESPINILLA YAGUE, de las circunstancias personales que constan en autos, y en parte la demanda reconvencional formulada de contrario, debo declarar ydeclaro:
-
- Que las citadas eran titulares de una sociedad civil irregular de la que formaban parte los siguientes bienes: el negocio denominado Centro de Formación MAM, la vivienda unifamiliar de dos plantas sita en Barranco Hondo e inscrito en el Registro de la Propiedad de Candelaria al folio NUM000 como finca número NUM001 , y los locales comerciales y plazas de garaje cuya descripción registra¡ consta en el hecho primero de la demanda originadora de este procedimiento.
-
- Acordar la extinción de la referida sociedad civil de carácter irregular por denuncia de una de las partes, procediendo a su liquidación y postrera división y adjudicación de los bienes que la componen.
-
- Que las fincas descritas en el punto 1.- de esta parte dispositiva - vivienda, locales comerciales y plazas de garaje pertenecen pro indiviso a ambas litigantes, que son indivisibles y que en consecuencia se acuerda sacar dichas fincas a venta en subasta pública, con admisión de licitadores extraños, así como también declaro el reparto por mitad del precio que se obtenga entre ambas partes contendientes.
-
- Declarar que DÑA. Guadalupe es en deber a Dña. Leonor la cantidad de TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIDÓS CENTIMOS (37.975,22.-), condenándola al pago de dicha suma y de los intereses legales correspondientes.
-
- Que condeno a ambas partes a estar y pasar por lo declarado y acordado, así como a su cumplimiento, y todo ello sin expresa condena en costas de las causadas en esta instancia a ninguna de las partes."
Notificada la sentencia a las partes en legal forma, por la representación de la parte demandante, se preparó recurso de apelación, se interpuso el mismo, evacuándose el respectivo traslado formulando oposición, remitiéndose seguidamente las actuaciones a esta Sección.-
Iniciada la alzada y seguidos todos sus trámites, se señaló día y hora para la votación y fallo, que tuvo lugar el día 18 de febrero de 2003.
En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
Constituye el primer motivo de recurso la denuncia de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, proclamado en el art. 24.1 de la Constitución Española, que el apelante imputa a la sentencia de la primera instancia por no respetar los principios de congruencia, motivación, razonabilidad y no arbitrariedad que el apelante invoca. Se basa esta imputación, en síntesis, en la falta de respuesta o inadecuada respuesta a las pretensiones deducidas en el procedimiento, a todas las argumentaciones utilizadas, y a la defectuosa por arbitraria e irrazonable respuesta dada por la repetida resolución.
En cuanto a la congruencia, la sentencia desestima en parte las pretensiones de la demandante y apelante, que son aquellas sobre las que reacciona con este motivo de recurso, de modo que el fallo de la sentencia resuelve todos los puntos en litigio, por lo que en principio hay que decir que procesalmente no puede ser apreciada la incongruencia denunciada, puesto que le es aplicable la jurisprudencia que tiene declarado que las sentencias absolutorias no pueden ser reputadas incongruentes porque resuelven todas las cuestiones propuestas. Así, por ejemplo, en tal sentido la STS de 12-7-83. Debe tenerse en cuenta que en orden a la apreciación de...
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