STSJ Navarra 353/2012, 11 de Junio de 2012
| Ponente | FRANCISCO JAVIER PUEYO CALLEJA |
| ECLI | ES:TSJNA:2012:690 |
| Número de Recurso | 186/2011 |
| Procedimiento | PROCEDIMIENTO ORDINARIO |
| Número de Resolución | 353/2012 |
| Fecha de Resolución | 11 de Junio de 2012 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
S E N T E N C I A Nº 000353/2012
ILTMOS. SRES.:
PRESIDENTE,
D. IGNACIO MERINO ZALBA
MAGISTRADOS,
D. ANTONIO RUBIO PÉREZ
D. FRANCISCO JAVIER PUEYO CALLEJA
En Pamplona a Once de Junio de Dos Mil Doce.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra
, constituida por los Ilustrísimos Señores Magistrados expresados, ha vistolos autos del recurso contencioso-administrativo nº186/2011 interpuestos contra la resolución del Sr. Presidente de la Cámara de Comptos de 25-1-2011 por la que se aprueban las retribuciones anuales del personal funcionario y contratado de la Cámara de Comptos para 2011, en los que han sido partes como demandantes Dª. Valentina ; Dª. Ana María ; Dª. Azucena ; Dª. Coral ; D. Valentín ; D. Carlos Alberto ; D. Celestino ; Dª. Visitacion ; Dª. Alejandra ; D. Esteban ; Dª. Carmen ; Dª. Encarna ; Dª. Guadalupe ; Dª. Marcelina ; Dª. Petra ; D. Jacobo ; Dª. Vanesa ; Dª. Adriana ; Dª. Brigida ; Dª. Edurne ; Dª. Francisca ; D. Oscar ; D. Romulo y Dª. Marisol, y como demandados la CAMARA DE COMPTOS DE NAVARRA, representada y dirigida por el Letrado de la Administración de la Cámara de Comptos de Navarra, y viene en resolver en base a los siguientes Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho .
Interpuesto el recurso contencioso-administrativo y seguidos los oportunos trámites prevenidos por la Ley de la Jurisdicción, se emplazó a la parte demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba suplicando se dictase sentencia estimatoria de sus pretensiones.
El Abogado de la parte demandada contestó a la demanda mediante escrito en el que suplicaba se dictase sentencia desestimatoria por la que se confirmase el acto recurrido.
Por auto que consta en el procedimiento se acordó el recibimiento a prueba del recurso, con el resultado que consta en autos.
Habiendo quedado el recurso pendiente de señalamiento para votación y fallo cuando por turno le correspondiera así se verificó, como obra en autos, teniendo lugar el día 11-6-2012.
Es ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Especialista de lo Contencioso-Administrativo D.FRANCISCO JAVIER PUEYO CALLEJA, quien expresa el parecer de la Sala.
Del acto impugnado.- A través de este recurso contencioso-administrativo se impugna la resolución del Sr. Presidente de la Cámara de Comptos de 25-1-2011 por la que se aprueban las retribuciones anuales del personal funcionario y contratado de la Cámara de Comptos para 2011.
Del fondo de la pretensión y de la doctrina de la Sala en asuntos semejantes.- Esta Sala ya ha resuelto similar objeto y con idénticos argumentos jurídicos a los expuestos en este proceso en su STSJNavarra de fecha 9-2-2012 (Rc 846/2010), proceso a la que la propia parte demandante se remite en cuanto a las argumentaciones de fondo que sostienen su demanda.
Es por ello que debemos aplicar la doctrina sentada en dicha Sentencia, que es de plena aplicación mutatis mutandi al presente caso, llegando a la misma conclusión.
La Sentencia referida señala:
"PRIMERO.- El presente recurso contencioso gira en torno a la pretensión de la parte actora ( funcionarios de la Cámara de Comptos de Navarra) de "que se plantee cuestión de inconstitucionalidad" en los términos del suplico de la demanda en el que a ese tenor, sigue diciendo:"de la Ley Foral 12/2010, de 11 de junio, dictada en el marco del mandato que, con el carácter de básico, se incluye en el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarios para la reducción del déficit público, mediante la remisión de las actuaciones al Tribunal Constitucional, para proceder al estudio de la constitucionalidad de dichas normas, cuestión necesaria tal y como se expresa en los Fundamentos Décimo y Decimoprimero; y que, en caso de declarar el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de la referida normativa, estime el presente recurso y declare la nulidad de pleno derecho de la resolución del presidente de la Cámara de Comptos de Navarra, de fecha 21 de junio de 2010, por inconstitucionalidad deriva de la Ley Foral 12/2010 y del Real Decreto. Ley 8/2010, reconociendo mi derecho a percibir las cuantías retributivas en la suma que establece la Ley Foral 16/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra par el año 2010, abonándome aquellas dejadas de percibir junto a los intereses legales correspondientes".
Este tema no es sino el trasunto del Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan medidas extraordinarias para la resolución del déficit público, y entre ellas, una drástica reducción de los emolumentos de los funcionarios públicos, trasunto o transposición del Decreto Ley a la Ley Foral 12/2010, dado nuestro propio régimen foral en materia de personal empleado público. De ahí, de esta manera, nace el reajuste para los funcionarios de la Cámara de Comptos, según resolución, también impugnada, de 21 de junio de 2010.
Con oposición a estas pretensiones, como no, de la parte y/o administración demandada, que entiende ajustada a Derecho la resolución impugnada, previo análisis de las diversas motivaciones que sobre inconstitucionalidad plantea la actora.
Esta temática de controversia ha sido examinada y resuelta por esta Sala en Plenario según sentencia dictada el 9 de Noviembre de 2011 y en Recurso Contencioso Administrativo nº 1099/2010
, en idénticas situaciones y motivaciones que la presente (ratificada por otras coetáneas y pretensiones del mismo tenor) por lo que no queda sino reproducir las consideraciones jurídicas allí mantenidas y que son las que a continuación siguen (cambiando obviamente, titulares y fechas concretas de nóminas y acuerdos).
Dice asÍ:
"PRIMERO.- Interpone Dña. Eloisa, funcionaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social, recurso contencioso-administrativo contra la desestimación del recurso interpuesto contra la deducción de haberes practicada en su nómina por aplicación del Real Decreto 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
Pretende la parte actora se plantee por este órgano jurisdiccional la cuestión de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 de la Constitución Española de 1978, ante el Tribunal Constitucional, y en concreto del Real Decreto-Ley 8/2010, que considera contrario al ordenamiento jurídico por contravenir determinados preceptos constitucionales y normas con rango de ley. Entiende que vulnera el art. 37 de la Constitución y el art. 31 del Estatuto Básico del Empleado Público, donde se reconoce el derecho a la negociación colectiva de los funcionarios, señalando que el Gobierno suscribió con los sindicatos más representativos el Acuerdo de 25 de septiembre de 2009, donde se consagra el principio de mantenimiento del poder adquisitivo de los funcionarios y donde se contenía una subida salarial del 0,3 % para el ejercicio de 2010, que después incorporó la Ley de Presupuestos Generales, creando auténticos derechos subjetivos que, por su propia naturaleza, se integraron en la esfera jurídica y patrimonial de los interesados, añadiendo que el citado art. 31 del Estatuto enuncia unos principios generales que han sido infringidos, al igual que los principios a que se refiere el art. 33 de dicho texto normativo que dispone que la negociación colectiva de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buen hacer negocial, publicidad y transparencia. Señala que ignora lo preceptuado en el art.
38.10 del Estatuto, que garantiza el cumplimiento de los pactos y acuerdos, salvo cuando por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de pactos y acuerdos ya firmados, y en el presente caso, el Real Decreto-Ley anula y priva totalmente de efectos a dichos acuerdos, en lugar de su suspensión temporal o su modificación. En su opinión, ni la Exposición de Motivos ni el articulado del Real Decreto-Ley contienen mención alguna explicando en qué medida se han alterado las condiciones económicas del déficit público, sin que se justifique tampoco por qué esta medida, y no otra, es la idónea para salvaguardar el interés público relativo al ahorro en el gasto público.
También considera la parte actora que se ha infringido el art. 86 de la Constitución Española, tanto en lo atinente al requisito de extraordinaria y urgente necesidad, ya que era de general conocimiento la existencia de déficit en la cuentas públicas desde dos años atrás, lo que no fue óbice para que el Gobierno firmase con los sindicatos el incremento de retribuciones, como en lo relativo a su ámbito material, dado que del Real Decreto-Ley están excluidos no solo los derechos y libertades fundamentales regulados en los artículos 14 a 29 de la Constitución, sino todo el Título I, incluida la negociación colectiva contemplada en el art. 37.
Asimismo, alega vulneración del art. 134 de la Constitución Española, en tanto en cuanto determina que los Presupuestos Generales del Estado deben aprobarse por ley, y de los artículos 133 a 135 del Reglamento del Congreso de Diputados, señalando que un Real Decreto-Ley no es cauce adecuado para modificar el articulado de una Ley de Presupuestos, ya que una interpretación contraria permitiría al Gobierno después de haber aprobado la Ley de Presupuestos, modificarla por la...
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