SAP Barcelona 51/2005, 19 de Diciembre de 2005
| Ponente | JOSE MARIA PIJUAN CANADELL |
| ECLI | ES:APB:2005:12376 |
| Número de Recurso | 244/2005 |
| Procedimiento | PENAL |
| Número de Resolución | 51/2005 |
| Fecha de Resolución | 19 de Diciembre de 2005 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 10ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCIÓN DÉCIMA
ROLLO APELACIÓN NÚM. 244/2005
PROCEDIMIENTO ABREVIADO NÚM. 285/2005
JUZGADO DE LO PENAL NÚM. 22 DE BARCELONA
S E N T E N C I A No.
Ilmos. Sres.
D. JOSE MARIA PIJUAN CANADELL
D. JOSÉ MARIA PLANCHAT TERUEL
D. SANTIAGO VIDAL MARSAL
En la ciudad de Barcelona, a diecinueve de diciembre de dos mil cinco.
VISTO, en grado de apelación, ante la SECCIÓN DÉCIMA de esta Audiencia Provincial, el presente rollo núm. 244/2005 dimanante del Procedimiento Abreviado núm. 285/2005 procedente del Juzgado de lo Penal núm. 22 de Barcelona, seguido por un delito de robo con violencia e intimidación contra el acusado Imanol, que penden ante este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del referido acusado contra la sentencia dictada en los mismos el día once de agosto de dos mil cinco por el Ilmo. Sr. Juez del expresado Juzgado, habiendo comparecido en calidad de apelado el Ministerio Fiscal.
La parte dispositiva de la sentencia apelada, en lo que importa a los efectos del presente recurso, es del tenor literal siguiente:
"En atención a lo expuesto debo condenar y condeno a Don Imanol como autor responsable de un delito de robo con violencia e intimidación ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad, a la pena de tres años y seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la condena y al pago de costas, así como a que indemnice a Don Joaquín en la cantidad de treinta euros.
Sea de abono el tiempo pasado el prisión provisional por esta causa."
Admitido el recurso, se dio traslado del mismo al Ministerio Fiscal y demás partes personadas, habiendo informado el Ministerio Fiscal en el sentido de oponerse al recurso e interesar la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se remitieron los autos originales a este Tribunal, donde se designó Magistrado ponente y se señaló la deliberación, votación y fallo del recurso, sin celebración de vista por no haberla solicitado la parte apelante ni estimarla necesaria el Tribunal, quedando los autos pendientes de resolución.
VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don JOSE MARIA PIJUAN CANADELL, quien expresa el parecer del Tribunal. HECHOS PROBADOS
SE ACEPTA el relato de hechos probados que se contiene en la sentencia recurrida.
Se aceptan los fundamentos que se recogen en la Sentencia apelada.
El recurso se fundamenta en dos motivos principales referidos a la vulneración del principio de presunción de inocencia, el error en la apreciación de la prueba, y dos subsidiarios referidos, implícitamente, a infracción de ley penal sustantiva por indebida inaplicación del apartado 3 del artículo 241 del Código Penal y de la circunstancia atenuante del apartado 3 del artículo 21 del mismo Código .
El derecho fundamental a la presunción de inocencia, reconocido, aparte de en nuestra Constitución, en los más caracterizados Tratados Internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 ( artículo 11.1 ), el Convenio Europeo de 4 de noviembre de 1950 ( artículo 6.2 ), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966 (artículo 14.2 ) y objeto de una detallada elaboración por la doctrina del Tribunal Constitucional SSTC 3/81, 80/83, 17/84, 174/85, 229/88, 138/92, 303/93, 182/94, 86/95, 34/96, 157/96, 148/97, 220/98, 111/99, 171/2000, 209/2001, 222/2001, 17/2002 ), y de esta Sala ( SSTS de 31 marzo y 17 julio 1988, 19 enero y 30 junio 1989, 14 septiembre 1990, 15 febrero y 4 marzo 1991, 20 enero 1992, 8 febrero 1993, 30 septiembre 1994, 10 marzo 1995, 6 junio 1997, 26 junio 1998, 29 abril 1999, 11 diciembre 2000, 27 junio 2001, 8 y 15 febrero y 31 mayo 2002, 16 enero, 4 julio 2003 ), significa el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima prueba de cargo, acreditativa de los hechos motivadores de la acusación y de la intervención en los mismos del inculpado. Así, sólo será apreciable la vulneración del referido derecho fundamental a la presunción de inocencia cuando se esté en un supuesto de una "total ausencia de pruebas" o una "completa inactividad probatoria" ( Tribunal Supremo en sentencias de 11 enero 1985, 26 marzo 1986, 18 marzo 1987, y en las más recientes de 6 junio y 10 noviembre 1997 y 5 marzo 1999 ). Y en el mismo sentido de ha pronunciado el Tribunal Constitucional en STC 189/1998, de 28 septiembre, siguiendo doctrina consolidada ( SSTC 220/1998, de 20 noviembre, 120/1999 de 28 de junio, 185/2000 de 10 de julio ) que "sólo cabrá constatar una vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado".
Por ello, una vez producida prueba de cargo, aún mínima, no cabe cuestionar la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia cuando la valoración de dicha prueba practicada efectuada por el órgano judicial de la instancia no satisface al expectativas de la parte, pues esta valoración es facultad exclusiva del juzgador que éste ejerce libremente con la sola obligación de razonar el resultado de dicha valoración (Tribunal Constitucional SSTC números 120 de 1994, 138 de 1992 y 76 de 1990 ).
Y en el presente caso no ha habido vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución porque ha concurrido una actividad probatoria de cargo, como es la declaración en el acto del Juicio oral de los testigos Carlos y Joaquín, víctimas del robo, cuyo testimonio el Juez de lo Penal ha valorado en conciencia, llegando a la convicción de la veracidad de sus manifestaciones. Pero, es más, el propio acusado hoy apelante en el juicio oral reconoció que les pidió dinero y les amenazó con sacar una navaja, y aunque no dice que llegara a exhibir la navaja, sí confiesa que la portaba consigo. Los testigos han afirmado sin duda alguna que el acusado tenía la navaja en la mano. Y en el mismo escrito del recurso, en la alegación Tercera, se reconoce este uso de la navaja por parte del acusado al argumentar la aplicación del apartado 3 del artículo 241 del Código Penal diciendo que "mi representado JAMAS HIZO NINGUN GESTO INTIMIDATORIO CON LA NAVAJA, lo único que hizo fue sacarla del bolsillo y tenerla cogida de la mano encima del bolsillo del pantalón".
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