SAP Almería 167/2008, 20 de Junio de 2008
| Ponente | ANDRES VELEZ RAMAL |
| ECLI | ES:APAL:2008:881 |
| Número de Recurso | 135/2008 |
| Procedimiento | PENAL |
| Número de Resolución | 167/2008 |
| Fecha de Resolución | 20 de Junio de 2008 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Almería, Sección 1ª |
SENTENCIA
AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALMERÍA
SECCIÓN 1ª
ILTMOS. SRES.
PRESIDENTE
DON BENITO GÁLVEZ ACOSTA
MAGISTRADOS
DON RAFAEL GARCÍA LARAÑA
DON ANDRÉS VÉLEZ RAMAL
En la Ciudad de Almería, a veinte de Junio de dos mil ocho.
La Sección 1ª de esta Audiencia Provincial ha visto en grado de apelación, Rollo nº 135/08, el procedimiento abreviado núm. 429/07, procedente del Juzgado de lo Penal nº 4 de Almería por delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa.
Es apelante Don Juan Enrique, representado por el Procurador Don David Castilla Peinado y dirigido por el Letrado Don Rafael Lao Fernández.
Es parte recurrida el Ministerio Fiscal.
Es ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. ANDRÉS VÉLEZ RAMAL.
En fecha 7 de Febrero de 2008, el Juzgado de lo Penal nº 4 de Almería dictó sentencia en la referida causa, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "Que debo condenar y condeno como responsable de un delito de robo con fuerza, en grado de tentativa, a Juan Enrique, a las penas de 8 meses de prisión, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.
El acusado es además condenado a indemnizar a Telefónica España, S.A. la cantidad de 242,50 euros."
La representación procesal de Juan Enrique interpuso en tiempo y forma recurso de apelación, que fue admitido a trámite, dándose traslado el preceptivo traslado del mismo a las partes y al Ministerio Fiscal
Seguidamente fueron elevadas las actuaciones a esta Sala, donde se incoó el correspondiente Rollo, señalándose para su votación y fallo el día
20 de Junio de 2008.
ÚNICO.- Se aceptan y dan por reproducidos los que con la misma naturaleza se contienen en la resolución recurrida.
Frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Almería en fecha 7 febrero de 2.008; recurre el apelante en base a error de hecho en la apreciación de la prueba e infracción de los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo, en síntesis del recurso, no existencia de prueba incriminatoria que desvirtúe el principio de presunción de inocencia por error del Juzgador en cuanto a la valoración de la prueba practicada. Oponiéndose a la estimación del recurso el Ministerio Fiscal que impugna el mismo solicitando la confirmación de la resolución recurrida.
Por lo que respecta al primero de los motivos alegados, el error de hecho en la valoración de la prueba, es lo cierto de que por todas, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 30 diciembre 2,004, a modo de doctrina general establece que "cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación, como sucede aquí en parte, es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juez de Instrucción o Juez de lo Penal, cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias, en uso de las facultades que les confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, debe partirse de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante el que se haya celebrado el acto del juicio, núcleo del proceso penal y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que el acusado sea sometido a un proceso público con todas las garantías (art. 24.2 de la Constitución), pudiendo el Juzgador, desde su privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente su resultado, así como la forma de expresarse y conducirse los testigos en su narración de los hechos y la razón de conocimiento de éstos; ventajas de las que, por el contrario, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia. De ahí que el uso que haya hecho el Juez de su facultad de libre apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio, reconocida en el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y plenamente compatible con los derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia, únicamente debe ser rectificado, bien cuando se hayan conculcado derechos y libertades fundamentales en su práctica, bien cuando en verdad sea ficticio, por no existir el imprescindible soporte probatorio de cargo, vulnerándose entonces el principio de presunción de inocencia, o bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en los autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada, imponiéndose una especial prudencia y moderación en el uso de esta facultad revisora. Más concretamente, podemos decir que sólo cabe revisar la apreciación hecha por el Juez de la prueba recibida en el acto del juicio oral en la medida en que aquélla no dependa sustancialmente de la percepción directa e inmediación que el mismo tuvo con exclusividad y, en consecuencia, el juicio probatorio sólo será contrastable por vía de recurso en lo que concierne a las inducciones realizadas por el Juez, de acuerdo con las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y de los conocimientos científicos, examinando su razonabilidad y respaldo empírico, pero no en lo...
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