SAN, 26 de Junio de 2014
| Ponente | FELISA ATIENZA RODRIGUEZ |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 2ª |
| ECLI | ES:AN:2014:2797 |
| Número de Recurso | 393/2013 |
SENTENCIA
Madrid, a veintiseis de junio de dos mil catorce.
Vistos los autos del recurso contencioso-administrativo nº 393/13 que ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido el Procurador Dª DOLORES JARABA RIVERA en nombre y representación de Cesar frente a la Administración General del Estado, representada por el Abogado del Estado, contra la Resolución del Ministerio del Interior en materia de Denegación de Derecho de Asilo (que después se describirá en el primer Fundamento de Derecho) siendo ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dña. FELISA ATIENZA RODRIGUEZ.
La parte indicada interpuso, con fecha de 24 de julio de 2013 el presente recurso contencioso-administrativo que, admitido a trámite y reclamando el expediente administrativo, fue entregado a dicha parte actora para que formalizara la demanda.
En el momento procesal oportuno, la parte actora formalizó la demanda, a través del escrito presentado en fecha de 18 de diciembre de 2013, en el que, después de alegar los hechos y fundamentos jurídicos que consideró aplicables, terminó suplicando la estimación del recurso, con la consiguiente anulación de los actos administrativos impugnados.
De la demanda se dio traslado al Sr. Abogado del Estado quien, en nombre y representación de la Administración demandada, contestó a la demanda mediante escrito presentado el 18 de febrero de 2014 en el que, tras los hechos y fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó suplicando la desestimación del presente recurso y la confirmación de la resolución impugnada.
No fue solicitado el recibimiento a prueba del recurso, y si el de conclusiones, las partes concretaron sus posiciones en sendos escritos, quedando los autos pendientes para votación y fallo.
Mediante providencia de esta Sala de fecha 26 de mayo de 2014, se señaló para votación y fallo del presente recurso el día 18 de junio de 2014 en el que se deliberó y votó, habiéndose observado en su tramitación las prescripciones legales.
Se impugna en el presente recurso por la representación procesal de D. Cesar, la resolución de fecha 19 de junio de 2013, dictada por el Subsecretario de Interior, por delegación del Ministro del Interior, denegatoria del reconocimiento de la condición de refugiado y el derecho de asilo al recurrente, que dice ser nacional de Costa de Marfil.
Se razona en los fundamentos de dicha resolución, como motivos de la denegación del asilo solicitado, en síntesis, que basa su solicitud en la situación de guerra civil o conflicto interno generalizado existente en su pasi de origen y de un relato sobre cuya veracidad puede razonablemente dudarse, por lo que no puede considerarse que haya establecido suficientemente la persecución alegada, y sin que se desprendan del conjunto del expediente otros elementos que indiquen que la misma haya existido o que justifiquen un temor fundado a sufrirla. Se añade además que el relato resulta genérico e impreciso en la descripción de los hechos que motivaron la persecución alegada. Por otro lado, los hechos en que basa su petición se encuentra alejados en el tiempo y el solicitante ha tenido la oportunidad de pedir asilo en otro Estado en el que podria haber recibido protección con anterioridad. En consecuencia que no se dan los requisitos previstos en los articulos 2 y 3 de la Ley de Asilo y en la Convención de Ginebra de 1951 .
Frente a los anteriores razonamientos, en la demanda de este recurso, la parte actora alega que el recurrente es nacional de Costa de Marfil, y que abandonó su pais huyendo de la persecución que sufre tanto su familia como él mismo por parte de las fuerzas rebeldes. Relata que al moro sus padres vivia con una señora mayor, pero los rebeldes entraron en su casa porque querian instalarse en ella y mataron a esta señora, capturándole y llevandole a las montañas, de donde se escapa después de haber sufrido torturas. Afirma que un camionero le llevó a Burkina Fasso, donde permaneció 4 años, y después pasó por Mali, Mauritania (permaneció 8 meses), para finalmente llegar a Canarias en patera en octubre de 2008, fecha en que formula su petición de protección internacional.
Denuncia que la resolución denegatoria se ha producido después de cuatro años y cuando la situación en su pais ha variado.
El Abogado del Estado se opone a la estimación del recurso por las razones expuestas en su escrito de contestación a la demanda.
La Constitución española dispone en su artículo 13.4 que «la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España» .
En el articulo 3 de la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, se establece :
" La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones politicas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del pais de su nacionalidad y no puede, o a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal pais, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del pais donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del articulo 8 o de las causas de denegación o revocación del articulo 8".
Tales requisitos son (art. 1 de la Convención y I.2 del Protocolo):
Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él
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El artículo 33 de la citada Convención establece la prohibición de expulsión y de devolución para los Estados contratantes respecto de los refugiados a los territorios donde su vida o libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o sus opiniones políticas.
El asilo se configura así como un instrumento legal de protección para la defensa de ciudadanos de otros Estados que se encuentran en una situación de posible vulneración de sus derechos por las causas que enumera. En este sentido, la jurisprudencia ( SSTS de 4 de marzo, 10 de abril, 18 y 19 de julio de
1.989 y 13 de noviembre de 2.000, entre otras) ha determinado en qué forma y condiciones ha de actuar la Administración para que su conducta quede ajustada al ordenamiento jurídico, precisando que:
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El otorgamiento de la condición de refugiado a que se refiere el artículo 3 de la Ley 5/1984 no es una decisión arbitraria ni graciable.
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Para determinar si la persona ha de tener la condición de refugiado no basta ser emigrante, ha de existir persecución.
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El examen y apreciación de las circunstancias que determinan la protección no ha de efectuarse con criterios restrictivos, so pena de convertir la prueba de las mismas en difícil, si no imposible, por lo que ha de bastar la convicción racional de la realidad de tales circunstancias para que se obtenga la declaración pretendida, lo que recoge la propia Ley en su artículo 8 bajo la expresión "indicios suficientes".
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Tampoco puede bastar para obtener la condición de refugiado las meras alegaciones de haber sufrido persecución por los motivos antes indicados, carentes de toda verosimilitud o no avaladas siquiera por mínimos indicios de ser ajustadas a la realidad. Ya la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 1.989 señala que para la concesión del derecho de asilo no es necesaria una prueba plena de que el solicitante haya sufrido en su país de origen persecución por razones de raza, etnia, religión, pertenencia a un grupo social específico, opiniones o actividades políticas o de cualquiera de las otras causas que permiten el otorgamiento de asilo, bastando que existan indicios suficientes, según la naturaleza de cada caso, para deducir que se da alguno de los supuestos establecidos en los números 1 a 3 del artículo 3 de la Ley 5/84 . Pero es necesario que, al menos, exista esa prueba indiciaria, pues de otro modo todo ciudadano de un país en que se produzcan graves trastornos sociales, con muerte de personas civiles y ausencia de protección de los derechos básicos del hombre, tendría automáticamente derecho a la concesión del asilo, lo que no es, desde luego, la finalidad de la institución.
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Debe existir, además de persecución, un temor fundado y racional por parte del interesado para quedar acogido a la situación de refugiado.
En este sentido, cabe destacar que en la STS, Sala 3ª, de 16 febrero 2009, se señala: "(...) Debemos recordar también, como justificación de nuestra...
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ATS, 15 de Enero de 2015
...de 26 de junio de 2014, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección 2ª, en el recurso nº 393/2013 , sobre denegación de asilo y de protección subsidiaria. SEGUNDO .- Por providencia de 29 de octubre de 2014 se acordó conceder a las partes el plazo ......