STSJ Canarias 395/2013, 21 de Noviembre de 2013
| Ponente | RAFAEL ALONSO DORRONSORO |
| ECLI | ES:TSJICAN:2013:4090 |
| Número de Recurso | 100/2012 |
| Procedimiento | PROCEDIMIENTO ORDINARIO |
| Número de Resolución | 395/2013 |
| Fecha de Resolución | 21 de Noviembre de 2013 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA
Ilmo. Sr. Presidente Don Pedro Manuel Hernández Cordobés
Ilma. Sra. Magistrada Doña María del Pilar Alonso Sotorrío
Ilmo. Sr. Magistrado Don Rafael Alonso Dorronsoro (Ponente)
En Santa Cruz de Tenerife a 21 de noviembre de 2013, visto por esta Sección Primera de la SALA DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS, con sede en Santa Cruz de Tenerife, integrada por los Señores Magistrados anotados al margen, el recurso Contencioso-Administrativo seguido con el nº 100/2012 por cuantía indeterminada, interpuesto por la CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, representada y dirigida por el Letrado de sus Servicios Jurídicos, habiendo sido parte como Administración demandada el AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Sonia González González y dirigido por la Abogada Doña Carolina García Santos, se ha dictado EN NOMBRE DE S.M. EL REY, la presente sentencia con base en los siguientes:
Pretensiones de las partes y hechos en que las fundan
A.- Mediante Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de diciembre de 2011, se aprobó definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Suministro de Agua para el ejercicio 2012, incrementándose el importe de dichas tasa.
B.- La representación de la parte actora interpuso recurso contencioso-administrativo, formalizando demanda con la solicitud de que se dictase sentencia en virtud de la cual, estimando en todas sus partes el recurso, se declarase la nulidad del Acuerdo impugnado y con imposición a la demandada de las costas procesales.
C.- La representación procesal de la Administración demandada se opuso a la pretensión de la actora e interesó que se dictasen las resoluciones judiciales oportunas que tomando en consideración lo expuesto en el cuerpo del escrito de contestación a la demanda, declaren la conformidad a Derecho del Acuerdo de modificación de la ordenanza fiscal número 23 adoptado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma el 28 de diciembre de 2011 con imposición de costas a la Administración recurrente.
Votación y fallo
No habiéndose solicitado la práctica de prueba ni la formulación de conclusiones, quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para la votación y fallo, teniendo lugar la reunión del Tribunal en el día de hoy, habiéndose observado las formalidades legales en el curso del proceso, dándose el siguiente resultado y siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don Rafael Alonso Dorronsoro que expresa el parecer de la Sala.
Objeto del recurso Constituye el objeto del recurso contencioso-administrativo interpuesto el Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de diciembre de 2011, por el que se aprobó definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Suministro de Agua para el ejercicio 2012, incrementándose el importe de dichas tasa.
Esta Sala ha resuelto con anterioridad otro recurso entre las mismas partes y cuyo objetivo era idéntico, con la salvedad de que se refería al ejercicio 2011, por lo que, en virtud del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley y el principio de seguridad jurídica ( art. 9.3 de la CE ), que reclaman una protección de la "confianza de los ciudadanos en que sus pretensiones van a ser resueltas de modo igual para todos, sin discriminaciones injustificadas" ( SSTC 1/88 ; 12/88 ; 161/89 y 200/89, entre otras), procede resolver el presente recurso en el mismo sentido en que se hizo en el otro supuesto, desestimando el recurso interpuesto y dando para ello por reproducidos los argumentos de la sentencia dictada el 13 de marzo de 2012 en los autos 25/2011, sentencia que actualmente se encuentra pendiente de resolver recurso de casación y en la cual se señaló:
"PRIMERO.- La piedra angular del recurso consiste en determinar si en el expediente de Modificación de la Ordenanza Fiscal a que se refiere el recurso, es o no necesaria la intervención de la Comisión Territorial de Precios de la Consejería de Industria y Comercio, ya que mientras el Ayuntamiento demandado sostiene que las Entidades Locales no tienen obligación de solicitar la intervención de la Comunidad Autónoma para la aprobación o modificación de las Tasas por el suministro del agua, en cuanto ello supondría una vulneración de la autonomía tributaria municipal reconocida por el art. 1 de la Ley de Bases de Régimen Local, en relación con los arts. 137 y 140 de la Constitución, disiente, por el contrario, de tal parecer la Comunidad Autónoma recurrente, que se apoya en la tesis basada en que el reconocimiento de la autonomía tributaria local no puede entenderse en el sentido de que los bienes y servicios prestados por los Ayuntamientos queden al margen de la ordenación general de la economía que incumbe al Estado, según el art. 149.1.13 de la Constitución, y de las medidas ejecutivas que asuman las Comunidades Autónomas en virtud de haberse visto afectada la materia de intervención de precios por la transferencia competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, siendo así que si un suministro prestado por el Ayuntamiento queda afectado por una determinada política de precios, no es nada anormal que sus tarifas, sin perjuicio de su condición de tributos municipales, hayan de someterse al sistema de control establecido, limitación de la autonomía tributaria local con la legislación sobre el control de precios que está claramente reconocida en el art. 107.1 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que únicamente somete al control de las Comunidades Autónomas o de otra Administración competente la determinación de las tarifas de los servicios cuando así sea necesario con arreglo a la legislación sobre política general de precios.
La determinación de la forma jurídica a través de la cual se debe financiar la prestación de los servicios públicos ha seguido, tanto en la ley como en la doctrina y la jurisprudencia, una línea evolutiva en la que se han registrado las connotaciones siguientes:
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) Partiendo de la clásica diferencia entre potestad tributaria y potestad tarifaria, la extinta Ley de Tasas y Exacciones Parafiscales de 26 de Diciembre de 1958, recogió en su art. 2 la distinción entre las contraprestaciones que generaban ingresos de Derecho Público y las que no tenían esta naturaleza, excluyendo del concepto de tasa las percepciones de los establecimientos públicos obtenidas por las actividades desarrolladas en forma de empresa industrial o mercantil, así como también los servicios públicos prestados en régimen de concesión, criterio del que, por otro lado, no se apartó la vigente Ley 8/1989, de 13 de Abril, de Tasas y Precios Públicos, que en el art. 2 b ) excluye de su ámbito de aplicación las contraprestaciones de las empresas, sin pronunciarse expresamente, a efectos de exclusión, sobre las contraprestaciones de los concesionarios por la simple razón de que en ese momento las tarifas de estos últimos, de las sociedades de economía mixta y demás contratistas de servicios públicos, ya estaban contempladas por la Ley de Contratos del Estado de 8 de Abril de 1965 como contraprestación propia de dichos contratistas, claramente diferenciadas de las tasas de la Administración, siendo luego la LCAP de 1995 la que formalizó, nítidamente, la radical distinción entre las Tarifas satisfechas directamente por los usuarios a los contratistas de servicios públicos, de las Tasas percibidas e ingresadas por la Administración, pudiendo afirmarse, a la vista de lo expuesto, que nuestro ordenamiento jurídico, con la cobertura de la distinción jurisprudencial entre potestad...
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