SAN, 27 de Marzo de 2014
| Ponente | FELISA ATIENZA RODRIGUEZ |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 2ª |
| ECLI | ES:AN:2014:1218 |
| Número de Recurso | 248/2013 |
SENTENCIA
Madrid, a veintisiete de marzo de dos mil catorce.
Vistos los autos del recurso contencioso-administrativo nº 248/13 que ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido el Procurador Dña. AGUEDA MARIA MESEGUER GUILLEN en nombre y representación de Julián frente a la Administración General del Estado, representada por el Abogado del Estado, contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid en materia de Denegación de Derecho de Asilo que después se describirá en el primer Fundamento de Derecho) siendo ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dña. FELISA ATIENZA RODRIGUEZ.
La parte indicada interpuso, con fecha de 17 de Mayo de 2013 el presente recurso contencioso-administrativo que, admitido a trámite y reclamando el expediente administrativo, fue entregado a dicha parte actora para que formalizara la demanda.
En el momento procesal oportuno, la parte actora formalizó la demanda, a través del escrito presentado en fecha de 17 de Noviembre de 2013, en el que, después de alegar los hechos y fundamentos jurídicos que consideró aplicables, terminó suplicando la estimación del recurso, con la consiguiente anulación de los actos administrativos impugnados.
De la demanda se dio traslado al Sr. Abogado del Estado quien, en nombre y representación de la Administración demandada, contestó a la demanda mediante escrito presentado el 13 de Diciembre de 2013 en el que, tras los hechos y fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó suplicando la desestimación del presente recurso y la confirmación de la resolución impugnada.
Habiéndose solicitado el recibimiento a prueba del recurso, las partes, por su orden, han concretado sus posiciones en sendos escritos de conclusiones; quedando los autos pendientes para votación y fallo.
Mediante providencia de esta Sala de fecha 11 de Marzo de 2014 se señaló para votación y fallo del presente recurso el día 20 de Marzo de 2014 en el que se deliberó y votó, habiéndose observado en su tramitación las prescripciones legales.
Se impugna en el presente recurso por la representación procesal de D. Julián, la resolución de fecha 17 de abril de 2013, dictada por el Subsecretario de Interior, por delegación del Ministro del Interior, denegatoria del reconocimiento de la condición de refugiado y el derecho de asilo al recurrente, nacional de Costa de Marfil.
En la resolución ahora impugnada se hace constar que los hechos alegados han perdido su vigencia conforme a la nueva realidad histórica que vive Costa de Marfil. El peticionario basa su solicitud en su pertenencia a un colectivo determinado, sin aportar elementos personales o circunstanciales que indiquen que hay sufrido, o tenga un temor fundado de sufrir una persecución personal por esa causa, y sin que la mera pertenencia a tal colectivo determine necesariamente la existencia de la persecución alegada, y sin que se desprendan del conjunto del expediente otros elementos que indiquen que la misma haya existido o que justifiquen un temor fundado a sufrirla.
Se razona en los fundamentos de dicha resolución, como motivos de la denegación del asilo solicitado, en síntesis, que basa su solicitud en un relato genérico, impreciso e incongruente en la descripción de los de los hechos que motivaron la persecución alegada y contradice hechos y circunstancias suficientemente acreditadas según la información disponible de su pais de origen, por lo que puede razonablemente dudarse de la veracidad de tal persecución, por lo que, en consecuencia que no se dan los requisitos previstos en los articulos 2 y 3 de la Ley de Asilo y en la Convención de Ginebra de 1951 .
Frente a los anteriores razonamientos, en la demanda de este recurso, la parte actora alega que el recurrente es nacional de Costa de Marfil, y que abandonó Costa de Marfil huyendo de la persecución que sufre tanto su familia como él mismo por parte de las fuerzas rebeldes . Afirma que su padre pertenecia al grupo politico RDR y fue asesinado en 2003 por el grupo contrario Arason Watra y que aunque él no lo vió, temió por su vida y por eso abandono el pais. Manifiesta que la situación en Costa de Marfil era muy mala cuando se fue y denuncia que la Administración ha tardado 4 años en resolver su petición, haciendolo cuando la situación politica de Costa de Marfil ha variado.
Subsidiariamente solicita se le conceda la protección subsidiaria prevista en la ley de Asilo.
El Abogado del Estado se opone a la estimación del recurso por las razones expuestas en su escrito de contestación a la demanda.
La Constitución española dispone en su artículo 13.4 que «la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España» .
En el articulo 3 de la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, se establece :
" La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones politicas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del pais de su nacionalidad y no puede, o a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal pais, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del pais donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del articulo 8 o de las causas de denegación o revocación del articulo 8".
Tales requisitos son (art. 1 de la Convención y I.2 del Protocolo):
Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él
.
El artículo 33 de la citada Convención establece la prohibición de expulsión y de devolución para los Estados contratantes respecto de los refugiados a los territorios donde su vida o libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o sus opiniones políticas.
El asilo se configura así como un instrumento legal de protección para la defensa de ciudadanos de otros Estados que se encuentran en una situación de posible vulneración de sus derechos por las causas que enumera. En este sentido, la jurisprudencia ( SSTS de 4 de marzo, 10 de abril, 18 y 19 de julio de
1.989 y 13 de noviembre de 2.000, entre otras) ha determinado en qué forma y condiciones ha de actuar la Administración para que su conducta quede ajustada al ordenamiento jurídico, precisando que:
-
El otorgamiento de la condición de refugiado a que se refiere el artículo 3 de la Ley 5/1984 no es una decisión arbitraria ni graciable.
-
Para determinar si la persona ha de tener la condición de refugiado no basta ser emigrante, ha de existir persecución.
-
El examen y apreciación de las circunstancias que determinan la protección no ha de efectuarse con criterios restrictivos, so pena de convertir la prueba de las mismas en difícil, si no imposible, por lo que ha de bastar la convicción racional de la realidad de tales circunstancias para que se obtenga la declaración pretendida, lo que recoge la propia Ley en su artículo 8 bajo la expresión "indicios suficientes". d) Tampoco puede bastar para obtener la condición de refugiado las meras alegaciones de haber sufrido persecución por los motivos antes indicados, carentes de toda verosimilitud o no avaladas siquiera por mínimos indicios de ser ajustadas a la realidad. Ya la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 1.989 señala que para la concesión del derecho de asilo no es necesaria una prueba plena de que el solicitante haya sufrido en su país de origen persecución por razones de raza, etnia, religión, pertenencia a un grupo social específico, opiniones o actividades políticas o de cualquiera de las otras causas que permiten el otorgamiento de asilo, bastando que existan indicios suficientes, según la naturaleza de cada caso, para deducir que se da alguno de los supuestos establecidos en los números 1 a 3 del artículo 3 de la Ley 5/84 . Pero es necesario que, al menos, exista esa prueba indiciaria, pues de otro modo todo ciudadano de un país en que se produzcan graves trastornos sociales, con muerte de personas civiles y ausencia de protección de los derechos básicos del hombre, tendría automáticamente derecho a la concesión del asilo, lo que no es, desde luego, la finalidad de la institución.
-
Debe existir, además de persecución, un temor fundado y racional por parte del interesado para quedar acogido a la situación de refugiado.
En este sentido, cabe destacar que en la STS, Sala 3ª, de 16 febrero 2009, se señala: "(...) Debemos recordar también, como justificación de nuestra decisión, que en la Sentencia de esta misma Sala y Sección del Tribunal Supremo de fecha 2 de enero de 2009 (recurso de casación 4251/2005 ), hemos declarado que la Directiva europea 83/2004, de 29 abril, sobre normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, en su artículo 4.5...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
-
ATS, 9 de Octubre de 2014
...de 27 de marzo de 2014, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 2ª) de la Audiencia Nacional, dictada en el recurso nº 248/2013 , sobre denegación de asilo y protección SEGUNDO .- Por providencia de 9 de julio de 2014 se acordó oír a las partes por plazo común de diez días sobr......