ATS, 30 de Enero de 2014
| Ponente | LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ |
| ECLI | ES:TS:2014:1091A |
| Número de Recurso | 1746/2013 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 30 de Enero de 2014 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
D. Aurelio Desdentado Bonete
D. Luis Fernando de Castro Fernández
D. Miguel Ángel Luelmo Millán
AUTO
En la Villa de Madrid, a treinta de Enero de dos mil catorce.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Luis Fernando de Castro Fernández
Por el Juzgado de lo Social Nº 3 de los de Málaga se dictó sentencia en fecha 21 de septiembre de 2012 , en el procedimiento nº 1043/2011 seguido a instancia de D. Carlos Manuel contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL "ACTIVA MUTUA 2008", sobre incapacidad permanente, que desestimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, en fecha 29 de abril de 2012 , que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 13 de junio de 2013, se formalizó por la letrada Dª Antonia Barba García en nombre y representación de D. Carlos Manuel , recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 22 de noviembre de 2013, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de relación precisa y circunstanciada y falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
De acuerdo con el artículo 224.1 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social el escrito de interposición del recurso deberá contener una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada en los términos de la letra a) del apartado 2 del artículo 221, evidenciando que concurre la sustancial contradicción de sentencias y argumentando sobre la concurrencia de las identidades del artículo 219. Este requisito lo viene exigiendo la Sala IV en numerosas sentencias, las más recientes, de 28 de junio de 2011 (R. 2431/2010 ), 12 de julio de 2011 (R. 2482/2010 ), 21 de septiembre de 2011 (R. 3524/2010 ) y 13 de octubre de 2011 (R. 4019/2010 ). Según el artículo 225.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social es causa de inadmisión del recurso el incumplimiento de manera manifiesta e insubsanable de los requisitos procesales para interponer el recurso, siendo criterio doctrinal en tal sentido que el incumplimiento de la exigencia prevista en el art. 224.1 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social constituye un defecto insubsanable ( sentencias, entre otras, de 28 de junio de 2006, R. 793/2005 , y 21 de julio de 2009, R. 1926/2008 ).
Esta exigencia no se cumple en el escrito de interposición del recurso, pues la parte recurrente no ha realizado un análisis comparativo de los elementos que delimitan la identidad de las controversias (objeto y fundamento de las pretensiones y hechos probados de las sentencias) y de la divergencia de los pronunciamientos como requiere la norma legal y nuestra doctrina.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005 , R . 430/2004 y R. 2082/2004 ; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006 ; 4 y 10 de octubre de 2007 , R. 586/2006 y 312/2007 , 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006 ; 8 de febrero y 10 de junio de 2008 , R. 2703/2006 y 2506/2007 ), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010 , 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010 , 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010 .
Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales ( sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007 ; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006 ; 18 de julio de 2008, R. 437/2007 ; 15 y 22 de septiembre de 2008 , R. 1126/2007 y 2613/2007 ; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007 ; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007 ; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07 ; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007 ; y 18 y 19 de febrero de 2009 , R. 3014/2007 y 1138/2008 ), 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010 , 28 de diciembre de 2011, R. 676/2011 , 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011 .
La sentencia impugnada confirma la dictada en la instancia, que ha desestimado la demanda interpuesta por el trabajador sobre base reguladora de la pensión de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo reconocida en enero de 2004. El actor solicitó revisión de la base de 662,79 declarada, alegando un error aritmético en su cálculo, y mediante resolución del INSS de 18/05/11 se reconoció una base de 666,52 . Disconforme formuló demanda, que es desestimada en la instancia. Contra la misma interpuso recurso de suplicación articulando un motivo de revisión fáctica, al entender que la base reguladora mensual ascendía a 1.134,60 a fecha 16/01/04, sin señalar el documento o documentos en que se fundaba, por lo que se desestima de plano. Tampoco se acoge el segundo motivo, en el que denunciaba la infracción del art. 60 del Decreto de 22/06/56 -normas para el cálculo de la base reguladora de la incapacidad derivada de accidente laboral--, al partir la Sala de las afirmaciones que con valor de hechos probados figuran en el primer fundamento de derecho de la sentencia de instancia.
La sentencia que se ha tenido por seleccionada como contradictoria, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 06/06/08 (R. 3126/07 ), revoca la dictada en la instancia y declara que la base reguladora de la pensión de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo reconocida al actor asciende a 27.343,40 anuales, límite de pensión máxima para el año 2002. Se trata de un supuesto en el que el trabajador, tras sufrir un accidente laboral el 02/08/01, fue declarado afecto de incapacidad permanente total el 25/10/02. En suplicación obtiene, en primer lugar, a través de la revisión del relato fáctico, la adición de dos hechos referentes a las percepciones salariales que recibía y al importe de la base reguladora. También prospera el motivo de censura jurídica, al apreciar la Sala que no había sido correcto el cálculo de la base reguladora efectuado en la instancia a partir del verificado por la Entidad Gestora, igualmente incorrecto, a la vista del certificado empresarial de salarios, no controvertida por las partes.
De lo expuesto se desprende que las sentencias no son contradictorias, pues resuelven en base a unos presupuestos fácticos que no son iguales. En la referencial, el demandante articula en suplicación adecuadamente los motivos de revisión fáctica, y obtiene la inclusión en el relato de hechos probados de unos datos de los que dependía el éxito del motivo de censura jurídica, de modo que su pretensión de elevar la base reguladora es acogida por la Sala. Por el contrario, la sentencia ahora recurrida desestima el recurso de suplicación, y con el la demanda, al no haber prosperado el motivo de revisión fáctica al que estaba vinculado el motivo de censura jurídica.
De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, al no haber quedado desvirtuadas las causas que se hicieron constar en la providencia que abrió el incidente de inadmisión por el escrito de alegaciones. Sin que haya lugar a la imposición de costas al gozar la parte recurrente del beneficio de justicia gratuita.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la letrada Dª Antonia Barba García, en nombre y representación de D. Carlos Manuel contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga de fecha 29 de abril de 2012, en el recurso de suplicación número 2016/2012 , interpuesto por D. Carlos Manuel , frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de los de Málaga de fecha 21 de septiembre de 2012 , en el procedimiento nº 1043/2011 seguido a instancia de D. Carlos Manuel contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL "ACTIVA MUTUA 2008", sobre incapacidad permanente.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
