SAP Las Palmas 481/2013, 10 de Diciembre de 2013
| Ponente | VICTOR MANUEL MARTIN CALVO |
| ECLI | ES:APGC:2013:2543 |
| Número de Recurso | 353/2012 |
| Procedimiento | RECURSO DE APELACIóN |
| Número de Resolución | 481/2013 |
| Fecha de Resolución | 10 de Diciembre de 2013 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Las Palmas, Sección 5ª |
SENTENCIA
Iltmos. Sres.-PRESIDENTE: Don Víctor Caba Villarejo
MAGISTRADOS: Don Carlos Augusto García Van Isschot
Don Víctor Manuel Martín Calvo
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a diez de diciembre de dos mil trece;
VISTAS por la Sección 5ª de esta Audiencia Provincial las actuaciones de que dimana el presente rollo en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Puerto del Rosario en los autos referenciados (Juicio Ordinario nº 911/2009) seguidos a instancia de don Luciano, parte apelante, representado en esta alzada por la Procuradora doña Mª Elisa Pérez Beltrán y asistido por el Letrado don Óscar Santana González, contra la entidad mercantil MAPFRE FAMILIAR, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA, parte apelada, representada en esta alzada por la Procuradora doña Petra Ramos Pérez y asistida por la Letrada doña Elena Isabel Ruiz Suárez, siendo ponente el Sr. Magistrado Don Víctor Manuel Martín Calvo, quien expresa el parecer de la Sala.
Por el Juzgado de Primera Instancia No. 2 de Puerto del Rosario, se dictó sentencia en los referidos autos cuya parte dispositiva literalmente establece:
Que desestimando la demanda interpuesta por el Procurador D. Jesús Pérez López, en nombre y representación de D. Luciano contra la mercantil Mapfre Guanarteme Compañía de seguros y Reaseguros de Canarias S.A., debo absolver y absuelvo a la entidad Mapfre Guanarteme Compañía de seguros y Reaseguros de Canarias S.A. de los pedimentos efectuados en su contra, con imposición d las costas causadas a la parte actora
La referida sentencia, de fecha .31 de marzo de 2011, se recurrió en apelación por la parte actora, interponiéndose el correspondiente recurso de apelación con base a los hechos y fundamentos que son de ver en el mismo. Tramitado el recurso en la forma dispuesta en el art. 461 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la parte contraria presentó escrito de oposición al recurso alegando cuanto tuvo por conveniente y seguidamente se elevaron las actuaciones a esta Sala, donde se formó rollo de apelación. No habiéndose solicitado el recibimiento a prueba en esta alzada, sin necesidad de celebración de vista se señaló para discusión, votación y fallo el día 10 de diciembre de 2013.
En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
La parte actora ha ejercitado acción de reclamación de cantidad en importe de 18.203,81 # en concepto de indemnización, a cargo de su entidad aseguradora demandada, y en virtud de la póliza de "Seguro Combinado para Comercio" concertada en la que se aseguraba el riesgo producido de robo en el establecimiento asegurado: Supermercado Mino, sito en la Avd. de Las Grandes Playas S/N de Corralejo. La sentencia de primera instancia desestima en su integridad la demanda razonando que "en ningún caso ha quedado acreditada la realidad de la sustracción ., asimismo, tampoco se constata la peexistencia de los objetos o efectos supuestamente afectados".
Frente a dicha resolución se alza la parte actora a través de un único motivo que reza: Error en la valoración de la prueba y aplicación indebida de la doctrina jurisprudencial del art. 1.214 del Código Civil (sic.) y del art. 38 de la LCS .
Antes de entrar a resolver el recurso interpuesto conviene principiar dando respuesta - pues en ello insiste la entidad apelada en trámite de oposición al recurso - a la excepción alegada de "improcedencia de la reclamación judicial del actor por falta de legitimación activa por infracción del art. 38 LCS " remitiéndose la apelada en bloque a lo alegado por ella en la contestación a la demanda, en la que se decía que "la demanda presentada de contrario debe ser desestimada por haberse infringido el contenido de lo dispuesto en el citado precepto de la Ley de Contrato de Seguro, al no acudir el asegurado al procedimiento establecido en el mismo con carácter previo a la vía judicial".
Como ha tenido ocasión de señalar la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de noviembre de 2011 (nº 783/2011, rec. 332/2009 ): «para ello [para interpretar el art. 38 LCS ], como se hizo en la reciente Sentencia de 25 de junio de 2007, se ha de partir de la finalidad que la Ley atribuye al trámite establecido en el señalado artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro, que no es otra que la de facilitar una liquidación del siniestro lo más rápida posible cuando las partes, asegurada y aseguradora, discrepen en la cuantificación económica de los daños derivados del mismo, articulando, en función de dicha finalidad, un procedimiento imperativo para los litigantes, si bien dicho rasgo de imperatividad desaparece cuando la discrepancia no se centre únicamente en la cuantificación, como sucede en los casos en que el asegurador discrepa respecto del fondo de la reclamación, por cuestionar la existencia misma del siniestro, su cobertura por la póliza de seguro, u otras circunstancias que pudieron influir en su causación o en el resultado.
La Sentencia de 25 de junio de 2007, que recoge la doctrina de otras anteriores, contiene las líneas esenciales del resultado de la exégesis del artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro, señalando que la referencia que en él se hace a que "el dictamen de peritos, por unanimidad o mayoría se notificará....", hay que entenderla hecha a un dictamen pericial elaborado conjuntamente por los peritos de las partes y el designado por el Juez de 1ª Instancia a petición de las partes y por el cauce de un acto de jurisdicción voluntaria, porque el dictamen pericial en cuestión se puede considerar como una institución "sui generis", en el que los peritos no actúan como asesores sino como decisores, en una actividad próxima a la propia de los árbitros, pero, sobre todo, por una interpretación literal del artículo 38, apartado séptimo, de la Ley del Contrato de Seguro, y por lo que indica la sentencia de esta Sala de 14 de julio de 1.992, en la que se dice que la labor del tercer perito no es la de dirimir, sino la de dictaminar junto con los otros dos, y es ese el dictamen -conjunto siempreel que ha de acatarse o impugnarse judicialmente.
Sobre la verdadera finalidad del referido procedimiento y su carácter imperativo, la misma Sentencia, mencionando las de 17 de julio de 1992 y 17 de julio de 1992 -, señala que "el art. 38 de la Ley de Contrato de Seguro regula un prolijo, aunque incompleto y a veces oscuro, procedimiento de carácter extrajudicial cuya finalidad no es otra que la de procurar una liquidación lo más rápida posible en los siniestros producidos en los seguros contra daños, cuando no se logre acuerdo entre las partes dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración de aquéllos, con el fin de evitar las inevitables mayores dilaciones del procedimiento judicial, con lo que este procedimiento extrajudicial tiene carácter negativo"; precisando que, en tal situación de discrepancia meramente cuantitativa, el procedimiento extrajudicial se convierte en un trámite preceptivo e imperativo para las partes, que no son libres "para imponer a la otra una liquidación del daño a través de un procedimiento judicial...", impidiendo que el asegurado inicie un procedimiento judicial para fijar el valor del daño en caso de que el dictamen del perito de la aseguradora contradiga las conclusiones valorativas alcanzadas por el perito designado por la parte, ya que "el párrafo 7º del art. 38 es clarísimo en el sentido que él solo puede conocer de la impugnación judicial del dictamen de los tres peritos, resultado de la unanimidad o de la mayoría, pero no suplirlos...".
"A sensu contrario -continúa la Sentencia de 25 de junio de 2007 -, el carácter imperativo del procedimiento desaparece cuando la discrepancia resulte ajena a la liquidación del daño, como, por ejemplo, cuando se discuta la existencia de cobertura. Así, la sentencia de 4 de septiembre de 1995 dice que "al plantear desde los inicios las Aseguradoras la negativa a la cobertura del siniestro, por entender que el mismo fue provocado, no cabe entender que se estuviese en el supuesto previsto en el art. 38, en donde se hace constar en forma taxativa, que el procedimiento a seguir, en su caso, provendrá, literalmente, "cuando las partes no se pusieren de acuerdo sobre el importe y la forma de la indemnización", esto es, partiendo de que siendo un siniestro aceptado, únicamente se discrepe en la cuantía, y para lo cual es preciso el dictamen pericial en los términos previstos en el citado artículo". La sentencia de 19 de octubre de 2005 dice que "el art. 38 legitima a las partes para acudir a un procedimiento especial, con el nombramiento de peritos, para que resuelven todo lo relativo a la valoración del daño, "como presupuesto para el pago de la indemnización por el asegurador". Las partes, sin embargo, pueden decidir no acudir a este procedimiento, o bien puede suceder que no estén conformes con cuestiones relativas al fondo de su discrepancia, como ocurre cuando una de ellas, normalmente el asegurador, niega la cobertura del siniestro producido, en cuyo caso está abierta la vía judicial como reconocen las sentencias de 10 de mayo de 1989 y 31 de enero de 1991 ".
"De todo ello se deduce -concluye la Sentencia de continua referencia- que la discrepancia de las partes en la valoración del daño convierte en preceptivo el procedimiento extrajudicial, constituyendo objeto exclusivo de la actividad pericial que se desarrolla la función liquidadora del mismo, determinando la fuerza vinculante del dictamen -conjunto siempre- emitido por unanimidad o mayoría, una vez firme, que, en buena lógica, alcanza exclusivamente a lo que es...
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