STS, 21 de Enero de 2014

Por resolución de fecha 20 de enero 2011, el Director General de la Policía y de la Guardia Civil, impuso al Guardia Civil don Segismundo , la sanción disciplinaria de "pérdida de destino, en el Puesto Principal de Oleiros, así como la imposibilidad de obtener otro en el plazo de dos años en ninguna de las Unidades de la Comandancia de A Coruña, como autor de una falta grave de "cualquier manifestación contraria a la disciplina debida en la prestación del servicio", tipificada en el apartado 21 del artículo 8 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil .

Contra dicha resolución sancionadora el Guardia Civil Segismundo , interpuso recurso de alzada ante la Excma. Sra. Ministra de Defensa, dictando resolución con fecha 29 de julio de 2011, en la que se acordaba, de acuerdo con el informe de la Asesoría Jurídica General, la estimación parcial del mismo, anulando la sanción disciplinaria de pérdida de destino e imponiendo en su lugar la de pérdida de veinte días de haberes, con suspensión de funciones, desestimando el resto de pretensiones.

Los hechos que dieron lugar a la imposición de dicha sanción y que esta Sala declara como probados son los siguientes:

Con fecha 1 de julio de 2012, aproximadamente sobre las 15'30 horas, en el marco del tratamiento de lo que en los medios de comunicación social vino a denominarse "huelga de bolis caídos" en el ámbito de la Guardia Civil, durante la emisión del informativo de la cadena de televisión "Antena 3", el expedientado, Guardia Civil D. Segismundo , realizó en dos cortes sucesivos las siguientes declaraciones:

a) "No sé, podemos llegar a un 95'98% de Guardias Civiles que están dejando de sancionar las infracciones menos leves, hemos reducido los números que estamos manejando en número de sanciones a un 82%".

b) "No es normal que tengamos motos de tres millones de pesetas, de las antiguas pesetas, paradas en los garajes porque no hay dinero para moverlas ¿para qué se compraron? Todoterrenos de diez millones de pesetas que no se pueden mover porque no hay dinero. Eso no es normal".

2.- En el informativo, la aparición del indicado D. Segismundo , se hacía como Segismundo - UNION DE GUARDIAS CIVILES, y es presentado como portavoz de la asociación profesional de la Guardia Civil "Unión de Guardias Civiles".

3.- La noticia donde se encuadraron los comentarios venía introducida por el presentador del informativo en el marco de la campaña de verano de la Dirección General de Tráfico para los pasados meses de julio y agosto, bajo el lema "EN UN SEGUNDO TE CAMBIA LA VIDA Y NADA VUELVE A SER IGUAL", donde al mismo tiempo que -tras emitir el mensaje de concienciación de la Dirección General de Tráfico en la campaña- se comunicaba el esfuerzo por parte del Ministerio de Interior de garantizar la seguridad de los ciudadanos en la carretera con la participación de diez mil agentes prestando servicio, y se informaba de la huelga encubierta de que hablaban las asociaciones de Guardias Civiles, que estaban dejando de multar en protesta por la bajada de sueldos, afirmando que llevaban semanas de huelga encubierta para denunciar la disminución de sus sueldos y la falta de medios, lo que generaba falta de motivación, al tiempo que retaban al Gobierno a enseñar los datos de la recaudación de las últimas semanas, según el tenor del informativo.

Contra dichas resoluciones sancionadoras la Procuradora doña Raquel Nieto Bolaño, en la representación indicada, presentó escrito con fecha 11 de junio de 2013 por la que dedujo ante esta Sala recurso Contencioso-Disciplinario Militar. Recibido el Expediente Disciplinario ante la misma, se dio traslado a la parte recurrente a fin de que en el plazo de quince días procediera a su formalización, presentando dicha demanda con fecha 4 de septiembre de 2013, en la que solicitaba la declaración nula de pleno derecho de la resolución recurrida, revocando y anulando la referida resolución sancionadora por no ajustarse a derecho, dejándola sin efecto y eliminando de la hoja de servicios o documentación personal toda referencia de la misma, así como la devolución de los haberes detraídos como consecuencia de la ejecución, más los intereses correspondientes. Igualmente solicitaba mediante otrosí el recibimiento del pleito a prueba sobre la improcedencia de la sanción impuesta así como el trámite de conclusiones.

De la anterior demanda se dio traslado al Ilmo. Sr. Abogado del Estado, a fin de que contestara a la misma en el plazo de quince días, presentado escrito con fecha 20 de septiembre de 2013, solicitando la desestimación de dicho recurso por ser plenamente ajustada a Derecho la resolución disciplinaria recurrida.. Asimismo no interesaba la práctica de diligencia y prueba alguna, al considerar que todos los hechos relevantes aparecen suficientemente probados en el expediente.

Mediante Auto de 22 de octubre de 2013, la Sala acuerda por unanimidad, denegar el recibimiento del pleito a prueba solicitado por la parte recurrente, al haber transcurrido el plazo concedido sin haber hecho manifestación alguna, otorgando al propio tiempo a las partes plazo común de diez días para presentar conclusiones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 489 de la Ley Procesal Militar .

Evacuado el trámite conferido, mediante providencia de 19 de noviembre de 2013, no habiendo solicitado las partes celebración de vista, ni considerándolo necesario la Sala, se señaló para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 18 de diciembre de 2013 a las 10:30 horas, dejándose sin efecto dicho señalamiento por ausencia justificada de la Magistrada doña Clara Martinez de Careaga y Garcia, fijándose para el día 14 de enero de 2014 a las 12:30 horas, lo que se ha llevado a efecto en tal fecha con el resultado que a continuación se expone.

1. Alega el recurrente en primer lugar la caducidad del procedimiento con fundamento en el artículo 65.1 de la Ley Orgánica 12/2007 de 22 de octubre , donde se dispone que " la resolución a que se refiere el artículo 63 de esta Ley y su notificación al interesado deberá producirse en un plazo que no excederá de seis meses desde la fecha de incoación del expediente. Transcurrido dicho plazo, se producirá la caducidad del expediente ". De suerte, afirma, que la superación del plazo de seis meses establecido para la tramitación del expediente sancionador de faltas graves y muy graves, computado tal plazo de fecha a fecha entre los acuerdos de inicio y notificación de la resolución, llevará consigo que la resolución que se adopte fuera de plazo carecerá de eficacia.

En consecuencia con lo anterior sostiene que siendo la fecha de inicio para el cómputo del plazo el 23 de julio de 2010, fecha en que el Director General de la Policía y de la Guardia Civil dio la orden de proceder (folios 1 a 4 del expediente) y el dies ad quem , en el que finaliza el plazo, la fecha en que se hubiere notificado formalmente al interesado la resolución sancionadora, en este caso, el 25 de enero de 2011 (folio 240), transcurrió un total de seis meses y dos días, lo que determina que la resolución sancionadora se ha adoptado fuera del plazo establecido por el artículo 65. 1 de la L.O. 12/2007 de 22 de octubre , y consecuentemente, afectada de caducidad y carente de eficacia , y se remite a la Sentencia número 81, de fecha 24 de julio de 2012 , dictada por el Tribunal Militar Central, en el Recurso Contencioso-Disciplinario Militar Ordinario nº 162/11.

La citada Sentencia del Tribunal Militar Central fue anulada por otra de esta Sala Quinta de fecha 1 de abril de 2013.

2. La ilustre representación del Estado, por su parte, argumenta que el primer fundamento de derecho en que el encartado pretende basar su pretensión impugnatoria es el de que la Resolución se notificó una vez transcurrido el plazo de caducidad, añadiendo que, sin embargo, es preciso tener en cuenta los siguientes extremos:

   Debiéndose comenzar el cómputo del plazo de caducidad del expediente disciplinario a partir del acuerdo de incoación de fecha 23 de julio de 2010, este plazo terminaría en la misma fecha del mes de enero. Siendo así que este día era domingo el último día para practicar la notificación hubiese sido el día 24 de enero del año 2011.

   Ahora bien, resulta que según consta en el expediente, a la vista de la imposibilidad de notificación al interesado, únicamente imputable a éste, de los actos de ampliación de la orden de inicio y el pliego de cargos, al amparo del art. 43.4 de la Ley de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil , que habilita al Instructor para suspender el cómputo de los mismos, se acordó suspender éste cómputo desde el día en que se tuvo conocimiento por el instructor de la imposibilidad de notificación del acuerdo, hasta el día en que hubo de darse por satisfecha la notificación edictal: esto es, en definitiva, entre los días 19 de noviembre y 7 de diciembre de 2010, lo que efectivamente se llevó a efecto, por Resolución del instructor del expediente de 19 de noviembre del año 2010.

   Siendo pues uno el día en que la tramitación del expediente superó el plazo de seis meses y habiéndose procedido por el instructor en la forma prevista en el ya invocado art. 43.4 de la Ley Disciplinaria de la Guardia Civil , a suspender el cómputo del plazo por 18 días, resulta que existía un espacio de tiempo más que sobrado para practicar la notificación y que, por lo tanto, no procede invocar el transcurso de los plazos de caducidad como vulneración legal cometida en el procedimiento disciplinario.

3. Centrado así el debate del presente procedimiento, debemos recordar que la caducidad o perención del expediente disciplinario, es un instrumento tendente a la evitación de la pendencia indefinida del mismo ante la objetiva paralización de su trámite no provocado por el interesado, y que determina que las actuaciones se entiendan caducadas ("se producirá la caducidad del expediente dice el art. 65") en el supuesto de no haber sido notificada la resolución en el plazo máximo de duración del procedimiento.

   La Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, reguladora del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, previene en su artículo 65 que la resolución que ponga fin al procedimiento (artículo 63 de la Ley) y su notificación al interesado, deberá producirse en un plazo que no excederá de seis meses desde la fecha del acuerdo de incoación del expediente (el siguiente según doctrina de la Sala, Ss. de 19.03.13; 4 y 13.04.13 y 17.05.13) o, en su caso, en el de dos meses en el procedimiento por falta leve por aplicación de la doctrina establecida a tal efecto por el Pleno no Jurisdiccional de esta Sala de 19 de octubre de 2010, conforme a la cual la caducidad también surte efectos en el específico ámbito del procedimiento sancionador de las faltas leves del artículo 9 de la Ley Orgánica 12/2007 (por todas la sentencia de esta Sala de 20.12.2010 ).

   La fecha de notificación de la resolución del expediente que pone fin al expediente como el dies ad quem , esto es, fecha final para el cómputo de la caducidad del procedimiento tiene su razón de ser, constante jurisprudencia, por evidentes razones de seguridad jurídica de una actuación que requiere de su conocimiento por su destinatario.

   Así pues, en el caso que nos ocupa el plazo de duración del procedimiento para faltas graves -descontando los plazos de suspensión en los términos previstos legalmente- debe abarcar un plazo máximo de seis meses, por aplicación conjunta de los arts. 65 y 43.4, de la referida L.O. 12/2007, de 22 de octubre , al tratarse de la regulación de la obligación de resolver en un procedimiento en el que el día inicial de cómputo es el del siguiente al acuerdo de iniciación del mismo según ha interpretado esta Sala y el final, incluyendo la notificación, el del transcurso del plazo que marca la ley, que como señala dicho artículo es de seis meses (art. 65. 1 de la ley disciplinaria del Instituto).

   El examen del expediente disciplinario permite llegar a la conclusión de que su resolución por el Director General de la Policía y de la Guardia Civil de fecha 20 de enero de 2011 se produjo dentro del plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a la fecha de incoación del procedimiento, precisamente el 23 de julio de 2010, si bien su notificación, se llevó a cabo con posterioridad a ese momento, concretamente el día 25 de enero de 2011, excediéndose dicho plazo por un día, al ser domingo el 23 de enero de 2011 y por ello inhábil a tenor de lo dispuesto en el artículo 43.2 de la L.O. 12/2007, de 22 de octubre .

   Ahora bien, resulta que en el expediente (folios 134 y 135) obra un acuerdo del instructor donde se razona que ante la imposibilidad de notificación al interesado del acuerdo de ampliación de la orden de proceder y del pliego de cargos, (diligencias de intento de notificación fallidas, recogidas a los folios 138 y 139), imposibilidad únicamente imputable al interesado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 43.4 de la L.O. 12/2007, de 22 de octubre , que dice " el cómputo de los plazos se suspenderá por el instructor, mediante acuerdo motivado, por el tiempo imprescindible, cuando por causa imputable al interesado, no sea posible la práctica dentro de los mismos de alguna diligencia precisa para la resolución de los procedimientos o la notificación de cualquier trámite. Contra dicho acuerdo no podrá interponerse recurso de manera separada del que se pudiera formular contra la resolución del procedimiento", se dispuso suspender este cómputo desde el día en que se tuvo conocimiento por el instructor de la imposibilidad de notificación al interesado, 19 de noviembre de 2010, hasta el día en que se diera por satisfecha la notificación edictal, siendo que ésta se llevó a cabo el día 7 de diciembre de 2010 (folio 161).

   Dicho acuerdo de suspensión del cómputo de los plazos no fue impugnado, es más, ni tan siquiera fue mencionado por el recurrente al articular el correspondiente recurso de alzada (folios 311 al 316). Tampoco lo ha hecho en el escrito de demanda pudiendo hacerlo al amparo del art. 482 de la Ley Procesal Militar que permite alegar cuantos motivos procedan aunque no se hubieran expuesto en el previo recurso en vía disciplinaria, ni en el escrito de conclusiones al amparo de los artículos 489 y 490 de la Ley Procesal Militar .

   En su consecuencia, no se aprecia en el expediente sancionador enjuiciado el transcurso de los aludidos seis meses (carente de la pertinente justificación) porque el cómputo de los plazos fue suspendido en virtud de causa legal suficiente ( art. 43.4 de la L.O. 12/2007 ) interrumpiéndose con ello el cómputo del plazo, (dieciocho días como sostiene la ilustre representación del Estado), para resolver y notificar la resolución, sin que el demandante haya planteado ni ofrecido argumentación ni razón alguna que pudiera desvirtuarlo.

   Se rechaza el motivo.

1. También se alega por el recurrente la quiebra del artículo 25 de la Constitución por no ser los hechos constitutivos de la infracción calificada vulnerando la resolución en cuestión el derecho a la legalidad en su vertiente de tipicidad.

Fundamenta su alegación sobre la base de que la calificación efectuada mermaría el derecho a la libertad de expresión, ligado al derecho de asociación y al ejercicio de la defensa de los derechos e intereses legítimos de las asociaciones, negando que las manifestaciones imputadas afecten en cualquier caso al valor esencial de la disciplina. En segundo lugar, sostiene que los hechos imputados resultan igualmente atípicos a la vista de la nueva redacción del tipo sancionador de la ley disciplinaria vigente, en el extremo relativo esta vez al inciso final de dicho precepto, "en la prestación del servicio", resaltando la diferencia existente entre el tipo contenido en el artículo 8, apartado 17 de la L.O. 11/1991 , de 17 de junio, vigente hasta el 23 de enero de 2008 y el artículo 8, apartado 21 de la vigente Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil , por lo que la atipicidad vendría dada al añadirse a la anterior redacción " disciplina debida en la prestación del servicio ", entendiendo que el legislador ha querido añadir un requisito a mayores, es decir, que los hechos descritos lo hubiesen sido en la prestación del servicio.

2. Efectivamente, el artículo 8, apartado 21 de la vigente L.O. 12/2007, de 22 de octubre , del régimen disciplinario de la Guardia Civil, dice. " Cualquier reclamación, petición o manifestación contrarias a la disciplina debida en la prestación del servicio o basadas en aseveraciones falsas, o formularlas con carácter colectivo".

   Esta Sala se ha pronunciado de manera reiterada sobre dicho precepto. En este sentido, ya la Sentencia de 13 de septiembre de 2010 , al examinar el tipo disciplinario en cuestión decía que: «Restringir el ámbito subjetivo del tipo disciplinario configurado en el inciso primero del apartado 21 del artículo 8 de la Ley Orgánica 12/2007 , consistente en "cualquier reclamación, petición o manifestación contrarias a la disciplina debida en la prestación del servicio", únicamente a quien efectivamente presta o ha de prestar el específico servicio respecto al que se hagan o versen las reclamaciones o peticiones o se profieran las manifestaciones o a quienes con él prestan o hayan de prestar dicho concreto servicio supone interpretar erróneamente la oración típica, que, en una hermeneusis gramatical y lógica, de ninguna manera circunscribe el bien jurídico objeto de tuición a la disciplina debida en la prestación del servicio "que corresponda" tan solo al sujeto activo que lo desempeñe o a quienes con él presten servicio. Y, de otra parte, dicha exégesis del precepto -que a estos efectos ha de ponerse en relación con el apartado 2 del artículo 7 de la Ley Orgánica 11/2007 , que sujeta el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de información "en asuntos de servicio o relacionados con la Institución ... a los límites derivados de la observancia de la disciplina, así como a los deberes de neutralidad política y sindical, y de reserva"- supondría despojar de la debida coherencia al mismo, pues comportaría dejar sin castigo cuantas reclamaciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la disciplina, entendida en su versión específica de la debida en relación con cualesquiera otros servicios propios del Cuerpo cuya prestación corresponda a otros miembros del Instituto, lleve a cabo cualquier miembro de la Guardia Civil, aunque el actor nada tenga que ver con el desempeño de tal suerte de servicios, lo que vendría a convertir, "de facto", en casi superfluo el subtipo disciplinario de mérito, que resultaría inaplicable a cualquier reclamación, petición o manifestación, por lesiva que fuera a la disciplina, mediante el simple subterfugio de referirla a los servicios que no sean el que preste en ese instante o haya de prestar el sujeto activo. Y desde el punto de vista sistemático, el tipo que se cobija en el apartado 21 del artículo 8 de la Ley Orgánica 12/2007 se ciñe a la protección de la disciplina debida en la prestación del servicio entendida en la forma que ha quedado señalada, por cuanto que el apartado 5 de dicho precepto se refiere, genéricamente, a la tutela de la otra manifestación de la disciplina que es el respeto a la subordinación jerárquica».

   En el mismo sentido, y por todas, las Sentencias de 3.03.10 ; 14.10.13 y 16.12.13 .

   Se desestima la alegación.

3. Se alega también que las manifestaciones imputadas al recurrente no revisten, en todo caso, la entidad necesaria para afectar al valor esencial de la disciplina, al no cuestionar en modo alguno el acatamiento y la estricta observancia de los deberes que deben presidir el comportamiento de un miembro de la Guardia Civil porque no puede implicar indisciplina en modo alguno, la realización de unos comentarios a situaciones de generalizado conocimiento por la opinión pública y que no han perturbado el interés general y primordial del Benemérito Instituto cual es el mantenimiento de la seguridad pública.

4. Decíamos, recientemente, en sentencia de 16 de diciembre de 2013 que: «La Ley Orgánica 12/2007, de 22 de Octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, reconoce en el apartado 1 de su artículo 7 que "los Guardias Civiles tienen derecho a la libertad de expresión y a comunicar y recibir libremente información en los términos establecidos por la Constitución, con los límites que establece su régimen disciplinario, el secreto profesional, y el respeto a la dignidad de las personas, las Instituciones y los Poderes públicos", para advertir después en el apartado 2 de dicho precepto que "en asuntos de servicio o relacionados con la Institución el ejercicio de estos derechos se encontrará sujeto a los límites derivados de la observancia de la disciplina, así como a los deberes de neutralidad política y sindical, y de reserva".

   Ya en su Sentencia 272/2006, de 25 de septiembre, dictada en el recurso de amparo 3791/2003 , interpuesto contra la Sentencia de esta Sala de 31 de marzo de 2003, recuerda el Tribunal Constitucional su doctrina sobre el alcance y los límites del derecho a la libertad de expresión consagrado en el art. 20.1.a) de la Constitución cuando de miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se trata, reiterando lo que ya señalaba en Sentencias 81/1983, de 10 de octubre, FJ 3 ; 69/1989, de 29 de abril, FJ 2 ; 371/1993, de 13 de diciembre, FJ 4 y 5; 270/1994, de 17 de octubre, FJ 4 ; y 127/1995, de 25 de julio , FJ 3. En concreto, y respecto de la Sentencia 371/1993, el Tribunal Constitucional significa en ella, tras reiterar que hay sectores o grupos de ciudadanos sometidos a límites más estrictos o específicos en cuanto al ejercicio del derecho a la libertad de expresión por razón de la función que desempeñan, en la misma línea marcada en análogos supuestos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el derecho garantizado en el art. 10 del Convenio (con cita de la Sentencia del TEDH de 8 de junio de 1976, caso Engel y otros), que tales limitaciones presentan especial singularidad cuando se trata de miembros de las Fuerzas Armadas, ya que no debe olvidarse que resultan indispensables a la organización militar, para poder cumplir sus fines, las características de profunda jerarquización, disciplina y unidad, las cuales se verían en entredicho de quedar amparadas bajo el manto protector de la libertad de expresión conductas que fueran claramente indicativas de una desmesura en el ejercicio de la crítica a determinados aspectos de la actuación del Instituto armado. De suerte que, como se señalaba en la referida Sentencia "no cabe negar que la exigencia del debido respeto a los órganos constitucionales y las autoridades civiles y militares resulta un límite legítimo a la libertad de expresión de los militares", justificado por las exigencias de la específica configuración de las Fuerzas Armadas, "y particularmente como garantía de la necesaria disciplina, entendida tanto en cuanto sujeción a los órganos jerárquicamente superiores, como en cuanto acatamiento y reconocimiento de la superior posición de los órganos encargados de manifestar la voluntad del Estado. No puede entenderse por ello desproporcionada la exigencia de una necesaria mesura más estricta que la exigible de las (personas) no pertenecientes a las Fuerzas Armadas, y que excluiría manifestaciones "levemente irrespetuosas", en la expresión de opiniones críticas o discrepantes por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, en relación con la actuación de órganos constitucionales o autoridades civiles y militares".

   Concluye la expresada Sentencia 272/2006 , que se ha ponderado en el caso concreto, como exige la doctrina constitucional al respecto, "si la crítica efectuada por el recurrente en amparo en el ejercicio de su condición de representante de una asociación profesional se ha realizado con la "mesura necesaria" para no incurrir en vulneración al respeto a los superiores y para no poner en peligro el buen funcionamiento del servicio y de la propia Institución, llegando a la conclusión, suficientemente razonada, de que los juicios vertidos por el recurrente a través de las reseñas periodísticas exceden claramente de la prudencia y mesura con que debe expresarse un miembro de la Guardia Civil. Es decir, es la falta de la necesaria mesura en la crítica formulada por el recurrente a la actuación de los mandos de la Guardia Civil, y no la crítica misma, lo que justifica la sanción impuesta".

   Pues bien, como se recuerda recientemente en nuestra antes mencionada Sentencia de 3 de marzo de 2013 , con cita de la de 20 de octubre de 2008 , esta Sala ha venido reiteradamente señalando, de acuerdo con la línea marcada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por nuestro Tribunal Constitucional, que en el ámbito militar el derecho a la libertad de expresión que se recoge en el artículo 20.1º a) de la Constitución no solo se encuentra afectado por las limitaciones generales aplicables a todos los ciudadanos, sino también por las limitaciones "específicas propias previstas para la función castrense contenidas en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, en el Código Penal Militar y en la legislación reguladora de su régimen disciplinario, en la medida en que resultan necesarias para preservar los valores y principios esenciales de la organización militar, es decir la disciplina, la subordinación jerárquica, la unidad y la cohesión interna.... Lo venimos diciendo así sobre todo para mantener la disciplina consustancial a las Fuerzas Armadas y a los Institutos armados de naturaleza militar, y asimismo para proteger al deber de neutralidad política de los militares ( SS. 23 de marzo de 2005 y 17 de julio de 2006 ), pero siempre que no reduzcan a los miembros de las Fuerzas Armadas al puro y simple silencio, como dijimos en Sentencia de 19 de abril de 1.993 "».

5. Se trata, ahora, de valorar como exige la doctrina constitucional al respecto, si las manifestaciones efectuadas por el recurrente como representante de una asociación profesional se ha realizado con la «mesura necesaria» para no incurrir en vulneración al respeto a los superiores y para no poner en peligro el buen funcionamiento del servicio y de la propia Institución.

   Efectivamente, para apreciar con el debido acierto la índole de todo hecho justiciable, no basta fijarse en su apariencia y resultado sino que se precisa atender a las causas que lo determinaron, circunstancias que en su ejecución concurrieron, accidentes de modo, lugar y tiempo en que fue cometido, lo que supone que para la adecuada valoración de las expresiones que han originado la sanción es necesario atender no sólo al ámbito del estatuto jurídico de los miembros de las Fuerzas Armadas o, Guardia Civil en el presente caso, y a los límites que para el ejercicio de determinados derechos fundamentales derivan de la condición de militar, sino, también, al particular contexto en el que se vertieron aquellas expresiones ( STS. S. 5ª 23.12.09 ) y para llevar a cabo tal ponderación, habremos de tener en cuenta, tal como señala el Tribunal Constitucional en la STC nº 11/2000 [RTC 2000/11], FJ 8, entre otras circunstancias, la relevancia pública del asunto SSTC 6/1988, de 21 de enero [ RTC 1988\6]; 121/1989, de 3 de julio [ RTC 1989\121]; 171/1990, de 12 de noviembre ; 197/1991, de 17 de octubre [RTC 1991\197 ], y 178/1993, de 31 de mayo [RTC 1993\178]) y el contexto en que se producen las manifestaciones enjuiciables ( STC nº 107/1.988 [RTC 1988\107]) ( STS. S. 5ª 4.02.08 ).

   Pues bien, es lo cierto que, en el presente caso, las declaraciones efectuadas por el recurrente recogidas en los hechos probados de la resolución sancionadora e imputadas al recurrente y que, únicamente, lo son las recogidas en el antecedente de hecho segundo de la misma, apartados 1º, 2º y 3º, según expresamente se afirma en el recurso de alzada (fundamento de derecho IV), y que son los siguientes.

   Con fecha 1 de julio de 2012, aproximadamente sobre las 15'30 horas, en el marco del tratamiento de lo que en los medios de comunicación social vino a denominarse "huelga de bolis caídos" en el ámbito de la Guardia Civil, durante la emisión del informativo de la cadena de televisión "Antena 3", el expedientado, Guardia Civil D. Segismundo , realizó en dos cortes sucesivos las siguientes declaraciones:

   a) "No sé, podemos llegar a un 95'98% de Guardias Civiles que están dejando de sancionar las infracciones menos leves, hemos reducido los números que estamos manejando en número de sanciones a un 82%".

   b) "No es normal que tengamos motos de tres millones de pesetas, de las antiguas pesetas, paradas en los garajes porque no hay dinero para moverlas ¿para qué se compraron? Todoterrenos de diez millones de pesetas que no se pueden mover porque no hay dinero. Eso no es normal".

   2.- En el informativo, la aparición del indicado D. Segismundo , se hacía como Segismundo - UNION DE GUARDIAS CIVILES, y es presentado como portavoz de la asociación profesional de la Guardia Civil "Unión de Guardias Civiles".

   3.- La noticia donde se encuadraron los comentarios venía introducida por el presentador del informativo en el marco de la campaña de verano de la Dirección General de Tráfico para los pasados meses de julio y agosto, bajo el lema "EN UN SEGUNDO TE CAMBIA LA VIDA Y NADA VUELVE A SER IGUAL", donde al mismo tiempo que -tras emitir el mensaje de concienciación de la Dirección General de Tráfico en la campaña- se comunicaba el esfuerzo por parte del Ministerio de Interior de garantizar la seguridad de los ciudadanos en la carretera con la participación de diez mil agentes prestando servicio, y se informaba de la huelga encubierta de que hablaban las asociaciones de Guardias Civiles, que estaban dejando de multar en protesta por la bajada de sueldos, afirmando que llevaban semanas de huelga encubierta para denunciar la disminución de sus sueldos y la falta de medios, lo que generaba falta de motivación, al tiempo que retaban al Gobierno a enseñar los datos de la recaudación de las últimas semanas, según el tenor del informativo

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   Pues bien, la Sala al realizar esta valoración y analizar todas las circunstancias objetivas entiende que del conjunto de los hechos en que se concreta la actuación del recurrente y del contenido de las manifestaciones realizadas, éstas no permiten sostener que causaron un quebranto para la disciplina al ser inocuas para tal fin porque: a) ni se han utilizado términos irrespetuosos, ofensivos o desconsiderados hacia mandos o autoridades del Estado, ni se expuso nada que no fuera ya de público conocimiento como, de otro lado, se sostiene en la propia resolución sancionadora, cuando expone que se realizaron "en el marco deltratamientode lo que en los medios de comunicación social vino a denominarse "huelga de bolis caídos" en el ámbito de la Guardia Civil ; b) porque el apartado 3º de la imputación tan solo relata los términos en que se produjo la noticia en los informativos de la cadena de televisión Antena 3 en cuyo marco se encuadraron los comentarios realizados por el recurrente y c) porque tampoco la manifestación recogida en el subapartado b) de los hechos imputados al recurrente supone una desmesura al señalar que no es normal tener "motos" de tres millones de pesetas, de las antiguas pesetas, paradas en los garaje porque no hay dinero para moverlas y preguntarse: "¿para qué se compraron? Todoterrenos de diez millones de pesetas que no se pueden mover porque no hay dinero ", porque, en palabras del Tribunal Constitucional, "es la falta de la necesaria mesura en la crítica formulada por el recurrente a la actuación de los mandos de la Guardia civil, y no la crítica misma, lo que justifica la sanción impuesta" ( STC 127/1995, de 25 de julio , FJ 3). En consecuencia, dichas manifestaciones no tienen encaje en la falta grave por la que ha venido siendo sancionado.

   Se estima la alegación y con ello el recurso.

Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la Justicia Militar, conforme al artículo 10 de la L.O. 4/1.987 de 15 de julio .

En consecuencia,