SAN, 26 de Diciembre de 2013
| Ponente | FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 2ª |
| ECLI | ES:AN:2013:5561 |
| Número de Recurso | 154/2013 |
SENTENCIA
Madrid, a veintiseis de diciembre de dos mil trece.
Vistos los autos del recurso contencioso-administrativo nº 154/13, que ante esta Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Segunda) ha promovido el Procurador Don Alfonso María Rodríguez García, en nombre y representación de D. Cecilio, que dice ser nacional de Costa de Marfil, frente a la Administración General del Estado (Ministerio del Interior), representada y defendida por el Abogado del Estado. La cuantía del recurso es indeterminada. Es ponente el Iltmo. Sr. Don FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS, que expresa el criterio de la Sala.
Por el recurrente expresado se interpuso recurso contencioso-administrativo, mediante escrito presentado el 7 de junio de 2013, tras haberse integrado por parte del recurrente los exigibles requisitos procesales de postulación, contra la resolución del Subsecretario del Interior de 5 de diciembre de 2012, dictada por delegación del Ministro del Interior, por la que se acordó denegar el derecho de asilo y la protección subsidiaria a aquél. La admisión del recurso jurisdiccional tuvo lugar mediante decreto de 13 de junio de 2013, en que igualmente se reclamó el expediente administrativo.
En el momento procesal oportuno, la parte actora formalizó la demanda mediante escrito de 30 de septiembre de 2013, en el que, tras alegar los hechos y exponer los fundamentos de Derecho que estimó oportunos, terminó suplicando la estimación del recurso, con anulación de la resolución impugnada, por ser contraria a Derecho, solicitando en su caso la protección subsidiaria o bien la autorización de permanencia en España por razones humanitarias.
El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado el día 17 de octubre de 2013, en el cual, tras alegar los hechos y los fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó suplicando la desestimación del recurso contencioso-administrativo, por ajustarse a Derecho las resoluciones impugnadas.
Denegado el recibimiento del proceso a prueba y no interesada la celebración del trámite de conclusiones, la Sala señaló, por providencia, la audiencia del 19 de diciembre de 2013 para la votación y fallo del recurso, en que efectivamente, se deliberó, votó y falló, lo que se llevó a cabo con el resultado que ahora se expresa.
En la tramitación del presente recurso contencioso-administrativo se han observado las prescripciones legales exigidas en la Ley reguladora de esta Jurisdicción, incluida la del plazo para dictar sentencia.
Es objeto de este recurso judicial la resolución del Subsecretario del Interior de 5 de diciembre de 2013, dictada por delegación del Ministro del Interior, por la que se acordó denegar el derecho de asilo y la protección subsidiaria a aquél.
La Constitución española dispone en su artículo 13.4 que «la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España» .
Al caso enjuiciado le es aplicable la Ley 12/2009, de 30 de octubre, Reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria, cuyo artículo 2 define tal derecho como "la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967".
El referido artículo 3 de la propia Ley 12/2009 dispone que "la condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9" .
Los requisitos establecidos en el art. 1 de la Convención y I.2 del Protocolo son:
Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él
.
En el artículo 6 de la Ley se pretende objetivar, por otra parte, la clase de actos de persecución que son necesarios para que los "temores" de persecución sean en efecto "fundados", con exclusión, de esa manera, de cualesquiera otros de relevancia menor. En el artículo 7 se establecen criterios para valorar los motivos por los que el agente perseguidor puede actuar para que la persecución denunciada y probada, aun cuando lo sea mediante indicios de alguna relevancia, sea en efecto incardinable en la condición de refugiado. Y en los artículos 13 y 14 de la repetida Ley se describe quiénes pueden ser agentes de persecución y, en su caso, de protección.
Se reflejan en la resolución impugnada, caracterizada por su notable latitud e imprecisión -no es sino el habitual modelo universal válido para todos los casos, nacionalidades y motivos de persecucióncomo motivo de la denegación del asilo, en primer lugar, que "los hechos constitutivos de la persecución alegada no se derivan de los motivos recogidos en el artículo 1.A de la Convención de Ginebra de 1951", así como que "los principales hechos constitutivos de la persecución alegada están lo suficientemente alejados en el tiempo como para concluir que tales hechos no constituyen una persecución que justifique una necesidad actual de protección, sin que del contenido del expediente pueda deducirse que los hechos relatados hayan seguido produciéndose o hayan tenido unas consecuencias tales que pudieran considerarse, en sí mismas y en la actualidad, como persecución, o que pudieran justificar un temor fundado a sufrirla..."; y, finalmente, que "...el relato resulta genérico, impreciso, contradictorio e incongruente en la descripción de los hechos que motivaron la persecución alegada y de los aspectos esenciales de la propia persecución, por lo que no puede considerarse que el solicitante haya establecido suficientemente tal persecución, sin que se desprendan del conjunto del expediente otros elementos que indiquen que la misma haya existido o que justifiquen un temor fundado a sufrirla".
Tales graves defectos de motivación, sin embargo, no determinan la nulidad del acto, toda vez que ni la extensa demanda denuncia como vicio jurídico el de la falta de motivación de la resolución recurrida, ni aduce haber padecido indefensión por tal motivo.
En rigor, las vagas e indefinidas fórmulas motivadoras de la resolución del Subsecretario, por delegación del Ministro, no dicen nada concreto sobre las causas determinantes de la denegación del asilo que se decide y, además, adolecen de una patente contradicción interna, precisamente la misma que imputan al relato ofrecido por el solicitante, toda vez que, si los hechos alegados no se derivan, esto es, aun probados, no estarían incluidos entre las categorías y modalidades de la persecución o del temor fundado a padecerla, de las definidas en la Convención de Ginebra y, en aplicación de ésta, en la vigente Ley de Asilo de 2009, entonces resultaría indiferente que el relato fuera genérico, impreciso, contradictorio o incongruente, como sin explicar porqué se afirma en la resolución, pues aunque por el contrario fuera veraz, congruente, detallado y exacto, como antítesis de lo que califica la resolución, la consecuencia a que daría lugar sería la misma, en tanto vendría referida a hechos no dignos o merecedores de la protección...
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