STSJ Cataluña 978/2013, 9 de Octubre de 2013
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 978/2013 |
| Fecha | 09 Octubre 2013 |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
RECURSO ORDINARIO (LEY 1998) 814/2010
Partes: NOGLA, S.L. C/ T.E.A.R.C.
S E N T E N C I A Nº 978
Ilmos. Sres.:
PRESIDENTE
D. RAMON GOMIS MASQUÉ
MAGISTRADOS
D. DIMITRY TEODORO BERBEROFF AYUDA
D. JOSÉ LUÍS GÓMEZ RUIZ
En la ciudad de Barcelona, a nueve de octubre de dos mil trece.
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN PRIMERA), constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo núm. 814/2010, interpuesto por NOGLA, S.L., representada por el Procurador D. JESÚS MILLÁN LLEOPART, contra el TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CATALUÑA, representado por el Sr. ABOGADO DEL ESTADO.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. RAMON GOMIS MASQUÉ, quien expresa el parecer de la SALA.
Por el Procurador D. Jesús Millán Lleopart, en nombre y representación de la sociedad denominada Nogla, S.L., se interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC), de fecha 25 de marzo de 2010, desestimatoria de las reclamaciones económico-administrativas acumuladas núms. 08/09056/2005 y 08/02409/2006, interpuestas contra sendos acuerdos de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial en Cataluña de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de liquidación por el concepto de Impuesto sobre Sociedades, ejercicios de 1999, 2000 y 2001, con una deuda a ingresar de 37.737,80 #, y de imposición de sanciones por las infracciones tributarias correspondientes, de una cuantía, en junto de 41.640,42 #.
Acordada la incoación de los presentes autos de recurso núm. 814/2010, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción. En su momento y por su orden, las partes despacharon los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron, la actora, el dictado de una sentencia estimatoria que anule la resolución del TEARC impugnada y los actos de los que trae causa, y la defensa y representación de la Administración demandada, la desestimación del recurso.
Continuando el proceso su curso por los trámites que aparecen en autos, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.
En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
Como primer motivo de recurso se invoca la caducidad por incumplimiento del plazo de resolución del procedimiento que prevé el art. 60.4 del Reglamento General de la Inspección, ya que el acta de disconformidad se levantó el 24 de mayo de 2005 y el acuerdo de liquidación se dictó el 26 de septiembre de 2005 y notificó el día 30 del mismo mes.
Como señala, de manera reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ad exemplum sentencia de 21 de junio de 2006 ), el procedimiento administrativo tiene una doble finalidad: servir de garantía de los derechos individuales y, con respecto a la Administración, contribuir al acierto de las resoluciones administrativas. De aquí que el ordenamiento jurídico atribuya diversas consecuencias a los defectos de procedimiento en función de la gravedad de los mismos. En los casos excepcionales, de ausencia total de procedimiento, o de trámite esencial equivalente a aquella, la consecuencia ha de ser la declaración de la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos que se generen - artículos 153.1.c) de la Ley General Tributaria, de 28 de diciembre de 1963 y 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -. Los demás supuestos de infracción del ordenamiento jurídico se reconducen a la categoría general de anulabilidad de los actos administrativos - artículo 63.1 de la Ley 30/1992 -. No obstante, se admite la categoría de las denominadas "irregularidades no invalidantes" para determinadas actuaciones administrativas con defecto de forma -si el acto tiene todos los elementos necesarios para alcanzar su fin y no produce indefensión- o extemporáneas -si no se trata de término esencial-. Así se deduce de la regulación contenida en el artículo 62.2 . y 3 de la Ley 30/1992 .
Por otro lado, hemos reiterado en multitud de sentencias que para que se produzca la caducidad son necesarios dos requisitos: uno, que la norma procedimental aplicable señale un plazo y, dos, que la ley anude a su incumplimiento el efecto de la caducidad.
El art. 29 de la Ley 1/98 estableció un plazo de duración máximo de las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación llevadas a cabo por la Inspección de los Tributos, (al contrario de lo que ocurría con anterioridad), pero el efecto del incumplimiento de dicho plazo no es la caducidad (como estableció introdujo esa Ley en el procedimiento sancionador tributario), sino que no se considere interrumpida la prescripción como consecuencia de tales actuaciones. La Ley 1/98 no introdujo con carácter general la caducidad de las actuaciones inspectoras, que no ha sido regulada con ese carácter sino hasta la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, - "lo cual demuestra que con anterioridad no existía" ( STS, de 25 de abril de 2005 )-, sino que estableció la interrupción de la prescripción por la paralización de las actuaciones inspectoras por mas de seis meses o duración máxima de un año del procedimiento, conservando su vigencia, hasta la entrada en vigor de la nueva LGT, el art. 105.2 de la Ley 230/1963 que prescribe que "... la inobservancia de plazos por la Administración, no implicará la caducidad de la acción administrativa, pero autoriza a los sujetos a reclamar...".
La STS de 4 de diciembre de 2009, recurso de casación 3428/2003, recuerda en su Fundamento Tercero:
... pues bien, con relación a la caducidad del procedimiento, esta Sala mantiene doctrina reiterada y completamente consolidada que inició en la sentencia de fecha 28 de febrero de 1996, consistente en que si la paralización de las actuaciones inspectoras, entre las cuales ha de incluirse las relativas a la tramitación, sustanciación y resolución de los expedientes iniciados por Acta de la Inspección de los Tributos, fuera superior a seis meses, por culpa de la propia Inspección de Hacienda, es decir sin justificación alguna, comporta que las actuaciones realizadas no interrumpen la prescripción, de modo que ésta habrá corrido desde el momento de iniciación de tales actuaciones inspectoras a efectos del cómputo del plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, pero sin que hubiera lugar a plantear la caducidad del procedimiento iniciado por tales actuaciones, instituto jurídico distinto a la prescripción del derecho". En cuanto plazo de previsto en el art. 60.4 del RGIT de que aquí se trata, esta Sala tiene reiteradamente declarado que dicho precepto se limita a fijar un plazo de un mes desde la formulación de alegaciones para dictar el acto administrativo de liquidación y que el retraso del Inspector Jefe en dictar el acuerdo de liquidación no supone la caducidad del procedimiento, no prevista legalmente para tal incumplimiento, ni tampoco es per se causa de nulidad del acto administrativo, al tratarse de un plazo no esencial. Solo si la infracción del plazo del artículo 60.4 RGIT supone que se excedan los plazos máximos de duración del procedimiento o de interrupción injustificada de las actuaciones, que no es el presente caso, se producirá el efecto previsto el art.
29.3 de la Ley 1/1998, que reiteramos no es la caducidad del procedimiento, lo que ni siquiera la vigente LGT establece para el procedimiento inspector, al prescribir su artículo 150.2 que «La interrupción injustificada del procedimiento inspector por no realizar actuación alguna durante más de seis meses por causas no imputables al obligado tributario o el incumplimiento del plazo de duración del procedimiento al que se refiere el apartado 1 de este artículo no determinará la caducidad del procedimiento, que continuará hasta su terminación...».
Tal postura es acorde con la doctrina del Tribunal Supremo, expresada, entre otras, en la STS de 18 de septiembre de 2009, dictada en el recurso de casación para unificación de doctrina núm. 317/2004, se pronuncia en su Fundamento Segundo:
...e) Sobre la caducidad de la actuación inspectora por transcurso del plazo de un mes para dictar el acto de liquidación. La doctrina de esta Sala cuya reiteración permite considerarla como jurisprudencia, ha señalado que la consecuencia que el incumplimiento del plazo establecido en el artículo 60.4 del RGIT 1986, no es la caducidad ni la nulidad o ineficacia del acto administrativo del Inspector Jefe que resulte extemporáneo
.
Pues bien, ni el incumplimiento plazo de seis meses previsto en el art. 29.3 de la Ley 1/1998, ni el incumplimiento plazo de un mes previsto en el art. 60.4 del RGIT . tienen como consecuencia la caducidad de las actuaciones Inspectoras.
La STS de 18 de septiembre de 2009, recurso de casación para unificación de doctrina núm. 317/2004, se pronuncia en su Fundamento Segundo:
«...e) Sobre la caducidad de la actuación inspectora por transcurso del plazo de un mes para dictar el acto de liquidación. La doctrina de esta Sala cuya reiteración permite considerarla como jurisprudencia, ha señalado que la consecuencia que el incumplimiento del plazo establecido en el artículo 60.4 del RGIT 1986, no es la caducidad ni la...
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