SAP Soria 52/2013, 3 de Septiembre de 2013
| Ponente | RAFAEL MARIA CARNICERO GIMENEZ DE AZCARATE |
| ECLI | ES:APSO:2013:141 |
| Número de Recurso | 62/2013 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 52/2013 |
| Fecha de Resolución | 3 de Septiembre de 2013 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Soria, Sección 1ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1
SORIA
SENTENCIA: 00052/2013
AUDIENCIA PROVINCIAL DE SORIA
ROLLO APELACION CIVIL: RECURSO DE APELACION (LECN) Nº 62/2013
Juzgado procedencia: JDO.1A.INST.E INSTRUCCION Nº 1 de Burgo de Osma (Soria)
Procedimiento de origen: Verbal, Desahucio Falta de Pago Nº 359/2012
SENTENCIA CIVIL Nº52/2013
Ilmos. Sres.
PRESIDENTE:
RAFAEL MARÍA CARNICERO GIMENEZ DE AZCARATE
MAGISTRADOS:
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ GRECIANO
MARÍA BELÉN PÉREZ FLECHA DÍAZ
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En Soria, a tres de septiembre de dos mil trece.
Esta Audiencia Provincial de Soria, ha visto el recurso de apelación civil arriba indicado, dimanante de los Autos de Juicio Verbal, Desahucio Falta de Pago Nº 359/2012, contra la sentencia dictada por el JDO.1A.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 de Burgo de Osma (Soria), siendo partes:
Como apelante y demandante AYUNTAMIENTO DE RECUERDA representado por la Procuradora Sra. MONTSERRAT JIMENEZ SANZ, y asistido por la Letrado Sra. MARGARITA ANTOLIN BARRIOS.
Y como apelado y demandado SOCIEDAD MERCANTIL BRIONGOS MARTINEZ S.L., representada por la Procuradora Sra. ELENA LAVILLA CAMPO y asistida por la Letrado Sra. MERCEDES SAN MIGUEL BARTOLOME.
Por el Juzgado de instancia se dictó sentencia en los referidos autos, cuya parte dispositiva, literalmente copiada dice así: "Desestimando la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales Dª Montserrat Jiménez Sanz, en nombre y representación del Ayuntamiento de Recuerda, debo absolver y absuelvo a la Sociedad Mercantil Briongos Martínez S.L. de todas las pretensiones ejercitadas en su contra, con expresa imposición de costas al demandante."
Dicha sentencia, se recurrió en apelación por la parte demandante, dándose traslado del mismo a las partes, remitiéndose las actuaciones a esta Audiencia Provincial de Soria, donde se formó el Rollo de Apelación Civil nº 62/2013, y no habiéndose solicitado el recibimiento a prueba en segunda instancia y no estimándose necesaria la celebración de vista oral, quedaron los autos conclusos, en virtud de lo preceptuado en el art. 465.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para dictar sentencia.
Es Ponente el Ilmo. Sr. D. RAFAEL MARÍA CARNICERO GIMENEZ DE AZCARATE.
Damos por reproducidos los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada.
Ejercitada acción de desahucio de fincas rústicas por falta de pago de la renta, y de rentas vencidas hasta la fecha de interposición de la demanda, sobre 42 fincas rústicas propiedad del Ayuntamiento de Recuerda (Soria), relacionadas en el escrito de demanda, la sentencia dictada en primera instancia desestimó la acción.
La Juez a quo, en resumen, a la vista de la prueba practicada, consideró que la demandada no había tenido la posibilidad de disfrutar de la totalidad de las fincas que constituían el objeto de arrendamiento desde prácticamente la entrada en vigor del contrato, al concurrir indicios más que suficientes que algunas de las fincas resultaron ocupadas por terceros que se consideraban propietarios de los terrenos, otras estaban en trámite de expropiación en el momento de la firma del contrato y resultaron expropiadas con posterioridad, algunas otras no se hallaban correctamente delimitadas existiendo continuas disputas por la extralimitación de colindantes en la realización de las labores agrícolas, y otras tantas podrían tener menor superficie de la que se asigna en el contrato. De todo ello concluía la Juez a quo que el arrendador no había cumplido con la trascendental obligación de entregar a la demandada la totalidad de las fincas objeto del arrendamiento, de mantener a la misma en el goce pacífico de las parcelas durante todo el tiempo del contrato, incumplimiento que habida cuenta del número de parcelas a las que afectaría y la superficie de las mismas con la totalidad de la contratada, legitimaban a la mercantil arrendataria para retener cierta parte de las rentas que se han devengado, y que representaban aproximadamente el 35% del coste del arriendo.
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