ATS, 30 de Septiembre de 2013
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 30 Septiembre 2013 |
AUTO
En la Villa de Madrid, a treinta de septiembre de dos mil trece.
Con fecha 26 de octubre de 2005, esta Sala y Sección del Tribunal Supremo dictó, en el recurso contencioso- administrativo número 577 de 2001, sentencia , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «FALLAMOS: ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo que la representación procesal de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) interpone contra el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 27 de abril de 2001 por el que " se declara como zona de reserva, a los efectos de lo previsto en el artículo 47 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas , y para el saneamiento de la cuenca baja del sistema fluvial Saja-Besaya (Cantabria), en cumplimiento de los fines de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas (Confederación Hidrográfica del Norte), una parcela de terreno de dominio público marítimo-terrestre, con una superficie de 87.450 m2, que será ocupada por la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Vuelta Ostrera, término municipal de Suances (Cantabria) ". Acuerdo que anulamos por no ser conforme a Derecho; ordenando, como ordenamos, la demolición de las obras de esa Estación Depuradora de Aguas Residuales que se hayan realizado en aquella parcela de dominio público marítimo-terrestre. Sin hacer especial imposición de las costas procesales causadas.».
En la pieza separada de ejecución de dicha sentencia, el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, presentó escrito, con fecha 5 de abril de 2006, alegando que esta ejecución "...en los estrictos términos temporales que prevé el artículo 104 de la Ley Jurisdiccional provocaría daños irreparables [...] y determinaría el incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE de la Unión Europea..."; y propone a la Sala el modo de ejecución íntegra de aquélla conforme a un cronograma de actuaciones que se adjuntó a dicho escrito.
Dado traslado del anterior escrito y documentos acompañados a las demás partes, la representación procesal del Gobierno de Cantabria presentó escrito con fecha 26 de mayo de 2006 en el que suplica a la Sala "...acuerde la ejecución de la sentencia en los términos que se plantean por la Abogacía del Estado"; asimismo, la representación de la Asociación demandante ARCA, en escrito presentado con fecha 29 de mayo de 2006, suplica a esta Sala que "...apruebe el plan de ejecución propuesto por la Administración del Estado pero sujeto a los plazos límites propuestos por esta parte".
Por Auto de esta Sala y Sección del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2006 , se declaró haber lugar a la solicitud deducida por la Administración del Estado en los términos que expresa el razonamiento jurídico único:
"UNICO.- Dado lo dispuesto en el artículo 109.1.b) de la Ley de la Jurisdicción y dada la conformidad en lo esencial de las restantes partes al "modo propuesto de ejecución", presentado por la Administración del Estado en el escrito que tuvo su entrada en este Tribunal Supremo el 5 de abril de 2006, se accede a lo solicitado en éste, sin que sea necesario, para prestar tutela judicial efectiva a la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), hacer más que las siguientes matizaciones:
Primera.- Las distintas actuaciones que de modo sucesivo han de llevarse a cabo para la ejecución íntegra de la sentencia dictada, habrán de sujetarse temporalmente a lo previsto en el "cronograma de actuaciones" que se acompaña con la solicitud deducida por la Administración del Estado.
Segunda.- Podrá dicha parte (ARCA) solicitar de este Tribunal, si llegara a entenderlo necesario, la comprobación de que aquellas sucesivas actuaciones se van realizando con arreglo a lo previsto en dicho cronograma."
Con fecha 7 de junio de 2013, el Procurador Don Fernando Pérez Cruz, en representación de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria, ha formulado solicitud de ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de Octubre de 2005 (recurso contencioso-administrativo 577/2001 ). En dicho escrito, la Asociación favorecida por la Sentencia de 26 de octubre de 2005 alega que "a tan sólo seis meses de la fecha comprometida para dar término a la ejecución voluntaria de la sentencia, con la demolición de la EDAR y regeneración de los terrenos, la Administración del Estado no ha dado cumplimiento a ninguna de las actuaciones propuestas para los años 2006 a2013", y termina suplicando a la Sala que "...requiera a la Administración demandada para que en el plazo máximo de un mes proceda a dar inicio a las obras de derribo de la estación depuradora de aguas residuales y a la regeneración de os terrenos y las finalice en el plazo máximo de cuatro meses, con apercibimiento a la Administración demandada de que, de no cumplirse lo ordenado, se acordará a ejecución subsidiaria con cargo a la Administracióncondenada" y "...requiera a la Administración demandada a fin de que identifique a la Autoridad, funcionario o agente encargado de dar cumplimiento a la sentencia, a efectos de poder exigir, en su caso, su responsabilidad administrativa o penal."
Dado traslado del anterior escrito y documentos acompañados a las demás partes, el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, presentó escrito, con fecha 3 de julio de 2013, alegando, frente a la solicitud de ejecución forzosa de la sentencia, la aplicabilidad al caso de la Disposición Adicional 9ª de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que fielmente reproducida dispone:
-
En atención a las actuales y extraordinarias circunstancias económicas que fuerzan la restricción del gasto público y las inversiones, las instalaciones de depuración de aguas residuales de interés general, construidas en dominio público marítimo- terrestre antes de la entrada en vigor de la presente ley, que deban ser reubicadas en cumplimiento de una resolución judicial, continuarán temporalmente su actividad, en el mismo emplazamiento, en las condiciones de servicio y explotación que sean necesarias para cumplir con los objetivos medioambientales exigidos por la normativa aplicable.
-
Una vez que las circunstancias económicas lo permitan deberán iniciarse las actuaciones tendentes a la adecuada sustitución de las instalaciones a las que se refiere el apartado anterior, de acuerdo con criterios de sostenibilidad de las inversiones, de modo que queden garantizadas aquellas otras inversiones que resulten imprescindibles para el cumplimiento de las obligaciones exigidas por la normativa europea y estatal en materia de instalaciones de depuración de interés general.
-
La presente disposición no se aplicará, en ningún caso, a aquellas instalaciones de depuración de aguas residuales que se encuentren construidas en espacios protegidos o incluidos en la Red Natura 2000" .
La representación procesal del Gobierno de Cantabria, por su parte, presentó escrito en fecha 5 de julio de 2013, en el que tras alegar, de manera coincidente con la tesis sostenida por la Administración del Estado, la aplicabilidad al caso de la Disposición Adicional 9ª de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, suplica a la Sala que "...permita la continuación de la actividad de la EDAR en los términos señalados".
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jesus Ernesto Peces Morate,
Con carácter antecedente a la resolución de la solicitud de ejecución forzosa de la sentencia deducida por la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) es necesario recordar que en el "cronograma de actuaciones", al que, según nuestro auto de 12 de julio de 2006 , debía sujetarse el modo de ejecución de la sentencia referida en el mismo, la demolición de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Vuelta Ostrera no estaba prevista sino hasta el segundo semestre de 2013, es decir siete años después del inicio de las actuaciones propuestas por la Administración del Estado como necesarias para la ejecución de nuestra sentencia en términos respetuosos con los intereses medioambientales concernidos y, también, con las exigencias de "la Directiva 91/271/CEE de la Unión Europea.
En atención a lo expresado en el precedente fundamento, y dado lo dispuesto en el artículo 104.2 de la Ley de esta Jurisdicción , procede acceder a la ejecución forzosa de la sentencia, si bien no en la forma solicitada por la parte ejecutante, esto es, requiriendo a la Administración demandada "para que en el plazo máximo de un mes proceda a dar inicio a las obras de derribo de la estación depuradora de aguas residuales y a la regeneración de los terrenos y las finalice en el plazo máximo de cuatro meses en los términos ahora pretendidos" , sino en los estrictos términos en que fue acordado el modo de llevar a cabo dicha ejecución en nuestro referido Auto de 12 de julio de 2006 ; y ello por las razones siguientes:
-
- No consta que haya desaparecido el interés público y medioambiental hecho valer por la Administración del Estado en el incidente de ejecución planteado en fecha 5 de abril de 2006, circunstancia ni tan siquiera mencionada por la Administración obligada a la ejecución de la sentencia.
-
- La Asociación ejecutante admitió tácitamente la existencia de tales intereses públicos con ocasión de la sustanciación del incidente de ejecución resuelto por el Auto de 12 de julio de 2006 , sin que en la solicitud de ejecución forzosa efectuada con fecha 7 de junio de 2013 haya tampoco realizado manifestación alguna en el sentido de considerar enervadas las razones de índole medioambiental que le llevaron a consentir la propuesta efectuada entonces por la Administración del Estado.
-
- Es cierto que la Administración demandada no ha cumplido su obligación de ejecutar la sentencia en los términos acordados en el Auto de 12 de julio de 2006 ; pero no lo es menos que en dicho Auto se ofreció a la Asociación, que ahora solicita la ejecución forzosa de la sentencia, la facultad de interesar de la Sala, "la comprobación de que aquellas sucesivas actuaciones se van realizando con arreglo a lo previsto en dicho cronograma" , dándose la circunstancia de que, en siete años, no ha hecho uso de tal facultad.
No cabe, por tanto, pretender ahora la ejecución de la sentencia en forma distinta de la acordada por esta Sala en el Auto de 12 de julio de 2006 , ni la Administración puede oponer a la ejecución de la sentencia, en los términos acordados en dicho Auto, la aplicabilidad de la Disposición Adicional 9ª de la ley 8/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, ya que únicamente resultaría aplicable en el caso de que la ejecución acordada comportase, en el momento presente, la reubicación de la EDAR; lo que no es así en la medida en que, llevando a la práctica el modo de ejecución de la sentencia previsto en el "cronograma de actuaciones" al que remite expresamente nuestro Auto de 12 de julio de 2006 , la demolición de la actual EDAR, decidida en la sentencia, no tendría lugar hasta transcurridos siete años desde el inicio de la ejecución forzosa ahora ordenada; lo que, finalísticamente, no se aparta del resultado buscado por la Disposición Adicional 9ª de la ley 8/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
En consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 103.2 y 3 de la Ley Jurisdiccional , la Administración del Estado queda desde ahora obligada al cumplimiento de la sentencia en la forma y términos consignados; y, reiterando el ofrecimiento que ya se hizo por esta Sala en el Auto de 12 de julio de 2006 , podrá la Asociación ejecutante (ARCA) solicitar de este Tribunal, si llegara a entenderlo necesario, la comprobación de que aquellas sucesivas actuaciones se van realizando con arreglo a lo previsto en el "cronograma de actuaciones" a que anteriormente se ha hecho mención.
Al no apreciarse mala fe ni temeridad en la actuación de las partes, no procede formular expresa condena al pago de las costas procesales causadas, según establece el artículo 139.1 de la Ley de esta Jurisdicción , conforme a la redacción de este precepto aplicable al incidente sustanciado.
En virtud de lo expuesto
Se accede a la ejecución de la Sentencia de esta Sala, de fecha 26 de octubre de 2005, dictada en el recurso contencioso- administrativo número 577 de 2001 , solicitada por la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria en su escrito presentado con fecha 7 de junio de 2013, si bien, en cuanto al modo de llevar a cabo dicha ejecución, ésta deberá ajustarse a los estrictos términos acordados por esta Sala del Tribunal Supremo en su Auto de 12 de julio de 2006 , mientras que la Administración, obligada al cumplimiento de la sentencia, deberá informar puntualmente a este Tribunal del estado de la ejecución, sin formular expresa condena al pago de las costas procesales causadas.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados
-
La modificación del planeamiento urbanístico como vía para convalidar la nulidad del planeamiento Evolución jurisprudencial y supuestos de imposibilidad de ejecución de sentencias
...de ejecución». Con tal pronunciamiento se deja sin efecto el anterior criterio que pudiera haberse mantenido en el ATS de 30 de septiembre de 2013 (RC 577/2001). 2. Por otra parte, la misma STS 1409/2017 sitúa el incidente que nos ocupa como distinto y diferente del incidente de concurrenci......