STS, 12 de Septiembre de 2013

Ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha se tramita la ejecutoria nº 5/2010, dimanante del recurso número 74/2002, interpuesto por doña Rosaura , doña Adelaida , don Faustino y don Ismael contra Auto de fecha 19 de julio de 2012 , dictado por la referida Sección en la Ejecutoria 5/2010, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra otro de fecha 15 de junio de 2012, que declaró ejecutada las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 8 de septiembre de 2009 y de 3 de junio de 2011 .

Notificado este auto a las partes, por los recurrentes se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en Providencia de la Sala de instancia de fecha 10 de septiembre de 2012, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, los recurrentes (doña Rosaura , doña Adelaida , don Faustino y don Ismael ) comparecieron en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formularon en fecha 25 de octubre de 2012, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expusieron los siguientes motivos de casación:

1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del artículo 88 de la Ley Jurisdiccional , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Infracción del artículo 103.4 y 103.5 de la LJCA .

2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del artículo 88 de la Ley Jurisdiccional , por infracción de los artículos 67 y 103.5 de la LJCA .

3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del artículo 88 de la Ley Jurisdiccional , por infracción del artículo 105.1 de la LJCA , suspensión de facto de la ejecución.

Terminando por suplicar dicte sentencia por la que, estimándose los motivos de casación articulados, acuerde:

1. ) La anulación del precitado auto.

2. ) La declaración de nulidad de la DIA como acto contrario a los pronunciamientos de la sentencia de este Tribunal Supremo de fecha 3 de junio de 2011 y dictado con la finalidad de eludir su cumplimiento.

3. ) El cese inmediato de la actividad del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Talavera (Área de Gestión nº 8 de Talavera), así como la paralización de cualquier obra de consolidación, acondicionamiento o ampliación del precitado Centro de Tratamiento de Residuos.

Por Providencia de la Sala, de fecha 16 de noviembre de 2012, se acordó declarar la admisión del recurso de casación interpuesto, ordenándose por Diligencia de 14 de diciembre de 2012, entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (CONSORCIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MEDIOAMBIENTALES DE LA PROVINCIA DE TOLEDO, JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA y DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo, lo que hicieron mediante escritos de fechas 23 de enero y 1 de febrero de 2013 respectivamente, en los que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y suplicaron a la Sala se dicte sentencia desestimatoria, con expresa imposición de costas a la parte recurrente. Por diligencia de 12 de febrero de 2013 se declaró caducado el trámite de oposición concedido a la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO.

Por Providencia se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 10 de septiembre de 2013, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Juan Suay Rincon, Magistrado de la Sala

Se interpone el presente recuso de casación contra sendos Autos dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de 15 de junio de 2012 y de 19 de julio de 2012 .

El Auto de 15 de junio de 2012 establece en su fallo:

"Que debemos declarar y declaramos ejecutadas las Sentencias de nuestro Tribunal Supremo, de fecha 8 de septiembre de 2009 y de 3 de junio de 2011 , según los términos más arriba referidos. Sin costas."

Por su parte, el Auto de 19 de julio de 2012 , que vendrá a confirmar en reposición la resolución anterior, dirá en su parte dispositiva:

"Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de reposición deducido por Don Faustino y otros, contra el Auto de fecha 15 de junio de 2012 , recaído en el incidente de Ejecución nº 5/10, derivado del recurso nº 74/02, que debe ser confirmado en sus términos. Sin costas."

Se fundamenta el presente recurso de casación en tres motivos:

- En primer lugar, y al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional , se invoca la infracción del artículo 103.4 y 5 de la misma Ley . Según se argumenta, en efecto, los autos impugnados tienen por finalidad eludir el cumplimiento de los sentencias recaídas en el curso de este proceso, a las que se hace explícita mención en el primero de tales autos.

- En segundo lugar, y al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley Jurisdiccional , se invoca también la infracción del artículo 103.5 de la misma Ley , por considerar insuficiente la motivación de los autos impugnados en la medida en que éstos no entran a conocer todas las cuestiones controvertidas.

- En tercer y último lugar, se invoca asimismo la infracción del artículo 105.1, ya que la ejecución de las sentencias recaídas en este proceso no admite una demora injustificada que conducen a la postre a su suspensión, si no a la pura y simple inejecución de sus determinaciones.

Han expresado su oposición a la estimación del presente recurso de casación las partes personadas en el mismo por medio de sus respectivos escritos, concretamente, se trata del Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la Provincia de Toledo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

A efectos de clarificar los términos de la controversia que ha dado lugar a la interposición del presente recurso de casación, se hace necesario tener presentes los siguientes hechos:

- Mediante Resolución de 23 de mayo de 2001, el Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha procedió a la aprobación y ejecución del proyecto denominado "Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Talavera de la Reina (Toledo)".

- Interpuesto recurso contencioso-administrativo, por quienes ahora han venido a promover asimismo el presente recurso de casación, la Sala de instancia desestimó dicho recurso ( Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 11 de abril de 2005 ). Si bien, recurrida en casación esta resolución judicial, la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de septiembre de 2009 declaró haber lugar a dicho recurso, revocó la sentencia dictada en instancia y, estimando el recurso contencioso- administrativo, anuló la resolución administrativa que había dado lugar a este último recurso (Resolución de 23 de mayo de 2001).

- Promovido incidente de ejecución de la indicada Sentencia, en el curso de dicho incidente los recurrentes instaron el cierre del centro de tratamiento de residuos. La Sala de instancia desestimó la petición. Pero, interpuesto recurso de casación contra el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 11 de junio de 2010 , el Tribunal Supremo lo estimó ( Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2011 ) y declaró "el cierre del centro de tratamiento de residuos" , si bien -continúa asimismo diciendo- "hasta tanto no se de cumplimiento efectivo a la Sentencia. Es decir, se elabore una evaluación ambiental que contenga estudio de alternativas de emplazamiento y, tomando en cuenta su contenido, se apruebe el correspondiente proyecto".

- A tenor de esta nueva resolución, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha preparó y presentó un plan de cierre, cuya conformidad con las resoluciones judiciales adoptadas fue declarado por el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 12 de diciembre de 2011 .

- Importa destacar que el referido Auto devino firme. Pues bien, en ejecución del mismo, la Administración ha dictado sendas resoluciones de cuyo contenido discrepan ahora los recurrentes y cuya discrepancia ha dado lugar, en definitiva, al presente recurso de casación:

Se trata de la Resolución de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, de 30 de enero de 2012, sobre declaración de impacto ambiental, que subsanó las deficiencias de la emitida en su día.

Y de la posterior Resolución de la Consejería de 9 de marzo de 2012, "de ratificación de la aprobación del proyecto de adquisición de terrenos, redacción del proyecto, ejecución de las obras correspondientes al Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Talavera de la Reina y las estaciones de transferencia de Oropesa y Alcaudete de la Jara (Área de Gestión nº 8 de Talavera)".

A la vista de estas resoluciones administrativas, como ya hemos indicado, el Auto del el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 15 de junio de 2012 declaró:

"Que debemos declarar y declaramos ejecutada las Sentencias de nuestro Tribunal Supremo, de fecha 8 de septiembre de 2009 y de 3 de junio de 2011 (...)."

Sobre la base de estos antecedentes, cabe descender a examinar el contenido en que se fundamentan los autos impugnados con motivo de este recurso. Así, el primero de ellos ( Auto de 15 de junio de 2012 ) hace descansar su parte dispositiva sobre el propio tenor de la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de septiembre de 2009 . Según se argumenta en el mismo:

"si bien dicha Sentencia, declaraba la nulidad del acto administrativo impugnado; y su lógica jurídica "a priori" implicaba el cierre de las instalaciones; lo cierto es que la naturaleza jurídica de la ilegalidad declarada, permitía reiniciar las actuaciones; aprobar un nuevo proyecto con resultado del emplazamiento que finalmente se ha realizado por las Administraciones competentes".

Sigue diciendo el Auto de 15 de junio de 2012 :

"Esta posiblidad legal era agible; y así lo admitió este Tribunal como tal posiblidad; lo que implicaba "de facto" una tensión de intereses jurídicos; difíciles de encauzar y resolver; pero que las resoluciones dictadas redefinen definitivamente, desde la perspectiva de esta ejecutoria. Este Tribunal y Sección, dentro de los parámetros legales que predeterminaban las resoluciones del Tribunal Supremo, lo único que ha hecho es, ateniéndose a estas, equilibrar temporalmente los intereses en conflicto; es decir, el derecho de los recurrentes al cierre del Centro de Tratamiento de Residuos; y el interés público, justificado en la ejecutoria, de que dicho cierre se programase temporalmente; ateniéndonos al resultado de las actuaciones de ese mismo proceso de ejecución; con el resultado que consta en autos. Desde estas premisas, tan ilógico jurídicamente hubiera sido que el cierre se hubiera efectuado automáticamente, sin programación alguna, (plenamente racionalizada), como en este momento, desde las resoluciones dictadas por la Administración Pública, se adoptaron las medidas de suspensión de la ejecutoria, o el cierre del centro; en los términos solicitados por los recurrentes. Desde esta conclusión, la Sala no puede llegar a otra tesis; que dada la naturaleza de las resoluciones dictadas, su posible fiscalización judicial autónoma, se ha de entender que con las actuaciones practicadas la Sentencia dictada por nuestro Tribunal Supremo, queda plenamente ejecutada; siendo innecesario el cierre, que resultaría incompatible con los actos dictados por la Administración Pública competente al efecto; que, por otra parte gozan del principio de legalidad ( Arts. 56 , 57 y 94 y demás aplicables de la L.P.A.C ); y que incluso aparentemente han venido a ser impugnados judicialmente por los recurrentes, sin que exista base objetiva alguna para cuestionarlas de manera ostensible en la presente ejecución. Sin costas ( Art. 139 de la Ley Reguladora )".

En el sentido expuesto, el ulterior Auto de 19 de julio de 2012 no hace sino venir a reforzar el sentido de la argumentación precedente:

"a) Las actuaciones procesales realizadas en el presente incidente (de configuración legal abierto, al no poder prefijar todas sus posibilidades legales) a juicio de la Sala, se han acomodado a la evolución de lo actuado en vía administrativa; y a los límites y alcance de la Sentencia de nuestro Tribunal Supremo, de cuya ejecución se trata. Así, se ha razonado en el Auto que se impugna; cuyos fundamentos, en ningún caso han sido desvirtuados. b) Este Tribunal ya interpretó que el cierre no podía ser inmediato; la decisión del Tribunal Supremo no lo imponía. De hecho, la resolución judicial de la Sala, en tal sentido gano firmeza; y este Tribunal lo único que ha hecho es llevar al control de lo actuado por la Administración Pública en cumplimiento de la ejecutoria; con el resultado que consta en Auto y según se ha fundamento, una vez que se ha reabierto el procedimiento administrativo y subsanados los defectos formales que viciaron el acto originario anulado en su día, al haberse aprobado una declaración de impacto ambiental nueva y rectificado el proyecto constructivo. c) La Sala entiende que dada la naturaleza de los actos administrativos que subsanan las deficiencias, y su propio alcance legal, no se puede proceder a su fiscalización judicial, por ser exorbitante, al marco fiscalizador del presente incidente. Argumentos que nos han de llevar a desestimar el presente recurso".

Huelga señalar, a tenor de lo expuesto, que la clave de la cuestión reside en nuestra Sentencia de 8 de septiembre de 2009 , de cuyo concreto contenido dependerá, como no puede ser de otro modo, que las actuaciones judiciales practicadas ulteriormente -y, en particular, los autos impugnados con motivo del presente recurso de casación- se hayan ajustado a la misma o, por el contrario, se hayan apartado de ella, tal como aducen los recurrentes.

A tal fin, interesa conocer, no sólo la parte dispositiva de la sentencia de la que por otra parte ya hemos dado cumplida cuenta, sino también, y más concretamente, el concreto desarrollo argumental que conduce al fallo anulatorio de la resolución administrativa recurrida en primera instancia. En efecto, sabemos ya que el Tribunal Supremo declaró en dicha sentencia haber lugar a la casación, revocó la sentencia dictada en instancia y, estimando el recurso contencioso-administrativo, procedió a la anulación de la resolución administrativa que había dado lugar a dicho recurso; pero hemos de detenernos en las razones que le llevan a ello. Para así disponer de todas las piezas precisas sobre las que fundamentar ahora nuestro fallo.

En definitiva, hace falta ahora desvelar esa "naturaleza jurídica de la ilegalidad declarada" a la que se refiere el Auto de 15 de junio de 2012 , pero cuyo contenido no dice en lo que consiste. Para determinar si dicho Auto, lo mismo que el ulterior de 19 de julio de 2012 que lo confirma en reposición, se sitúa verdaderamente en línea de ejecución con nuestra Sentencia de 8 de septiembre de 2009 , o bien si por el contrario se desvía de ella.

Pues bien, en su Sentencia de 8 de septiembre de 2009 considera el Tribunal Supremo que la Sala de instancia había incurrido en incongruencia por omisión y que, concretamente, no había dado respuesta a los argumentos esgrimidos en la demanda sobre la inexistencia en la declaración de impacto ambiental (de 30 de noviembre de 2000), de un estudio de las alternativas técnicas y de ubicación, que permitiera considerar cumplido lo establecido en el artículo 2.1 b) del Real Decreto 1302/86 ; y sobre el orden de tramitación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental que ha de ser previa y no posterior a la aprobación del proyecto, tal como dispone el artículo 4 del citado Real Decreto .

Según se expresa, la sentencia de instancia se limitaba a indicar: " resulta en principio presumida la validez del proyecto con relación a la preceptiva declaración de impacto ambiental; que fue aprobada por resolución de 30 de noviembre de 2000, que fue sometido a información pública, siendo la propia declaración la que establece las medidas correctoras al efecto; informe del Servicio de Residuos Sólidos de la Dirección General de Calidad Ambiental" .

Y al respecto, dirá el Tribunal Supremo:

"Como puede comprenderse, esta es una respuesta que no satisface en absoluto el derecho a una sentencia motivada, reconocido en el artículo 120.3 de la Constitución Española y que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva de su artículo 24.

Procede, por ello, declarar haber lugar al recurso de casación, revocar la sentencia impugnada y resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparece planteado el debate ( artículo 95-2-d) de la Ley Jurisdiccional 29/98)".

A partir de ello, lo que corresponde, efectivamente, es estimar el recurso, no por vulnerar la regla de las distancias mínimas tal y como se había aducido asimismo (no puede confundirse un mero grupo de casas con un núcleo de población), "sino porque existen otros motivos que conducen a esa estimación". Concretamente:

" Este Tribunal Supremo en sentencia de 19 de Julio de 2004 (casación 3080/01 ) ha declarado que "es propio de la naturaleza de Estudios de Impacto Ambiental que especifiquen las distintas alternativas de la solución adoptada. Así lo exige el artículo 5.1 y epígrafe 2 del Anexo III de la Directiva 85/337 , el artículo 2.1.b) del RDL. 1302/88 y los artículos 7 , 8 , 9 y 10 de su Reglamento aprobado por RD 1131/88, de 30 de septiembre . Entre las distintas alternativas se encuentran también las referentes al emplazamiento, siendo muy revelador a este respecto el artículo 5.2 de la Directiva 85/3378 , que incluye entre las informaciones que el maestro de obras debe proporcionar la "descripción del proyecto que incluya informaciones relativas a su emplazamiento".

En el presente caso no ha existido en absoluto un estudio de las distintas alternativas técnicas y de emplazamiento, por cuya razón la aprobación del proyecto deber ser anulada" .

Insistiendo en el mismo punto, el Tribunal Supremo se reafirma en su posición sobre la base del expediente administrativo incorporado a los autos:

"Esta Sala ha de resolver el pleito con los datos que se deducen del expediente administrativo (que la propia Administración, en su oficio de envío a la Sala, califica de "completo"), y de él se deduce lo siguiente:

1. - Que no existió contemplación de alternativas respecto del emplazamiento del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos, sino que ante una indicación del Ayuntamiento de Talavera de la Reina favorable a su localización en la zona Este de la población (folio 108 del expediente), la entidad adjudicataria propuso la parcela NUM000 del polígono NUM001 , y a esa parcela, y a ninguna otra localización, se refirió el Estudio de Impacto Ambiental, el cual, por ello mismo, resulta mutilado en una de sus finalidades esenciales, viciando con ello la aprobación del proyecto, por infracción del artículo 2-1-b) y concordantes del Real Decreto 1302/86 .

2. - Que el proyecto de la obra fue aprobado antes de que se llevara a cabo el Estudio de Impacto Ambiental. Así se deduce del folio 223 del expediente administrativo, donde consta que la propia aprobación del proyecto (firmada por el Sr. Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en fecha 23 de Mayo de 2001) afirma tajantemente que dicho Proyecto " esta pendiente del procedimiento administrativo establecido en la Ley 5/99 de Evaluación de Impacto Ambiental ".

Esta secuencia (aprobación del Proyecto antes de la realización del Estudio de Impacto Ambiental) es contraria a lo dispuesto en el artículo 4.1 del Real Decreto 1302/86 , a cuyo tenor "con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización, o, en su caso, autorización de la obra (...) el órgano competente remitirá el expediente al órgano ambiental (...) al objeto de que éste formule una declaración de impacto". Este es, sin duda, el orden que impone la norma, y es el exigido por el propio sentido común, pues habrá de ser el Proyecto el que se acomode a las conclusiones del Estudio Ambiental y no subordinarse éste a un Proyecto que ya ha elegido entre las distintas posibilidades técnicas, de emplazamiento y de establecimiento de medidas correctoras.

El proyecto en cuestión es disconforme a Derecho y debe ser anulado".

A la luz de las consideraciones expuestas hasta ahora, podemos ya entrar a enjuiciar cada uno de los motivos esgrimidos en sustento del recurso de casación, y cabe adelantar a este respecto, dicho enjuiciamiento ha de llevar a la desestimación del dicho recurso:

1. Procede sin embargo invertir el orden de enjuiciamiento de tales motivos, porque, atendiendo a un criterio lógico, resulta razonable referirse en primer término al invocado por el recurso en segundo lugar, en la medida que imputa a los autos recurridos una infracción de carácter meramente formal, consistente a la postre en que dichos autos adolecen de una motivación insuficiente.

   Resulta claro, sin embargo, que tales autos hacen explícitas las razones sobre las que descansan. Ya hemos aludido a ello al reproducir antes, precisamente, la citada argumentación, que determina el sentido de su respectiva parte dispositiva; y que se sitúa además en perfecta coherencia y sintonía con ella. Y sobre ello, en efecto, no hay cuestión. A fin de evitar reiteraciones, así, pues, nos remitimos a lo expuesto en el FD 4º de esta Sentencia.

   En realidad, sin embargo, lo que más bien imputan los recurrentes a los autos impugnados, al invocar la existencia de una motivación defectuosa o insuficiente, es que aquéllos no han procedido a dar respuesta a todas las cuestiones invocadas y, en concreto, lo que echan en falta es una verificación completa y exhaustiva de la conformidad a Derecho de la declaración de impacto ambiental formulada ahora por la Administración, en ejecución de sentencia.

   Ahora bien, procede señalar que, en su caso, el examen completo de la legalidad de esta resolución debe ser objeto de un recurso autónomo cuya sustanciación es la que permitirá controvertir todos sus aspectos y alcanzar las conclusiones que procedan a través de un juicio plenario y sin cortapisas.

   Hasta tal punto resulta indiscutible que es así que hasta los propios recurrentes han adoptado la iniciativa en el sentido señalado y han venido a promover el indicado recurso contencioso-administrativo autónomo contra la mencionada declaración de impacto ambiental, al margen de este incidente de ejecución.

   Como tampoco cabe duda de que si, llegado el caso, dicha declaración tuviera alguna tacha de legalidad, el correspondiente pronunciamiento jurisdiccional podría dejar sentir sus consecuencias también sobre la autorización para la ejecución de la obra.

   Ahora bien, dicho todo esto, en sede de ejecución, y en relación con la declaración de impacto ambiental como presupuesto legitimador de la realización de dicha obra, lo que cumple constatar es que dicha declaración ha venido efectivamente a producirse y que observa en principio los requisitos exigibles y, particularmente, aquél del que carecía la declaración originaria emitida con anterioridad (30 de noviembre de 2000), esto es, que la declaración incluye ahora el preceptivo estudio de las alternativas existentes a la ejecución de la obra.

   En realidad, así lo llegan a admitir incluso los propios recurrentes en algún pasaje de su recurso ("no se trata de hacer un profundo examen de esta fraudulenta nueva DIA, como si se tratara de un nuevo acto administrativo completamente independiente y no relacionado con esta ejecución, y que en consecuencia fuera objeto de recurso de otro proceso diferente" ), aunque cierto es también que después -en las páginas que siguen- se desdicen de ello y reclaman un enjuiciamiento más intenso de la declaración, en una actitud no exenta de una cierta falta de coherencia.

   Pero, al margen de ello, es obvio que pretender llegar más lejos en esta sede no procede en el ámbito concreto de este incidente y que a tal efecto se requiere la sustanciación de un proceso dirigido directamente contra la declaración de impacto ambiental (Resolución de 30 de enero de 2012), no sólo es ello técnicamente posible, sino que además los recurrentes así lo han hecho, con las consecuencias que a su vez pudieran dimanar del citado proceso.

   Como también, dicho sea de paso, si se considera contraria la ejecución de la obra a la actual planificación de los residuos, como en algún momento llega también a indicarse en el recurso de casación, y ello está en grado de constituir también una vulneración del ordenamiento jurídico, lo que procede es impugnar la resolución correspondiente (Resolución de 9 de marzo de 2012); pero tampoco cabía suscitar esta cuestión en esta sede, que tiene esencialmente por objeto propio y específico verificar que las actuaciones judiciales practicadas en ejecución de sentencia se adecuan a la sentencia o a las sentencias recaídas en el curso del proceso correspondiente.

2. En relación con la finalidad supuestamente pretendida por los autos impugnados, que a juicio de los promotores del presente recurso de casación no es otra, según afirman, que la de eludir el cumplimiento de las sentencias recaídas en este proceso, es claro también, de acuerdo con lo ya expuesto, que tales autos no miran a desviarse de tales sentencias, sino, antes bien, a asegurar su cumplimiento.

   Importa observar en este punto que, como ya ha habido ocasión de advertir, nuestra Sentencia de 8 de septiembre de 2009 estimó el recurso de casación promovido contra la sentencia de instancia y, en lugar de confirmar la resolución administrativa que había sido recurrida en dicha instancia, procedió a su anulación.

   Pero también ha de destacarse ahora que lo hizo por razones estrictamente formales: esto es, la autorización para la ejecución de la obra se anula en efecto; pero la anulación se produce, por un lado, porque se considera incompleta la declaración de impacto ambiental formulada, en la medida en que ésta no dispone un examen de las alternativas técnicas y de ubicación viables a la realización de la obra; y, por otro lado, porque dicha declaración se produce con posterioridad a la autorización de la obra, y no con anterioridad, en contra de lo asimismo preceptuado.

   Así las cosas, cabía poner remedio a las deficiencias observadas, y no cabe lugar a la controversia a este respecto. Porque así lo reconoce nuestra Sentencia de 3 de junio de 2011 , en la medida en que, de acuerdo con sus términos literales, a fin de proceder al "cumplimiento efectivo" de la Sentencia de 8 de septiembre de 2009 , concreta que lo que procede es elaborar una evaluación ambiental que contenga estudio de alternativas de emplazamiento; y después, tomando en cuenta su contenido, proceder a la aprobación del correspondiente proyecto de ejecución de la obra ( "es decir, se elabore una evaluación ambiental que contenga estudio de alternativas de emplazamiento y, tomando en cuenta su contenido, se apruebe el correspondiente proyecto" ).

   Justamente, la Administración se embarca así a la tarea señalada; y, tras la tramitación de las correspondientes actuaciones, viene a dictar sendas resoluciones: con la primera en el tiempo procede a emitir la preceptiva declaración de impacto ambiental (Resolución de 30 de enero de 2012); y con la segunda, y a partir de aquélla, a la ratificación de la autorización para la realización de la obra (Resolución de 9 de marzo de 2012).

   No inspira un ánimo defraudatorio a los autos impugnados por consiguiente, lejos está de ser así; sino que, al contrario, en términos objetivos, lo que pretenden verdaderamente es dar cumplimiento a lo dispuesto por nuestras sentencias, de acuerdo con sus propios términos.

3. Ya por último, tampoco cabe atender el argumento aducido en el recurso de casación en relación con la supuesta demora injustificada en el cumplimiento de las sentencias recaídas en el curso de este proceso, lo que a juicio de los recurrentes lleva una situación equivalente, pura y simplemente, a la suspensión o a la inejecución de tales sentencias.

   Como ya se ha indicado en el apartado B) anterior a éste, mediante las resoluciones administrativas dictadas se ha procedido a dar cumplimiento a nuestras sentencias, de acuerdo con los términos dispuestos por ellas. No hace falta por tanto insistir ahora en ello.

   Procede sin embargo detenerse en un aspecto de esta cuestión que acaso ha estado en la base de toda la controversia. Ha podido inducir cierta confusión, en efecto, el alcance del cierre del establecimiento concernido (esto es, el Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Talavera de la Reina) al que indefectiblemente conducía la anulación de la resolución administrativa, acordada en nuestra Sentencia de 8 de septiembre de 2009 .

   Resulta inobjetable que esta resolución no autorizaba el inicio de un procedimiento encaminado a la legalización de la obra - como así se cuidó de precisar después nuestra ulterior Sentencia de 3 de junio de 2011 , revocando incluso el Auto recaído en instancia (de 11 de noviembre de 2010) en ejecución de la Sentencia de 8 de septiembre de 2009 - y que por tanto procedía la adopción de la medida indicada, esto es, el cierre del establecimiento antes mencionado.

   - Ahora bien, que la primera de nuestras sentencias obligaba al cierre, en primer lugar, no quería decir que dicho cierre hubiese de ser instantáneo o prácticamente automático.

   Va de suyo que ya por sí misma la índole de la actividad desarrollada en dicho establecimiento impedía que ello fuera así, sin ocasionar daños de extrema gravedad.

   Pero no es sólo que fuera de suyo, sino que además, a fin de cumplir dicha sentencia, la Administración propuso y trasladó a sede judicial una programación temporal del cierre del establecimiento, que fue aprobado en dicha sede ( Auto de 12 de diciembre de 2011 ) y al que los recurrentes no se opusieron, por lo que dicho plan devino firme e inatacable.

   Así, pues, en conclusión, el cierre no tenía que ser inmediato.

   - Pero es que, además, por otra parte, dicho cierre podía asimismo llegar a ser solamente temporal, porque podía levantarse si la Administración formulaba una nueva declaración de impacto ambiental que cumpliera todos los requisitos y procedía después, asimismo, la ejecución de la obra.

   Así lo vino a precisar literalmente la segunda de nuestras sentencias indicadas, de acuerdo con la cual procedía "el cierre del centro de tratamiento de residuos hasta tanto no se de cumplimiento efectivo a la Sentencia. Es decir, se elabore una evaluación ambiental que contenga estudio de alternativas de emplazamiento y, tomando en cuenta su contenido, se apruebe el correspondiente proyecto".

   Esto es, el cierre dispuesto como consecuencia de nuestras sentencias podía ser definitivo, pero también solamente temporal, en tanto se procediera a cumplir las exigencias requeridas para el cumplimiento efectivo de aquéllas.

   Entre los lapsos de tiempo señalados, así, pues, podía haber habido lugar al cierre del establecimiento; pero incluso, en dicho supuesto, si dicho cierre se hubiese producido, habría procedido su levantamiento, si la Administración acredita el cumplimiento de los trámites requeridos por dicho sentencia, porque dicho cierre no tenía que por qué ser definitivo, de acuerdo con los términos de la propia sentencia cuya ejecución es objeto de controversia con motivo de este recurso.

   - Pues bien, siendo todo ello del modo expuesto, también podría suceder que tales trámites se cumplieran antes de terminar la programación temporal dispuesta por el Auto de 12 de diciembre de 2011 y a la que el cierre estaba sujeto.

   Que es lo que efectivamente sucedió.

   Precisamente, éste es el sentido de las resoluciones administrativas refrendadas por los autos ahora impugnados, a las que supuestamente se les imputa el propósito último de incumplir la sentencia. Lejos está de ser así, como ya se ha resaltado y a estas alturas no ofrece duda, los autos impugnados, al declarar ejecutadas las sentencias recaídas en el curso de este proceso en sus propios términos, se sitúan en sintonía y en línea de continuidad respecto a las indicadas sentencias.

   Acaso, como se indicó, en la mezcla y el uso indistinto de conceptos próximos pero diferenciados (cierre, cierre inmediato y cierre temporal) ha podido anidar cierta confusión.

   Ninguna duda habría sobre la efectividad del cierre en un escenario que también podría haberse producido (esto es, que la programación del cierre hubiera transcurrido sin que la Administración hubiese observado los trámites a que venía emplazada por las sentencias). Pero, aun no siendo así, aquél no quedaría privado de virtualidad, primero porque el cierre se hubiese producido inevitablemente si se hubiese completado la programación temporal prevista; y, segundo, porque, cuando las sentencias determinan asimismo su procedencia, lo que de este modo aseguran en todo caso es que dicho cierre pudiera haber llegado a evitarse o dilatarse a resultas del inicio de un procedimiento encaminado a la legalización de la obra que era, justamente, lo pretendido por la Administración inicialmente y que contó asimismo con el correspondiente respaldo judicial en instancia ( Auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 11 de junio de 2010 , que refrenda en este sentido la anterior Providencia de 19 de mayo de 2010).

Por lo expuesto, procede desestimar el recurso de casación e imponer las costas a la parte recurrente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la LRJCA , si bien, como permite el apartado 3 del mismo precepto, dada la índole del asunto y la actividad desplegada por las partes recurridas, procede limitar la cuantía de la condena en costas, en cuanto a los honorarios de los Letrados, a la cantidad de 1.500 euros (CONSORCIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MEDIOAMBIENTALES DE LA PROVINCIA DE TOLEDO, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA y JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA), y de 500 euros (EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO).

Por todo ello, en nombre de SM el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.