ATSJ Galicia , 31 de Julio de 2013
| Ponente | FERNANDO DIEGO FERNANDEZ OLMEDO |
| ECLI | ES:TSJGAL:2013:5A |
| Número de Recurso | 2209/2013 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 31 de Julio de 2013 |
| Emisor | Sala de lo Social |
T.S.X.GALICIA SALA DO SOCIALA CORUÑA
PLAZA DE GALICIA
Tfno: 981184 845/959/939
Fax:881881133 /981184853
NIG: 15030 44 4 2012 0002074
N31950
TIPO Y Nº DE RECURSO: RECURSO QUEJA 0002209 /2013
JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000409 /2012 JDO. DE LO SOCIAL nº 001 de A CORUÑA
Recurrente/s: Delfina
Abogado/a: FERNANDO JOSE MENDEZ SANJURJO
Procurador/a:
Recurrido/s: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA
Abogado/a:
Procurador/a:
En A CORUÑA, a treinta y uno de Julio de dos mil trece.
Vistas las presentes actuaciones por los/las Magistrados/as:
ILMO. SR.PRESIDENTE: ANTONIO OUTEIRIÑO FUENTE
ILMOS/AS SRES/AS MAGISTRADOS/AS:
ANTONIO GARCIA AMOR
JOSE MANUEL MARIÑO COTELO
MANUEL DOMÍNGUEZ LÓPEZ
JUAN LUIS MARTINEZ LOPEZ
EMILIO FERNANDEZ DE MATA
PILAR YEBRA PIMENTEL VILAR
MARIA ANTONIA REY EIBE
JOSE ELIAS LOPEZ PAZ
FERNANDO LOUSADA AROCHENA
BEATRIZ RAMA INSUA MANUEL CARLOS GARCIA CARBALLO
ISABEL OLMOS PARÉS
LUIS F. DE CASTRO MEJUTO
JORGE HAY ALBA
RAQUEL NAVEIRO SANTOS
FERNANDO FERNANDEZ OLMEDO
RICARDO RON LATAS
que componen T.S.X.GALICIA SALA DO SOCIAL, en nombre de S.M. el Rey, dictan el siguiente
AUTO
En el siguiente RECURSO QUEJA 0002209 /2013,formalizado por Delfina, actúa como Magistrado Ponente el Ilmo Sr. FERNANDO FERNANDEZ OLMEDO, quien expresa el criterio de la Sala, deduciéndose de las actuaciones los siguientes
El 21 de enero de 2013 el Juzgado de lo Social nº 1 de A Coruña dictó sentencia en el procedimiento nº 409/2012, seguido por demanda de DÑA. Delfina frente a la empresa IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A..
Tras presentar la demandante escrito anunciando la interposición de recurso de suplicación frente a la sentencia citada, el Juzgado requirió a la parte para que acreditase el abono de la oportuna tasa o estar exenta del mismo. Formuladas alegaciones por la parte, el Juzgado, al no subsanarse la falta de cumplimiento del requisito anunciado, resolvió, en Auto de 10 de mayo de 2013, poner fin a la tramitación del recurso de suplicación interpuesto por la actora contra la sentencia ya citada.
En fecha 31 de mayo de 2013 la actora presentó ante la Sala recurso de queja frente al Auto del Juzgado de 10 de mayo de 2013, solicitando que se deje sin efecto y se admita a trámite el recurso de suplicación anunciado .
Interpone por la parte recurso de queja alegando que está exenta del abono de la tasa establecida en la Ley 10/2012, a tenor de lo dispuesto en el art. 4.2 a ) de la misma, en relación con el art. 2
-
de la Ley 1/1996 de 10 de enero . Sostiene que existe un reconocimiento legal expreso de justicia gratuita que supone una exención total de la misma, y no una mera reducción, e incluye la totalidad de acciones, demandas y recursos, cualquiera que sea la materia.
Debe señalarse que el anuncio de recurso de suplicación es anterior a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, que modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, publicado en el BOE de 28 de febrero de 2013.
La Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse recientemente, en Auto de fecha 18 de julio de 2013, dictado en Pleno, en asunto similar al que aquí se enjuicia, y lo ha hecho en el sentido de rechazar la argumentación de la parte recurrente, estimando que debe abonarse la tasa fijada por la Ley. Y la presente resolución, dictada también en Pleno, mantiene el mismo criterio y argumentación que aquella.
Como señalamos en el Auto citado, " SEGUNDO.- La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que deroga el art. 35 de la anterior Ley 53/2001, en su Preámbulo, reconoce que la Ley amplía su aplicación al orden social, pero sólo en lo que a los recursos de suplicación y casación se refiere y de una manera proporcionada a los intereses que se tutelan en el mismo, en atención a los derechos e intereses en juego en este orden jurisdiccional, lo que también lleva a prever una tasa de menor cuantía cuando el demandante que presente aquellos recursos sea el trabajador tanto por cuenta ajena como autónomo, concluyendo que por sus características especiales de acceso a la justicia tan sólo se excepciona del ámbito de la tasa el orden penal.
En este sentido, la S.T.C. 20/2012 de 16 de febrero, resolviendo sobre las tasas en el orden civil, indica que las tasas que gravaban la actividad judicial fueron suprimidas por la Ley 25/1986, de 24 de diciembre, Ley que recordaba en su preámbulo que la Constitución dispone que "la justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley" ( art. 119 CE ) y que la libertad y la igualdad sólo serán reales y efectivas si todos los ciudadanos pueden obtener justicia "cualquiera que sea su situación económica o su posición social". Luego añadía que "la ordenación actual de las tasas judiciales, sobre ser incompatible con algunos principios tributarios vigentes, es causante de notables distorsiones en el funcionamiento de la Administración de Justicia", relacionadas con el hecho de que eran los Secretarios judiciales quienes debían encargarse de la gestión del tributo. Las tasas judiciales se volvieron a implantar con la Ley 53/2001 la cual no ofrece en su Preámbulo una explicación para su imposición, si bien en su artículo 35 limita las mismas al ejercicio en los órdenes civiles y contencioso administrativo, excluyendo a las personas físicas como sujeto pasivo de tales tasas, datos en los que incide la STC nº 20/2012 de 16 de febrero al declarar la constitucionalidad de la misma y así en el fundamento jurídico cuarto indica como un rasgo decisivo para la resolución de la cuestión de inconstitucionalidad planteada, que sólo son gravados por la tasa dos de los cinco órdenes jurisdiccionales en que se articula hoy el poder judicial en España: el civil y el contencioso-administrativo. Los órdenes penal, social y militar siguen ejerciendo la potestad jurisdiccional gratuitamente, sin que el precepto legal cuestionado guarde ninguna relación con ellos. Este dato es relevante, teniendo en cuenta las especiales características que protegen el acceso a la justicia en materia penal ( SSTC 148/1987, de 28 de septiembre, FJ 2 ; 31/1996, de 27 de febrero, FJ 10 ; y 94/2010, de 15 de noviembre, FJ), militar ( STC 115/2001, de 10 de mayo, FJ 5 ) y social ( SSTC 3/1983, de 25 de enero, FJ 3 ; 118/1987, de 8 de julio, FJ 3 ; y 48/1995, de 14 de febrero, FJ 3).
Esta perspectiva cambia con la Ley 10/2012 puesto que también se concibe al trabajador como sujeto pasivo de la tasa judicial, el nuevo régimen efectúa una ampliación sustancial no solo en los hechos imponibles sino también en los sujetos pasivos al alcanzar a personas jurídicas y físicas, si bien se prevé, al mismo tiempo, la exención subjetiva de aquellos a quienes se reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita, al igual que se prevé para el deudor que solicita su concurso, el Ministerio Fiscal, las Administraciones Públicas y las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
No alberga dudas que constituye hecho imponible la interposición de recursos de suplicación y de casación en el orden social (art. 2.f), lo que se discute y es el nudo de la cuestión, es si el trabajador ha de considerarse sujeto pasivo o no de tal tasa, puesto que por un lado el art. 4.2.a) dispone que están, en todo caso, exentos de esta tasa: "Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora ", para añadir en el apartado 3 de este mismo precepto que " En el orden social, los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, tendrán una exención del 60 por ciento en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de suplicación y casación ".
Por tanto, será necesario averiguar si Ley de Asistencia Jurídica Gratuita deber ser de aplicación preferente o, en su caso, armónica, con la regulación expresada en la Ley 10/2012, es decir, si el beneficio de justicia gratuita que se le reconoce a los trabajadores no comprende todas las manifestaciones del contenido material del derecho al beneficio de justicia gratuita del artículo 6 sino que se limita exclusivamente a las que se mencionadas en la vigente ley procesal laboral que vienen a ser un reflejo del derogado art. 25 LPL, entre las que se encontrarían la solicitud de designación de abogado por el turno de oficio por los trabajadores y los beneficiarios de Seguridad Social, que por disposición legal ostentan todos el derecho a la asistencia jurídica gratuita ( art. 21.4 L.J .S.) así como la exención de depósitos y consignaciones para recurrir ( art. 229 y 230 L.J .S.), máxime si tenemos en cuenta que a pesar de la modificación operada en el art. 6.5 de la LAJG por RD 3/2013 (introduce la exención de pago de tasas junto con la de los depósitos) el legislador no ha procedido a modificar el art. 229 LRJS en donde se sigue contemplando exclusivamente la exención de efectuar el depósito pero no el abono de la tasa.
La Sala estima que el art. 2 d) de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita es claro en el sentido de no reconocer a los trabajadores todas las manifestaciones del beneficio de justicia gratuita contenidas en el art. 6 porque señala expresamente, "En el orden jurisdiccional social, además, los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones...
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