STSJ Andalucía 1344/2012, 14 de Mayo de 2012
| Ponente | JOSE BAENA DE TENA |
| ECLI | ES:TSJAND:2012:16758 |
| Número de Recurso | 1688/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Número de Resolución | 1344/2012 |
| Fecha de Resolución | 14 de Mayo de 2012 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA Nº 1344/2012
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE MÁLAGA
RECURSO Nº 1688/2006
ILUSTRÍSIMOS SEÑORES
PRESIDENTE:
D. MANUEL LOPEZ AGULLO
MAGISTRADOS:
D. FERNANDO DE LA TORRE DEZA
Dª ROSARIO CARDENAL GÓMEZ
Dª TERESA GÓMEZ PASTOR
D. EDUARDO HINOJOSA MARTÍNEZ
D. SANTIAGO CRUZ GOMEZ
D. JOSE BAENA DE TENA
En la ciudad de Málaga, a catorce de mayo de dos mil doce.-Visto por el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el recurso contencioso-administrativo número 1688/06, en el que son parte, de una como recurrente, la entidad ARMILAR PROCAM, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales D. Eusebio Villegar Peña y asistida por el Letrado D. Lluís Casés Pallarés; y por la parte demandada, la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, representada por la Letrada Dª. Ana Parody Villas.
Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. JOSE BAENA DE TENA.
Por la referida representación se presentó escrito interponiendo recurso contenciosoadministrativo contra el Decreto 142/06, de 18 de julio, de la Consejería demandada por el que se aprobó el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga.
Teniendo por interpuesto el recurso, se acordó su tramitación conforme a las normas establecidas para el procedimiento en primera o única instancia en el Capítulo I del Título IV de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, habiéndose presentado en tiempo y forma la demanda y su contestación, y sin haberse acordado el recibimiento del pleito a prueba, la celebración de vista ni la formulación de conclusiones escritas, quedaron conclusos los autos para sentencia y pendientes de señalamiento para votación y fallo, que ha tenido lugar en el día fijado al efecto. Su cuantía es indeterminada. VISTOS los preceptos legales citados por las partes, concordantes y de general aplicación.
La demandante es propietaria de tres fincas, identificadas en el planeamiento urbanístico municipal como las POP.1-2, POP-2 y CJ-1.6.1, sitas en el Sector de Nueva Entrerríos en el término municipal de Mijas, y que el POTCSO las incluye en una Zona de Interés Territorial. Como antecedentes que, se estima, se deben tener en cuenta para la resolución del presente recurso, se debe anticipar la existencia de un primer convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Mijas que, de llegar a cumplirse, permitiría la construcción sobre las expresadas fincas de 190 viviendas unifamiliares, una residencia asistida, equivalente a un hotel de cinco estrellas, y con capacidad de 300 módulos, lo que supondría reclasificar dichos terrenos, de no urbanizable agrícola de regadío a suelo urbanizable programado, reclasificación que, sin embargo, quedó en suspenso en el Plan de Ordenación Urbana de Mijas del año 1999, la cual se aprobó provisionalmente por el Ayuntamiento de Mijas el 27 de abril de 2001 y, consecuentemente, la también aprobación provisional de la Actuación Urbanística de la Finca Nueva Entrerríos y la aprobación provisional del Plan Parcial de Ordenación de Planeamiento de la misma finca el 15 de junio de ese último año.
El 30 de marzo de 2001 se aprobó otro convenio urbanístico entre la entidad Entrerríos, S.L., y el Ayuntamiento de Mijas, el cual posibilitaría la construcción de un campo de golf, si bien para ello sería preciso, y a lo que se obligaba el Ayuntamiento a la modificación del PGOU de 1987 en cuanto al suelo no urbanizable y a la modificación de elementos del PGOU en la Zona Entrerríos. El 5 de agosto se aprobó inicialmente la revisión del PGOU de Mijas.
La parte motiva su impugnación en la vulneración de la autonomía municipal al incumplir el art. 46.1.e) de la Ley 7/02, de Ordenación Urbanística de Andalucía, pues al tratarse de suelo no urbanizable, debe ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de previsiones y determinaciones que impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que establezcan criterios de ordenación de usos, de protección o mejora del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, y de utilización racional de los recursos naturales en general, incompatibles con cualquier clasificación distinta a la de suelo no urbanizable. En definitiva, por la Consejería se habrían invadido competencias y atribuciones municipales.
A esta cuestión y, en definitiva, a las competencias autonómicas, ya ha dado respuesta esta Sala. Así, ante todo, no se está ante una vulneración del principio de jerarquía normativa consagrado en el art. 9 de la Constitución, pues con aquél se habría modificado sustancialmente el régimen previsto en el art. 52 de la Ley 7/02, de Ordenación Territorial de Andalucía, para el Suelo No Urbanizable, incumpliéndose, también, la reserva reglamentaria prevista en dicho precepto, en cuanto a la ordenación de los diferentes actos de realización de segregaciones, obras, construcciones, edificaciones e instalaciones, por medio de los arts. 46, 47, 48, 56 y 64.6 del Decreto, que se refieren, respectivamente, a puertos náuticos y deportivos, al hábitat rural diseminado, directrices de ordenación para los mismos, determinaciones para la ordenación de los suelos de protección ambiental y a zonas a proteger por su interés territorial.
Se ha entendido tradicionalmente en relación con los instrumentos de planificación urbanística, cuya naturaleza normativa no se cuestiona respecto de los de alcance general, es decir, los Planes Generales de Ordenación o las Normas Complementarias o Subsidiarias de Planeamiento ( Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 1997 -recurso de apelación 11943/1991 - y de 20 de mayo y de 22 de junio de 1999 - recursos de casación 3150/1993 y 3982/1993 -), o respecto de los de desarrollo, como, por ejemplo, con los Estudios de Detalle ( Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 1996 - apelación 1035/1992 - y de 16 de octubre de 2002 -casación 10875/1998 ). También se atribuye esta naturaleza a los proyectos de urbanización ( Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 1995; apelación 1964/1991 ).
En cuanto a la planificación territorial, aunque la jurisprudencia no ha sido demasiado explícita al resaltar su naturaleza normativa (alguna declaración puede encontrarse al respecto en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 20 de julio de 2006 -recurso 1264/2001 -, o en la del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2005 -casación 4751/2002 -), ésta se extrae sin esfuerzo de su superioridad jerárquica que legalmente se proclama desde hace tiempo respecto de los planes directores territoriales de coordinación, y a cuyas determinaciones, cuando existían, debían someterse los Planes Generales de Ordenación Urbana ( artículos 10.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de abril, y 69.2 y 70.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio).
Por lo mismo, la vinculatoriedad de los actuales planes de ordenación del territorio sobre los planes urbanísticos sólo puede significar que aquellos participan también de la naturaleza normativa de éstos. En consecuencia, el tratamiento de las materias relacionadas no supone el desconocimiento de las previsiones
de desarrollo reglamentario que sobre este punto se contienen en el artículo 52.7 de la Ley 7/2002 .
Por otra parte, también se habría vulnerado el principio de la autonomía municipal al clasificar el suelo. En cualquier caso y sobre el extremo a que se refiere este fundamento no está de más reparar en que entre los objetivos de la ordenación del territorio, como competencia autonómica y materia propia de instrumentos como el que ahora se trata, se incluye de manera principal "..la distribución geográfica de las actividades y de los usos del suelo, armonizada con el desarrollo socioeconómico, las potencialidades existentes en el territorio y la protección de la naturaleza y del patrimonio histórico y cultural.." [ artículo 2.2.b) de la Ley 1/1994 ].
La ordenación del territorio debe suponer así el establecimiento de determinaciones relacionadas con la protección de la naturaleza y del paisaje, extremo al que, además, por si ello no bastara, se refiere la propia Ley 7/2002 en su artículo 46.1.e ), según el cual "..pertenecen al suelo no urbanizable los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística adscriba a esta clase de suelo por ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de previsiones y determinaciones que impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que establezcan criterios de ordenación de usos, de protección o mejora del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, y de utilización racional de los recursos naturales, en general, e incompatibles con cualquier clasificación distinta de la de suelo no urbanizable..".
Las previsiones autonómicas encontraban su acogida en el artículo 9 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, que atribuía la condición no urbanizable a aquellos suelos que debían incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial.
Más adelante, la inclusión de esta materia ambiental en el posible marco de actuación de la ordenación del territorio ha quedado recogida en el concepto de...
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