STSJ Comunidad Valenciana 648/2013, 24 de Mayo de 2013
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 648/2013 |
| Fecha | 24 Mayo 2013 |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
Procedimiento Ordinario 1339/10
ILMO. SR. PRESIDENTE:
D. Luis Manglano Sada.
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
D. Rafael Pérez Nieto
Dª. Mª Belén Castelló Checa.
SENTENCIA Nº. 648/13
Valencia, veinticuatro de mayo de dos mil trece.
Vistos por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, los autos del presente recurso contencioso administrativo número 1339/10, interpuesto por D. Gines, representado por el Procurador Sr. Verdet Climent y dirigido por el Letrado Sr. Benavent Roig, contra el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana, representado y dirigido por el Abogado del Estado.
Siendo Ponente la Ilma. Sra. Doña Mª Belén Castelló Checa quien expresa el parecer de la Sala.
En fecha 13 de julio de 2010, por la representación procesal de la actora se interpuso en tiempo y forma recurso contencioso administrativo contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana de fecha 30 de marzo de 2010 por la que se desestima la reclamación económico-administrativa NUM000 y acumulada NUM001 interpuestas respectivamente contra el acuerdo de liquidación de fecha 12 de noviembre de 2008, por el concepto IRPF, periodo 2003, por importe de
11.632,31 euros, y contra el acuerdo de imposición de sanción de fecha 19 de enero de 2009 por la comisión de la infracción tributaria grave del artículo 191 de la LGT 58/2003 consistente en dejar de ingresar dentro de plazo de la deuda tributaria, por importe de 3.498,12 euros.
Una vez admitido a trámite el recurso y reclamado el expediente administrativo, se dio traslado a la parte recurrente para que formalizara la demanda, lo que hizo en fecha 28 de octubre de 2011, donde tras exponer los hechos y fundamentos que estimó pertinentes terminó suplicando que "dicte en su día, sentencia por la que, de conformidad con las alegaciones de esta parte:
-
-Se anule y deje sin efecto:
-El acuerdo de liquidación así como el acta en disconformidad número NUM002 .
-El expediente sancionador dictado mediante acuerdo con número NUM003 . 2º.- Y todo ello con imposición de costas a la contraparte en caso de oposición a las pretensiones deducidas por mi principal, en virtud de lo preceptuado en el art. 139 de las Ley Procedimental ."
Se dio traslado al Abogado del Estado para que contestara en el plazo de veinte días, lo que realizó mediante el pertinente escrito presentado en fecha 3 de enero de 2012, alegando los hechos y fundamentos jurídicos que estimó pertinentes y suplicando que se dicte sentencia por la que se declare la conformidad a Derecho de la resolución impugnada de adverso, absolviendo a la Administración del presente recurso.
Mediante decreto de fecha 18 de enero de 2012 la cuantía del recurso se fijó en 15.130,43 euros.
No habiéndose solicitado por las partes el recibimiento del procedimiento a prueba, ni habiéndose presentado conclusiones, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo del recurso el día 21 de mayo de 2013, fecha en la que tuvo lugar la deliberación y votación.
Constituye el objeto del presente recurso la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana de fecha 30 de marzo de 2010 por la que se desestima la reclamación económico-administrativa NUM000 y acumulada NUM001 interpuestas respectivamente contra el acuerdo de liquidación de fecha 12 de noviembre de 2008, por el concepto IRPF, periodo 2003, por importe de 11.632,31 euros, y contra el acuerdo de imposición de sanción de fecha 19 de enero de 2009 por la comisión de la infracción tributaria grave del artículo 191 de la LGT 58/2003 consistente en dejar de ingresar dentro de plazo todo a parte de la deuda tributaria, por importe de 3.498,12 euros.
La parte actora articula su pretensión estimatoria de la demanda alegando en síntesis;
-Prescripción del derecho de la Administración a la comprobación por el transcurso de los cuatro años que refiere el artículo 66 de la LGT, pues la liquidación versa sobre el concepto IRPF 2003, por lo que el periodo de comprobación finalizaba el 30 de junio de 2008, siendo que el actor recibió notificación sobre el inicio de las actuaciones inspectoras de carácter parcial en fecha 16 de junio de 2008, sobre rendimientos de capital mobiliario, y sin haberse extendido acta previa, mediante diligencia de constancia de hechos de fecha 15 de septiembre de 2008 se le comunicó la modificación del carácter parcial de las actuaciones al extenderse a las ganancias patrimoniales. No resulta de aplicación al presente caso la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 2008 citada por el TEAR porque lo que se discutía era si las actas eran previas o definitivas y si en su caso interrumpían la prescripción.
-Adecuada justificación de los fondos destinados a la suscripción de acciones de la entidad INMUEBLES LA COPE SA, por importe de 31.071,70 euros. El TEAR y la Inspección se limitan a afirmar que se ha producido una suscripción de valores en la entidad INMUEBLES LA COPE con dinero efectivo, deduciendo que dicha aportación proviene de dinero no declarado, deducción que no se basa en prueba alguna, y que lo que hace es invertir la carga de la prueba, con el fin de que sea esta parte quien demuestre el origen del dinero.
- Falta de motivación del cálculo de intereses.No se indica en ningún momento del procedimiento la formulación básica para la obtención de las cantidades finales, no cumpliendo con lo que establece la ley en cuanto a la motivación del cálculo de los intereses, lo que genera indefensión al actor y provoca la nulidad de la liquidación.
- Falta de motivación del acuerdo sancionador en cuanto a la culpabilidad.
El Abogado del Estado argumenta su pretensión desestimatoria de la demanda alegando en síntesis;
-De conformidad con lo dispuesto en los artículos 66 y 67 de la LGT 58/2003, y la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 25 de febrero de 2008 y 6 de noviembre de 2008, la comunicación de inicio de comprobación e investigación con alcance parcial interrumpe la prescripción del derecho de la Administración a liquidar todo el tributo, no sólo los elementos incluidos en la comunicación inicial, por lo que habiéndose comunicado el inicio de las actuaciones de comprobación e investigación parcial el 16 de junio de 2008 referida al IRPF ejercicio 2003, ésta interrumpió la prescripción del derecho de la Administración a liquidar todo el tributo.
-La Administración prueba que se produjo una suscripción de valores de la entidad INMUEBLES LA COPE realizada con dinero en efectivo que no procedía de una retirada previa de ese efectivo de las cuentas bancarias, por lo que se demuestra que el contribuyente realizó aplicaciones de recurso monetarios de los que debía haber justificado su procedencia a la Inspección y no lo hizo. La Administración ha cumplido con la carga probatoria que le corresponde.
-No puede confundirse la interpretación razonable de la norma con el desprecio que a la misma entraña su desconocimiento culpable. Ha de tenerse en cuenta que el elemento subjetivo necesario para la existencia de infracción puede producirse tanto por concurrencia de dolo como de culpa o negligencia, por lo que no habiéndose acreditado la concurrencia de circunstancia alguna que exonere de responsabilidad al contribuyente, que omitió declarar determinadas rentas, debe confirmarse la infracción.
Sostiene en primer lugar la actora que concurre la prescripción del derecho de la Administración a la determinación de la deuda tributaria por el transcurso de los cuatro años que refiere el artículo 66 de la LGT, pues la liquidación versa sobre el concepto IRPF 2003, por lo que el periodo de comprobación finalizaba el 30 de junio de 2008, siendo que el actor recibió notificación sobre el inicio de las actuaciones inspectoras de carácter parcial en fecha 16 de junio de 2008, sobre rendimientos de capital mobiliario, y sin haberse extendido acta previa, mediante diligencia de constancia de hechos de fecha 15 de septiembre de 2008 se le comunicó la modificación del carácter parcial de las actuaciones al extenderse a las ganancias patrimoniales.
Añade que no resulta de aplicación al presente caso la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 2008 citada por el TEAR porque lo que se discutía era si las actas eran previas o definitivas y si en su caso interrumpían la prescripción, mientras que en el presente caso en ningún momento se levantaron actas ni previas ni definitivas. Señala que en la citada sentencia se refiere a que una vez dictada un acta previa, el periodo transcurrido posteriormente no se considera a efectos de prescripción, pero la razón no es porque ha tenido un carácter parcial la inspección, sino porque el acta previa se incoa por las razones del artículo 50 del RD 939/1986 .
Consta en el expediente administrativo como las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación se iniciaron mediante comunicación de fecha 13 de junio de 2008, notificada al obligado tributario en fecha 16 de junio de 2008, siendo de carácter parcial, limitadas a la comprobación de los rendimientos de capital mobiliario, referidas al IRPF 2003, y que posteriormente, mediante diligencia de constancia de hechos de fecha 15 de septiembre de 2008, se comunicó al actor la modificación del carácter parcial de las actuaciones, al extenderse a la comprobación de ganancias patrimoniales no justificadas por el origen de los fondos destinados a la suscripción de acciones de la sociedad INMUEBLES LA...
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