STSJ Andalucía 282/2013, 14 de Febrero de 2013
| Ponente | EDUARDO HINOJOSA MARTINEZ |
| ECLI | ES:TSJAND:2013:2218 |
| Número de Recurso | 129/2011 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - APELACION |
| Número de Resolución | 282/2013 |
| Fecha de Resolución | 14 de Febrero de 2013 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE SEVILLA
Sección 4.ª
RECURSO DE APELACIÓN N.º 129/2011
ILUSTRÍSIMOS SEÑORES.
PRESIDENTE:
D. HERIBERTO ASENCIO CANTISÁN
MAGISTRADOS
D. GUILLERMO SANCHÍS FERNÁNDEZ MENSAQUE
D. JOSÉ ÁNGEL VÁZQUEZ GARCÍA
D. EDUARDO HINOJOSA MARTÍNEZ
D. JAVIER RODRÍGUEZ MORAL
_______________________________________
En la ciudad de Sevilla, a catorce de febrero de dos mil trece.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sección 4.ª) el rollo número 129/2011 del recurso de apelación interpuesto por la entidad Autocentros Pío XII, S. C. P., representada por el Procurador de los Tribunales D. Francisco de Paula Ruiz Crespo y defendida por el Letrado D. Ramón Escudero Espí, contra el Auto de 2 de febrero de 2011, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Sevilla en el recurso contencioso-administrativo seguido por el procedimiento en primera o única instancia número 730/2010, en relación con reclamación de responsabilidad patrimonial.
Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. EDUARDO HINOJOSA MARTÍNEZ.
En el indicado día el citado Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, dictó auto acordando el archivo del recurso también señalado, interpuesto en relación con reclamación de responsabilidad patrimonial.
Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación con fundamento en diversos motivos y se terminó solicitando que en su día previos los trámites legales se dictara sentencia por la que con estimación del recurso de apelación, se dejara sin efecto la citada resolución.
Teniendo por presentado el recurso y acordado su traslado a las apeladas, tras la presentación por éstas de sus escritos de oposición, se elevaron las actuaciones a esta Sala, en la que no habiéndose acordado el recibimiento a prueba, la celebración de vista ni la presentación de conclusiones escritas, el recurso fue declarado concluso, quedando las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, que ha tenido lugar en el día fijado al efecto.
En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones del artículo 85 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa .
VISTOS los preceptos legales citados por las partes, concordantes y de general aplicación.
Mediante el auto apelado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Sevilla acordó el archivo del recurso interpuesto y ello por la falta de justificación por la actora de las atribuciones de aquel de sus órganos que acordó el ejerció de acciones de conformidad con el artículo 45.2.d) de la Ley Jurisdiccional .
La recurrente considera desajustada a Derecho esta decisión por no haberse conferido adecuadamente la posibilidad de subsanar el defecto observado, indicándose asimismo que la aportación del acuerdo de su administrador único era suficiente a tal fin, al disponer dicho cargo de funciones legales suficientes a esos efectos; a todo ello se añade que la subsanación de la falta se produjo posteriormente dentro del día siguiente a la notificación del citado auto, sin que, a pesar de todo, se entendiera subsanado el defecto de acuerdo con lo establecido por el artículo 128 LJCA .
El Pleno de la Sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 5 de noviembre de 2008 (casación 4755/2005 ), se ha manifestado sobre tales cuestiones afirmado que a diferencia de lo dispuesto en el artículo 57.2.d) de la Ley de la Jurisdicción de 27 de diciembre de 1956, que mencionaba sólo a las "Corporaciones o Instituciones", aquel precepto de la Ley de la Jurisdicción de 1998, se refiere a estos efectos a las "personas jurídicas".
Además, dicha norma exige cabalmente la aportación del "..documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones (..) con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a) de este mismo apartado..". Se incluye, pues, el acuerdo relativo al ejercicio de acciones, independientemente del acreditativo de la representación del compareciente. Por tanto, tras la Ley de 1998, cualquiera que sea la entidad demandante, ésta debe aportar, bien el documento independiente acreditativo de haberse adoptado el acuerdo de interponer el recurso por el órgano a quien en cada caso competa, o bien el documento que, además de ser acreditativo de la representación con que actúa el compareciente, incorpore o inserte en lo pertinente la justificación de aquel acuerdo.
En definitiva, como afirma el Alto Tribunal, "..una cosa es, en efecto, el poder de representación, que sólo acredita y pone de relieve que el representante está facultado para actuar válida y eficazmente en nombre y por cuenta del representado; y otra distinta la decisión de litigar, de ejercitar la acción, que habrá de ser tomada por el órgano de la persona...
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