STSJ Aragón 528/2012, 27 de Septiembre de 2012
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 528/2012 |
| Fecha | 27 Septiembre 2012 |
T.S.J.ARAGON CON/AD SEC.1
ZARAGOZA
SENTENCIA: 00528/2012
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN.
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SECCIÓN PRIMERA
RECURSO DE APELACIÓN Nº 343/2010 INTERPUESTO FRENTE A LA SENTENCIA DE 29 DE JUNIO DE 2010 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 DE ZARAGOZA, DICTADA AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO N º 462/2009
SENTENCIA NÚMERO /528/12
En Zaragoza a 27 de septiembre de 2012, habiendo visto los presentes autos la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, constituida por los Ilmos. Sres:
Presidente.
D. Juan Carlos Zapata Híjar, ponente de esta resolución.
Magistrados.
D. Jesús María Arias Juana
Dª. Isabel Zarzuela Ballester
Dª. Nerea Juste Diez de Pinos
Partes del recurso
Apelante D. Carlos Manuel representado por el Procurador D. José Ignacio Tartón y defendido por el Letrado D. Fernando Valladares Rodríguez.
Apelada la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza representada y defendida por el Abogado del Estado D. Rafael Santacruz Blanco.
Actuación administrativa recurrida.
Resolución de 18 de junio de 2009 del Subdelegado del Gobierno en Zaragoza que acuerda la expulsión del territorio nacional del actor con prohibición de entrada en España de 10 años, por aplicación del art. 57.2 de la Ley de Extranjería . (exp. NUM000 )
Resumen y parte dispositiva de la resolución judicial recurrida. 1) El recurrente fue condenado a pena privativa de libertad de 2 años de prisión por delito de robo con violencia por el Juzgado de lo Penal nº 8 de Málaga (Sentencia de 11 de septiembre de 2008 (Juicio rápido 160/2008) y cumple condena en el Centro Penitenciario de Daroca. Se le ha sancionado con la expulsión del territorio nacional por la condena penal.
2) En el escrito de demanda alega vulneración del principio de proporcionalidad, dado que tiene arraigo y se ha podido producir la sustitución de la pena.
Cuantía.
Indeterminada.
Pretensiones de la parte apelante.
Se revoque y deje sin efecto la Sentencia recurrida y se revoque la sanción de expulsión.
Resumen de los motivos del recurso de apelación.
Reitera que la sanción de expulsión no es proporcionada y que debió haberse sustituido por la pena.
Procedimiento.
Se admitió la apelación el 23 de julio de 2010.
Se señaló para votación y fallo el 27 de septiembre de 2012.
La sanción de expulsión del art. 57.2 de la Ley de Extranjería, cuando el extranjero
ha sido condenado a pena privativa de libertad superior a un año.
Se impone la expulsión por haber sido condenado por el Juzgado de lo penal de Málaga a pena privativa de libertad superior a un año ( art. 57.2 de la Ley 4/2000 en la versión dada por la Ley 8/2000). Y si se impone por esta causa, ha de reiterarse como indica este Tribunal, que la única sanción a imponer como establece el precepto es la expulsión, no cabe por tanto hablar de desproporción, o dicho de otro modo no cabe sustituir la sanción por multa.
Dicho esto ha de indicarse igualmente que no es posible aducir la existencia de una vulneración del principio de "non bis in idem", toda vez que la pena impuesta por el Juzgado y la medida de expulsión responden a finalidades o fundamentos diferentes. De hecho, esta objeción ha sido expresamente rechazada por el mismo Tribunal Constitucional, al verificar la conformidad constitucional del art. 57. 2 de la Ley Orgánica 4/2000, del siguiente modo en la STC 236/2007 :
"En efecto, la expulsión contemplada en el precepto impugnado consiste en una medida que se acuerda legítimamente por parte del Estado español en el marco de su política de extranjería, en la que se incluye el establecimiento de los requisitos y condiciones exigibles a los extranjeros para su entrada y residencia en España, que no es un derecho fundamental del que aquéllos sean titulares con fundamento en el art. 19 CE EDL 1978/3879 ( STC 72/2005, de 4 de abril, FJ 8 EDJ 2005/20109 ). De ahí que la misma Ley Orgánica 4/2000 establezca los requisitos para la entrada en el territorio español (art. 25 EDL 2000/77473 ), así como las causas de prohibición de dicha entrada, que son las "legalmente establecida(s) o en virtud de Convenios internacionales en los que sea parte España" ( art. 26.1 EDL 2000/77463, redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000 EDL 2000/88847 ). Al respecto, merece destacarse la normativa europea relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración (Directiva 2003/109/CE, del Consejo, de 25 de noviembre de 2003 EDL 2003/178495 ), que autoriza a los Estados miembros a denegar dicho estatuto por motivos de orden público o de seguridad pública mediante la correspondiente resolución, tomando en consideración "la gravedad o el tipo de delito contra el orden público o la seguridad pública" ( art.
6 EDL 2003/178495 ). Asimismo, la normativa europea relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países (Directiva 2001/40/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001 EDL 2001/21878 ), contempla la expulsión basada en una amenaza grave y actual para el orden público o la seguridad nacionales...
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