STSJ La Rioja 334/2012, 15 de Noviembre de 2012
| Ponente | LUIS ANTONIO LOMA-OSORIO FAURIE |
| ECLI | ES:TSJLR:2012:632 |
| Número de Recurso | 62/2012 |
| Procedimiento | PROCEDIMIENTO ORDINARIO |
| Número de Resolución | 334/2012 |
| Fecha de Resolución | 15 de Noviembre de 2012 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.J.LA RIOJA SALA CON/ADLOGROÑO ENTENCIA: 00334/2012
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA RIOJA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Rec. nº. 62/2012
lIustrísimos señores :
Presidente:
Don Jesús Miguel Escanilla Pallás
Magistrados:
Don Alejandro Valentín Sastre
Don Luis Loma Osorio Faurie
SENTENCIA N° 334 /2012
En la ciudad de Logroño, a 15 de noviembre de 2012.
Vistos los autos correspondientes al recurso contencioso-administrativo sustanciado en esta Sala y tramitado conforme a las reglas del procedimiento ordinario, sobre RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, a instancia de Don Adrian, representado por la Procuradora Doña Regina Dodero de Solano y defendido por la Letrada Doña Yvonne Aguirre González, siendo demandadas la CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES DEL GOBIERNO DE LA RIOJA, representada y defendida por la Letrada de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y ZURICH ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, representada por la Procuradora Doña Teresa León Ortega y defendida por el Letrado Don Javier Moreno Alemán.
l.-
Mediante escrito presentado se interpuso ante esta Sala recurso contenciosoadministrativo contra la Resolución del Secretario General Técnico de la Consejería de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de la Rioja de fecha 27 de enero de 2012.
Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda en la que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada.
Que asimismo se confirió traslado a la Administración demandada para contestación a la demanda, lo que verificó, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando el mantenimiento de la actuación administrativa recurrida.
Continuando el recurso por sus trámites, se señaló, para votación y fallo del asunto, el día 14 de noviembre de 2012, en que se reunió, al efecto, la Sala.
En la sustanciación del procedimiento se han observado las prescripciones legales. VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Señor Don Luis Loma Osorio Faurie.
Es objeto de impugnación en el presente procedimiento la Resolución del Secretario
General Técnico de la Consejería de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de la Rioja de fecha 27 de enero de 2012, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la misma Secretaría General Técnica nº 1281, de 14 de diciembre de 2011, que desestimó la reclamación por responsabilidad patrimonial formulada por el demandante.
La parte demandante solicita que se dicte sentencia por la que: "1) Revoque el acto presunto desestimatorio de la reclamación patrimonial efectuada. 2) Declare la responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la falta de asistencia sanitaria adecuada a las circunstancias de post-operatorio y sus acreditadas consecuencias. 3) Se anule el acto presunto desestimatorio de fecha, objeto del presente recurso y 4) Condene a dicha Administración al pago de la cantidad de 300.000 # en que han quedado cuantificados los daños ocasionados al recurrente" (Sic).
Los hechos que relata en su demanda son los siguientes: "PRIMERO.- D. Adrian fue operado el 14 de noviembre de 2008 de rotura de menisco externo en la rodilla mediante artroscopia en el Centro Hospitalario CLINICA LOS MANZANOS, concertada con el SERIS. SEGUNDO.- Tras la citada intervención no se le ofreció la posibilidad de realizar ninguna revisión ni rehabilitación acudiendo a su médico de atención primaria, en adelante MAP, de forma continuada por graves dolores, pautando únicamente analgésicos, con el fin de paliar el dolor. Meses más tarde se le diagnosticó gonalgia sobre rodilla en varo con deterioro del compartimento interno, no se realizó ni revisiones ni rehabilitación a consecuencia de esta nueva dolencia para al menos paliar su deterioro. TERCERO.- Don Adrian, no recibió ningún tratamiento posterior a la intervención. No se remitió al paciente a rehabilitación hasta el 5 de julio de 2010, habiéndosele operado en noviembre de 2008".
Es de señalar que no propuso prueba alguna.
Como ha venido recordando esta Sala (ver, por ej. SS nº 87/2009, de 10 de marzo, y nº 85/2009, de 18 de marzo ), la acción jurídica de exigencia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se corresponde con el ejercicio del derecho conferido a los ciudadanos por el artículo 106.2 de la Constitución para verse resarcidos de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor.
El régimen de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas aparece regulado en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.
Una nutrida jurisprudencia (reiterada en las SSTS -Sala 3ª- de 29 de enero, 10 de febrero y 9 de marzo de 1998 ) ha definido los requisitos de éxito de la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración en torno a las siguientes proposiciones:
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La acreditación de la realidad del resultado dañoso -"en todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas"-;
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La antijuridicidad de la lesión producida por no concurrir en la persona afectada el deber jurídico de soportar el perjuicio patrimonial producido. La antijuridicidad opera como presupuesto de la imputación del daño.
El criterio se recoge, por todas, en la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2000, al interpretar que:
"El título de atribución concurre, así, cuando se aprecia que el sujeto perjudicado no tenía el deber jurídico de soportar el daño (hoy la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común plasma normativamente este requisito al establecer en su artículo 141.1 que "Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley [...]"). Así puede ocurrir, entre otros supuestos, cuando se aprecia que la actividad administrativa genera un riesgo o un sacrificio especial para una persona o un grupo de personas cuyas consecuencias dañosas no deben ser soportadas por los perjudicados, o cuando del ordenamiento se infiere la existencia de un mandato que impone la asunción de las consecuencias perjudiciales o negativas de la actividad realizada por parte de quien la lleva a cabo.". C) La imputabilidad a la Administración demandada de la actividad causante del daño o perjuicio. Lo que supone la existencia de un nexo de causalidad entre la actividad administrativa y el perjuicio padecido.
La Sala Tercera del Tribunal Supremo tiene declarado, desde la sentencia de 27 de octubre de 1998 (recurso de apelación núm. 7269/1992 ), que el examen de la relación de causalidad inherente a todo caso de responsabilidad extracontractual debe tomar en consideración que:
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Entre las diversas concepciones con arreglo a las cuales la causalidad puede concebirse, se imponen aquellas que explican el daño por la concurrencia objetiva de factores cuya inexistencia, en hipótesis, hubiera evitado aquél.
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No son admisibles, en consecuencia, otras perspectivas tendentes a asociar el nexo de causalidad con el factor eficiente, preponderante, socialmente adecuado o exclusivo para producir el resultado dañoso, puesto que válidas como son en otros terrenos irían en éste en contra del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
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La consideración de hechos que puedan determinar la ruptura del nexo de causalidad, a su vez, debe reservarse para aquellos que comportan fuerza mayor única circunstancia admitida por la ley con efecto excluyente, a los cuales importa añadir la intencionalidad de la víctima en la producción o el padecimiento del daño, o la gravísima negligencia de ésta, siempre que estas circunstancias hayan sido determinantes de la existencia de la lesión y de la consiguiente obligación de soportarla.
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Finalmente, el carácter objetivo de la responsabilidad impone que la prueba de la concurrencia de acontecimientos de fuerza mayor o circunstancias demostrativas de la existencia de dolo o negligencia de la víctima suficiente para considerar roto el nexo de causalidad corresponda a la Administración, pues no sería objetiva aquella responsabilidad que exigiese demostrar que la Administración que causó el daño procedió con negligencia, ni aquella cuyo reconocimiento estuviera condicionado a probar que quien padeció el perjuicio actuó con prudencia. El Tribunal Supremo en sentencia de fecha 18 de octubre de 2001 define la lex artis como "la técnica, el procedimiento o el saber de una profesión". Este es un criterio valorativo de la corrección de un concreto acto médico, que toma en consideración tanto las técnicas habituales, la complejidad y la trascendencia vital de la enfermedad, o la patología, así como factores exógenos o endógenos propios de la enfermedad.
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La salvedad exonerante en los supuestos de fuerza mayor. A este efecto, es doctrina jurisprudencial constante la recogida por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en la sentencia de 31 de mayo de...
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