STSJ Andalucía 2416/2012, 30 de Julio de 2012
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 2416/2012 |
| Fecha | 30 Julio 2012 |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SEDE EN GRANADA
SECCIÓN TERCERA
RECURSO NÚM. 2402/2007
SENTENCIA NÚM. 2416 DE 2.012
Iltma. Sra. Presidente:
Doña María Torres Donaire
Itmos. Sres. Magistrados:
Don Jorge Muñoz Cortés
Doña María del Mar Jiménez Morera
En la ciudad de Granada a treinta de julio de dos mil doce. Ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se ha tramitado el recurso número 2402/2007 seguido a instancia de Doña Celestina, que actúa por si misma en su condición de funcionaria pública, siendo demandada la Consejería de Justicia y Administración Pública, representada y asistida por la Letrada de la Junta de Andalucía. La cuantía del recurso es indeterminada.
Por la parte actora se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Orden de fecha 27 de septiembre de 2006 de la Secretaría General para la Administración Pública, de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que desestima el recurso de alzada formulado por la actora contra Resolución de la Secretaria General para la Administración Pública de fecha 19 de enero de 2006, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados/as y se ofertan vacantes a los/as aspirantes seleccionados/as en las pruebas selectivas de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Archivística, (A2022).
Admitido el recurso se acordó reclamar el expediente administrativo que ha sido aportado.
En su escrito de demanda la parte actora expuso cuantos hechos y fundamentos de Derecho consideró de aplicación y terminó por suplicar a la Sala que se dictara Sentencia por la que se declare nulos anule o revoque y deje sin efecto los actos recurridos, y acuerde reconocer el derecho a que le sea otorgada la puntuación de 3#76 puntos por trabajo desarrollado en la Administración Pública, o subsidiariamente, la puntuación de 2#82 puntos por experiencia profesional distinta, así como 2 puntos por las publicaciones de las que es autora la recurrente, con expresa condena en costas a la Administración.
En su escrito de contestación a la demanda la Letrada de la Junta de Andalucía se opuso a las pretensiones formuladas de contrario exponiendo cuantos hechos y fundamentos de Derecho consideró de aplicación. CUARTO.- Recibido el pleito a prueba se desarrolló el periodo probatorio con el resultado que obra en las actuaciones y tras el trámite de conclusiones cumplimentado por ambos litigantes, se señaló para deliberación, votación y fallo del presente recurso el día y hora fijado en autos.
En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales, habiendo sido ponente la Iltma. Sra. Doña María Torres Donaire, quien expresa el parecer de la Sala.
El presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto la Orden de fecha 27 de septiembre de 2006 de la Secretaría General para la Administración Pública, de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que desestima el recurso de alzada formulado por la actora contra Resolución de la Secretaria General para la Administración Pública de fecha 19 de enero de 2006, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados/as y se ofertan vacantes a los/as aspirantes seleccionados/as en las pruebas selectivas de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Archivística, (A2022),.
La parte actora muestra su disconformidad en primer término en lo relativo a la valoración del trabajo desarrollado como mérito consistente en experiencia profesional que la ahora recurrente incluyó en su hoja de autobaremación, el cual, no fue computado por la Comisión de selección, y correspondiente a las funciones desarrolladas en la categoría profesional de Archivista, Técnico Superior nivel 7 en la Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, perteneciente a la Consejería de Agricultura y Pesca en los periodos de 22-11-00 a 20-2-01; de 1-3-01 a 31-8-01; de 10-9-01 a 31-12-01 y de 3-1-02 a 30-6-02, estimando que le debieron ser valorados en el aparatado 3, 1, a) o subsidiariamente en el 3, 1, b) de la convocatoria.
A la hora de resolver la cuestión planteada debe partirse del derecho fundamental de acceder a los cargos público en condiciones de igualdad y de acuerdo con los principios de mérito y de capacidad, derecho fundamental reconocido en el art 23 de la Constitución .
Tal derecho fundamental impone que en las diferentes convocatorias de empleo público se establezcan criterios y condiciones de acceso, objetivas y no discriminatorias, respetuosas con los principios mencionados. Tales criterios se concretan en las denominadas bases de la convocatoria, auténtica ley del proceso selectivo, y que en un determinado procedimiento establece los requisitos, meritos y pruebas a superar por los aspirantes.
De otra parte, y sin perjuicio de la función que a los Tribunales de Justicia asigna el art 103 de la Constitución, la interpretación de las bases de la convocatoria y la evaluación de los meritos concretos de los aspirantes a efectos de encuadrarlos en los criterios objetivos que establezcan las bases, corresponde a los correspondientes servicios de selección y a los Tribunales calificadores quienes, según ha reconocido la jurisprudencia (entre otros tribunales esta misma Sala y valga por todas las STSS de 14 de Marzo y 8 de Noviembre de 1991) gozan de cierto margen de discrecionalidad para interpretar tales bases dada la especialidad en sus conocimientos, inmediatez al proceso selectivo, objetividad, imparcialidad e independencia que es propia de aquellos, por lo que fuera de los elementos reglados que puedan establecer las mismas bases, los respectivos Tribunales calificadores realizarán la aplicación de aquellas al caso concreto resolviendo las dudas e incertidumbres que en el desarrollo del proceso selectivo pudieran surgir. A la vista de tales razones, constitutivas de la conocida por discrecionalidad técnica la labor de los Tribunales calificadores solo podrá ser corregida en los supuestos y de acuerdo con los medios propios del control judicial de la actividad discrecional de la Administración (v.g. desviación de poder, arbitrariedad, cuando la existencia de informes técnicos diferentes demuestren el error de la Administración al desarrollar su actividad discrecional, etc...).
En relación a tal discrecionalidad técnica debemos recordar que los juicios técnicos de los tribunales calificadores, en cuanto que son efectuados por especialistas e la cuestión, no excluyen el necesario sometimiento al juzgador de las apreciaciones de tal órgano administrativo, puesto que de lo contrario, se quebrantaría el derecho a la tutela judicial efectiva al quedar inimpugnables las estimaciones técnicas de dichos tribunales calificadores, tanto en el orden cualitativo como en el orden de puntuación, con referencia a las circunstancias concurrentes, siendo de tener en cuenta que para articular el necesario control de los actos de discrecionalidad técnica, al margen de los conceptos jurídicos indeterminados, la doctrina y la jurisprudencia ha utilizado como criterios determinantes:
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El control de los elementos reglados del acto discrecional y, en particular, la desviación de poder, definida en el artículo 83.3 de la LJCA, como el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados en el ordenamiento jurídicos. b) La teoría de los hechos determinantes que obliga a indagar si en los casos examinados concurren los supuestos fácticos que hacen posible la aplicación de la norma jurídica, lo que dota a la Administración de un mayor o menor grado de discrecionalidad.
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La aplicación de los principios que informan el ordenamiento jurídico y que hacen posible esa discrecionalidad, reconociendo la vigencia de principios como la igualdad dentro de la legalidad de todos los administrados u otros que tienen el...
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STS, 5 de Marzo de 2014
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