ATS, 2 de Octubre de 2006
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 02 Octubre 2006 |
AUTO
En la Villa de Madrid, a dos de Octubre de dos mil seis.
Por la Procuradora de los Tribunales Dª. Pilar Vived de la Vega, en nombre y representación de D. Eloy, se ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 8 de septiembre de 2.004, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso nº 199/04, seguido por el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, sobre traslado de un interno a otro centro penitenciario.
Por providencia de 27 de enero de 2006 se acordó dar traslado a la parte recurrente del escrito de personación del Ministerio Fiscal para que en el plazo de diez días pudiera alegar lo que a su derecho convenga sobre la causa de inadmisión aducida -defectuosa preparación-, no habiéndose evacuado dicho trámite.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D Ricardo Enríquez Sancho.
La sentencia impugnada desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Eloy contra la Resolución de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de 29 de enero de 2004, que acuerda su traslado al centro penitenciario de Nanclares de la Oca (Álava).
El artículo 86.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa dispone que las sentencias que, siendo susceptibles de casación por aplicación de los apartados precedentes, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso- Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia sólo serán recurribles en casación si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora, preceptuando el artículo 89.2 de la expresada Ley, a propósito del escrito de preparación, que en el supuesto previsto en el artículo 86.4 habrá de justificarse que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia.
En definitiva, se precisa hoy para que sean recurribles las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia -todas, con abstracción de la Administración autora de la actuación impugnada- que, además de ser susceptibles de casación por razón de la materia o la cuantía del asunto, concurran los siguientes requisitos: A) Que el recurso de casación pretenda fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido; B) Que esas normas, que el recurrente reputa infringidas, hubieran sido invocadas oportunamente por éste o consideradas por la Sala sentenciadora; C) Que el recurrente justifique en el escrito de preparación del recurso, que la infracción de las mismas ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia. La nueva Ley de esta Jurisdicción, pues, no hace sino ratificar y ampliar una consolidada doctrina jurisprudencial surgida bajo el imperio de la Ley anterior (Autos de 14 de junio, 5 y 20 de julio, 17 de noviembre y 4 de diciembre de 1998 y 16 de marzo, 17 de mayo y 21 de junio de 1999, entre otros muchos).
En este caso, el escrito de preparación del recurso no se ajusta a lo que dispone el artículo
89.2, pues lo que se dice en él al respecto es que la parte recurrente interpone "RECURSO DE CASACIÓN en base al articulo 88.1 D) DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA ".
Por tanto, es evidente que no se ha efectuado el juicio de relevancia exigido por el artículo 89.2, pues en modo alguno se justifica, en el sentir de la parte recurrente, que la infracción de una norma de Derecho estatal o comunitario europeo haya tenido relevancia, determinando el fallo recurrido, es más, ni siquiera se citan los preceptos que se consideran infringidos, lo que lleva a la conclusión de que el presente recurso debe ser inadmitido, de conformidad con lo previsto en el artículo 93.2.a), en relación con el 89.2, de la mencionada Ley, por haber sido defectuosamente preparado; siendo significativo al respecto, que la parte recurrente no haya evacuado alegaciones en el trámite concedido por providencia de 27 de enero de 2006.
De conformidad con lo previsto en el artículo 93.5 de la Ley de esta Jurisdicción, la inadmisión del recurso debe comportar la imposición de las costas a la parte recurrente.
En su virtud,
Declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Eloy contra la Sentencia de 8 de septiembre de 2.004, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso nº 199/04, seguido por el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, resolución que se declara firme; con imposición a la parte recurrente de las costas procesales causadas en este recurso.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados.
