STS, 11 de Junio de 2012

JurisdicciónEspaña
Fecha11 Junio 2012

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a once de Junio de dos mil doce.

Visto por la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los Excmos. Señores al margen anotados, el presente recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 6407/2011, promovido por el Procurador de los Tribunales don Marcial Puga Gómez, en nombre y representación de don Franco contra la Sentencia de 14 de octubre de 2010, dictada por la Sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia , recaída en el recurso del citado orden jurisdiccional núm. 15926/2008, en el que se impugnaba Acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia en fecha 28 de marzo de 2008 en las reclamaciones promovidas contra acuerdos de la oficina técnica regional de Galicia, de la AEAT, de fecha 19 de octubre de 2005 por la que se practica liquidación en concepto de Impuesto sobre el valor añadido, ejercicio 2002 y 2003, por importe de 64.926,22 euros, así como contra acuerdo de imposición de sanción en cuantía de 29.104,54 euros y liquidación de intereses de demora por importe de 1.885,53 euros.

Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO , representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- En el recurso contencioso administrativo núm. 15926/2008 seguido ante la Sala de dicho orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, se dictó sentencia, con fecha 14 de octubre de 2010 , cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "Que estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de don Franco contra la resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia en fecha 28 de marzo de 2008 en las reclamaciones NUM001 , NUM002 y NUM003 promovidas por don Sergio , en representación de, contra acuerdos de la oficina técnica regional de Galicia, de la AEAT, de fecha 19 de octubre de 2005 por la que se practica liquidación en concepto de Impuesto sobre el valor añadido, ejercicio 2002 y 2003, por importe de 64.926,22 euros, así como contra acuerdo de imposición de sanción en cuantía de 29.104,54 euros, la cual anulamos por ser contraria a derecho manteniendo la resolución recurrida en el resto de sus pronunciamientos. Sin expresa imposición de las costas procesales."

SEGUNDO .- Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación procesal de don Franco se interpuso, por escrito de 30 de noviembre de 2010, recurso de casación para la unificación de doctrina interesando que se de traslado a las partes recurridas para que formulen por escrito su oposición si les conviniere y, en su día, eleve los autos originales y el expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, poniéndolo en conocimiento de las partes.

TERCERO .- El Abogado del Estado, por escrito de 30 de noviembre de 2011, solicitó que se tuviera por formulada su oposición a dicho recurso, interesando su inadmisión y, subsidiariamente, la desestimación del mismo.

CUARTO .- Recibidas las actuaciones, por Providencia de 1 de marzo de 2012, se señaló para votación y fallo el 6 de junio de 2012, en cuya fecha tuvo lugar el referido acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Fernandez Montalvo, Presidente de la Sección

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- Se impugna, mediante este recurso de casación en unificación de doctrina, la sentencia, de 14 de octubre de 2010, dictada por la Sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia , recaída en el recurso del citado orden jurisdiccional núm. 15926/2008, en el que se impugnaba Acuerdo del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Galicia en fecha 28 de marzo de 2008 en las reclamaciones promovidas contra acuerdos de la oficina técnica regional de Galicia, de la AEAT, de fecha 19 de octubre de 2005 por la que se practica liquidación en concepto de Impuesto sobre el valor añadido, ejercicio 2002 y 2003, por importe de 64.926,22 euros, así como contra acuerdo de imposición de sanción en cuantía de 29.104,54 euros y liquidación de intereses de demora por importe de 1.885,53 euros.

SEGUNDO .- Dado el carácter improrrogable de la competencia de las Salas de lo Contencioso-Administrativo, que establece el artículo 8º de la Ley de esta Jurisdicción , ha de examinarse de oficio y con carácter previo a los motivos de casación que propone la recurrente, la posible inadmisibilidad del presente recurso en atención a la cuantía del mismo.

El recurso de casación para la unificación de doctrina es excepcional, subsidiario respecto del de casación ordinaria y limitado por razón de la cuantía, como resulta de lo establecido en el art. 96.3 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción -la 29/1998, de 13 de julio-, que al puntualizar las sentencias susceptibles de recurso de casación para la unificación de doctrina determina que sólo lo serán aquellas sentencias que no sean recurribles en casación con arreglo a lo establecido en el art. 86.2.b) (por haber recaído en asuntos cuya cuantía no exceda de 25 millones de pesetas -150.253,03 Euros-), siempre que la cuantía litigiosa sea superior a tres millones de pesetas -18.030,36 Euros-. El establecimiento de una "summa gravaminis" para el acceso a ésta casación tiene su fundamento en el designio del legislador de agilizar la actuación jurisdiccional en todos los órdenes para procurar que la justicia se imparta de la forma más rápida y eficaz posible, de acuerdo con las exigencias del art. 24 de la Constitución .

Por otro lado, es constante la jurisprudencia de esta Sala en cuanto a que es irrelevante, a efectos de la inadmisibilidad del recurso de casación por razón de la cuantía, que se haya tenido por preparado el recurso en la instancia, que se haya ofrecido el recurso al notificarse la resolución impugnada o que haya sido admitido anteriormente y se advierta la carencia de cuantía al momento de dictarse el fallo en el que ha de apreciarse, incluso, de oficio.

TERCERO .- La jurisprudencia de este Tribunal tiene declarado reiteradamente que, respetando el principio de contradicción, la fijación de cuantía puede ser efectuada en cualquier momento, incluso de oficio, por el órgano jurisdiccional ya que se trata de una materia de orden público procesal, máxime cuando es determinante de la procedencia o improcedencia del recurso de casación (por todas S. de 12 de febrero de 1997 ).

De otra parte, es doctrina reiterada de esta Sala (entre otros los autos de 29 de enero y 22 de febrero de 1999 , y las sentencias de 5 y 15 de julio de 2000 , 11 de diciembre de 2001 y 20 de febrero , 3 y 11 de julio de 2002 ) que, en asuntos como el ahora examinado, el valor de la pretensión --que es el criterio a tener en cuenta ex art. 41.1 de la Ley de esta Jurisdicción -- viene determinadopor la cuota tributaria , pues ésta es la que representa el verdadero valor económico de la pretensión.

En el supuesto de autos la Oficina Técnica Regional de Galicia, de la AEAT, dictó acuerdos por los que se practica liquidación en concepto de Impuesto sobre el valor añadido, ejercicio 2002 y 2003, por importe de 64.926,22 euros, así como contra acuerdo de imposición de sanción en cuantía de 29.104,54 euros y liquidación de intereses de demora por importe de 1.885,53 euros, desglosándose en la siguiente relación de cuotas trimestrales: ejercicio 2002: 2/Trimestre, 8.127,38 euros; 3/Trimestre, 7.970,43 euros; 4/Trimestre, 6.519,37 euros. Ejercicio 2003: 1/Trimestre, 10.828,02 euros; 2/Trimestre, 11.211,26 euros; 3/Trimestre, 12.237,29 euros; 4/Trimestre, 1.315,29 euros.

Atendiendo a las cantidades referidas, es claro que el recurso de casación que nos ocupa no puede ser admitido, pues esta Sala ha declarado reiteradamente, conforme a lo establecido en el artículo 172 del Reglamento del Impuesto (aprobado por Real Decreto 2028/85, de 30 de octubre, y dada nueva redacción por Real Decreto 991/87, de 31 de julio), que el período de liquidación del IVA es trimestral o mensual según los casos, por lo que a este periodo de liquidación habrá de estarse para determinar el importe del recurso de casación ( ATS de 2 de diciembre de 2004. rec. 7863/2002 ), resultando cada una de las cuotas glosadas, inferiores al límite legal previsto.

Además, en aplicación de la regla contenida en el art. 41.3 de la LJCA 29/98, en los casos de acumulación -es indiferente que ésta se haya producido en vía administrativa o jurisdiccional- aunque la cuantía venga determinada, en la anterior instancia, por la suma del valor económico de las pretensiones objeto de aquélla, tal acumulación no comunica a las de cuantía inferior al límite legal para el acceso al recurso, la posibilidad de casación y, todo ello, con independencia de que las actas levantadas hayan dado lugar a uno o varios actos administrativos por cuanto debe entenderse que es la cuantía individualizada de cada liquidación, y no la suma de las que la Administración decida en cada caso acumular en uno o en varios procedimientos administrativos, la que debe determinar objetivamente la cuantía del proceso contencioso-administrativo a efectos de casación (Auto de la Sección Cuarta de 20 de marzo de 1995 en recurso de casación 6419/1993).

CUARTO .- Las razones anteriormente expuestas determinan que, por insuficiencia de cuantía, se declare la inadmisión total del presente recurso de casación para la unificación de doctrina (art. 96.3) y la firmeza de la sentencia recurrida, debiendo comportar la inadmisión del recurso, al ser total, la imposición de las costas del mismo a la parte recurrente por ministerio de la Ley (art. 97.7 en relación con el art. 93.5).

La Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el artículo 139.3 de la LJCA , señala 1.500 Euros como cuantía máxima de los honorarios del Letrado, a los efectos de las referidas costas.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del Pueblo español, nos confiere la Constitución.

FALLAMOS

Que debemos declarar, y declaramos, la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la entidad don Franco contra la Sentencia de 14 de octubre de 2010, dictada por la Sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia , recaída en el recurso del citado orden jurisdiccional núm. 15926/2008, que queda firme, con expresa imposición de costas a la citada parte recurrente, con el límite cuantitativo expresado en el último de los Fundamentos Jurídicos.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección que edita el Consejo General del Poder Judicial, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos Rafael Fernandez Montalvo Juan Gonzalo Martinez Mico Emilio Frias Ponce Angel Aguallo Aviles Jose Antonio Montero Fernandez Ramon Trillo Torres PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Rafael Fernandez Montalvo, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretario, certifico.

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