STSJ Comunidad Valenciana 269/2012, 1 de Marzo de 2012
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 01 Marzo 2012 |
| Número de resolución | 269/2012 |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
SALA DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
En la Ciudad de Valencia, a Uno de Marzo de dos mil doce.
VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta:
Presidente :
Ilmo. Sr. Juan Luís Lorente Almiñana.
Magistrados Ilmos. Srs:
D. Agustín Gómez Moreno Mora.
D. Manuel J. Baeza Díaz Portales
SENTENCIA NUM: 269
En el recurso contencioso- administrativo num. 768/2009, interpuesto por ESTUDIO 6, S. A., representada por el Procurador SR. Castello Navarro, contra " Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia de 31 de Marzo de 2009 desestimatoria en reclamación nº 46/8090/2007, interpuesta contra resolución de 21 de mayo de 2007, por la que se acordaba la imposición de sanción por la comisión de infracción tributaria grave, cuantías de 6.536,96 #, a que ascendía el 52,5% de la cuota tributaria derivada de Acta de conformidad, modelo A-01, referencia B-5145, por el ITP-AJD".
Habiendo sido parte en autos como Administración demandada ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO representada y defendida por la ABOGACÍA DEL ESTADO, y co-demandada la GENERALITAT VALENCIANA, representada y defendida por ABOGADO DE LA GENERALITAT; siendo ponente el Ilmo. Sr. D. Agustín Gómez Moreno Mora.
Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó al demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en que suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución recurrida.
La representación de la parte demandada contestó a la demanda, mediante escrito en el que solicitó se dictara sentencia por la que se confirmase la resolución recurrida.
No habiéndose recibido el proceso a prueba, y evacuado el trámite de conclusiones prevenido por el artículo 62 de la Ley de la Jurisdicción, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.
Se señaló la votación para el día 22 de Febrero de 2012.
El demandante solicita que se declare nula la sanción impugnada, sustentando su pretensión en la falta de motivación del acuerdo sancionador, por cuanto y con arreglo a lo argumentado el dueño en pleno dominio, al momento de la transmisión manifestó su condición de sujeto pasivo de IVA, terrenos que al momento de la transmisión se encontraban afectos a un programa urbanístico, aunque básicamente el acuerdo adolece de la debida motivación, haciendo hincapié en la ausencia de culpabilidad, en aplicación del Pº de interpretación razonable de la norma y, en la exclusión de responsabilidad por el mero resultado .
La Abogacía del Estado y el Abogado de la Generalitat se oponen a la estimación del recurso.
El recurso debe ser estimado a la vista de la escueta argumentación del acuerdo sancionador, de 21-05-2007, en el que, y por toda motivación de la culpabilidad del supuesto infractor, se limita a remitirse a la propuesta de resolución, Fº Dº 4º, con meras referencias a serle exigible otra conducta distinta, en función de las circunstancias concurrentes,....., con remisión al art.183.1 y 179.2 de LGT .
Todo lo anterior no hace sino confirmar las alegaciones del recurrente y conlleva directamente la estimación del recurso y la declaración de nulidad de la sanción, de conformidad con el criterio expresado en nuestra Sentencia núm. 270/2009, dictada en el recurso nº 4181/2006 y a.C. 4182/2006, donde se sigue la doctrina del Tribunal Supremo en torno a esta cuestión, cuya reproducción se hace innecesaria puesto que ha sido reiterada profusamente.
En esta línea no podemos desconocer, además, la encomiable labor que continúa realizando el Alto Tribunal en orden a precisar los contornos de los principios que deben presidir el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración tributaria. En este sentido, la STS 7465/2009, de 18 de noviembre ( Rec. nº 4212/2003 ; Ponente: E. FRIAS PONCE) ( y, términos similares, la STS de 1 de julio de 2010 (rec. nº 2973/2005 ; ponente: A. AGUALLO AVILÉS), sintetiza la aludida doctrina del siguiente modo:
FJ 8º.- (...) no basta motivar la resolución sancionadora con la mera cita de los preceptos que tipifican la infracción y establecen la sanción, con la simple referencia al resultado de la regularización practicada o con la sola afirmación de que no se aprecia la concurrencia de causas excluyentes de la responsabilidad, sino que es preciso justificar específicamente de qué comportamientos se infiere la existencia de culpabilidad precisa para sancionar.
Así lo ha puesto de...
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