STSJ Cataluña 765/2008, 28 de Enero de 2008
| Ponente | FRANCISCO ANDRES VALLE MUÑOZ |
| ECLI | ES:TSJCAT:2008:1795 |
| Número de Recurso | 6603/2006 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Número de Resolución | 765/2008 |
| Fecha de Resolución | 28 de Enero de 2008 |
| Emisor | Sala de lo Social |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
CATALUNYA
SALA SOCIAL
NIG : 17066 - 44 - 4 - 2006 - 0000175
EL
ILMA. SRA. Mª DEL CARMEN FIGUERAS CUADRA
ILMO. SR. IGNACIO MARÍA PALOS PEÑARROYA
ILMO. SR. FRANCISCO ANDRÉS VALLE MUÑOZ
En Barcelona a 28 de enero de 2008
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados al margen,
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A núm. 765/2008
En el recurso de suplicación interpuesto por Ignacio, Lorenzo, Octavio y Silvio frente a la Sentencia del Juzgado Social 1 Figueres de fecha 31 de mayo de 2006, dictada en el procedimiento Demandas nº 124/2006 y siendo recurrido/a ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF). Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. FRANCISCO ANDRÉS VALLE MUÑOZ.
Con fecha 7 de abril de 2006, tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Reclam. derechos contracto trabajo, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 31 de mayo de 2006, que contenía el siguiente Fallo:
Que desestimando íntegramente la demanda formulada por D. Ignacio, D. Lorenzo, D. Octavio, D. Silvio, debo absolver y absuelvo a la demandada ADIF de las pretensiones deducidas en su contra.
En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:
" PRIMERO.- Los actores D. Ignacio, provisto de DNI n° NUM000, D. Lorenzo, provisto de DNI n° NUM001. Octavio, provisto de DNI n° NUM002 y D. Silvio, provisto de DNI n° NUM003, han venido prestando sus servicios por cuenta y dentro de ámbito de organización y dirección de la empresa demandada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), con antigüedad de 13-7-1982 D. Ignacio, de 16-11-1981 D. Lorenzo, de 2-7-1982 D. Octavio, de 18-7-1 983 D. Silvio, ostentando todos ellos en la actualidad categoría y funciones de mando intermedio, con destino en la residencia de Portbou, siendo su salario y demás condiciones laborales las establecidas en el Convenio Colectivo para su categoría y puesto de trabajo.
En fecha 31-12-1998, con anterioridad a su adscripción como mando intermedio, los actores ostentaban las siguientes categorías: D. Ignacio, factor de circulación de primera devengando antigüedad de cuatro trienios, D. Lorenzo, factor de circulación de primera devengando antigüedad de cuatro trienios, D. Octavio, factor de circulación de primera devengando antigüedad de cuatro trienios, D. Silvio, factor de circulación de primera devengando antigüedad de cuatro trienios.
Los actores ascendieron desde la categoría de factor de circulación de primera con posterioridad a la fecha de 31- 12-1998, mediante proceso de selección establecido en el Marco Regulador del Mando Intermedio y Cuadro (punto IV) recogido a su vez en el XII Convenio Colectivo.
Los actores presentaron la correspondiente reclamación previa. "
Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte actora, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado, impugnó,elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.
Frente a la sentencia de instancia, que desestimó la demanda formulada por la parte actora contra la demandada en reclamación de derecho y de cantidad, interpone la parte actora, ahora como recurrente el presente recurso de suplicación en base a cuatro motivos. El primero de ellos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 191. a) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, tiene por objeto reponer los autos al estado en que se encontraban de haberse infringido normas o garantías de procedimiento que hubieran causado indefensión.
A juicio de la recurrente la sentencia adolece de falta de motivación y resulta incongruente en su argumentación ya que cuando en su fundamento de derecho tercero alude a que la respuesta a la pretensión de la actora es negativa, apunta a dos consideraciones, se hace una primera y no se cita la segunda. Al margen de ello, la sentencia alude a una inadecuación de procedimiento por parte de la actora, al señalar que los actores alegan que existe un panorama discriminatorio que evidencia un flagrante trato desigual entre trabajadores en la misma situación respecto del no reconocimiento de los cuatrienios entre los trabajadores que se adscribieron a la categoría de mando intermedio con anterioridad a 31-12-1998, y de los que posteriormente han ido accediendo a esta categoría, entre otros motivos, por ascenso, y concluye la sentencia que "tal aseveración constituye, sin lugar a dudas una impugnación del convenio colectivo en el que se regula lo anterior, impugnación que no puede resolverse a través del presente procedimiento por concurrir la inadecuación del mismo y por existir una evidente falta de litisconsorcio pasivo necesario respecto de la otra parte firmante del convenio, es decir, el Comité General de empresa".
A juicio de la recurrente, si el juzgador de instancia entendió que el procedimiento era inadecuado, o bien debió conceder a la parte actora por la vía del artículo 85.2 de la LPL la posibilidad de contestar a esa posible excepción, o bien pudo, a través del artículo 81, conceder un plazo de cuatro días para que pudiera formular las oportunas alegaciones. Y nada de eso ocurrió en las presentes actuaciones, puesto que la empresa demandada formuló dos excepciones de prescripción y falta de acción, pero en ningún caso la de inadecuación de procedimiento, por lo que la reflexión efectuada en la sentencia infringiría garantías del proceso y causaría indefensión al no dar oportunidad a los actores de oponerse a ella.
El motivo no puede prosperar. No parece necesario recordar detenidamente la doctrina jurisprudencial desarrollada en aplicación del mandato procesal contenido en el artículo 191. a) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento laboral, bastando con recordar tanto el carácter excepcional, o no general de la utilización de la medida de nulidad de la resolución judicial solicitada, como que no basta para considerar abierta dicha vía la infracción de cualquier norma procesal, sino la efectiva existencia de una concreta y material indefensión de la parte que alega dicha infracción procesal. El concepto de indefensión utilizado por el precepto, se presenta así como una noción material que nos exigirá comprobar siempre, y en todo caso, en qué medida el derecho de defensa se ha visto afectado y con él, y ya de manera concreta qué pretensiones han sido impedidas o dificultadas por la actuación procesal denunciada, partiendo siempre de la posición que constitucionalmente se garantiza a las partes del procedimiento de poder realizar la más completa exposición de su posición en cuanto al fondo o forma de la cuestión debatida. En el procedimiento enjuiciado no se ha producido tal indefensión. Debe recordarse que no toda irregularidad procesal genera la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sino que han de tenerse en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso, la finalidad e importancia del requisito omitido o irregularmente cumplido. Además, no toda infracción de norma procesal da lugar a la nulidad por quebrantamiento de forma, sino que es preciso que la misma haya producido a la parte consecuencias negativas. No basta, por tanto, "con que el órgano judicial haya incurrido en una irregularidad formal, sino que es necesario, además, que tal infracción legal determine la indefensión del afectado" (STC 158/1989 de 5 de Octubre ), lo cual no ha sucedido en el supuesto de autos.
Sin perjuicio de que la sentencia no resulta ni incongruente ni inmotivada, al responder en fundamentos de derecho separados y razonadamente la petición formulada en la demanda conforme a derecho, ciertamente en ella se señala que, de hallarnos ante una regulación convencional como la presente, que pudiera ser contraria a normas de rango legal o constitucional, la misma sólo podía ser atacada por las normas contenidas en los artículos 161 a 164, entre cuyos sujetos legitimados, obviamente no se encuentran los actores individualmente considerados. Pero pese a dicha aseveración, no cabe entender que se haya producido indefensión a la parte actora puesto que se han resuelto las cuestiones objeto de litigio de manera fundada, habiendo desarrollado el acto de juicio con plenitud de armas procesales. En el presente caso interesa poner de manifiesto que al suplico de la demanda no era otro que el que se reconociera a los actores la antigüedad en cuatrienios y el devengo de las cantidades reclamadas por dicho concepto en el indicado "petitum". Se planteó en consecuencia como un proceso ordinario, y como tal ha sido resuelto, dado que la argumentación que "obiter dicta" se cita en el fundamento de derecho tercero "in fine" no ha obstado a la resolución del juicio.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 191.b) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,...
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STS, 9 de Junio de 2009
...dictada el 28 de enero de 2008 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso de suplicación núm. 6603/06, formalizado por los recurrentes contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Figueres de fecha 31 de mayo de 2006, recaída en los autos......