AAP Las Palmas 55/2010, 10 de Marzo de 2010
| Ponente | MARIA ELENA CORRAL LOSADA |
| ECLI | ES:APGC:2010:989A |
| Número de Recurso | 226/2009 |
| Procedimiento | RECURSO DE APELACIóN |
| Número de Resolución | 55/2010 |
| Fecha de Resolución | 10 de Marzo de 2010 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Las Palmas, Sección 4ª |
AUTO
Iltmos. Sres.
Presidente:
D./Dª. Victor Caba Villarejo
Magistrados:
D./Dª. María Elena Corral Losada (Ponente)
D./Dª. María De La Paz Pérez Villalba AUTO
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canarias a diez de marzo de dos mil diez.
VISTAS por la Sección 4ª de esta Audiencia Provincial las actuaciones de que dimana el presente rollo en virtud del recurso de apelación interpuesto contra el Auto pronunciado por el Juzgado de lo Mercantil Número Uno de esta ciudad en el procedimiento referencia (autos Concurso Ordinario nº 1/2004) seguido a instancia de S.A.C.O., S.A., contra la Agencia Estatal de Administración Tributaria, parte apelante, representada por el Abogado del Estado, personándose asimismo el Ministerio Fiscal, siendo ponente la Sra. Magistrada Doña María Elena Corral Losada, quien expresa el parecer de la Sala.
Por el Juzgado de Primera Instancia Número Uno de lo Mercantil de esta ciudad, se dictó Auto en el referido procedimiento cuya parte dispositiva literalmente establece: «Haber lugar a la aprobación del plan de liquidación presentado por la Administración Concursal en sus propios términos. En todo lo no previsto se estará a las normas supletorias del artículo 149 y siguiente de la Ley Concursal .
Contra la presente resolución cabe recurso de apelación, que se preparará ante este Tribunal, dentro del plazo de cinco días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla, conforme a lo establecido en el artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Así lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe».
Dicho Auto, de fecha 20 de febrero de 2008, se recurrió en apelación por la parte demandada., interponiéndose tras su anuncio el correspondiente recurso de apelación con base a los hechos y fundamentos que son de ver en el mismo. Tramitado el recurso en la forma dispuesta en el art. 461 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se elevaron las actuaciones a esta Sala, donde se formó rollo de apelación. No habiéndose solicitado el recibimiento a prueba en esta alzada, sin necesidad de celebración de vista se señaló día y hora para discusión, votación y fallo.28 de febrero de 2003
En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales, a excepción del plazo para dictar resolución, dada la acumulación de asuntos pendientes en esta Sección, la resolución de un asunto de gran complejidad que absorbió varios meses de trabajo de la ponente y una larga baja médica de la misma ponente.
Solicitada la fase de liquidación en el concurso ordinario número 1/2004 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas, el Abogado del Estado en representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por escrito presentado el día 18 de septiembre de 2007, a raíz de la notificación el 14 de septiembre de la providencia de 31 de julio de 2007, en la que se pone en conocimiento de los acreedores que por la entidad concursada se ha solicitado la liquidación, vino a solicitar que "tenga por presentado este escrito con su copia, se sirva admitirlo y en su virtud acuerde dar traslado a la Administración Concursal a los efectos de que el pago a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha de efectuarse en los términos previstos en el artículo 77 de la Ley General Tributaria, gozando, por tanto de privilegio frente al de cualquier otro acreedor ue no lo sea de dominio o cuyo crédito no esté garantizado con hipoteca, prensa u otro derecho real constituido en la forma legalmente establecida con anterioridad al crédito tributario".
Por auto de 15 de octubre de 2007 se acuerda la apertura de la fase de liquidación, poniéndose fin a la fase común del concurso, y previo la tramitación que obra en autos, entre la que se encontró la presentación del plan de liquidación de la Administración concursal y un escrito de la AEAT reiterando sus alegaciones sobre la preferencia que a su juicio habían de tener sus créditos, por Auto de 20 de febrero de 2008 se acordó aprobar el plan de liquidación de la Administración Concursal, con la escueta motivación de que "no se había formulado propuesta de modificación u observaciones".
Contra el anterior auto interpone recurso de apelación la AEAT que alega que no procedía aprobar el plan de liquidación en los términos propuestos por la Administración Concursal, que en el apartado quinto no reconoce el privilegio que el artículo 77,2 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria reconoce a los créditos de la Hacienda Pública en el supuesto en el que el concurso no finalice mediante convenio, sino mediante liquidación.
Alega la AEAT la enmienda 332 del art. 77,2 de la LGT 58/2003, que a su juicio la LC no es norma especial y por tanto podía ser derogada por la LGT (debiendo hacerse constar que la LC se publicó en el BOE del 10 de julio de 2003 posponiéndose su entrada en vigor hasta el 1 de septiembre de 2004, y que la LGT -que tuvo tramitación paralela en las Cortes a la LC- se promulgó, publicó y entró en vigor después del 10 de julio de 2003 y antes del 1 de septiembre de 2004), que no cabe hablar de unidad normativa de la regulación de los créditos afectados por el concurso pese a las pretensiones de la LC y que el principio de unidad legal se quebró con aprobación y publicación de sucesivas normas en materia concursal, citando entre otras el Real Decreto 1869/2004 de 6 de septiembre por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursales, el Real Decreto-Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública, la Ley 6/2005 de 22 de abril, sobre saneamiento y liquidación de entidades de crédito; la ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero y la Ley 19/2005 de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España -ésta con la importante reforma en el alcance de la responsabilidad objetiva de los administradores de sociedades anónimas y limitadas-, que entiende que el interés público que subyace en el nacimiento y exacción de los créditos tributarios a diferencia del conjunto de acreedores privados debe tenerse en consideración para entender que la poda de privilegios de la Administración sólo se pretendía en relación con la conservación de la empresa, la continuidad de la actividad empresarial y que a su juicio la interpretación del art. 77 de la LGT que propugna es una interpretación auténtica por la que ha de entenderse que la poda de privilegios del crédito público que se hace en la Ley Concursal sólo procede en el caso de conclusión del concurso por convenio y no en el caso de conclusión del mismo por liquidación, y ello por la aprobación de la enmienda 332 en el Senado proponiendo la redacción actual del art. 77,2 LGT alegando su proponente como justificación a la enmienda precisamente que la mención que en el proyecto se hacía mencionando concurso en lugar de convenio concursal podía interpretarse como una pérdida del derecho de prelación de la
Hacienda Pública con independencia de la suerte que corriera el proceso concursal y que a juicio del proponente de la enmienda esa pérdida de derechos no resultaría justificada para el caso de que el proceso entre en liquidación.
La pretensión que se sostiene por la AEAT en este recurso (que el art. 77,2 LGT ha de interpretarse a sensu contrario en el sentido de que sólo cuando haya convenio concursal rige la detallada y exahustiva clasificación de créditos que se recoge en el articulado de la Ley Concursal pero si no lo hay no existe poda alguna de privilegios para los créditos públicos que se hacen preferentes en las mismas condiciones que se regulan con carácter general en la LGT para el caso de los deudores no incursos en concurso alguno) ha sido sostenida por los Abogados del Estado a todo lo largo y ancho de la geografía española en innumerables recursos. La práctica totalidad de las Audiencias Provinciales de España (entre ellas las más prestigiosas y especializadas en asuntos competencia de Juzgados de lo Mercantil de toda España, las secciones 28 de la de Madrid y 15 de la de Barcelona) han rechazado sus argumentos, entendiendo que la clasificación de créditos hecha en la fase común ha de mantenerse en las fases ulteriores se concluya el concurso por convenio o por liquidación, que la Ley Concursal regula de modo unitario y como norma especial la clasificación de créditos y privilegios de los acreedores de deudor sujeto a concurso, sin que pueda derogarse tácitamente por una norma no concursal -no especial, por tanto- esa clasificación establecida en la Ley concursal (mucho menos si se trata de una derogación tácita por interpretación a sensu contrario de una norma concursal).
Es cierto que sólo dos Audiencias Provinciales, la de Málaga y la de Buros, han aceptado las tesis de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (y por ello sólo cita las escasas sentencias de estas Audiencias en su recurso la AEAT y no las innumerables dictadas por las restantes de toda España que rechazan su interpretación del art. 77 LGT con alcance derogatorio de las previsiones de clasificación de crédito público que hace la Ley Concursal), pero también, como se ha dicho, que las restantes Audiencias Provinciales, agotando toda argumentación y todos los alegatos de la AEAT, han rechazado esa interpretación y han acordado que la liquidación ha de hacerse conforme a la clasificación que ha resultado de la lista de acreedores e informe de la Administración Concursal corregida por la resolución de los incidentes concursales de impugnación de ese informe -interpretación que se comparte por esta sección en cuanto a la...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba