STSJ Galicia 956/2010, 11 de Noviembre de 2010
| Ponente | FERNANDO FERNANDEZ LEICEAGA |
| ECLI | ES:TSJGAL:2010:10670 |
| Número de Recurso | 15037/2010 |
| Procedimiento | RECURSO DE APELACIóN |
| Número de Resolución | 956/2010 |
| Fecha de Resolución | 11 de Noviembre de 2010 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.J.GALICIA CON/AD SEC.4
A CORUÑA
SENTENCIA: 00956/2010
RELATOR: DON FERNÁNDO FERNÁNDEZ LEICEAGA
RECURSO: RECURSO DE APELACIÓN 0015037/2010
PARTE APELANTE: Emma
PARTE APELADA: DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
NO NOME DO REI
A Sección 004 da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza pronunciou a
SENTENZA
Ilmos./as. Sres./as.
-
JOSÉ MARÍA GÓMEZ Y DÍAZ CASTROVERDE
-
FERNÁNDO FERNÁNDEZ LEICEAGA
Dª. MARÍA DEL CARMEN NÚÑEZ FIAÑO
A Coruña, once de novembro de dous mil dez
No RECURSO DE APELACIÓN 0015037/2010 pendente de resolución ante esta Sala, interposto por Emma, representada pola procuradora dona FRANCISCA OLIVEIRAS MOLINA e dirixida polo letrado don JOSÉ MANUEL
MOUZO FUENTES, contra SENTENZA con data do dezaseis de decembro de dous mil nove ditada no procedemento PA
0000415/2008 polo XULGADO DO CONTENCIOSO Núm.4 da CORUÑA sobre REXEITAMENTO DE RECURSO CONTRA A
RESOLUCIÓN DA DEPTUACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA CON DATA DO 12/12/2008 SOBRE EMBARGO PRACTICADO EN
RELACIÓN CON LIQUIDACIÓNS CORRESPONDENTES A RECIBOS POR TAXAS DE LIXO. É parte apelada a DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA, representada polo LETRADO DOS SERVIZOS XURÍDICOS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA
CORUÑA.
É relator o Ilmo. Sr. FERNÁNDO FERNÁNDEZ LEICEAGA.
ANTECEDENTES DE FEITO PRIMEIRO. O Xulgado de instancia ditou a resolución referenciada anteriormente, cuxa parte dispositiva di: "que se debe rexeitar a demanda de recurso contencioso-administrativo interposta polo avogado don José Manuel Mouzo Fuente, en nome e representación de dona Emma, e, en consecuencia, declárase a conformidade a dereito das resolucións impugnadas. Non se fai imposición das custas."
Tras ser notificada esta, interpúxose o recurso de apelación que foi tramitado en forma, co resultado que figura no procedemento, e acordouse dar traslado das actuacións ao relator para resolver pola quenda que corresponda.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Acéptanse os da sentenza que se recorre.
Fronte á sentenza de instancia -que reproduce a de 30.04.2009 deste Tribunal- o recorrente opón que non se pronuncia respecto da xurisprudenza que se achega e que, segundo o recorrente, apoia a súa pretensión de que, o presta-lo servizo de recollida de lixo unha empresa privada -concesionaria- estaríamos ante un prezo público e non ante unha taxa.
O recorrente cita en apoio da súa pretensión a recenté sentenza de 05.02.2009 do TS que, nembargantes, tiña como obxecto: El presente recurso de casación se interpone por la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, S.A. (en adelante, EMACSA), contra la Sentencia de 25 de enero de 2005, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, que desestima el recurso contencioso- administrativo núm. 467/1998 instado por dicha entidad contra la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de 29 de diciembre de 1997, por la que se autorizaban las tarifas de agua potable para el año 1998 en los municipios de Córdoba y Cardeña (BOJA núm. 5, de 15 de enero de 1998).
Dentro desta sentenza se recolle que a STSX Andalucía utilizaba como un dos argumentos: porque tales tarifas no son tasas a tenor de la doctrina dictada por este Tribunal en las Sentencias de 7 de marzo de 1998 (que niega que sea tasa la contraprestación satisfecha por el suministro del agua, no a la Administración, sino a una concesionaria entidad privada ) y de 12 de febrero de 1998 (que afirma que solo son tasas los pagos por el servicio de abastecimiento de agua prestado directamente por la propia Administración y no por una sociedad de carácter mercantil o una entidad concesionaria );...máis este razoamento non é tido en conta polo TS para resolve-lo recurso de casación.
Polo dito, a xurisprudenza citada polo recorrente refírese a un suposto distinto - subministro de auga- e aplica unha xurisprudenza (a citada do ano 1998) que seguiu unha lexislación antiga, e non a actual.
Ademais de subliñar este extremo, tamén debemos concordar co letrado da Deputación de que o recurso é -parcialmente- incorrecto no seu discurso, o non facer unha crítica global dos pronunciamentos da sentenza, en concreto, verbo da cuestión de que estarmos ante unha dilixencia de embargo -e non ante a liquidación- o que limitaría as posibilidades de impugnación ós previstos no artigo 170.3 Lei 58/2003, sendo difícilmente admisible que, neste trámite se poida solicita-la nulidade por vía indirecta da Ordenanza Municipal, con base en cuestións que afectan á liquidación.
En todo caso, e dado que o recurso non se fundou, en exclusiva nesta cuestión e que a falta de congruencia é parcial, resulta obrigado a resolve-lo fondo da controversia.
Para resolve-la controversia quizabes sexa preciso reproduci-lo contido da STS
16.07.2009 que explica a diferencia entre o prezo público e taxa: Para resolver la cuestión central de este recurso es necesario analizar la naturaleza jurídica de los conceptos de tasa y precio público, desde un punto de vista normativo y jurisprudencial, así como sus diferencias, y luego aplicarlo a nuestro caso para, en definitiva, resolver si la regulación que se ha hecho por la Corporación demandada de la prestación de dicho servicio es conforme con la legalidad vigente en dicha materia.
Para la sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre, que declaró la inconstitucionalidad de los párrafos a) y b) del art. 24 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, la categoría de los precios públicos, tal y como se regulan por la Ley 8/1989, de 13 de abril, han de cumplir simultáneamente dos requisitos: que el supuesto de hecho que les dé lugar se realice en forma libre y espontánea o, lo que es lo mismo, que la solicitud del servicio o actividad administrativa sea una manifestación real y efectiva de voluntad por parte del interesado y que dicho servicio o actividad no se preste por los entes de Derecho público en situación de monopolio de hecho o de derecho. De no concurrir ambas circunstancias, tales precios públicos, en cuanto comportan coactividad para los interesados, revisten la naturaleza de prestaciones patrimoniales de carácter público, cuya constitucionalidad depende del respeto al principio de legalidad.
Como consecuencia de esa doctrina establecida por el Tribunal Constitucional, se dictó la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, que aborda también una solución idéntica en el ámbito de las Haciendas Locales.
Legalmente, se califican como precios públicos las contraprestaciones recibidas por un Ente público como consecuencia de la prestación de servicios o realización de actividades administrativas cuando es voluntaria su solicitud o recepción y ese servicio es prestado o la actividad es realizada también por el sector privado ( arts. 24 LTPP y 41 LHL ). En estos casos, el sujeto puede optar libremente entre acudir al Ente público para recibir el servicio o la actividad, debiendo pagar un precio público, o demandarlo al sector privado, pagando un precio privado.
La tasa se diferencia claramente del precio, al menos, por la concurrencia de dos notas: a) es una obligación ex lege, que no tiene su causa en un contrato, a diferencia de lo que ocurre con los precios; b) la tasa origina un ingreso de Derecho público, lo que conlleva la aplicabilidad de un régimen de Derecho público, régimen que no concurre en el caso de los precios.
Tanto la LGT como la LRHL incluyen en el hecho imponible de las tasas la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de Derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias que enumera: Cuando la solicitud de la actividad administrativa o la recepción de la prestación del servicio administrativo sea, de hecho, obligatoria para el administrado o cuando el sector público sea el único que preste el servicio o realice la actividad, sea o no tal exclusividad fruto de una reserva legal.
Como dice el Tribunal Constitucional, se somete al pago de una tasa la realización administrativa de una actividad o la prestación de un servicio en régimen de Derecho público que afecte al sujeto pasivo, cuando no sean actividades o servicios solicitados voluntariamente, bien porque se impongan por disposiciones legales o reglamentarias, bien porque se trate de bienes, servicios o actividades imprescindibles para la vida privada o social del solicitante. Asimismo, la realización de actividades o prestación de servicios por la Administración conllevará el pago de una tasa cuando esas actividades o servicios no se presten o realicen por el sector privado. La nota que subyace en todas estas exigencias es la coactividad en la solicitud o recepción de la prestación del servicio o de la actividad. Coactividad material que existe cuando el pago de la prestación patrimonial es anudado, legal o reglamentariamente, a la realización de una actividad administrativa o de un servicio público.
Asimismo, cuando esos servicios o actividades que presta la Administración se puedan considerar imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas de la vida personal o social de los particulares de acuerdo con las circunstancias sociales de cada momento y lugar. Y también se apreciará esa coactividad cuando sea únicamente el sector público el que preste el servicio o realice la actividad, sin que exista otra posibilidad de obtener la satisfacción que proporciona el servicio o actividad que no sea acudiendo a la Administración y pagando, en consecuencia, la prestación patrimonial exigida.
El art. 20.4 LRHL recoge alguno de los supuestos de prestación de servicios o realización de actividades que pueden ser gravados con tasas y entre los...
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