ATS, 25 de Marzo de 2011

Con fecha de 6 de septiembre de 2010 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Supremo escrito de fecha 25 de febrero anterior de la Procuradora de los Tribunales Doña Begoña López Cerezo, actuando en nombre y representación de Doña Vanesa, mediante el que, sin cita de precepto legal alguno al respecto, se promueve recurso de revisión contra la Sentencia dictada el 15 de diciembre de 1942 por el Consejo de Guerra Permanente núm. 4 de Madrid en el procedimiento sumarísimo de urgencia núm. 104037, por la que se condenó al hoy fallecido esposo de la promovente DON Esteban, como autor de un delito de adhesión a la rebelión previsto y penado en el artículo 238.2º del entonces vigente Código de Justicia Militar de 27 de septiembre de 1890, a la pena de treinta años de reclusión mayor.

Se une a dicho escrito de interposición del recurso de revisión diversa documentación, entre la que cabe destacar la acreditativa del matrimonio celebrado el 12 de septiembre de 1958 entre Don Esteban y Doña Vanesa, del fallecimiento del primero, ocurrido el 29 de junio de 1989, del tiempo permanecido en prisión por aquél - desde el 25 de febrero de 1941 hasta el 12 de enero de 1957, fecha esta última en que fue puesto en libertad condicional y excarcelado- por consecuencia de la condena impuesta en méritos al aludido procedimiento sumarísimo de urgencia núm. 104037 y de la propia Sentencia de fecha 15 de diciembre de 1942 .

En el meritado escrito de 25 de febrero de 2010 -en el que no se invoca ninguno de los seis motivos tasados que para la revisión de las sentencias firmes en la vía jurisdiccional militar establece el artículo 328 de la Ley Procesal Militar y en el que tampoco se menciona ninguno de los cuatro motivos o causas que para que haya lugar al recurso de revisión prevé, igualmente con carácter taxativo o de "numerus clausus", el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal - solicita la promovente que se tenga por interpuesto el recurso de revisión contra la Sentencia dictada por el Consejo de Guerra Permanente núm. 4 en la Causa Sumaria Urgente núm. 104037, y que, tras los oportunos trámites, se dicte por esta Sala Sentencia "por la que estime íntegramente el recurso planteado, anule y deje sin efecto la Sentencia cuya revisión se pretende, declarando inocente de los cargos imputados al difunto esposo de mi defendida, y le absuelva con todos los pronunciamientos favorables".

Alega en síntesis, la promovente, como fundamento de su pretensión revisoria, que Don Esteban fue condenado a la pena de treinta años de reclusión mayor y accesorias legales correspondientes en base a una argumentación fáctica que desembocó en una incongruencia jurídica de primer orden y que, en definitiva, no supuso sino una condena exclusivamente en atención a sus antecedentes izquierdistas y haber sido voluntario durante el "dominio rojo" y ascendido a Sargento; que la Sentencia es un desatino, pues si bien se establece en los hechos probados que el Sr. Esteban cometió diversos delitos comunes -atracos en pueblos y caminos vecinales en 1941-, entiende que los mismos son constitutivos de un delito de adhesión a la rebelión previsto y penado en el artículo 238 del Código de Justicia Militar de 1890 ; que el encausado no obtuvo una tutela judicial efectiva, sin la posibilidad de utilizar los medios probatorios mínimos en su defensa y sin que le fuera aplicada la presunción de inocencia, recordando que todas las sentencias y todos los abusos se cometieron al amparo de un despliegue normativo dictado por una autoridad ilegítima, que creó un marco legal que sirvió a los propósitos de una dictadura militar basada en el terror y en el aniquilamiento de cualquier tipo de disidencia, fundando en todo ello la pretensión "de que sean anuladas las sentencias que se dictaron a su amparo y que se restituya la memoria de sus víctimas", añadiendo que "si radicalmente ilegítimo e ilegal fue el golpe de Estado, también lo fueron las normas jurídicas dictadas por los sediciosos, en especial, las que tendían a la eliminación o exterminación de los republicanos y demócratas. Por tanto, los procesos y sentencias dictadas por los Consejos de Guerra adolecían de una radical nulidad"; y que es momento de "cambiar rotundamente" la concepción jurisdiccional mantenida por esta Sala -que, según afirma la promotora, "admite que los Consejos de Guerra de 1941 eran

Por Providencia de fecha 14 de septiembre de 2010 -y tras haberse acordado, mediante Providencia de 7 de septiembre anterior, requerir a la representación procesal de la promotora de la revisión para que, en el plazo de diez días, presentara copia autorizada del poder que acreditara la representación que ostenta- se tuvo por promovido dicho recurso de revisión y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 957 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se acordó por la Sala oír al Ministerio Fiscal para que alegara lo que estimara conveniente sobre el otorgamiento de la autorización solicitada.

Habiendo manifestado el Ministerio Público que no constaba en el rollo de Sala la Sentencia cuya revisión se pretende, y tras ser unida a las actuaciones la pertinente copia de la meritada resolución, con fecha 25 de octubre de 2010 el Ministerio Fiscal presentó escrito en el que, por las razones que en el mismo se explicitan, solicita que se acuerde denegar la autorización para interponer el recurso de revisión promovido por la representación procesal de Doña Vanesa, viuda de Don Esteban .

Mediante Providencia de fecha 12 de enero de 2011 se acordó incorporar a los autos el procedimiento sumarísimo de urgencia núm. 104037 en méritos al cual el Consejo de Guerra Permanente núm. 4 de Madrid dictó la Sentencia de 15 de diciembre de 1942 cuya revisión se pretende.

Una vez unido a los autos el procedimiento sumarísimo de urgencia núm. 104037, por Providencia de fecha 28 de febrero de 2011 se señaló el día 22 de marzo siguiente, a las 11'00 horas, para que tuviera lugar la deliberación, votación y fallo acerca de la pretensión instada por la parte promovente, lo que se llevó a cabo en dichas fecha y hora por el Pleno de la Sala - convocado de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -, con el resultado decisorio que a continuación se expresa.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Pignatelli Meca quien expresa el parecer de la mayoría del Pleno de la Sala.

Denegar a Doña Vanesa, cónyuge supérstite de Don Esteban, la cual ha actuado ante esta Sala bajo la representación procesal de la Procuradora de los Tribunales Doña Begoña López Cerezo, la autorización para interponer recurso de revisión de la Sentencia dictada el 15 de diciembre de 1942 por el Consejo de Guerra Permanente núm. 4 de Madrid en el procedimiento sumarísimo de urgencia núm. 104037.

Se declaran de oficio las costas causadas.

Notifíquese este Auto a la parte promovente y al Excmo. Sr. Fiscal Togado, con expresión de que frente al mismo no cabe interponer recurso alguno, con independencia del posible de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Así, por este nuestro Auto, que se publicará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

VOTO PARTICULAR

FECHA:28/03/2011

Voto particular que formula el magistrado Jose Luis Calvo Cabello en relación con el auto de 25 de marzo de 2011 dictado en el recurso de revisión penal número 65/2010.

Formulo el presente voto particular porque entiendo que la Sala debió conceder a doña Vanesa autorización para interponer recurso de revisión contra la sentencia de 15 de diciembre de 1942 del Consejo de Guerra Permanente núm. 4 de Madrid, dictada en el procedimiento sumarísimo núm. 104037, por la que su esposo, don Esteban, fue condenado a la pena de 30 años de reclusión mayor.

Según resulta del auto que no comparto, la mayoría de la Sala ha basado su decisión en que artículos 328 de la Ley Procesal Militar y 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . Y aunque también subraya que la promovente ni siquiera interesa la autorización para abrir el proceso revisorio, la ratio decidendi no es esta omisión, sino la falta de invocación de un motivo de revisión, como resulta de lo transcrito y de la parte dispositiva del auto: sentencia dictada el 15 de diciembre de 1942 por el Consejo de Guerra Permanente núm. 4 de Madrid en el procedimiento sumarísimo de urgencia núm. 104037 .

Pues bien, discrepo de esa razón y entiendo que debió ser sustituida por las que expongo seguidamente, suficientes, en mi opinión, para autorizar la interposición del recurso de revisión.

1. - La existencia del recurso de revisión se presenta esencialmente, en palabras de la sentencia del Tribunal Constitucional 124/1984, artículo 1.1 de la Constitución, junto a la libertad, la igualdad y el pluralismo político, como uno de los "valores superiores" que propugna el Estado social y democrático de Derecho en el que España, en su virtud, se constituye . Y recordado esto, quiero subrayar que en la misma sentencia el Tribunal Constitucional añade que el recurso de revisión 2.- Precisamente porque el recurso de revisión es una exigencia de la justicia, alguno de los motivos en que puede fundarse, como ya expresé en mi voto particular formulado el 6 de julio de 2006 en relación con el auto del anterior día 20 de junio dictado en el recurso de revisión núm. 102-5/2006, han sido interpretados extensivamente por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, sin que la resolución de la que discrepo haya prestado atención a ello.

   Por lo que respecta al Tribunal Constitucional, su sentencia nº 150/97 y su auto nº 260/2000 son expresivos ejemplos de esa interpretación extensiva, pues ambas resoluciones amplían el concepto de "hecho nuevo" a que se refiere el art. 954.4º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ( Cuando después de la sentencia sobrevenga el conocimiento de nuevos hechos o de nuevos elementos de prueba de tal naturaleza que evidencien la inocencia del condenado ) y, de acuerdo con la doctrina de esta Sala, también el artículo 328.6 de la Ley Procesal Militar . (Aunque este artículo se refiere sólo a "pruebas indubitadas suficientes a evidenciar el error del fallo", la Sala ha entendido con reiteración -sentencias de 14 de julio de 1998, 30 de enero de 2000, 6 de noviembre de 2000 y 13 de mayo de 2003

   ; autos de 4 de junio de 1994 y 14 de julio de 1998 - que indirectamente lo hace también a los hechos que mediante ellas resultan acreditados, ya que sólo los hechos son objeto de prueba).

   Pues bien, el recurso de amparo estudiado por la sentencia del T.C. nº 150/97 -amparo que fue concedido por entender que había existido vulneración del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva, en relación con el principio de legalidad penal- tenía por objeto la decisión de la Sala 2ª del Tribunal Supremo (auto de 12 de julio de 1994 ) de no admitir a trámite el recurso de revisión interpuesto contra las sentencias por las que la recurrente había sido condenada como autora de un delito del art. 321.1 del Código penal . La solicitud de la revisión se basaba -conviene subrayarlo- en la doctrina del Tribunal Constitucional plasmada en su sentencia nº 111/93, entre otras, que había otorgado el amparo en supuesto similar por entender que la condena se había basado en una extensión in malam partem del tipo penal del art. 321.1 de Código penal .

   La cuestión a resolver consistía, según dice la sentencia del Tribunal Constitucional que se analiza (la núm. 150/97 ), en determinar art. 954 LECr . resulta constitucionalmente aceptable desde la perspectiva del art. 24.1 CE no considerar como "hecho nuevo que evidencia la inocencia del condenado" la existencia de un sentencia de este Tribunal que proclama que no pueda considerarse acción delictiva ex art. 321.1 CP el ejercicio no colegiado de profesiones que no requieren título académico oficial . Con rotundidad el Tribunal Constitucional afirma que la respuesta a tal cuestión ha de ser negativa. Al comienzo de su estudio, tras reiterar que el recurso de revisión es una exigencia de la justicia, recuerda que este recurso fue concebido originariamente para remediar errores sobre los presupuestos fácticos de la infracción. No obstante, para evitar la muy estricta consecuencia que se derivaría de tal concepción y en atención al principio de legalidad penal, declara que . Y tras argumentar que STC 111/93, en el sentido de que el ejercicio de actos propios de una profesión que no requiere título académico no podía considerarse incluida en el art. 321.1 del Código penal, evidencia la "equivocación del fallo" que condenó a la aquí recurrente, cierra la justificación de su decisión de conceder el amparo en términos tan significativos como estos: [que prevalezca el efecto preclusivo de la sentencia condenatoria] debe entenderse que, con la incorporación del recurso de amparo a nuestro Ordenamiento, la expresión "hechos nuevos (...) que evidencien la inocencia del condenado" del art. 954.4 LECrim . debe interpretarse de modo que en él se incluyan las declaraciones, como la aquí analizada, que sirven de ratio decidendi y que de modo claro y terminante rechazan por vulneradoras del art. 25.1 CE determinadas interpretaciones en exceso rigurosas o formalistas de este motivo de revisión .

   Antes me he referido también a otra resolución del Tribunal Constitucional, el auto nº 260/000. Lo traigo a colación porque, si bien inadmite el amparo, mantiene el criterio extensivo de la sentencia analizada; en concreto la amplia interpretación del concepto "hecho nuevo" del art. 954.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

   El amparo había sido solicitado frente a la inadmisión acordada por la Audiencia Provincial de Valencia del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra la sentencia de la misma Audiencia que condenó al recurrente como autor de un delito de incendio. La nulidad que pretendía -y que fue inadmitida- se basaba en haber obtenido del Comité de Derechos Humanos de la ONU un Dictamen en que se declaraba que el Reino de España había vulnerado derechos civiles garantizados en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966 . El Tribunal Constitucional inadmitió el recurso de amparo, como se ha dicho, pero lo que interesa aquí son los términos de la justificación de su decisión: lo inadmitió porque, antes de acudir a él, pudo el solicitante (artículos 954 y ss.), en tanto el Dictamen de la Comisión puede ser tenido por un "hecho nuevo" a los efectos de lo dispuesto en el artículo 954.4 LECrim., en relación con lo declarado, "mutatis mutandi", en la STC150/1997 .

   Por su parte, la Sala 2ª del Tribunal Supremo también viene interpretando extensivamente el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (los motivos enunciados en sus apartados 1º y 4º ) con la finalidad de remediar la injusticia de situaciones causadas bien porque la extensión de la pena impuesta fue aumentada por la apreciación de una circunstancia agravante que después resulta indubitadamente que no concurría, bien porque una persona es condenada dos veces por los mismos hechos.

   Para evitar el mantenimiento de una pena indebidamente agravada, la Sala 2ª ha interpretado con amplitud el motivo de revisión del ya transcrito apartado 4º. Así, su sentencia nº 296/04, referida a la agravación de la pena por haber sido apreciada la circunstancia de reincidencia, comienza haciendo ver que existen dos opciones, cuyas consecuencias son muy distintas. La primera aparece expresada así: precepto (art. 954.4 ) apegada al texto de la norma y congruente con la naturaleza del Recurso extraordinario de la Revisión planteada, pudiera sostenerse que tal alegación, referida a que la pena de la primera condena era muy inferior a la necesaria para constituir la base de la aplicación posterior de la reincidencia, pudo y debió ser objeto del juicio en el que resultó condenado y respecto de cuya Sentencia se pretende la revisión . Y frente a esta opción la sentencia formula una segunda: también puede entenderse -dice- . Pues bien, la Sala 2ª concluye que . (En igual sentido se expresa en su sentencia 407/02, dando valor de hecho nuevo a la acreditación de que la persona objeto de la condena configuradora de la reincidencia era distinta de la condenada después, afectada indebidamente por esta circunstancia agravante).

   Y para evitar el mantenimiento de la segunda situación injusta (una persona es condenada dos veces por los mismos hechos) la Sala 2ª ha actuado con el mismo criterio interpretativo, aplicando los apartados 1º ó 4º del artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

   Así, considera aplicable el motivo de revisión previsto en el apartado 1º ( ) porque -es el argumento de su sentencia 624/01- . Y el motivo de revisión previsto en el apartado 4º lo aplica en otras sentencias, como la nº 504/2000, argumentando que podía art. 954.4º LEcrim, toda vez que, condenado el acusado en la primera de las mencionadas Sentencias, debía ya ser reputado inocente del hecho perseguido cuando fue dictada la segunda Sentencia, puesto que ya había sido declarada su responsabilidad criminal y ésta no podía ser declarada por segunda vez . Por último, cito la de 30 de noviembre de 1998, por la claridad con que contrapone la interpretación literal y la interpretación finalista de la norma. Directamente dice que artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regla con "numeros clausus" las posibilidades de entablar este recurso extraordinario de revisión, entre las que, indiscutiblemente, no se hallan los supuestos en los que un mismo agente comisor sea condenado dos veces en distintas sentencias por un mismo delito como es el caso de autos . Después, resuelve el caso -invocando el artículo 954, sin especificar ninguno de sus apartados- a fin de remediar la injusticia: estima el recurso de revisión y anula la sentencia segunda, creadora del "bis in idem", porque (art. 954 LECrim .) [...] es posible cuando se trata de favorecer al reo y evitar así situaciones que pugnan con el más elemental sentido de justicia .

3. - Establecido pues, que para remediar situaciones injustas es posible constitucionalmente la interpretación extensiva del artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entiendo que no es rechazable la argumentación de la promovente que obra en su escrito de 25 de febrero de 2010:

   Y entiendo que no es rechazable porque en el planteamiento de la promovente del recurso de revisión subyace la idea de que la Constitución es el hecho nuevo que evidenciaría la vulneración del valor justicia. O, más ajustadamente, como razono después, lo constituido por ella.

   Suele objetarse, la Sala lo ha hecho en algunas ocasiones, que la Constitución es una norma jurídica, no un hecho que debidamente acreditado pueda alterar los que como probados se recogieron en la sentencia objeto de revisión. Discrepo primero formalmente de esta objeción porque también una sentencia y un dictamen no son hechos en el sentido que dice la Sala y sin embargo han sido considerados hechos nuevos por el Tribunal Constitucional a los efectos del recurso de revisión. Pero sobre todo discrepo porque cuando en un recurso de revisión se invoca la Constitución como el hecho nuevo, es exigible no detenerse en la consideración de que la Constitución es una norma. Lo es, si bien cualitativamente distinta de las demás porque incorpora el sistema de valores esenciales que ha de constituir el orden de convivencia política y de informar todo el ordenamiento jurídico. Pero el hecho nuevo no es tanto la Constitución, cuanto lo constituido por ella. La Constitución impone un ordenamiento jurídico no cerrado ni autosuficiente, sino abierto y fundado en valores, pendiente, por lo tanto, de una constante revisión. El ordenamiento aparece al servicio y en dependencia de los valores superiores -libertad, justicia, igualdad y pluralismo político-, entre los que la justicia es el prototípico. La justicia no es contemplada en la Constitución como una bella declaración, sino como exigencia, de suerte que ha de realizarse a impulsos del Estado a través del Derecho. La justicia aparece como el primer propósito que el legislador constituyente da a conocer, informa el ordenamiento jurídico y tiene una dimensión jurisdiccional que consiste en el derecho de impetrarla de los jueces. El Estado social y democrático no es el mero Estado de legalidad, sino el proyecto de un Estado justo. Y en un Estado justo, siempre inacabado, no tienen cabida las condenas pronunciadas sin un juicio justo. A tal Estado de Derecho ha de resultarle intolerable la presencia de condenas pronunciadas abiertamente en contra de la Justicia.

4. - Con la expresión "juicio justo" se denomina un conjunto de principios de carácter suprapositivo y supranacional, cuya legitimación es esencialmente histórica, pues proviene -en ello coincide la doctrina- de la abolición del procedimiento inquisitorial, de la tortura como medio de prueba, del sistema de prueba tasada y de la formación de la convicción del juez sobre la base de actos escritos en un procedimiento fuera del control público.

   El artículo 24 de la Constitución Española, junto con el 117, responde a ese modelo históricamente legitimado e incorporado a la cultura jurídico-penal europea. El contenido de ambos -contenido que supone reconocer derechos inalienables de la persona que son anteriores al Estado mismo- coincide en lo fundamental con el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece como contenido de un proceso justo los derechos siguientes:

   - derecho a un tribunal independiente,

   - derecho a ser oído, - derecho a la presunción de inocencia,

   - derecho a ser informado de la acusación,

   - derecho a disponer de tiempo y facilidades para la defensa,

   - derecho a defenderse por sí o por un defensor de su elección,

   - derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo,

   - derecho de igualdad de armas y

   - derecho de acceso a los recursos.

5. - Así las cosas, la cuestión a resolver seguidamente consiste en determinar si don Esteban fue condenado en un proceso justo.

   Por las razones siguientes, sólo cabe una respuesta negativa.

   5.1 Don Esteban fue juzgado por un órgano ilegítimo, dependiente y parcial.

   El Consejo de Guerra que lo juzgó y condenó a la pena de treinta años de reclusión mayor era ilegítimo, porque era continuidad de los Consejos de Guerra creados el 1 de noviembre de 1936 por el Decreto número 55 dictado por el general Franco, que se hallaba al frente de la sublevación contra el gobierno legítimo de la República. (La ilegitimidad vino a ser reconocida incluso por la Ley de la Jefatura del Estado de 12 de junio de 1940, cuyo breve preámbulo decía así: "Desaparecidas en gran parte las circunstancias que determinaron los Decretos cincuenta y cinco y ciento noventa y uno de primero de noviembre de mil novecientos treinta y seis y veintiséis de enero de mil novecientos treinta y siete, restablecido el Consejo Supremo de Justicia Militar, como asimismo la vigencia del antiguo Código Castrense, y libre el Mando de las preocupaciones más perentorias que imponía la guerra, es llegado el momento de volver a la fórmula tradicional en nuestro Ejército de que el ejercicio de la jurisdicción esté unido al mando militar como lo estaba con anterioridad al advenimiento de la República del catorce de abril de mil novecientos treinta y uno que, llevada de su hostilidad a todo sentimiento auténticamente nacional y de jerarquía, impuso la desintegración de los principios tradicionales de la justicia castrense").

   No era independiente, porque para serlo la independencia ha de poder afirmarse frente a todos. Y los miembros del Consejo de Guerra, militares todos, no eran independientes de quien tenía el poder absoluto: el 1 de octubre de 1936, el general Franco asumió no sólo el mando militar, sino también la Jefatura del Estado, siendo ratificada esa concentración de todos los poderes por la Ley de la Jefatura del Estado de 8 de agosto de 1939 . (El legislativo ni siquiera fue alterado por la Ley de las Cortes de 17 de julio de 1942 ). Ni existía, pues, una independencia jurídica, ni podía negarse la posibilidad de que ese poder absoluto les beneficiara o perjudicara profesionalmente según fueran sus decisiones.

   Y no era imparcial porque al participar sus miembros en la idea de construir un nuevo Estado desarrollaban su función sin el necesario distanciamiento, como resulta de la propia sentencia, en cuanto dice en la narración de hechos probados: [...].

   5.2 A lo dicho, suficiente por sí mismo para fundar la nulidad radical del juicio, deben añadirse las características de la clase de proceso seguido. Don Esteban fue juzgado en un proceso sumarísimo, que era la negación de toda garantía, como resulta de lo que sigue:

   - No pudo elegir libremente abogado, sino que hubo de designar uno de entre los jefes y oficiales obrantes en una lista que le mostró el Juzgado Militar Permanente de Plenarios núm. 2. (Ni siquiera se le concedió plazo conocer la aptitud de ellos).

   - El nombramiento de ese defensor fue posterior a la elevación de la causa a plenario, de suerte que no pudo intervenir durante las diligencias sumariales, circunstancia singularmente importante dada la fuerza probatoria - determinante- que éstas tuvieron. (En el juicio no se practicó prueba alguna, limitándose la actuación de las partes a lo que sigue: el Fiscal manifestó que ; y el defensor solicitó (sic) ).

   - No consta el plazo que se concedió al militar nombrado defensor para que preparara la defensa. (Consta el día en que le fue entregado el procedimiento pero no el día en que lo devolvió). - La sentencia no fue susceptible de recurso y adquirió firmeza con la aprobación de la autoridad judicial del Ejército (en el caso, el Capitán General de la Primera Región Militar), de acuerdo con su auditor.

   5.3 A todo lo anterior procede añadir que el Consejo de Guerra Permanente que condenó a don Esteban no expuso en su sentencia ni las pruebas en que fundamentó su narración de hechos probados; ni las razones por las que entendió que estos hechos constituían un delito de adhesión a la rebelión; ni la justificación por la que impuso al acusado la pena de treinta años de reclusión mayor.

6. - Por todo lo expuesto entiendo que la Sala debió conceder a doña Vanesa autorización para interponer recurso de revisión contra la sentencia de 15 de diciembre de 1942 del Consejo de Guerra Permanente núm. 4 de Madrid, dictada en el procedimiento sumarísimo núm. 104037, por la que su esposo, don Esteban, fue condenado a la pena de 30 años de reclusión mayor.