STS, 22 de Febrero de 2012

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón dictó, con fecha 14 de diciembre de 2007, sentencia en el recurso contencioso-administrativo número 1162 de 2003 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: « FALLO: PRIMERO.- Desestimar el recurso Contencioso-Administrativo número 1162/03 interpuesto por ALBAREDA 7, S.L ., contra las resoluciones obrantes en el encabezamiento de esta sentencia. SEGUNDO.- No procede efectuar especial pronunciamiento en relación a las costas.».

En los antecedentes de la referida sentencia se da cuenta de que la entidad recurrente solicitó en su escrito de demanda la anulación de los Acuerdos impugnados, para determinar en su lugar "que el corredor ferroviario noreste, en el tramo que va a la bifurcación de Miraflores y cruza el río Ebro (en el que se encuentran las fincas de los actores) debe tener la condición de sistema general de la ordenación del Plan General de Zaragoza (al igual que ocurre en los tramos anteriores, es decir desde la estación Delicias hasta Miraflores y en los posteriores, es decir, desde el sector 55 hasta San Juan de Mozarrifar)".

La sentencia resume así, en el tercero de sus fundamentos de Derecho, los argumentos esgrimidos por la recurrente en defensa de sus pretensiones en el proceso de instancia:

TERCERO.- En su escrito de demanda la pretensión ejercitada por la actora, disconforme con la categorización que el Plan General de Zaragoza hace de una parte del trazado ferroviario denominado "Corredor Noreste de Alta velocidad, Línea Zaragoza- Huesca-Canfranc subtramo Zaragoza-Zuera" por ser de su propiedad las fincas que se relacionan con éste, que estima debía de calificarse de sistema general debido a las siguientes consideraciones: A) Que el tratamiento de las infraestructuras ferroviarias, ha caracterizado unos tramos como sistemas generales de la ordenación y otros no, sin embargo el informe técnico omite que en relación con ese mismo corredor ferroviario noreste al que pertenece el denominado trazado Miradores-Tardienta, la mayor parte del trazado tiene la categorización de sistema general de ordenación. B) Que el denominado corredor noreste de alta velocidad línea Zaragoza-Huesca-Canfranc, en su discurrir dentro del termino municipal de Zaragoza, sale de la estación Delicias, atraviesa la Ciudad por debajo de la Avenida de Goya, gira hacia el norte por la bifurcación de Miraflores, cruza la carretera de Castellón, cruza el río Ebro, junto el puente del tercer cinturón, atraviesa la Avenida de Cataluña y enfila el norte en paralelo a la carretera de Huesca pasando junto al Barrio de San Gregorio y San Juan de Mozarrifar. Dicha traza se cataloga el 85% en el Plan General como sistema general de ordenación, pero en el centro del recorrido, antes de pasar por el río Ebro, no aparece dicha catalogación con lo que no muestra su conformidad por cuanto todo el tramo está al servicio de la ciudad, ya que formaría parte natural de una eventual red de ferrocarril de cercanías. C) A lo manifestado añade que, puesto que una parte del trazado en concreto el tramo 5 se ha denominado SUZ 55/1 Autopista del Mediterráneo, en el Plan General está expresamente adscrito para su calificación al sector 55/1 de suelo urbanizable. De ello infiere que, por aplicación de los mismos principios, los terrenos de la actora y el tramo en que se ubican tienen que tener el mismo reconocimiento que los demás que integran el mismo trazado, a las pretensiones de la parte actora se oponen los demandados

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La sentencia sintetiza también los fundamentos de hecho que se desprenden del expediente administrativo en los siguientes términos:

SEGUNDO.- De los datos obrantes en el procedimiento se extraen los siguientes extremos:

A) Miguel Ángel Aina Mateo en nombre y representación de Albareda 7, SL. presentó el 7/11/2002 recurso de alzada ante la Diputación General de Aragón contra el Acuerdo del Consejo de Ordenación del Territorio de 25/09/2002 manifestando que entre otras diferentes cuestiones el acto administrativo impugnado aborda el cumplimiento de las prescripciones F) 7 y 8 relativas al Sistema General Ferroviario de Zaragoza ante la eventualidad de que pudiera reflejar una realidad perjudicial para el recurrente, dado que es propietario de una finca ubicada en el barrio de las Fuentes de Zaragoza denominada "Heredamiento de Torremontoya" que en parte se ha visto afectada por el trazado ferroviario del Corredor Noreste de Alta Velocidad, Línea Zaragoza-Huesca. Plataforma y vía tramo Zaragoza-Huesca-Canfranc, Subtramo Zaragoza-Zuera. Sin embargo, aún cuando sobre la misma discurre este tramo ferroviario, considera que el Plano de clasificación n° 41 del Plan General no se recoge con nitidez la condición que este ramal ferroviario tiene de sistema general en la ordenación. Concluyendo que había de considerarse que los planos que representan los terrenos por los que discurre el ramal ferroviario en el emplazamiento de referencia ya deberían aparecer con la mención específica de que están destinados a Sistema General de comunicación ferroviaria.

B) Practicado informe técnico el 27/2/2003 por el Ingeniero de Caminos Jefe de Gestión del Ayuntamiento de Zaragoza con la conformidad del Jefe del Departamento de Ordenación y Gestión Urbanística se manifiesta que: El Plan General clasifica los terrenos reservados por las infraestructuras ferroviarias atendiendo básicamente a los siguientes criterios:

-Los terrenos por los que discurren o vayan a discurrir los sistemas de comunicación o infraestructuras, se clasifican con la misma clase de suelo que los terrenos colindantes (suelo urbano, urbanizable o no urbanizable).

-Según la función estructurante que desempeña el sistema de comunicaciones e infraestructuras en el ámbito del territorio - urbano- o urbanizable, cuando su función este relacionada directamente con dichas clases de suelos; no urbanizable cuando forman parte de una estructura territorial más amplia y la infraestructura presta servicio a un ámbito territorial que sobrepasa al estrictamente urbano.

-Por otra parte, dentro de los SNU ES (SCI)" (suelo no urbanizable de especial protección del sistema de comunicaciones e infraestructuras) "se incluyen las bandas de reserva para la construcción de nuevas infraestructuras cuyo proyecto constructivo no esta totalmente definido de modo que permita su encaje definitivo.

C) La resolución que resolvió el recurso de alzada de 30/9/2003 confirmó la anteriormente referida

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Con ese punto de partida, corrobora la sentencia en su fundamento de Derecho cuarto, tras examinar la prueba pericial practicada en el proceso, que la clasificación de los terrenos de referencia como suelo no urbanizable de especial protección del sistema de comunicaciones e infraestructuras resulta acorde con la legislación autonómica urbanística aplicable al caso [Ley Urbanística de Aragón 5/1999, de 25 de marzo (en adelante LUA)], realizando al efecto las siguientes consideraciones:

CUARTO.- Expuesto lo anterior el artículo 33 de la Ley Urbanística de Aragón 5/1999 de 25 de marzo bajo el epígrafe de Determinaciones Generales previene: "El Plan General contendrá las siguientes determinaciones de carácter general: a) Clasificación del Suelo con sus categorías y calificación urbanística, indicando las correspondientes delimitaciones y superficies b) Estructura general y orgánica del territorio integrada por los elementos determinantes del desarrollo urbano y, en particular el sistema de núcleos de población y los sistemas general de comunicación, equipamiento comunitario y otros. Dicho precepto es acorde con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento del Desarrollo Parcial de la LUA , en materia de organización planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños municipios, aprobado por Decreto del Gobierno de Aragón 52/05 de 19 de febrero que en su párrafo 1º dispone: "El Plan General deberá definir según las previsiones que incorpora, el sistema general de comunicaciones urbanas e interurbanas, estableciendo reservas de suelo necesarias para el establecimiento de redes viarias y ferroviarias, así como en su caso, para instalaciones aeroportuarias y eventualmente instalaciones al servicio del transporte fluvial, añadiendo el párrafo 3º: "Respecto de la comunicación ferroviaria el Plan deberá contemplar como sistema general la totalidad de los suelos ocupados por la infraestructura ferroviaria, incluyendo los lechos y playas, vías, edificios de estaciones de viajeros y mercancías, muelles de carga y apartaderos, parques de aparcamiento o reparación de material rodante o similares. Incluirá asimismo un diagnóstico sobre la adecuación u obsolescencia de la red arterial ferroviaria urbana existente, así como sobre la necesidad de proceder o no a su remodelación y, en su caso, definirá la alternativa propuesta. Así mismo el plan deberá fijar la línea de edificación en relación con las vías férreas de conformidad con lo dispuesto al respecto por la legislación sectorial de transportes terrestres y de policía de ferrocarriles".

En consecuencia la clasificación de los terrenos anteriormente referidos como suelo no urbanizable especial de terrenos sujetos a protecciones sectoriales y complementarias de protección del sistema de comunicaciones e infraestructuras se ha efectuado en concordancia con los preceptos anteriormente referidos y en cumplimiento del informe técnico descrito en aplicación de los criterios de colindancia, función estructurante al tratarse de un corredor ferroviario que supera el ámbito local y por constituir una banda de reserva para la línea de alta velocidad Zaragoza-Huesca sin proyecto constructivo en la fecha de aprobación del Plan General. Lo expuesto no es contradicho por el informe pericial, aportado por la parte actora y emitido por el Arquitecto Mateo , aún cuando las conclusiones sean distintas a la expuesta, por valorar parámetros diferentes que no se contemplan en el informe referido. Por tanto es la Administración quien tiene la facultad de determinar los criterios a seguir para proceder a la clasificación de los terrenos.

Lo indicado es acorde con la Sentencia del Tribunal Supremo de 3/11/1998 que se pronuncia en los siguientes términos: "A quien el ordenamiento jurídico confiere facultad, potestad para decidir sobre el destino último de los terrenos del término municipal no es a los propietarios de dichos terrenos, ni eventualmente a los peritos judiciales que dictaminan en los pleitos en que son llamados a hacerlo. Esta decisión está reservada por la Ley a unas autoridades específicamente señaladas que ostentan en modo exclusivo la competencia necesaria para adoptar las decisiones que en cada caso y a la vista de las circunstancias concurrentes, estimen procedente. Esa competencia no es, no puede ser arbitraria sino que en punto a la clasificación de suelo urbano y de suelo no urbanizable de Especial protección ha de atenderse a las pautas legalmente establecidas, por su parte, las decisiones puramente discrecionales también puedan ser combatidas cuando la decisión sea errónea, arbitraria o vulneradora de principios generales del derecho o cuando incurra en desviación de poder".

Nada de lo expuesto ocurre en el supuesto enjuiciado en el que como se ha expuesto, se han aplicado los criterios que recoge el informe técnico para proceder a calificar el suelo relacionado con el trazado ferroviario. Tampoco quedan vulnerados, acogiéndose al anterior criterio, las prescripciones F) 7 y 8 establecidas en el acuerdo impugnado, relativas al Sistema General Ferroviario, pues, la clasificación de suelo no urbanizable especial sujeto a protecciones sectoriales y complementarias de protección del sistema de comunicaciones e infraestructuras, es la recogida en la norma urbanística de la Revisión del Plan General de Zaragoza 6.3.23 que dispone en su párrafo primero: "En los planos del Plan General se grafía el suelo no urbanizable especial de protección del sistema de comunicaciones e infraestructuras, definido en forma de franjas destinadas a reserva para implantación y a la salvaguarda de la función de vías de comunicación y transporte por carretera, autovía o autopista, ferrocarriles, canales y demás infraestructuras territoriales existentes o previstas con exigencias de esta naturaleza

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Por último, rechaza la sentencia en el mismo fundamento cuarto los argumentos de la demanda referidos a una pretendida infracción de los principios de igualdad e interdicción de la arbitrariedad, por las siguientes razones:

Finalmente, es obvio que tampoco queda vulnerado el principio de igualdad por el hecho de que otros terrenos, por donde discurre el sistema ferroviario, se hayan clasificado de diferente forma a la que ha correspondido a los terrenos de la recurrente, pues, al tener en cuenta los criterios enumerados en el precitado informe técnico, obviamente no se ha acreditado que las fincas referidas por la actora guarden identidad y hayan sido tratadas de forma diferente a aquellas que son de su propiedad. Por ello, al faltar la premisa previa y precisa para establecer la comparación, no puede sostenerse que el principio de igualdad que se regula en el artículo 14 de la Constitución haya quedado vulnerado.

Tampoco puede sostenerse que la Administración haya obrado arbitrariamente, muy al contrario, al calificar los terrenos del actor se ha apoyado en criterios técnicos que justifican sobradamente la actuación realizada. Por tanto el recurso debe ser desestimado

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Notificada la referida sentencia a las partes, la representación procesal de la entidad mercantil "Albareda 7, S.L." preparó recurso de casación contra dicha sentencia, que interpuso mediante escrito registrado el 11 de abril de 2008.

Tras exponer los antecedentes del caso articula tres motivos de casación, todos ellos por el cauce del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de este orden contencioso-administrativo y su contenido, en síntesis, es el siguiente:

Motivo primero : Vulneración de los artículos 24 y 9.3 de la Constitución en relación con el artículo 348 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil sobre la prueba pericial, así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a la infracción de las reglas de valoración de la prueba.

Sostiene que la Sala de instancia ha incurrido en arbitrariedad, irrazonabilidad y falta de lógica en la valoración de la prueba pericial practicada, alcanzando un resultado inverosímil, y ello por cuanto la analizó y valoró sólo para corroborar la corrección de la clasificación del suelo, sin atender a la verdadera pretensión de la recurrente, circunscrita a la categorización de su finca como sistema general al servicio de la ordenación del Plan General.

Motivo segundo : Vulneración de los principios de igualdad e interdicción de la arbitrariedad reconocidos en los artículos 14 , 103 y 9.3 de la Constitución , así como de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre control de la discrecionalidad del planificador urbanístico, puesto que la sentencia impugnada rechazó la infracción de dichos principios atendiendo exclusivamente a la clasificación del suelo de los terrenos afectados por la infraestructura ferroviaria, pero no a lo realmente planteado en la demanda, en la que se limitó a reclamar su categorización -en todo el trazado del Corredor ferroviario- como sistema general municipal, añadiendo que la distinta categorización de las futuras vías como sistema general en unos tramos y sin dicha condición en otros infringe los referidos principios de igualdad e interdicción de la arbitrariedad.

Motivo tercero : Vulneración del artículo 9 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones ; de los artículos 25 y 26.2 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio; y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la caracterización del concepto de sistema general de la ordenación, representada en las sentencias de la Sala 3ª (Sección 6ª) de 26 y 19 de febrero de 2004 (Casaciones 2368/2000 y 2358/2000 ) y de 23 de mayo de 2000 (Casación 871/1996 ); así como en la sentencia de la Sección 5ª de la misma Sala de 15 de octubre de 2002 (Casación 10690/1998 ), insistiendo en que los terrenos de referencia debieron calificarse como sistema general, al margen de su clasificación como suelo no urbanizable de especial protección de comunicaciones, con la que resultaría compatible.

La recurrente finaliza su escrito solicitando que se dicte sentencia declarando haber lugar al recurso de casación dejando sin efecto la sentencia recurrida y dictando otra en su lugar anulando las resoluciones administrativas recurridas « determinando que el corredor ferroviario noreste, en el tramo que va de la bifurcación de Miraflores y cruza el río Ebro (en el que se encuentran las fincas de la recurrente)" debe "tener la condición de sistema general de la ordenación del Plan General de Zaragoza (al igual que ocurre en los tramos anteriores, es decir desde la estación Delicias hasta Miraflores y en los posteriores, es decir, desde el sector 55 hasta San Juan de Mozarrifar )».

El Ayuntamiento de Zaragoza y la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón se opusieron al recurso de casación mediante escritos registrados el 26 de marzo y el 29 de abril de 2009, en los que solicitaron su desestimación y la Administración autonómica recurrida pidió también la inadmisión del recurso de casación por pretenderse con él en realidad reinterpretar Derecho autonómico y no estatal, ni comunitario europeo.

Quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, fijándose finalmente al efecto el día 8 de febrero de 2012, fecha en la que tuvo lugar la deliberación y votación, con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la Ley.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jesus Ernesto Peces Morate, al haber declinado la ponencia el Magistrado Excmo. Sr. Don Jorge Rodríguez Zapata, inicialmente designado como ponente, al no compartir éste el criterio de la Sala, por lo que formulará voto particular.

Se impugna en casación la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 14 de diciembre de 2007 , que desestima el recurso formulado frente a los acuerdos de que se ha hecho mérito en el extracto de antecedentes y, en definitiva, frente a la aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza.

Se ataca la calificación otorgada en la revisión del Plan General de Zaragoza a una finca sita en el barrio de las Fuentes de dicha ciudad, afectada en parte por el trazado ferroviario del ‹ Corredor Noreste de Alta Velocidad, Línea Zaragoza-Huesca Plataforma y vía tramo Zaragoza-Huesca-Canfranc, Subtramo Zaragoza-Zuera ›, en particular por el tramo del referido corredor ferroviario que discurre entre la bifurcación de Miraflores y el río Ebro, que resulta clasificado por el Plan General impugnado como ‹ suelo no urbanizable especial de terrenos sujetos a protecciones sectoriales y complementarias de protección del sistema de comunicaciones e infraestructuras (SNU ES -CSI-) ›, atendida su naturaleza supramunicipal, pretendiendo la entidad recurrente -tanto en su demanda en el proceso de instancia, como en el presente recurso de casación- que se obligue a la Administración demandada a calificar como sistema general municipal el referido tramo ferroviario.

Con carácter preliminar hay que rechazar la excepción opuesta por la Administración autonómica recurrida en su oposición al recurso, en el que pide la inadmisión porque el recurso no se funda en normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sean relevantes y determinantes del fallo recurrido ( artículo 86.4 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa ).

Aunque los preceptos autonómicos y la normativa de la revisión del Plan General tiene relevancia decisiva para la resolución del conflicto suscitado, hay que reconocer, frente a lo alegado por dicha Administración, que los dos primeros motivos de casación, que antes se han resumido, invocan la infracción de normas de Derecho estatal, pues el primero se basa en las normas reguladoras de la valoración de la prueba pericial, y el segundo invoca principios constitucionales que fueron expresamente citados y valorados en la sentencia impugnada, mientras que en el tercer motivo de casación se aduce -al margen de determinados preceptos de Derecho estatal que valoraremos en su momento- la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo que interpreta normas estatales, como luego veremos, por lo que debemos rechazar tal causa de inadmisión.

En el primer motivo de casación, formulado por el cauce del artículo 88.1.d) de la LRJCA , se esgrime, como se ha dicho, la infracción de los artículos 24 y 9.3 de la Constitución en relación con el artículo 348 de la Ley 1/2000 , de Enjuiciamiento Civil, por haber valorado la Sala de instancia de manera arbitraria, irracional e ilógica la prueba pericial practicada, que conduce a resultados inverosímiles, incurriendo además en incongruencia con lo verdaderamente solicitado en la demanda.

Efectúa la parte recurrente una correcta exposición de la doctrina consolidada de esta Sala, que admite impugnaciones de la valoración de la prueba en aquellos casos en que el Tribunal de instancia ha infringido las normas legales o jurisprudencia reguladoras de una prueba concreta y determinada, o cuando ha efectuado una valoración ostensiblemente arbitraria, contraria a la lógica o a las reglas de la sana crítica [ sentencias de 29 de septiembre de 2011 (Casación 4533/2007 ) y 3 de febrero de 2011 (Casación 3009/2206 )].

El motivo debe ser estimado porque la Sala de instancia valora incorrectamente la prueba pericial practicada, que le lleva a conclusiones irrazonables e ilógicas, según vamos a explicar seguidamente, para asumir ahora nosotros íntegramente la tesis de la representación procesal de la entidad recurrente.

Frente a la pretensión de la entidad demandante de que se calificase su finca como " sistema general de la ordenación del Plan General " , la Administración demandada opuso, apoyándose en un informe técnico del Ingeniero Jefe de Gestión del Ayuntamiento de Zaragoza, que el concreto tramo al que se refiere este litigio lo constituye una banda de reserva para la línea de alta velocidad Zaragoza-Huesca, que carecía de proyecto constructivo en la fecha de aprobación del Plan General, la naturaleza supralocal del corredor ferroviario en cuestión y que resultaba preceptiva su clasificación como suelo no urbanizable especial de acuerdo con el Derecho autonómico y local de aplicación.

Centrados así los términos del litigio, la sentencia impugnada acoge los argumentos de las Administraciones demandadas, considerando que no fueron contradichos por « el informe pericial, aportado por la parte actora y emitido por el arquitecto Mateo , aún cuando las conclusiones sean distintas a la expuesta, por valorar parámetros diferentes que no se contemplan en el informe referido» , apreciación de la Sala de instancia que no es correcta.

Como con todo acierto apunta la representación procesal de la entidad recurrente, al articular el presente motivo de casación, la Sala de instancia ha confundido el contenido de la pretensión por considerar que se está dirimiendo la correcta o incorrecta clasificación del suelo, a pesar de que no es este el objeto de la controversia, que se ciñe exclusivamente a si un suelo que el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza destina a soporte de una infraestructura ferroviaria de alta velocidad tiene o no que venir calificado en dicho Plan General como sistema general, al margen de su clasificación.

De la prueba pericial practicada en el proceso y del resto de los informes y documentos, obrantes en las actuaciones y en el expediente administrativo, se deduce que en el tramo 3 de la traza sobre el que se sitúa la finca denominada " Heredamiento Torremontoya " , propiedad de la entidad actora, se prevé por el Plan que discurra una infraestructura ferroviaria que es exactamente la misma que discurre dentro del término municipal de Zaragoza entre la Estación de Delicias y San Juan de Mozarrifar, y el referido informe pericial demuestra que sobre todo ese trazado discurrirá la misma línea férrea, de manera que la funcionalidad infraestructural del tramo, que está inmediatamente antes y del que lo está después del que es objeto de este litigio, es exactamente la misma porque todos ellos forman un conjunto necesario e indisoluble como soporte de la vía férrea, que no se puede cortar sino que, necesariamente, tiene un discurrir continuo.

Del informe pericial, emitido en el proceso, se deduce que, en tanto que soporte de una infraestructura, el suelo litigioso desempeña idéntica función que los que conforman los tramos inmediatamente anteriores y posteriores, y, por tanto, el desconocimiento de esa identidad estructural y funcional (como simple soporte) implica situarse de espaldas a la lógica al valorar la prueba pericial, ya que ésta versa sobre un hecho relevante y determinante, cual es la funcionalidad estructural del suelo, mientras que la Sala de instancia, al apreciarla, llega a un resultado absurdo porque implica aceptar como realidad de hecho una vía férrea discontinua, lo que conceptualmente es imposible.

Cuestión distinta es que los terrenos de los sucesivos tramos puedan tener una u otra clasificación, pero, como señala la representación procesal de la entidad demandante, esa no es la cuestión que se dirime en este litigio, sino que lo relevante en él es la calificación del suelo como soporte de una infraestructura (vía férrea) al margen de su clasificación o la de su entorno inmediato, condición de soporte de la vía férrea que es necesariamente la misma en el suelo del tramo litigioso que en el anterior y posterior, lo que ha quedado plenamente demostrado mediante la prueba pericial y demás elementos probatorios obrantes en las actuaciones, razón por la que este primer motivo de casación debe prosperar.

En su segundo motivo de casación, la recurrente esgrime la infracción de los principios de igualdad e interdicción de la arbitrariedad en la actuación de las Administraciones públicas reconocidos en los artículos 14 , 103 y 9.3 de la Constitución , así como de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre control de la discrecionalidad del planificador urbanístico, por haber calificado el Plan en cuestión la referida infraestructura ferroviaria como sistema general en unos tramos y en otros no, sin que exista causa justificada para ello.

Este segundo motivo de casación también debe ser estimado.

La tesis de la Sala sentenciadora, al rechazar la vulneración del principio de igualdad por no haberse calificado el suelo propiedad de la recurrente como sistema general, arranca de una premisa errónea, ya que no se ha cuestionado en el litigio sustanciado la clasificación de ese suelo sino que se pretende que sea calificado como sistema general por estar destinado a servir de soporte de infraestructuras, de manera que desde esa mera función de soporte, que es un hecho determinante y necesariamente igual para toda la infraestructura, no cabe calificar como sistema general los suelos del mismo trazado de forma intermitente o discontinua, ya que la función de soporte de la vía férrea es la misma en todo el discurrir de ésta sobre la realidad física natural, y, en consecuencia, al existir una norma jurídica que establece una consideración especial para esta función de soporte, esa norma debe aplicarse exactamente igual a todos los suelos sobre los que se asienta la infraestructura pues todos ejercen la misma función, y, como esta circunstancia constituye un hecho determinante , no hay potestad discrecional del planificador que pueda soslayar ese automatismo jurídico necesario.

La sentencia de instancia, en los dos últimos párrafos del fundamento jurídico cuarto de la sentencia recurrida, rechaza que se haya vulnerado el principio de igualdad o el de interdicción de la arbitrariedad, que opera como límite a la discrecionalidad del planificador, y ello por entender que no se ha acreditado que haya una situación de identidad entre las fincas situadas antes y después sobre el mismo trazado ferroviario y las de la entidad actora, que se encuentran intercaladas en la mitad, pero, al así razonar, incurre en un error, ya que la entidad demandante se limitó a invocar la igualdad respecto de una específica cualidad, que es la de servir de soporte infraestructural de la misma vía férrea, cualidad en la que la identidad es indiscutible, porque lo contrario supone considerar que la vía férrea es discontinua, y ello es física y conceptualmente imposible.

Si a eso se añade que la concurrencia de esa cualidad tiene una consecuencia jurídica necesaria, cual es la categorización del suelo de soporte de infraestructuras como sistema general, hay que declarar que la inaplicación de la misma consecuencia jurídica a situaciones idénticas vulnera el principio de igualdad y, por extensión, transgrede los límites de la discrecionalidad del planificador, quien no puede ignorar hechos determinantes sin producir un resultado arbitrario.

En el tercer y último motivo del recurso de casación se invoca la vulneración del artículo 9 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones ; de los artículos 25 y 26.2 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio; y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo recogida en las sentencias de la Sección 6ª de esta Sala de 26 y 19 de febrero de 2004 (Casación 2368/2000 y 2358/2000 ) y de 23 de mayo de 2000 (Casación 871/1996 ); así como en la sentencia de esta misma Sección 5ª de 15 de octubre de 2002 (Casación 10690/1998 ), al haberse debido calificar como sistema general municipal el tramo ferroviario en cuestión.

Este último motivo de casación es, al igual que los anteriores, estimable.

La Sala sentenciadora, al encontrar justificación para que el suelo en cuestión esté clasificado como suelo no urbanizable de especial protección, destinado a sistema de comunicaciones e infraestructuras, considera que, dada tal circunstancia, no procede discutir la condición que deba de otorgarse a unos terrenos como sistema general de la ordenación, planteamiento que, efectivamente, infringe lo establecido en el artículo 9 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones , porque de este precepto no se infiere la incompatibilidad de esa clasificación con la caracterización jurídica de sistema general de la ordenación, y así se infiere de lo dispuesto en los artículos 25 y 26.2 del Reglamento de Planeamiento , aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, aplicable como derecho supletorio en Aragón por imperativo de la Disposición Final Primera de la Ley Urbanística de Aragón 5/1999 hasta la entrada en vigor el 28 de mayo de 2002 del Reglamento autonómico aprobado por Decreto del Gobierno de Aragón 52/2002, de 19 de febrero.

En el artículo 25.2 del Reglamento de Planeamiento se dispone que los Planes Generales habrán de definir los sistemas relacionados en los párrafos anteriores con la precisión suficiente para poder permitir un adecuado desarrollo del Planeamiento en Planes Parciales o Especiales, entre los que el apartado 1.b) del mismo precepto incluye el sistema general de comunicaciones, tanto urbanas como interurbanas, estableciendo las reservas de suelo necesarias para el establecimiento de las redes viarias y ferroviarias, y en el artículo 26.2 del mismo Reglamento se dispone que la definición de los sistemas generales determinantes de la estructura general del territorio se formulará sin perjuicio de la clasificación del suelo, de modo que las cuestiones de clasificación del suelo y sistemas generales son independientes, mientras que el Plan General debe definir obligatoriamente los sistemas generales con un determinado grado de precisión.

El indicado régimen jurídico no ha sido trasladado por la sentencia recurrida al enjuiciamiento de la cuestión controvertida, y, por tanto, no sólo ha conculcado dichos preceptos sino que se aparta de la consideración conceptual de los sistemas generales acuñada por la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo recogida en las sentencias citadas en este motivo, con abstracción de la singularidad de las cuestiones debatidas en los pleitos a que pusieron fin.

En definitiva, al margen de la clasificación que el Plan General haya atribuido a los terrenos en cuestión, éstos deberían venir definidos o categorizados en el Plan General de Zaragoza como sistema general, exactamente igual que los que sirven de soporte a la misma vía férrea en los tramos anteriores y en los posteriores con independencia de que el proyecto para la ejecución de aquélla haya sido o no aprobado.

La estimación de los tres motivos de casación alegados comporta la declaración de haber lugar al recurso interpuesto y nuestro correlativo deber de resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparezca planteado, según establece el artículo 95.2 d) de la Ley de esta Jurisdicción , que, en el caso enjuiciado, se circunscribe a decidir si los acuerdos impugnados en la instancia son ajustados a Derecho en cuanto dieron por cumplimentadas determinadas prescripciones impuestas al acuerdo de aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, los que por las razones expresadas en los precedentes fundamentos jurídicos, al estimar los motivos de casación alegados, debemos declarar contrarios a derecho y, en consecuencia, nulos, según lo dispuesto concordadamente en los artículos 62.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , 68.1, b ), 70.2 , 71.1 a ) y 72 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , con estimación, por tanto, del recurso contencioso- administrativo sostenido por la entidad recurrente.

Debemos examinar si la petición que formula la entidad recurrente, para que declaremos que el Corredor ferroviario noreste en el tramo que va de la bifurcación de Miraflores y cruza el río Ebro ( en el que se encuentran las fincas de la actora) debe de tener la condición de sistema general de la ordenación del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza (al igual que ocurre en los tramos anteriores, es decir desde la estación Delicias hasta Miraflores y en los posteriores, desde el sector 55 hasta San Juan de Mozarrifar), puede ser atendida por esta Sala o, por el contrario, sólo estamos facultados para declarar contrario a derecho y nulo el referido Plan General en cuanto no califica como sistema general ese tramo del Corredor ferroviario noreste .

El artículo 71.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo dispone que los órganos jurisdiccionales no podrán determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anulasen ni podrán determinar el contenido discrecional de los actos anulados.

Consideramos, sin embargo, que en el caso enjuiciado han sido las propias Administraciones urbanísticas quienes han trazado sobre el suelo en cuestión la futura vía férrea, aunque su proyecto no se haya aprobado, y, por tanto, su calificación, al igual que el tramo anterior y el posterior, sólo puede ser el de sistema general por las razones antes expresadas, de manera que la pretensión ejercitada por la entidad recurrente debe ser estimada.

La declaración de haber lugar al recurso de casación interpuesto es determinante de que no formulemos expresa condena al pago de las costas procesales causadas, según establece el artículo 139.2 de la Ley de esta Jurisdicción , sin que existan méritos para imponer las de la instancia a cualquiera de los litigantes, de conformidad con la aplicación concordada de los artículos 95.3 y 139.1 de la misma Ley , al no apreciarse en su actuación mala fe ni temeridad.

Vistos los preceptos citados, así como los artículos 72.2 , 86 a 95 y 107.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa .