STSJ Galicia 1395/2010, 9 de Diciembre de 2010
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 1395/2010 |
| Fecha | 09 Diciembre 2010 |
T.S.J.GALICIA CON/AD SEC.1
A CORUÑA
SENTENCIA: 01395/2010
PONENTE: D. FERNANDO SEOANE PESQUEIRA
RECURSO NUMERO: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 172/2008
RECURRENTE: FEDERACION EDUCACION E XESTION DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA
ADMINISTRACION DEMANDADA: CONSELLERIA DE EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA
EN NOMBRE DEL REY
La Sección 001 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha pronunciado la
SENTENCIA
Ilmos./as. Sres./as. D./Dª
FERNANDO SEOANE PESQUEIRA.- Pte.
FRANCISCO JAVIER CAMBON GARCIA
MARIA DOLORES GALINDO GIL
A CORUÑA, nueve de Diciembre de dos mil diez.
En el recurso contencioso-administrativo que, con el número 172/2008, pende de resolución ante esta Sala, interpuesto por la
FEDERACION EDUCACION E XESTION DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA, representada por el procurador D. GONZALO LOUSA GAYOSO, dirigida por la letrada Dª MARIA BELEN COSTA RODRIGUEZ, contra ORDEN DE 20/12/07 DE CONSELLERÍA EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA SOBRE CONCIERTOS EDUCATIVOS ENSEÑANZAS EDUCACIÓN INFANTIL. Es parte la Administración demandada la CONSELLERIA DE EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA, representada por el LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA.
Es ponente el Ilmo. Sr. D. FERNANDO SEOANE PESQUEIRA.
Admitido a trámite el presente recurso contencioso-administrativo, se practicaron las diligencias oportunas y, recibido el expediente, se dio traslado del mismo a la parte recurrente para deducir la oportuna demanda, lo que se hizo a medio de escrito en el que, en síntesis, tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que se estimaron pertinentes, se acabó suplicando que se dictase sentencia por la que se declare nula la orden que se recurre; subsidiariamente, se anule y declare nulo el contenido de la misma en aquellos aspectos relativos a la eficacia de la modificación de los conciertos regulados en la orden impugnada, estableciendo los efectos económicos y administrativos de dicha modificación con fecha 2 de enero de 2008.
Conferido traslado a la parte demandada, se solicitó la desestimación del recurso, de conformidad con los hechos y fundamentos de Derecho consignados en la contestación de la demanda.
Habiéndose recibido el asunto a prueba y practicada ésta según obra en autos y declarado concluso el debate escrito, quedaron las actuaciones sobre la mesa para resolver.
En la sustanciación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo la cuantía del mismo indeterminada.
La Federación de centros de Educación e Xestiòn da Comunidade Autónoma de Galicia impugna en esta vía jurisdiccional la Orden de 20 de diciembre de 2007 de la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, por la que se modifican la de 6 de julio de 2007, por la que se aprueban los conciertos educativos para las enseñanzas de educación infantil con centros docentes privados, y la de 8 de agosto de 2007, por la que la que se modifican los conciertos educativos con centros docentes privados de educación primaria, educación secundaria obligatoria, educación especial, programas de garantía social, ciclos formativos de grado medio y ciclos formativos de grado superior.
Esgrime, en primer lugar, el Letrado de la Xunta, como motivo de inadmisibilidad, la falta de legitimación activa de la asociación recurrente, argumentando que no puede sustituir a los afectados por el acto impugnado, en este caso los concretos colegios que entienden que la modificación de los conciertos les perjudica, pues si estos no lo combaten es que lo consienten, sin que pueda aquélla apropiarse de ese interés directo.
Este motivo no puede ser acogido porque su apreciación conllevaría la conculcación del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución) en su dimensión del derecho de acceso a la jurisdicción, según la interpretación de la doctrina del Tribunal Constitucional. Y debido a que se invoca la doctrina constitucional sobre la legitimación activa de los sindicatos, es conveniente recordar que, tal como se resume en la sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de junio de 2007, reiterada en la 202/2007, de 24 de septiembre, la doctrina de dicho Tribunal "sobre la legitimación activa de los sindicatos en el orden contenciosoadministrativo forman un cuerpo consolidado de doctrina, cuyos rasgos principales son los siguientes: En primer lugar, que ha de reconocerse, con carácter abstracto o general, la legitimación de los sindicatos para impugnar ante los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo decisiones que afecten a los trabajadores, funcionarios públicos y personal estatutario. Los sindicatos tienen atribuida una función genérica de representación y defensa, no sólo de los intereses de sus afiliados, sino también de los intereses colectivos de los trabajadores en general ( STC 84/2001, de 26 de marzo, FJ 3). Este reconocimiento abstracto se basa en la función de los sindicatos que, desde la perspectiva constitucional, consiste en defender los intereses de los trabajadores, en este caso, al servicio de la Administración, por lo que hemos declarado que "es posible reconocer en principio legitimado al sindicato en cualquier proceso en que estén en juego intereses colectivos de los trabajadores" ( SSTC 210/1994, de 11 de julio, FJ 3 ; 28/2005, de 14 de febrero, FJ 3 ; 358/2006, de 18 de diciembre, FJ 4). En segundo lugar, que la genérica legitimación abstracta ha de proyectarse de un modo particular sobre el objeto de los recursos que formulen ante los Jueces y Tribunales mediante un vínculo o conexión entre el sindicato y la pretensión ejercitada, porque tenemos declarado que "la función atribuida por la Constitución a los sindicatos no los transforma en guardianes abstractos de la legalidad" ( SSTC 210/1994, de 11 de julio, FJ 4 ; 28/2005, de 14 de febrero, FJ 3 ; 358/2006, de 18 de diciembre, FJ 4). Y, por último, en tercer lugar, que el vínculo o nexo exigido entre la actividad y los fines del sindicato y el objeto del pleito debe ponderarse en cada caso, lo que en el orden contencioso-administrativo ha de implicar el recurso a la noción de "interés profesional o económico, traducible en una ventaja o beneficio cierto, cualificado y específico derivado de la eventual estimación del recurso entablado" ( SSTC 24/2001, de 29 de enero, FJ 5 ; 84/2001, de 26 de marzo, FJ 3 ; 28/2005, de 14 de febrero, FJ 3 ; 358/2006, de 18 de diciembre, FJ 4).
En ese sentido, se ha declarado en la sentencia 28/2009, de 26 de enero :
"Constituye doctrina consolidada de este Tribunal (por todas, SSTC 52/2007, de 12 de marzo, FJ 2 ; 119/2008, de 13 de octubre, FJ 4) la relativa a que uno de los contenidos esenciales del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE ) es el derecho a obtener una resolución sobre el fondo del asunto planteado oportunamente ante los órganos judiciales, si bien ese derecho queda igualmente satisfecho si el órgano judicial, por concurrir una causa legal apreciada razonadamente, dicta una resolución de inadmisión. Dada la trascendencia que para la tutela judicial tienen estas decisiones de denegación de acceso a la jurisdicción, su control constitucional ha de realizarse de forma especialmente intensa: más allá de la verificación de que no se trata de resoluciones arbitrarias, manifiestamente irrazonables o fruto de un error patente tal control procede a través de los criterios que proporciona el principio pro actione, entendido no "como la forzosa selección de la interpretación más favorable a la admisión de entre todas las posibles de las normas que la regulan", sino como "la interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican" ( STC 88/1997, de 5 de mayo, FJ 2).
En el desarrollo de esta doctrina en relación con la legitimación para acceder al proceso ha destacado el Tribunal que, al reconocer "el art. 24.1 CE el derecho a la tutela judicial efectiva a todas las personas que son titulares de derechos e intereses legítimos, está imponiendo a los Jueces y Tribunales la obligación de interpretar con amplitud las fórmulas que las leyes procesales utilicen en orden a la atribución de [tal]...
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