STSJ Cataluña 1244/2011, 28 de Noviembre de 2011
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 1244/2011 |
| Fecha | 28 Noviembre 2011 |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
RECURSO ORDINARIO (LEY 1998) 715/2008
Partes: INMOBILIARIA TARRASENSE, S.A.U. C/ T.E.A.R.C.
S E N T E N C I A Nº 1244
Ilmos. Sres.:
PRESIDENTE
D. RAMON GOMIS MASQUÉ
MAGISTRADOS
D. DIMITRY TEODORO BERBEROFF AYUDA
D. JOSÉ LUÍS GÓMEZ RUIZ
En la ciudad de Barcelona, a veintiocho de noviembre de dos mil once.
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN PRIMERA), constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo núm. 715/2008, interpuesto por INMOBILIARIA TARRASENSE, S.A.U., representada por el Procurador D. ANTONIO MARÍA DE ANZIZU FUREST, contra el TRIBUNAL ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CATALUÑA, representado por el Sr. ABOGADO DEL ESTADO.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. RAMON GOMIS MASQUÉ, quien expresa el parecer de la SALA.
Por el Procuradora D. Antonio Mª de Anzizu Furest, en nombre y representación de Inmobiliaria Tarrasense, S.A.U., se interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC), de fecha de 14 de febrero de 2008, desestimatoria de la reclamación económico-administrativa núm. 08/00654/2007.
Acordada la incoación de los presentes autos de recurso núm. 694/2008, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción. En su momento y por su orden, las partes despacharon los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
Continuando el proceso su curso por los trámites que aparecen en autos, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada. CUARTO: En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo la resolución del TEARC referida en el anterior antecedente de hecho primero, por la que se desestima la reclamación interpuesta por la representación de la mercantil aquí recurrente contra la resolución dictada por el Administrador de la Administración de Terrassa de la AEAT, por la que, por la comisión de una infracción tributaria grave del art. 195 de la Ley 58/2003, General Tributaria -consistente en determinar improcedentemente saldos de deducciones por doble imposición de dividendos procedentes de ejercicios anteriores y del propio ejercicio pendientes de deducir en declaraciones futuras por importe de 93.947,07 # en la declaración anual simplificada del Impuesto sobre Sociedades (Mod. 201) del ejercicio 2004-, se le impone una sanción pecuniaria de 46.973,53 # (50% de la partida declarada improcedentemente a compensar en la cuota de declaraciones futuras), con una reducción del 30% (14.092,05 #) por conformidad con la regularización y, sobre su resultado, de otra del 25% (8.220,37 #), condicionada a la no impugnación de la sanción y al ingreso de la sanción reducida (24.661,11 #) en periodo voluntario.
En apoyo de su pretensión anulatoria, la parte actora alega en la demanda articulada en la presente litis la ausencia de culpabilidad, dado que si bien declaró incorrectamente las deducciones por doble imposición en la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2004, fue por error material, al consignar la base de la deducción en lugar del importe de la misma (30% de la base), predicando que la mera consignación de estos importes erróneos no puede entenderse como declaración ficticia o simulada, siendo así, además, que la incorrecta consignación de las deducciones se ha estado repitiendo ejercicio tras ejercicio, sin que el propio programa informático detectara el error, por lo que nos encontraríamos ante la ausencia de los elementos fundamentales de la sanción, como son el dolo o la mala fe, ya que no ha existido ni ocultación ni simulación, sino puro error en la confección del impreso. Añade que no es imaginable pensar que se estuviera preparando una futura defraudación y que del mencionado error pudiera obtenerse ningún beneficio, dado que la sociedad cada vez obtendrá menores ingresos (debido a las donaciones que realiza a la fundación privada Instituto Industrial y Comercial) y al elevado número de bases negativas pendientes de compensar y de de deducciones por donativos pendientes de aplicar, por lo que no existiría en ningún caso perjuicio económico para la Hacienda Pública. Por último, caso de considerarse que su conducta no esta exenta de responsabilidad, sostiene que debería tipificarse como una infracción del art. 199 LGT .
Como hemos destacado en numerosas sentencias, en palabras de la STC 76/1990, de 26 de abril, "Toda resolución sancionadora, sea penal o administrativa, requiere a la par certeza de los hechos imputados, obtenida mediante pruebas de cargo, y certeza del juicio de culpabilidad sobre esos mismos hechos, de manera que el art. 24.2 de la Constitución rechaza tanto la responsabilidad presunta y objetiva como la inversión de la carga de prueba en relación con el presupuesto fáctico de la sanción".
En cuanto a la certeza de los hechos, que ha de ser obtenida mediante pruebas de cargo y que excluye la inversión de la carga de la prueba en relación con el presupuesto fáctico de la infracción, la recurrente no cuestiona la realización de la conducta descrita en los tipos aplicados, consistente en dejar de ingresar en el plazo reglamentario la deuda tributaria por el concepto de Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2004, puesta de manifiesto en la liquidación provisional de 11 de octubre de 2006, y en consignar a compensar en la base de ejercicios futuros unas bases negativas inexistentes, habiéndose practicado una prueba de cargo suficiente acreditativa de la realización del tipo objetivo de la infracción, constituida por la propia autoliquidación presentada por la recurrente y las actuaciones de comprobación cerca de la misma.
Aun cuando concurra esa certeza en los hechos, como ya hemos señalado y repetido también en numerosísimas sentencias, la infracción tributaria no sólo exige tipicidad (acción u omisión tipificada y sancionada en la ley: arts. 77.1 LGT 230/1963 y 183.1 LGT 58/2003), y certeza en los hechos subsumidos en ella, sino también la concurrencia, en todo caso, de la indispensable culpabilidad ["las infracciones tributarias son sancionable incluso a título de simple negligencia": art. 77.1 LGT 230/1963 e interpretación del mismo por el FJ 4 de la citada STC 76/1990, de 26 de abril : "no existe un régimen de responsabilidad objetiva en materia de infracciones tributarias y sigue rigiendo el principio de culpabilidad (por dolo, culpa o negligencia grave y culpa o negligencia leve o simple negligencia), principio que excluye la imposición de sanciones por el mero resultado y sin atender a la conducta diligente del contribuyente"; y art. 183.1 LGT 58/2003: "acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia"]. El citado artículo 77.1 LGT/1963, correctamente interpretado, y con mayor claridad el art. 183 LGT/2003 son una consecuencia más y una aplicación concreta en el ámbito tributario del respeto a la libertad y dignidad de la persona y a los derechos inviolables inherentes a estos valores que son el fundamento del orden político y de la paz social según proclaman los arts. 1.º y 10 de nuestra Constitución, que impone la necesidad de reconocer al ciudadano la más importante de las seguridades jurídicas, la de no ser condenado sino hasta el límite a que pudiera alcanzar su voluntad o el resultado previsible y evitable de su comportamiento negligente, principal manifestación del principio de culpabilidad.
La culpabilidad como reprochabilidad al sujeto activo de la lesión del bien jurídico protegido, resulta evidente cuando el sujeto realiza voluntariamente la conducta típica dirigida intencionalmente a la obtención del resultado antijurídico, que es procurado y querido. La comisión imprudente, supone la realización de la parte objetiva del tipo mediante la infracción de la norma de cuidado (desvalor de la acción), y la producción del resultado típico objetivo (desvalor del resultado), que se materializa en el ámbito de protección de la norma de cuidado y que ésta trata de evitar; y, en lo subjetivo, la concurrencia de culpa en sentido estricto, esto es, de un lado, del elemento positivo de haber querido la conducta descuidada, ya sea sin conocimiento del peligro que entraña (culpa inconsciente, en la que el desvalor de la acción radica en la...
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