SAP A Coruña 539/2011, 15 de Diciembre de 2011
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 539/2011 |
| Fecha | 15 Diciembre 2011 |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4
A CORUÑA
SENTENCIA: 00539/2011
ORDES Nº 1
ROLLO 671/11
S E N T E N C I A
Nº 539/11
AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCION CUARTA
ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS:
JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG
CARLOS FUENTES CANDELAS
ANTONIO MIGUEL FERNÁNDEZ MONTELLS Y FERNÁNDEZ
En A Coruña, a quince de diciembre de dos mil once.
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 004, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000300 /2010, procedentes del JDO.1A.INST.E INSTRUCCION
N.1 de ORDES, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000671 /2011, en los que aparece como parte demandada-apelante, "MAPFRE FAMILIAR, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA", representado en ambas instancias por el Procurador de los tribunales, Sr./a. XULIO XABIER LÓPEZ VALCÁRCEL, asistido por el Letrado D. ANTONIO RUIZ PERMUY, y como parte demandante-apelante, DOÑA Virtudes representado en ambas instancias por el Procurador de los tribunales, Sr./a. SOUTO FERNÁNDEZ, asistido por el Letrado SR. TARRÓN COUTO, sobre RECLAMACION DE CANTIDAD, siendo Magistrado/a Ponente el/la Ilmo./Ilma. D./Dª JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG.
Se aceptan y dan por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución apelada, dictada por EL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA DE ORDES de fecha 15-7-11. Su parte dispositiva literalmente dice: "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la procuradora SRA. GONZÁLEZ GANCEDO, en nombre y representación de DOÑA Virtudes, frente a la compañía MAPFRE SEGUROS, debo condenar y condeno a ésta al pago de la cantidad de 12.923,76 euros, sin condena en costas".
Contra la referida resolución por el demandante y demandado, se interpuso recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial que les fue admitido, elevándose los autos a este Tribunal, pasando los autos a ponencia para resolución.
Ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG.
El objeto del presente litigio, sometido a consideración judicial en la alzada, en virtud del recurso de apelación interpuesto, consiste en la demanda de juicio ordinario, que es interpuesta por la actora Dª Virtudes, como consecuencia del accidente automovilístico sufrido por mor del cual padeció la amputación por un tercio del húmero superior derecho, con muñón de tan solo 8 cm., que dificulta la implantación protésica, en persona diestra.
Por el mentado accidente se siguió proceso penal, que finalizó por archivo, dictándose auto de cuantía máxima, en que se aplicó por tal secuela un factor de corrección por incapacidad permanente parcial, con una indemnización de 17.231,67 euros. Promovida la correspondiente demanda ejecutiva, a la que se opuso la compañía demandada, finalizó el procedimiento por mor de auto dictado por esta sección 4ª de la Audiencia Provincial de A Coruña de 29 de enero de 2010 .
Finalizada la vía ejecutiva, en virtud de la mentada resolución judicial, se interpuso el presente juicio declarativo, que quedó circunscrito, en esta alzada, a la fijación de una indemnización adicional como factor de corrección por la mentada secuela, que es considerada en la demanda como constitutiva de una incapacidad permanente absoluta, mientras que la sentencia apelada la reputó como tributaria de una calificación de incapacidad permanente total, fijando una indemnización de 34.463,36 euros, a la que restó la suma ya percibida por incapacidad permanente parcial, reduciéndola en el porcentaje del 25%, fijado en el auto dictado por este mismo Tribunal, al apreciar un concurso de culpas, al fallar el recurso de apelación interpuesto en el incidente de oposición al mentado auto de cuantía máxima dictado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Ordes.
Contra la sentencia de instancia se interpuso recurso de apelación por ambas partes litigantes, considerando la aseguradora concurrente la excepción de cosa juzgada y, por consiguiente, la imposibilidad de revisar el grado de incapacidad permanente parcial apreciado en el auto de cuantía máxima, mientras que la actora solicitó se estimase su demanda, reputando la secuela como subsumible en una incapacidad permanente absoluta, así como instando la condena de la aseguradora a satisfacer los intereses legales del art. 20 de la LCS .
Un orden lógico de cosas exige tratar en primer término la excepción de cosa juzgada, que esgrime la aseguradora y con ello desestimarla.
A tales efectos hemos de precisar que no nos encontramos ante un supuesto de concurrencia de un seguro obligatorio y otro voluntario, de manera tal que éste complete siniestros no incluidos en aquél, dado que la indemnización postulada en la demanda está comprendida dentro de la cobertura del seguro obligatorio, perfectamente incluida dentro del baremo, que como anexo se incorpora al RDL 8/2004, que aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos de motor, sino que, por el contrario, nos hallamos ante un caso asaz diferente, cual es si cabe promover un juicio declarativo ulterior, con la finalidad de postular indemnizaciones no comprendidas en el auto de cuantía máxima, dictado al amparo de lo normado en el art. 13 de la mentada Disposición General, cuestión que hemos de contestar afirmativamente.
En efecto, una vez dictado el mentado auto, al perjudicado se le abre el siguiente abanico de posibilidades:
-
Ejecutar el auto de cuantía máxima, mediante la presentación de la correspondiente demanda ejecutiva, todo ello al amparo de lo normado en el art. 517.2.8º de la LEC .
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Prescindir del referido auto ejecutivo y plantear un juicio declarativo en reclamación de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos derivados del siniestro viario.
-
O incluso, como aconteció en el caso presente, acudir primero a la vía ejecutiva, y, ulteriormente, promover juicio declarativo, instando una indemnización adicional, por reputar el daño causado de mayor entidad, máxime cuando contra aquélla resolución no cabe recurso alguno, según norma el art. 13 del RDL 8/2004, último párrafo.
Ante esta última posibilidad, a partir fundamentalmente de la STS de 17 de diciembre de 1979, se fue elaborando una reiterada doctrina jurisprudencial, conforme a la cual el plazo prescriptivo no comienza a correr, sino a partir de la finalización del proceso ejecutivo, provocando la acción de tal clase la ruptura del tracto temporal de la prescripción de la acción declarativa ordinaria de daños y perjuicios. En este mismo sentido, podemos citar las SSTS de 27 de mayo de 1983, 26 de junio de 1984, 15 de abril de 1987, 18 de julio de 1991, 10 de diciembre de 1992, 3 de febrero y 18 de octubre de 1993 entre otras muchas. La cosa juzgada del juicio ejecutivo abarca las cuestiones que se hayan podido juzgar por tal cauce procedimental, ahora bien, ello no es así con respecto a aquellas otras que no han podido plantearse en vía ejecutiva, al referirse a conceptos indemnizatorios no susceptibles de ser postulados por tal cauce procedimental, al no encontrarse incluidos en el auto de cuantía máxima dictado, que conforma el título ejecutivo, que abre el proceso de ejecución ( "nulla...
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